Zeta Gas Andino S.A — Res. 447-2025

Mediante Orden de Inspección N° 2212-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1187-2021-SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (1) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por el no reconocimiento del sindicado por parte del sujeto inspeccionado.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 205-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC, de fecha 29 de marzo de 2022, notificado el 31 de marzo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 378-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IF, de fecha 9 de mayo de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional del Callao, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 977-2022-SUNAFIL/IRE- CAL/SISA, de fecha 27 de diciembre de 2022, notificada el 29 de diciembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 34,650.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 18 de enero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 977-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 107-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 27 de abril de 20232, la Intendencia Regional del Callao declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la multa impuesta, por considerar los siguientes puntos:

Con escrito de fecha 11 de mayo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Callao el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 107-2023-SUNAFIL/IRE-CAL.

La Intendencia Regional del Callao admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-000432-2023- SUNAFIL/IRE-CAL, recibido el 18 de mayo de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que ZETA GAS ANDINO S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 107-2023-SUNAFIL/IRE- CAL, que declaro infundado el recurso de apelación, confirmando la sanción impuesta, por la comisión de una (1) infracción MUY GRAVE, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por ZETA GAS ANDINO S.A.

Previo al análisis de los alegatos materia de recurso, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

En ese entendido del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento9, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 5 de la sentencia recaída en el expediente N° 02098-2010-AA/TC, señaló que no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con las vulneraciones alegadas por la impugnante, respecto a la debida motivación.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA/TC, una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: ser una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

Asimismo, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación;

En el caso en particular, del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos, antes referidos, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada se verifica que en sus fundamentos se ha absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción. En similar sentido, se advierte que las instancias previas han evaluado los descargos presentados por la impugnante en cada oportunidad. Cabe señalar que, de la revisión del acta de infracción se advierte la correcta fundamentación sobre la configuración de la infracción imputada, determinando la conducta infractora y la fundamentación jurídica al respecto.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna a dicho principio, al deber de motivación, ni a los principios invocados por la impugnante, encontrándose debidamente acreditada la infracción imputada. Por lo que, no corresponde acoger dichos extremos del recurso de revisión.

Respecto a la existencia de un procedimiento sancionador anterior, en el que se dispuso no ha lugar la multa y el archivo del procedimiento, por los mismos hechos. Debemos tener en cuenta que, conforme se desprende del numeral II.1 del acta de infracción, el comisionado señaló que: “las actuaciones inspectivas tienen su origen en la orden de inspección señalada en el encabezado que se generó en mérito a la Resolución de Sub Intendencia N° 619-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE de fecha 04-08- 2021, recaída en el Expediente Sancionador Nº. 98-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, en el que la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción Nº. 314-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IF, con ocasión de las actuaciones inspectivas de investigación correspondientes a la Orden de Inspección Nº. 023-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, asignada al inspector de trabajo Miguel Ángel Paredes Portales, seguida a ZETA GAS ANDINO S.A., producto de la cual se emitió el Acta de Infracción Nº 085-2021-SUNAFIL/IRE-CAL de fecha 22 de marzo de 2021”.

En similar sentido, en los numerales IV.2.1 y IV.2.2 del mismo documento, hace referencia a dichos antecedentes, agregando que la Resolución de Sub Intendencia resolvió:

De igual manera, en el mismo documento se advierte que el comisionado realiza un recuerdo de los antecedentes relacionados con la orden de inspección que conllevó la apertura del presente procedimiento administrativo sancionador. Por su parte, las instancias previas también han tenido en consideración lo señalado por el comisionado, como se desprende, por ejemplo, del Informe Final de Instrucción. Por tanto, si bien en el referido procedimiento, alegado por la impugnante, no se acogió la multa propuesta, en el mismo se dispuso la apertura de una nueva orden de inspección señalando las materias específicas a inspeccionar. Por lo que no se advierte afectación alguna al derecho de la impugnante, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Respecto a la falta de valoración y análisis del expediente judicial Nº 02318-2011 y de la Resolución Sub Directoral Nº 089-2017-GCR/GRDS/DRTPE-DIT-SDIT, debemos señalar que, conforme se advierte del acta de infracción y de las resoluciones previas, las instancias correspondientes analizaron el referido expediente judicial, argumentos que esta Sala comparte. Asimismo, conforme se advierte del fundamento 16 de la sentencia de fecha 5 de junio de 2015, Resolución N° 21, el órgano judicial señaló que: “en esa línea y considerando que la parte demandada no ha cuestionado el reconocimiento de la organización sindical, sino su inscripción por la comisión de un ilícito, que en sede fiscal ha ameritado pronunciamiento (…), no obstante ello, se tiene que la organización sindical no ha visto impedida o restringida, de manera arbitraria e injustificada, su posibilidad de acción o capacidad de obrar (…)”. Por tanto, contrario a lo señalado por la impugnante, el referido expediente judicial ha sido objeto de análisis.

Cabe señalar que, respecto a la Resolución Sub Directoral invocada, conforme se ha señalado en los fundamentos previos, el comisionado hizo referencia a los antecedentes que originaron la orden de inspección desarrollada en el presente procedimiento, no advirtiéndose la referida resolución, la misma que tampoco fue aportada por la comisionada como un medio probatorio, siendo solo objeto de alegato. En tal sentido, al no advertirse la vulneración del debido procedimiento y del derecho de defensa, relacionados con los referidos alegatos, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión, quedando desestimada la nulidad invocada referida a los mismos.

Respecto a la nulidad invocada, por la falta de determinación del carácter insubsanable de la infracción sancionada. Debemos advertir que la impugnante realiza una invocación genérica de la nulidad alegada; sin perjuicio de ello, conforme se advierte de la “Constancia de actuaciones inspectiva de investigación”10, que obra a folios 40, y que tiene como asunto “Hoja de anexo de insubsanabilidad”, el comisionado desarrolló el carácter insubsanable de la infracción imputada y, como consecuencia del mismo, la no emisión de la medida inspectiva de requerimiento. Por tanto, no corresponde acoger el referido extremo del recurso de revisión, quedando desestimada la nulidad planteada.

Respecto a la falta de refrendo del acta de infracción, por parte del supervisor, debemos advertir que, conforme se verifica del acta de infracción, esta contiene el refrendo por parte del supervisor inspector, señor Pedro Atarama, quien señaló que el acta de infracción se encuentra acorde con las disposiciones legales sobre la materia. En tal sentido, lo alegado por la impugnante no resulta cierto y acorde a los documentos que obran en el expediente inspectivo y sancionador, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.