Adecco Consulting S.A — Res. 289-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: seguro complementario de trabajo de riesgo (sub materia: cobertura en invalidez – sepelio, cobertura en salud), y formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (sub materia: incluye todas). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con brindar formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, en la que se incluya la capacitación y entrenamiento del puesto de trabajo y labores específicas que desarrolla el trabajador afectado, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 06 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Sostiene que realizó las capacitaciones exigibles al sr. de la Cruz, constando en el expediente los registros de las capacitaciones de primeros auxilios, lucha contra incendios y respuesta ante emergencia.

ii. Alude que el trabajador afectado, recibió entrenamiento de sus funciones específicas desde el inicio de la relación laboral (2007) y los cinco años posteriores (2011) y desde dicha fecha cumplió con todas las capacitaciones. Y dado que las capacitaciones tienen más de 5 años, no cuentan con la certificación, y no están obligados a mantenerla por el paso del tiempo legal; sin embargo, se ha contemplado un supuesto distinto por el cual se sanciona por una supuesta obligación de capacitar al trabajador de forma periódica en el puesto de capataz, como lo señala el literal e) del artículo 27 del reglamento de la Ley de Seguridad y salud en el Trabajo, cuestionando el numeral 15 de la apelada.

iii. Alega que las normas que regulan las capacitaciones en materia de labores específicos, no exigen que éstas se realicen de forma periódica sin más, sino que la circunscriben a situaciones novedosas de cambio, variaciones, que requieran una actualización permanente e incluso que los temas no están relacionados al puesto de trabajo.

iv. Realiza el análisis del artículo 27, y concluye que en ninguno de sus supuestos exige la capacitación periódica en funciones específicas del puesto, en cambio limita el deber de capacitación a la existencia de un cambio en las funciones o cuando los conocimientos están desactualizados, pero en ningún caso contemplan el deber de capacitar periódicamente. Por lo que alude que la resolución de sanción es arbitraria porque contempla una obligación no prevista legalmente, alegando vulneración al Principio de Tipicidad y Legalidad, y en consecuencia los principios de Causalidad y Culpabilidad.

v. Respecto al incumplimiento del requerimiento de información, afirma que estuvo materialmente impedido de absolver el requerimiento, debido a que la persona a cargo, estuvo con descanso médico por COVID 19; y sustenta que tal infracción no es insubsanable; por lo que cumplió con proporcionar información en el requerimiento de 27 de enero de 2021, cumpliendo como afirma finalmente con la información solicitada, que según el Tribunal de Fiscalización Laboral los incumplimientos de requerimiento de información son subsanables por lo que solicite se resuelva con razonabilidad y proporcionalidad a las circunstancias descritas, solicitando en todo caso el numeral 45.2 del RLGIT.

vi. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, indica que las infracciones a la labor inspectiva son subsanables, así en atención a una norma de menor jerarquía y más lesiva no puede dejar de valorarse que la empresa revirtió los efectos de no haber proporcionado los documentos el 09 de febrero de 2021. Así mismo indica que al no tener deber de capacitar en las funciones específicas, su exigencia carece de razonabilidad y legitimidad, pues no se encuentra en el ordenamiento jurídico.

vii. Invoca el Principio del non bis in ídem, por la aplicación de la sanción por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, por la presencia de la triple identidad, pues se sanciona por el incumplimiento de capacitación y por el incumplimiento de la medida de requerimiento relacionada a la capacitación, afectando con ello sus derecho de defensa, por lo que se trata de un prejuzgamiento, exponiendo que se trata de un imposible jurídico que los colocaría en un estado de indefensión no tolerado por el ordenamiento jurídico. Solicita reducción de la multa.

2 Notificada a la impugnante el 19 de octubre de 2022, véase folio 85 del expediente sancionador.

i. Que, era obligación del empleador otorgar la formación e información a sus trabajadores, en el puesto y ambiente de trabajo, e incluso su exigibilidad de forma periódica, esto es al inicio y durante el desarrollo de la relación laboral, y cuando se presente un cambio en las funciones; y dado que el trabajador afectado ingresó a laborar el 2007, conforme se advierte de la norma, debió recibir cuando menos 4 capacitaciones al año hasta la fecha, en seguridad y salud al trabajo, relacionada con el desempeño de sus labores en el puesto de trabajo que ocupaba y hacer de su conocimiento de manera fehaciente los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica. ii. Que, si bien la obligatoriedad de mantener los registros se ciñe a los 5 años; al establecer la norma que las capacitaciones de formación e información se realizan durante la relación laboral, y cuando menos cuatro veces al año, el sujeto inspeccionado estuvo en la obligación de mantener los registros de los últimos 5 años anteriores a la fecha del accidente ocurrido el 26 de octubre de 2020. Sin embargo, solo mostró el registro de las capacitaciones sobre cursos básicos de seguridad y salud en el trabajo, relacionados a respuesta a emergencias primeros auxilios y lucha contra incendios del 06 de junio de 2019, y no presentó el registro relacionado a la formación e información específica de los riegos en el puesto de trabajo, pese a tenerlo incluso como obligación en el literal b) del artículo 5 y literal c) del artículo 38 de su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. iii. Respecto al incumplimiento del requerimiento de información, del expediente se observa que el 06 de enero de 2021 se emitió el requerimiento de información, notificado por casilla electrónica conforme se ve de la constancia de notificación, requerimiento que no fue atendido por el sujeto inspeccionado, bajo el argumento que la persona encargada se encontraba enferma de COVID-19; sin embargo, no obra documento alguno que acredite tal afirmación. En tal virtud, el inspector comisionado, con el fin de cumplir con el objeto de inspección, emitió nuevo requerimiento de información el 27 de enero de 2021, la cual según la constancia de actuaciones inspectivas de investigación fue atendida por el sujeto inspeccionado. iv. Observando del expediente que, posterior al requerimiento de información de 06 de enero de 2021, efectuado por el inspector de trabajo, se emitió un último requerimiento de información el 27 de enero de 2021, el cual fue cumplido por el sujeto inspeccionado logrando el objeto de la fiscalización, se desprende que la evaluación del inspector y de los órganos intervinientes en el procedimiento sancionador, no han calificado correctamente los hechos descritos, sancionables como un retraso en el ejercicio de las funciones inspectivas de los fiscalizadores actuantes, comportamiento que está tipificado en el artículo 45.2 del RLGIT. v. Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, se aprecia que el 09 de febrero de 2021, se emite la medida de requerimiento, por la cual se solicita al sujeto inspeccionado lo siguiente: “haber brindado la formación e información en seguridad y salud en el trabajo (presentación de registros de capacitaciones, inducción y otros) respecto al trabajador Silvestre Ponciano de La Cruz Almonacid) conforme a lo detallado en el punto octavo de los hechos verificados…” entre otros; la cual no fue cumplida por el sujeto inspeccionado, incurriendo en la infracción contemplada en el artículo 46 numeral 7) del RLGIT que cataloga como infracción muy grave.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ADECCO CONSULTING S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 07 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 126-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del artículo 53° del Decreto Supremo N°019-2006-TR, sostiene que ha operado la caducidad del procedimiento administrativo sancionador. ii. Interpretación errónea de una norma de derecho laboral el artículo 27° del Decreto Supremo N°005-2012-TR. Que, la empresa no niega que como empleador debe capacitar en el puesto de trabajo y funciones específicas a su personal, sino que es falso que exista una obligación legal de que una capacitación en dicha materia deba ser brindada anualmente. Asimismo, indica que, si cumplió con brindar todas las capacitaciones exigibles, que en ningún caso admiten la existencia de un deber de capacitar en dicha materia periódicamente (o, en otras palabras, debida por el simple transcurso de determinado tiempo). Además, indica que, del análisis detallado de cada una de las normas invocadas en la Resolución de Intendencia, no existe base legal alguna para afirmar la existencia de una obligación legal de capacitar de forma anual específicamente en las funciones específicas de un puesto de trabajo. iii. Considera que se ha interpretado erróneamente el numeral 46.7 del artículo 46° del Decreto Supremo N°019-2006-TR, pues atenta contra el principio de non bis in ídem el sancionar una misma conducta –supuestamente infractora, de no capacitar al Sr. de la Cruz en las labores de su puesto específico– dos veces.

Analisis Del Recurso De Revisión

Sobre los argumentos relacionados con las infracciones graves 6.1. Se debe precisar que, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de una (01) infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT, una (01) infracción grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2022- SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

Sobre el análisis de caducidad administrativa del procedimiento sancionador 6.8. El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública se encuentra sujeta –entre otras condiciones– a su tramitación dentro de un plazo preestablecido, sancionándose la superación de este con la figura de la caducidad.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (...)” (énfasis añadido)

10 Morón Urbina, J.C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo 2, pp. 538 – 539.

Inicio del cómputo de plazo 23.04.2021 (Se notifica la Imputación de Cargos y Acta de Infracción)

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

11 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

12 Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término durmiente significa “Madero colocado horizontalmente y sobre el cual se apoyan otros, horizontales o verticales”. 13 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 08 de agosto de 2021.

criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulta obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo.

“(…) Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. (…)” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el trabajo No cumplir con brindar formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, en la que se incluya la capacitación y entrenamiento del puesto de trabajo y labores específicas que desarrolla el trabajador afectado. Numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con el requerimiento de información de fecha 06 de enero de 2021. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 09 de febrero del 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ADECCO CONSULTING S.A., contra de la Resolución de Intendencia N° 126-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, emitida por la Intendencia Regional de Junín, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 149-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 126-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a ADECCO CONSULTING S.A., y a la Intendencia de Junín, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240320JCR