Administración de Empresas S.A.C — Res. 915-2026

Mediante Orden de Inspección N° 308-2019-SUNAFIL/INSSI, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST), que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 162-2019-SUNAFIL/INSSI (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 377-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, notificada el 23 de setiembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT). Bianca FAU 20555195444 soft 19:57:04-0500

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la Autoridad Instructora 1 emitió el Informe Final de Instrucción N° 419-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, notificado el 08 de marzo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 523-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, notificada el 23 de junio de 2021, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 14 de julio de 2021, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 523-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1.

Mediante Resolución de Intendencia N° 1735-2021-SUNAFIL/ILM, notificada el 15 de diciembre de 2021, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante y confirmó la sanción contra la administrada.

Con fecha 05 de enero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1735- 2021-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, recibido el 24 de febrero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante Resolución N° 1005-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, notificada el 14 de noviembre de 2022, la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, por mayoría, declarar fundado en parte el recurso de revisión, y suspender el procedimiento administrativo sancionador hasta que la sentencia que resuelva el expediente judicial N° 00263-2019-0-1408-JR-LA-01 en trámite tenga calidad de cosa juzgada.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1735- 2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, entre otra, de dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de SST, tipificadas en el numeral 28.10 del articulo 28 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 16 de diciembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.C.

Debe indicarse que el artículo 13 del Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, TUO de la LOPJ) establece que “cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio”8.

De esto último, Morón Urbina9 expresa lo siguiente:

De la misma manera, es importante analizar las implicancias del presente dispositivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 64 del TUO de la LPAG sobre el conflicto con la función jurisdiccional, el cual establece que:

Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio”.

El artículo antes citado desarrolla el supuesto en el cual la autoridad administrativa debe inhibirse de un caso que requiere de un pronunciamiento previo por parte de la autoridad judicial, siendo necesario para ello la concurrencia de los siguientes elementos:

Nótese que lo antes expuesto resulta aplicable a los procedimientos administrativos que se originaron de manera previa a la existencia de uno judicial, tal como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia10:

Bajo fundamentos expuestos anteriormente, la posición mayoritaria del colegiado que emitió la Resolución N° 1005-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 07 de noviembre de 2022, se resolvió suspender el procedimiento administrativo sancionador, respecto del pronunciamiento que debe emitir este Tribunal, hasta que la sentencia que resuelva el expediente judicial en trámite tenga calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, quedan suspendidos los efectos de la Resolución de Intendencia N° 1735-2021-SUNAFIL/ILM, con relación a las infracciones muy graves, hasta que esta Sala del Tribunal tome conocimiento de la resolución firme dictada en vía judicial, a fin de emitir pronunciamiento sobre el recurso de revisión interpuesto.

Cabe precisar que, el considerando 6.13 de la citada resolución, señala la existencia de la identidad de sujetos, hechos y fundamentos; tanto en el proceso judicial (con la información obtenida del Sistema de Consultas de Expedientes Judiciales) como en el procedimiento administrativo sancionador, se trata de dilucidar el accidente de trabajo que afectó al trabajador, siendo las partes intervinientes en la situación de fondo, en ambos casos, las mismas, así como el hecho de que la demanda se sustenta en los mismos fundamentos.

En ese sentido, conforme al principio de impulso de oficio y eficacia previstos en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, corresponde a la este Tribunal de Fiscalización laboral adoptar las medidas necesarias para la prosecución del procedimiento una vez desaparecidas las circunstancias que justificaron su suspensión.

Ahora bien, de la revisión de la página web denominada “Consulta de expedientes judiciales”11 habilitado por el Poder Judicial del Perú que permite visualizar las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, y la información en tiempo real; se verifica que el expediente N° 00263-2019-0-1408-JR-LA-01, se encuentra en estado de “archivo definitivo”, conforme puede visualizarse a continuación:

Asimismo, la Resolución N° 25 de fecha 26 de junio de 2025 emitida por el Juzgado de Trabajo – Sede Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, en el marco del proceso judicial seguido en el expediente N° 00263-2019-0-1408-JR-LA-01, resolvió lo siguiente:

En el presente caso, se advierte que el proceso judicial que motivó la suspensión ha concluido, desapareciendo el presupuesto jurídico que impedía la continuación del procedimiento administrativo sancionador, por lo que cesan los efectos de la suspensión oportunamente declarada. En consecuencia, corresponde disponer la continuación del procedimiento administrativo sancionador desde el estado en que se encontraba al momento de su suspensión.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”12. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término “con ocasión” es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”14. 6.17. Por su parte, el RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales15, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo16.

En esa línea argumentativa, la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene precisamente un carácter preventivo, anticipándose a la ocurrencia de ilícitos o antijurídicos pues precisamente las consecuencias de su apartamiento, inacción u omisión impactan “en la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.” Cabe señalar que, la LSST reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social.

Asimismo, la norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que, “las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…)”. Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral 1225-2015, Lima ha establecido:

Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “Para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo” (énfasis añadido).

Cabe señalar que, el Principio de Responsabilidad es entendido como la asunción de las “implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”17, señalándose de manera expresa que:

En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario verificar si la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado y, del mismo modo, si es consecuencia de los incumplimientos por parte del empleador de las normas de SST.

Así, corresponde analizar si las infracciones imputadas presentan el nexo causal señalado, respecto al accidente de trabajo investigado. En atención a ello, corresponde señalar los fundamentos pertinentes, en calidad de precedentes, contenidos en la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, antes citada, la cual señala:

Como puede comprobarse, las citadas normas despliegan un reproche cualificado, cuando el comportamiento constitutivo de infracción tiene, además, un resultado dañoso determinado (“accidente de trabajo”). Esto afirma al elemento disuasivo de la sanción administrativa ante un hecho “que ocasiona” consecuencias especialmente graves dentro del sistema jurídico. De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes.

Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos:

Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

Ahora bien, de los hechos constatados en el numeral 4.5 del Acta de Infracción, se observa que los inspectores de trabajo comisionados entrevistaron al trabajador accidentado, al médico ocupacional del centro médico Salud Laboris, y a la asistente social de la inspeccionada. Asimismo, recabo información y documentación de la inspeccionada, así como documentación de la Orden de Inspección N° 307-2019- SUNAFIL/INSSI.

Los inspectores comisionados, dejaron constancia en el numeral 4.6 del Acta de Infracción que, estando a lo señalado en el numeral 4.5 del Acta de Infracción, que el trabajador sufrió un accidente de trabajo mientras desempeñaba como ayudante de jumbo; dicho accidente se produjo cuando al intentar colocar el cable de energía eléctrica en una de las alcayatas, el operador del jumbo movilizó el equipo sin percatarse que el ayudante no había concluido, en ese momento el equipo jumbo' avanza y jala el cable, que estaba siendo sostenido por el ayudante, provocándole una lesión, la cual fue comunicada por el trabajador a su supervisor, el Sr. Vilca, y a la Srta. Osorio del área de bienestar social de la inspeccionada, quién le dio la hoja de atención médica para atenderse en el centro médico de la unidad, siendo el resultado del diagnóstico inicial: Lumbalgia aguda, lesión que produjo descansos médicos.

La autoridad sancionadora ha fundamentado en el considerando 4.2 de la Resolución de Sub Intendencia N° 523-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, respecto a la ocurrencia del accidente de trabajo, lo siguiente:

Sobre este fundamento, la impugnante ha sostenido de manera reiterada durante el procedimiento administrativo sancionador que no ocurrió el accidente de trabajo materia de imputación, señalando que no existen elementos objetivos que permitan concluir que el trabajador sufrió un evento súbito con ocasión o por consecuencia del trabajo.

Al respecto, corresponde señalar que la determinación de la existencia de un accidente de trabajo exige que la autoridad administrativa verifique, con base en los medios probatorios incorporados al expediente y conforme al principio de verdad material, la concurrencia de los elementos que configuran dicho evento, esto es, la ocurrencia de un hecho repentino producido por causa o con ocasión del trabajo que genere una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte del trabajador.

En tal sentido, la autoridad sancionadora no puede sustentar su decisión exclusivamente en la manifestación del trabajador presuntamente accidentado, sino que debe efectuar una valoración integral, objetiva y razonada del conjunto de los medios probatorios actuados durante la investigación, apreciándolos conforme a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba.

De la revisión del expediente administrativo se advierte que la conclusión inspectiva sobre la existencia del accidente de trabajo se sustenta, esencialmente, en la declaración del trabajador. Sin embargo, las entrevistas practicadas a las demás personas vinculadas con los hechos no corroboran la ocurrencia del evento descrito por aquel, ni existe documentación contemporánea que permita verificar que, en la fecha indicada, hubiera ocurrido un accidente durante la ejecución de sus labores.

Asimismo, si bien obra en autos documentación médica que acredita que el trabajador presentó un cuadro de lumbalgia, dichos documentos únicamente evidencian la existencia de una afección de salud, mas no permiten establecer que esta tenga origen en un accidente de trabajo ni acreditan el nexo causal entre la lesión diagnosticada y el hecho descrito por el trabajador.

En este punto, resulta relevante traer a colación los fundamentos de la Sentencia contenida en la Resolución N° 14 de fecha 02 de abril de 2021, emitida por el Juzgado de Trabajo – Sede Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, en el expediente judicial N° 00263-2019-0-1408-JR-LA-01, donde el trabajador comprendido en la investigación que dio origen al presente procedimiento sancionador, interpone demanda contra la impugnante ante el órgano jurisdiccional, pretendiendo la indemnización por daños y perjuicios por accidente laboral, la cual fue declarada infundada, y tiene la calidad de cosa juzgada; destacando los siguientes fundamentos:

En efecto, la sola constatación de una patología o lesión no resulta suficiente para tener por acreditada la ocurrencia de un accidente de trabajo, siendo indispensable que existan elementos objetivos que permitan vincular dicha lesión con un evento súbito ocurrido por causa o con ocasión del trabajo. En ausencia de tales elementos de corroboración, no resulta posible afirmar con el grado de convicción exigible en un procedimiento administrativo sancionador que el accidente efectivamente ocurrió en la forma alegada.

En consecuencia, esta Sala considera que los elementos probatorios incorporados al expediente no generan certeza suficiente sobre la ocurrencia del accidente de trabajo imputado, pues la versión del trabajador no se encuentra corroborada por otros medios

En aplicación de los principios de verdad material, debido procedimiento y presunción de licitud que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora, la responsabilidad administrativa debe sustentarse en hechos debidamente acreditados.

Con el fin de subrayar el control que debe practicarse sobre el particular desde la instauración del procedimiento sancionador, es importante recordar que la versión 02 de la “Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/ INII - Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo” aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL del 28 de junio de 2021, le confiere a la autoridad sancionadora de primera instancia (la Sub Intendencia de Sanción) la potestad de estimar la suficiencia del Informe Final de Instrucción; situación que no ha sido evidenciada por la autoridad sancionadora en el presente caso.

Ahora bien, los hechos imputados a la impugnante se refieren al incumplimiento de las normas de SST, en particular por no cumplir con haber implementado correctamente un procedimiento escrito de trabajo seguro, así como por no haber implementado una supervisión efectiva; incumplimientos atribuidos como causa del accidente de trabajo ocurrido el 13 de enero de 2019 según manifestación del trabajador comprendido en la investigación. Asimismo, la medida inspectiva de requerimiento ordena cumplir acreditar el registro de accidente de trabajo del trabajador comprendido en la investigación del accidente de trabajo de fecha 13 de enero de 2019 según manifestación del trabajador.

Conforme se ha desarrollado en los fundamentos precedentes, al no encontrarse acreditado el presupuesto fáctico consistente en la ocurrencia del accidente de trabajo, tampoco es posible establecer el nexo causal entre los incumplimientos preventivos imputados y el resultado lesivo que sirve de fundamento a la sanción. La relación de causalidad presupone la existencia de un hecho dañoso cierto y debidamente acreditado; de lo contrario, cualquier conclusión acerca de que la falta de un procedimiento escrito de trabajo seguro o de una supervisión efectiva ocasionó el accidente constituiría una inferencia carente de respaldo probatorio.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento, corresponde señalar esta constituye un instrumento orientado a obtener el cumplimiento de obligaciones legales cuyo incumplimiento haya sido previamente constatado por el inspector de trabajo en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, su contenido debe sustentarse en hechos objetiva y suficientemente acreditados durante las actuaciones inspectivas.

Por tanto, si no se encuentra debidamente acreditado el hecho que genera la obligación de registrar el accidente de trabajo, tampoco puede sostenerse válidamente que el empleador incumplió con efectuar dicho registro ni exigírsele, mediante una medida inspectiva de requerimiento, acreditar el cumplimiento de una obligación cuyo presupuesto fáctico permanece incierto.

En tal sentido, la validez de la medida inspectiva de requerimiento exige que exista una obligación legal concreta. En el presente caso, la obligación cuyo cumplimiento se requirió —esto es, registrar el accidente de trabajo del 13 de enero de 2019— presupone necesariamente que dicho accidente haya ocurrido, circunstancia que no ha sido acreditada con el estándar probatorio exigible en el procedimiento administrativo sancionador.

En virtud de los principios de verdad material y de presunción de licitud, la potestad sancionadora debe ejercerse sobre la base de hechos plenamente acreditados. En tal sentido, no resulta jurídicamente válido imputar responsabilidad por haber ocasionado un accidente de trabajo cuando la propia existencia de dicho accidente no ha sido demostrada mediante medios probatorios suficientes.

Es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, por cuanto la autoridad sancionadora no ha evaluado la suficiencia del informe final de instrucción emitida por la autoridad instructora, sobre la suficiencia probatoria que corresponde a la administración para acreditar la existencia de un accidente de trabajo.

En ese sentido, tanto la Sub Intendencia de Resolución como la Intendencia de Lima Metropolitana, al emitir la Resolución de Sub Intendencia N° 523-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE1 y la Resolución de Intendencia N° 1735-2021-SUNAFIL/ILM, respectivamente, han vulnerado el debido procedimiento y el derecho de defensa de la impugnante, al no haber expresado razones objetivas que demuestren fehacientemente acreditada la ocurrencia del accidente de trabajo imputado.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar la incongruencia advertida por parte de la Sub Intendencia de Resolución y de la Intendencia de Lima Metropolitana, que debió de evaluar de manera adecuada los hechos y medios probatorios presentados dentro del procedimiento administrativo sancionador.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Sub Intendencia N° 523-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE1, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 1220 y el numeral 13.2 del artículo 1321 del TUO de la LPAG; corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución respecto a las dos (02) infracciones muy graves en materia de SST, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, y respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 47 del RLGIT, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento, verdad material y presunción de licitud.

Cabe señalar que, la figura de la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar

En tal sentido, subsisten los fundamentos vinculados a la infracción grave tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT, de la Resolución de Sub Intendencia N° 523- 2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, al no encontrarse vinculados a la causal de nulidad antes señalada, por no ser materia de competencia de este Tribunal de Fiscalización Laboral.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión en el extremo de las dos (02) infracciones muy graves en materia de SST, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, y respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 47 del RLGIT, y considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución.

De otro lado, corresponde remitir los del presente procedimiento sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, debemos señalar declararse la nulidad respecto de las sanciones impuestas materia de competencia del Tribunal, por los fundamentos expuestos en la presente resolución, resulta inoficioso emitir pronunciamiento por todos los argumentos del recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción: