Yara Kiyan Víctor Raúl — Res. 429-2021

Mediante Orden de Inspección N° 10292-2018-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3719-2018 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de entre otras, una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, y una (01) infracción muy grave en materia de la labor inspectiva.

Mediante Imputación de cargos N° 1509-2019-SUNAFIL/ILM/A12 del 09 de diciembre de 2019, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 437-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 193-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5 de fecha 05 de marzo de 2021, multó, entre otros, a la impugnante por la suma de S/ 35,482.50 por haber incurrido, entre otros, en:

Con fecha 29 de marzo de 2021, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 193-2021-SUNAFIL/ILM/SIRES, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 996-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 24 de junio de 20212, la Intendencia Regional de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 193-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 19 de julio de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 996- 2021- SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM N° 1355-2021- SUNAFIL/ILM, recibido el 24 de agosto de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Sunafil, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia

De la revisión de los actuados, se ha identificado que YARA KIYAN VICTOR RAÚL presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 996-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 35,482.50, por la comisión, entre otras, de las infracciones tipificadas como MUY GRAVES, previstas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, así como el numeral 25.6 del artículo 25 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución8.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la YARA KIYAN VICTOR RAÚL.

Con fecha 19 de julio 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 996-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

Como se señaló en el punto 2.1 de la presente resolución, mediante Ley N° 29981, promulgada el 15 de enero de 2013, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral9, entendida como la autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo.10

Dentro sus funciones, la SUNAFIL supervisa y fiscaliza el cumplimiento del orden jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo11 en el ámbito del régimen laboral privado12 y bajo los alcances de la Ley N° 3113113 a nivel nacional, en su calidad de autoridad central de inspección del trabajo, disponiéndose para este fin la transferencia de los “órganos, unidades orgánicas y cargos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, referidas a la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa sociolaboral”.14

Por ello, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en su calidad de última instancia administrativa de la autoridad central de inspección del trabajo, encargada de la supervisión y fiscalización del ordenamiento jurídico sociolaborales, que comprende los derechos laborales, previsionales, de seguridad y salud en el trabajo y todos los que se derivan de la relación laboral. Por tanto, tiene potestad de conocer -a través del recurso extraordinario de revisión- las resoluciones de segunda instancia, emitidas por autoridades del Sistema de

En ese orden de ideas, junto con la creación de la Sunafil, la Ley N° 29981 modificó a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, asignándose a éstos la competencia en la inspección respecto de aquellas microempresas15 bajo su ámbito de competencia territorial; posteriormente, mediante Ley N° 30814, Ley de fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo, se dispuso que de manera temporal se asignarían éstas competencias y funciones en materia de inspección del trabajo (de los Gobiernos Regionales) por un plazo de ocho (08) años contados a partir de la vigencia de dicha ley16 a la Sunafil, disponiéndose que en aquellos ámbitos de gobierno regional en donde se haya implementado una Intendencia Regional de la SUNAFIL, esta transferencia se efectuaría a partir de la vigencia de dicha ley y de manera progresiva; debiéndose implementar Intendencias Regionales en aquellos ámbitos en los cuales éstas no se habían implementado hasta el 31 de diciembre de 2020.

Es Importante señalar que las Intendencias Regionales a las que la Ley N° 30814 hace mención se encuentran descritas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUNAFIL17 (y cuya redacción inicial tuvo un desarrollo posterior a través de la modificación del Decreto Supremo N° 009-2013-TR18), teniendo éstas la naturaleza de órganos desconcentrados encargados -entre otras funciones- de desarrollar y ejecutar las actuaciones inspectivas de fiscalización que le fueron otorgadas a la SUNAFIL como autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo, entendido este como un “sistema único, polivalente e integrado en dependencia técnica, orgánica y funcional directa de la Autoridad Central de la Inspección del Trabajo”19.

En este extremo, cabe recordar que los órganos desconcentrados son aquellos “que desarrollan funciones sustantivas para prestar bienes o servicios, y se crean para atender necesidades no cubiertas en el territorio”20, actuando en representación de la entidad de la cual forman parte, es decir, que la competencia de la SUNAFIL no se pierde o difumina

Teniéndose establecidos estos alcances, corresponde analizar lo expuesto por la impugnante en el recurso de revisión materia de autos, a la luz de los expedientes administrativos (inspectivo y sancionador) y lo señalado por la Intendencia de Lima Metropolitana en la resolución impugnada.

Acorde con la competencia atribuida a este Tribunal respecto de la revisión de las resoluciones emitidas en segunda instancia por las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo a nivel nacional que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que este se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descrita.

En el caso del inspeccionado YARA KIYAN VICTOR RAÚL las instancias inferiores le han impuesto una multa de S/ 35,482.50 (Treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos con 50/100 soles), por la comisión de entre otras, una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, y una (01) infracción muy grave en materia de la labor inspectiva por incumplir la medida inspectiva de requerimiento.

En consecuencia, esta Sala se pronunciará sobre el extremo referido a las infracciones calificadas como muy graves, a fin de determinar la corrección jurídica del requerimiento y verificar si la impugnante estaba obligada o no a cumplir con él.

El impugnante señala que ha cumplido con acreditar sus obligaciones, constituyendo el Depósito Judicial/Administrativo consignado ante el Banco de la Nación por el importe de S/2,107.34, correspondientes al pago de los beneficios sociales del ex - trabajador Mendoza Visser Saidt Júnior. Al respecto, en la constancia de actuaciones inspectivas de investigación, de fecha 26 de noviembre de 201822, se aprecia que la inspeccionada exhibe liquidación de beneficios sociales sin firma, a favor del trabajador denunciante que asciende a la suma de S/2,107.34 y el Depósito Judicial/Administrativo N° 2018001902472, a nombre del citado por el mismo monto, consignado ante el Banco de la Nación, de fecha 24 de noviembre de 2018. Asimismo, adjunta al recurso de revisión la Nota de Operación en Trámite Acreedora N° 1220103 (BANCO DE LA NACION) así como una Liquidación de Depósito Judicial N°. 2018801902472-031 (BANCO DE LA NACION) de fecha 3 de enero de 2019, con la que acredita el pago de lo solicitado23.

Sobre el particular, en la resolución impugnada se ha precisado que corresponde que se demuestre que se le haya emplazado al extrabajador Saidt Júnior Mendoza Visser al fuero judicial, mediante la interposición de una demanda no contenciosa de consignación judicial, a fin de evaluar los efectos de pago la consignación, no apreciándose de los actuados la existencia de proceso de esta naturaleza.

Al respecto, mediante Resolución de Intendencia N° 016-2020-SUNAFIL, referente a la acreditación del pago de las obligaciones laborales económicas, señala que, “El pago de obligaciones laborales económicas se podrá acreditar con cualquier medio probatorio, sin perjuicio que el empleador demuestre el cumplimiento de las obligaciones laborales accesorias, pudiendo ser éstas acreditadas mediante medios físicos o informáticos”.

Sobre el particular, la impugnante presentó el Depósito Judicial/Administrativo N° 2018001902472, ante el Banco de la Nación, así como la Nota de Operaciones en Trámite Acreedora N° 1220103 (BANCO DE LA NACION) y documento de Liquidación de Depósito Judicial N° 2018001902472-031 (BANCO DE LA NACION), de fecha 3 de enero de 2019, para acreditar el pago de las obligaciones requeridas en la medida de requerimiento, evidenciándose del mismo que los citados documentos se encuentran girados a nombre del trabajador denunciante.

Asimismo, de los documentos de pago presentados por la inspeccionada, adjunta documento denominado Nota de Operaciones en Trámite Acreedora N° 1220103, expedido por el Banco de la Nación, en el que se hace referencia en el ítem POR MENOR, que el documento de Depósito Judicial (Certificado N° 2018001902472), de fecha 24 de noviembre 2018, pasará a un giro a nombre del Sr. MENDOZA VISSER SAIDT JUNIOR con DNI N* 48941623 que será cobrado en la Sucursal del Banco de la Nación de San Borja, conforme a lo graficado a continuación:

Ahora bien, es oportuno señalar que el giro es una transferencia o envío de dinero a una persona determinada, que permite ser cobrado en cualquiera de las plazas o sucursales de la entidad financiera. Constituyendo un medio de pago válido de obligaciones económicas, siendo un medio idóneo de acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones, salvo prueba en contrario.

Debemos recordar que uno de los principios del procedimiento administrativo es la Presunción de Veracidad, preceptuado en el artículo IV del TUO de la LPAG24; por el cual la autoridad administrativa de trabajo debe presumir que, los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Cabe señalar, que en caso la documentación presentada no satisfaga la presunción de licitud25 y veracidad, se podrán adoptar las acciones correspondientes, al amparo de la LGIT, debiendo para dicho efecto motivar con hechos y pruebas la decisión.

En tal sentido, en consideración a la documentación presentada por la impugnante descrita en el considerando 6.14 de la presente resolución, se debió tener por cierto su contenido y dar por cumplida la medida inspectiva de requerimiento o de lo contrario fundamentar con hechos y pruebas el motivo de la subsistencia del incumplimiento, en concordancia del Principio de Verdad Material26. Por tanto, no es suficiente restar el mérito probatorio del documento de pago presentado, cuando el dinero salió de la esfera patrimonial de la inspeccionada para ser transferida a nombre del trabajador. Cabe señalar que, en aplicación del principio de primacía de la realidad27, la inspectora comisionada, una vez conocidos los hechos, debió evaluar y constatarlos, a fin de corroborar si los documentos presentados acreditaban el cumplimiento de la obligación.

En ese sentido, no se evidencia del Acta de Infracción ni de la resolución impugnada, la correcta valoración de los medios probatorios presentados, así como tampoco la aplicación de los principios antes referidos. Por tanto, corresponde acoger el recurso en dicho extremo.

La inspeccionada alega que, habiendo subsanado los errores involuntarios incurridos, se debió tener por cumplida la medida de requerimiento y por tanto no correspondería sanción alguna. Al respecto, de los actuados se evidencia:

Sobre el particular, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que, pueden adoptar, entre otras acciones, la de emitir medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece “Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas”.

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2 “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”.

De las normas transcritas queda en evidencia que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva, que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

Concordante con el artículo 3630 de la misma norma que establece que las acciones u omisiones de los sujetos obligados, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, constituyen infracción a la labor inspectiva.

De la revisión del expediente, se comprueba que la inspectora comisionada ha realizado una correcta aplicación de los artículos 14° de la LGIT y 17.2 del RLGIT, referente a que, para la emisión de una medida inspectiva de requerimiento, resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, en tal sentido la medida de requerimiento referida se encuentra correctamente emitida. Sin perjuicio de ello, en consideración a los hechos evidenciados en el expediente, corresponde analizar si la impugnante ha cumplido con subsanar las imputaciones establecidas en dicha medida.

De los actuados se evidencia que, la impugnante ha reconocido que ha incurrido en un incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales respecto al trabajador Mendoza Visser Saidt Júnior. En tal sentido, se verifica que asume su responsabilidad y procede subsanar las imputaciones. Así, se puede verificar que el representante de la impugnante en el plazo otorgado en la medida de requerimiento acreditó el cumplimiento de su obligación, el 24 de noviembre de 2018, hecho que fue puesto en conocimiento de la inspectora comisionada, el 26 de noviembre de 201831 . Cabe señalar que, antes que se emitiera la medida de requerimiento, en consideración a su deber de colaboración, puso de conocimiento de la comisionada el pago realizado mediante el Depósito Judicial/Administrativo. Por lo que, en consideración a los hechos, no resultaría razonable la imposición de la sanción a la labor inspectiva, puesto que la finalidad del sistema inspectivo es la verificación del cumplimiento de la normativa sociolaboral y de Seguridad y Salud en el

En tal sentido, verificadas las actuaciones inspectivas realizadas, no se ha evidenciado por parte de la impugnante, intención de no colaboración, pues a lo largo del procedimiento ha cumplido con presentar documentación con la finalidad de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, así como el hecho de haber acreditado la subsanación de las mismas.

Por consiguiente, corresponde acoger el recurso de revisión. POR TANTO