Yura S.A — Res. 23-2021

Antecedentes

la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador, en su fase sancionadora, y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución la cual, mediante

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia, así como Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados, y remuneraciones PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft soft

Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/IREAPURÍMAC/SIRE, de fecha 18 de enero de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/. 11,309.00, por haber incurrido en una infracción calificada como MUY GRAVE, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, por no facilitar al inspector del trabajo la documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, en agravio de un (1) trabajador.

i. Indica que, si bien la trabajadora Jane Mainit Median Márquez denunció a la empresa por actos de hostilidad ante Sunafil, sin embargo, la Autoridad de Trabajo, sin que sea materia de denuncia, procedió a la verificación de un supuesto despido arbitrario, procediendo a efectuar un análisis y pronunciamiento sobre el fondo referido al despido que no le corresponde.

ii. El poder judicial es el único facultado para conocer el procedimiento de despido en cuanto al fondo y forma, conforme lo establece la Ley 29497, sin embargo, la Sunafil, sin ser su facultad, se pronuncia sobre aspectos que no son de su competencia.

iii. Sustenta que es nula la resolución apelada porque si bien, en el numeral primero de la parte resolutiva, señala que se le sanciona por la negativa del sujeto inspeccionado a facilitar la información y documentación solicitada en fecha 18 de noviembre de 2020, a las 09:30 horas, sin embargo, conforme al acta de cargos a la empresa, se le imputa no remitir la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 12.11.20, dentro del plazo otorgado, lo que es sustancialmente distinto a la conducta sancionada, trasgrediendo no solo el procedimiento sino su derecho de defensa.

iv. Si bien la autoridad administrativa señala que la inspeccionada no cumplió con remitir la información requerida dentro del plazo otorgado, sin embargo, la empresa argumenta que si remitió la información vía correos electrónicos, sin que haya actuado con negativas a los requerimientos de los inspectores ni fue su intención perjudicar su desempeño no siendo, por tanto, aplicable la sanción que se imputa por negativa a atender el requerimiento.

2 Notificada a la inspeccionada el 8 de abril de 2021.

i. Las actuaciones inspectivas se iniciaron en mérito a la Orden de Inspección N° 103-2020- SUNAFIL/IRE-APU, a fin de verificar la materia de “Hostigamiento y Actos de hostilidad – otros hostigamientos”. Si bien, del desarrollo de la investigación efectuada, el personal inspectivo determinó que el sujeto inspeccionado no incurrió en infracciones a dicha materia, el procedimiento concluyó con la emisión del acta de infracción por la presunta infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT dado que, pese a que el personal inspectivo notificó el Requerimiento de Información al correo electrónico autorizado, el sujeto inspeccionado no cumplió con remitir la información requerida en el plazo otorgado, hecho que constituye una infracción a la labor inspectiva.

ii. La resolución sustenta que, conforme se encuentra regulado en los numerales 3 y 4 del artículo 5° de la LGIT, dado que en el desarrollo de sus funciones de inspección, los inspectores de trabajo están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario, el hecho que los inspectores decidieran investigar el procedimiento de despido incoado contra la denunciante, se encuentra en estrecha relación con los hechos denunciados. Por tanto, el haber realizado dicha investigación no agrede la competencia del Poder Judicial, menos aún si no ha sido materia de sanción.

iii. Respecto a la vulneración al principio de tipicidad, dicho argumento carece de fundamento si se toma en consideración que la conducta imputada, “No remitir la información solicitada mediante Requerimiento de Información de fecha 12/11/2020 dentro del plazo otorgado (No cumplir con el requerimiento de información)”, se encuentra tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Por tanto, la autoridad sancionadora, en la resolución de primera instancia, ha efectuado una correcta subsunción de la conducta imputada al tipo infractor aplicado en el presente caso. Precisa, además, que los requerimientos de información, como actuaciones de la función inspectiva, deben cumplirse en la fecha y hora establecidas, tomando como fundamento el “Deber de colaboración” contemplado en el artículo 9 literal c) y e) de la LGIT, teniendo dichas infracciones la naturaleza de insubsanables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas.

iv. Finalmente, respecto a la proporcionalidad de la multa impuesta, la resolución venida en grado sustenta que la sanción se ha graduado atendiendo a los criterios de gravedad de la falta y número de trabajadores afectados, conforme establece el artículo 38 de la LGIT. Del mismo modo, también sustenta que se ha considerado los criterios contenidos en el RLGIT, en el cual se ajustó la escala de sanciones en función a los criterios del principio de razonabilidad establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017- JUS.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE YURA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- Infracción normativa del art. 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú – Debido Proceso

La impugnante argumenta infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Indica que la resolución impugnada, como parte de sus fundamentos, ha reconocido que la inspeccionada no ha incurrido en incumplimientos relacionados con el

8 Contabilizándose a partir del día siguiente de la notificación, según lo dispuesto por el TUO de la LPAG.

despido arbitrario o con actos de hostilidad en contra de la denunciante. Sin embargo, pese a ello, el procedimiento concluyó con la imposición de una multa. Indica que, para el presente caso, Sunafil debió exonerarles de toda multa ya que, de no hacerlo, se trasgrede el principio que “lo accesorio corre la suerte del principal”, recogido en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes N° 00728-2007-PA/TC y N° 04057- 2010-PA/TC.

- Sobre la falta de una adecuada subsunción en el tipo sancionador del numeral numeral 46.3 del artículo 46 del Reglamento General de Inspección del Trabajo.

De acuerdo con la accionante, si bien la resolución recurrida establece que, los requerimientos de información son actuaciones de la función inspectiva que deben cumplirse en la fecha y hora establecida, teniendo como fundamento del “Deber de Colaboración” contemplado en el artículo 9 literal c) y d) de la LGIT, argumenta que no es correcto señalar que la norma sea expresa en cuanto a que una actuación que determina la presentación de documentos deba realizarse en la fecha y hora establecidas. Señala que, muy por el contrario, la norma citada por la resolución impugnada reviste flexibilidad y facilidad para con los sujetos inspeccionados, precisamente para facilitar la actuación inspectiva.

Señala que, en el presente caso, se ha sancionado por la negativa de la inspeccionada a facilitar la información y documentación solicitada, mismo que fue calificado como una infracción a la labor inspectiva por no colaborar con los inspectores de trabajo. Sin embargo, jamás existió una negativa al requerimiento de la Sunafil, ni mucho menos al deber de colaboración, tomando en cuenta que la inspeccionada exhibió y remitió todos los documentos requeridos, conforme lo establece el inciso c) y e) del artículo 9° de la Ley.

Respecto a la negativa señala que, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la define como “repulsa o no concesión de lo que se pide”. Por ello, tomando en consideración que la documentación fue entregada y valorada en su oportunidad por la Sunafil, no existe coherencia entre los hechos que tuvieron lugar en la realidad y la sanción impuesta, configurándose una vulneración al Principio de Tipicidad. Indica que, para que se configure la sanción propuesta debe preexistir el supuesto en la norma, lo que obliga a la entidad fiscalizadora a sustentar y motivar su decisión en la propuesta de multa, hecho que no ha sucedido en el presente caso.

- Sobre la supuesta nulidad de la investigación emprendida por haber investigado un asunto ventilado en la vía jurisdiccional y que no estaba vinculado a la orden de inspección.

La impugnante alega que no se ha considerado la trasgresión al principio de legalidad, expresamente al artículo 45 del reglamento de la Ley de Fomento de Empleo, D.S. N° 001- 96-TR, el mismo que establece que la Autoridad Administrativa de Trabajo, a solicitud de parte, prestará su concurso para verificar el despido arbitrario que se configure por la negativa injustificada del empleador de permitir el ingreso del trabajador al centro de labores, lo que hará constar en acta.

Por tanto, indica, la Sunafil tenía la labor puntual de constatar la negativa del empleador a que el trabajador ingrese al centro de trabajo, lo que no se produjo por cuanto el empleador no impidió el ingreso, lo que está ratificado en la resolución apelada. Por tanto, la Sunafil solo tenía como función puntual la constatación mas no un pronunciamiento de fondo como se ha efectuado al requerir información para conocer los supuestos actos de hostilidad, así como el supuesto despido arbitrario, siendo lo correcto el que la autoridad se hubiera excusado del conocimiento de los actos de hostilidad y de la existencia o no del despido arbitrario que es un pronunciamiento de fondo que corresponde al Poder Judicial conforme el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú.

Que, al haberse emitido un pronunciamiento de fondo, que no le correspondía y era de exclusiva competencia del Poder Judicial, hace que el procedimiento sea nulo conforme lo establece el numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444. Ello se

fundamenta en que, reitera, la Sunafil solo debió realizar la constatación sobre el ingreso o no de la denunciante al centro de trabajo, y no pronunciarse sobre el fondo del despido, pronunciamiento que, conforme lo establece el inciso d) del artículo 2 de la Ley N° 29497 es de competencia de los juzgados especializados de trabajo, en concordancia con literal b) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción normativa del art. 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú por inobservancia del Debido Proceso

debe precisar que la analogía con el decaimiento de las condiciones de una resolución provisional en el ámbito jurisdiccional resulta inoportuna, debido a que las ejecutorias citadas se refieren a la naturaleza accesoria de aspectos incidentales, los mismos que, en el marco de una tutela cautelar dispensada a condición de su provisionalidad, resulta revocable.

multa o condena al pago de una suma de dinero”.9 En cambio, para el mismo autor, “las sanciones accesorias sirven para reforzar la eficacia represiva y disuasoria de las sanciones principales”.10

9 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. (1995). “Notas acerca de la potestad sancionadora de la administración pública” en Ius et veritas 5 (10), p. 157. Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15485 10 Ibíd. 11 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador, Segunda edición. Lima: MINJUS, p. 56. Recuperado a partir de https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/MINJUS- DGDOJ-GUIA-DE-PROCEDIMIENTO-ADMINISTRATIVO-SANCIONADOR-2DA-EDICION.pdf

Sobre la falta de una adecuada subsunción en el tipo sancionador del artículo 46.3 del RLGIT.

- Sanciona un comportamiento (positivo o negativo), consistente en no conceder a los inspectores de trabajo el acceso a información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. - Puede ser ejecutado por el inspeccionado o por sus representantes.

- A fojas 16 del expediente inspectivo, se aprecia que la impugnante declaró, ante la inspectora actuante, que los correos electrónicos jtorreblanca@yura.com.pe y juancarlos.valencia@yura.com.pe, los mismos que se declararon a efectos de las notificaciones para los actos que ocurriesen durante las actuaciones inspectivas. Consta que el Sr. José Torreblanca Marmanillo, según la firma de los correos que intercambió con la inspectora actuante, se desempeñaba como Jefe Legal de la impugnante; mientras que el Sr. Juan Carlos Valencia Duran cumplía sus labores en la unidad de “Gestión Humana” de la impugnante.

- A fojas 17 del expediente inspectivo del 10 de noviembre de 2020, la inspectora recordó a la entonces inspeccionada que estaba pendiente el envío de la vigencia de poder y copia del documento nacional de identidad del representante, Sr. José

Torreblanca Marmanillo. Este requerimiento fue notificado a ambos correos electrónicos, respondiéndose en el día desde el consignado como de titularidad del Sr. Torreblanca.

- Con relación a una denuncia por hostilización contra la denunciante, se solicitó a la compañía, a través de un correo electrónico remitido el 12 de noviembre de 2020 (fojas 31 del expediente inspectivo), que la empresa inspeccionada remita documentación especificada en el requerimiento de información referida a la denuncia presentada por la trabajadora Jane Mainit Medina Márquez, otorgándosele como plazo hasta el 18 de noviembre de 2020 a las 09:30 horas (punto 7.1.4. del Acta de Infracción). El tenor de la solicitud contenía la advertencia de que la falta de presentación de documentos sería considerada una infracción a la labor inspectiva, conforme con los artículos 15 y 45 del RLGIT.

- Consta en el expediente (fojas 34) que la solicitud de la inspectora fue, efectivamente, recibida y leída, según constancia emitida desde el correo electrónico del Sr. Torreblanca el mismo día a horas 20:11.

- De otro lado, se advierte que la impugnante no cumplió con remitir la información requerida dentro del plazo máximo fijado en las 9:30 horas del 18 de noviembre ―vale decir, cuatro días después―, sino que cumplió ello dentro del día señalado como término del plazo, pero con 6 horas de retraso, en seis correos (excusándose en el peso de la información en un mensaje de las 15:35 horas). Debe mencionarse que el inspector tenía el plazo determinado de poder actuar hasta el día 18 de noviembre, precisamente.

- En ese mismo día, a través de un escrito dirigido al inspector actuante, se dio cuenta de esta versión, suscrita por el Sr. Torreblanca (fojas 39 del expediente inspectivo):

- Además de presentar información adicional el día 19 de noviembre a las 10:43 horas (puntos 7.1.5. y 7.1.6. del Acta de Infracción), siendo esta la fecha en que se levantó dicha acta.

12 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”.

otorgado a los inspectores de trabajo: deben contribuir, oportuna y adecuadamente, en la investigación como partes que cuentan con una serie de medios probatorios cuya revisión es determinante para que la fiscalización pueda concluir sus objetivos. Una visión limitativa del deber de colaboración, por tanto, no solamente niega la particular condición jurídica que tiene el sujeto inspeccionado en la investigación, sino que también relativiza las atribuciones que los inspectores actuantes tienen de cara a la determinación de la verdad material, aspecto basal del propio Sistema de Inspección del Trabajo.

- Sobre la supuesta nulidad de la investigación emprendida por haber investigado un asunto ventilado en la vía jurisdiccional y que no estaba vinculado a la orden de inspección.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por YURA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 017-2021-SUNAFIL/IRE-APU, de fecha 26 de marzo de 2021, emitida por la INTENDENCIA REGIONAL DE APURÍMAC dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 050-2020-SUNAFIL/IRE-APU, por las consideraciones expuestas en los fundamentos 6.9 al 6.17 de la presente resolución

SEGUNDO.- En consecuencia, REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 017-2021-SUNAFIL/IRE-APU, en el todos sus extremos, DEJANDO SIN EFECTO la sanción impuesta en la Resolución de Sub Intendencia N° 018-2021-SUNAFIL/IREAPURIMAC/SIRE, del 18 de enero de 2021, conforme a lo resuelto en el la presente resolución, debiendo DEVOLVER todos los actuados a la INTENDENCIA REGIONAL DE APURÍMAC para que, en ejercicio de sus funciones, emita nuevo pronunciamiento de acuerdo con los fundamentos 6.14 y 6.15 de la presente resolución.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a YURA S.A. y a la INTENDENCIA REGIONAL DE APURÍMAC, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Devolver el expediente a la INTENDENCIA REGIONAL DE APURÍMAC.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.sunafil.gob.pe).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga