Yaksetig Guerrero S.A — Res. 813-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (Sub materia: Construcción Civil); y, Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no proporcionar al personal inspectivo comisionado la información y documentación necesaria, para el desarrollo de sus funciones, que fue solicitada mediante requerimiento de información de fecha 19 de febrero de 2021, pese a encontrarse válidamente notificado, a través de su casilla electrónica, con el apercibimiento de ley, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no proporcionar al personal inspectivo comisionado la información y documentación necesaria, para el desarrollo de sus funciones, que fue solicitada mediante requerimiento de información de fecha 09 de marzo de 2021, pese a encontrarse válidamente notificado, a través de su casilla electrónica, con el apercibimiento de ley, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Indica que, ambas multas corresponden exactamente a los mismos hechos, por lo que existe una clara violación al principio esencial non bis in ídem, pues de manera arbitraria e ilegal la Intendencia pretende sancionar de manera simultánea la misma infracción. ii. Refiere que de manera arbitraria y abusiva la Intendencia vuelve a requerirle la misma información que ya habían presentado previamente, en la Orden de Inspección N° 787-2019-SUNAFIL/IRE-PIU. iii. Manifiesta que, no cabe iniciar dos procedimientos simultáneos o sucesivos por un mismo hecho infractor, según “la prohibición de doble persecución (non bis in ídem procesal)”, que si bien es cierto no está regulada expresamente en la norma administrativa, sí está por el Tribunal Constitucional. iv. Sostiene que, la resolución apelada resulta arbitraria y sin debida motivación, pues pretende justificar la imposición de multas sobre la base de supuestos incumplimientos de normas sociolaborales, pero al final no determina la multa por dicho incumplimiento, sino que, más bien trasgrediendo los principios del derecho

administrativo sancionador, genera nuevos hechos y requerimientos con la finalidad de justificar la imposición irracional de sanciones. v. Señala que, la notificación del Acta de Infracción, mediante la Imputación de Cargos, se ha realizado mucho después de los cinco (5) días de plazo otorgados por la LPAG, por lo que, corresponde declarar la nulidad de la resolución.

i. Que, con relación a la imposición de sanciones independientes por no cumplir con brindar información a dos requerimientos de información, es necesario resaltar que el numeral 7.14.9 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL-INII, establece que tratándose de hechos que configuren infracción a la labor inspectiva, el inspector actuante debe proponer una multa por cada hecho verificado, tal como ha sucedido en el presente caso; donde al revisarse las constancias de actuación inspectiva de fecha 25 de febrero y 15 de marzo de 2021, se verifica que la recurrentes no cumplieron con brindar la documentación e información solicitada en los 02 requerimientos de información válidamente notificados. Por lo que, sí correspondía que ambos incumplimientos fueran sancionados en forma separada, dado que, se trató de conductas independientes entre sí. ii. Respecto a la supuesta vulneración del principio del non bis in ídem, se tiene que el primer requerimiento de información notificado el día 19 de febrero de 2021, es completamente independiente del requerimiento de información notificado el 09 de marzo de 2021, puesto que dichas conductas se han dado en circunstancias y momentos distintos; sin que exista identidad del sujeto, hecho y fundamento, evidenciando que no se cumple con la triple identidad. iii. Sobre que no podrían iniciarse dos procedimientos simultáneos o sucesivos por un mismo hecho infractor, cabe precisar que en la Orden de Inspección 787-2019, no se realizó ninguna propuesta de sanción, al no poder continuar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, con lo que no se pudo determinar la vulneración de las normas sociolaborales, y por ende no se inició ningún procedimiento sancionador, que finalice con un pronunciamiento sobre el fondo de la materia. iv. Que, en el caso que nos ocupa, se observa que el sujeto responsable no cumplió con brindar la información requerida por el inspector comisionado respecto de los 02 requerimientos de información, y este hecho impidió que el inspector actuante llegara a verificar las materias de inspección solicitadas en la presente Orden de Inspección; por lo que, teniendo en cuenta que ninguna de las infracciones propuestas por la inspectora actuante versan sobre el incumplimiento de la

2 Notificada a la impugnante el 03 de enero de 2023. Véase folio 89 del expediente sancionador.

normativa sociolaboral, sino por la falta de colaboración de la empresa al no brindar la información requerida, no se ha podido seguir con las investigaciones. v. Por otro lado, cabe señalar que las infracciones a la labor inspectiva son de configuración instantánea; es decir, en el mismo momento en que el personal inspectivo constató que el sujeto responsable no había dado respuesta a los dos requerimientos de información emitidos, quedando acreditado que el sujeto responsable incumplió su deber de colaboración con el personal inspectivo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 24 de enero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 181-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, las resoluciones emitidas en primera y segunda instancia carecen de debida motivación, en relación a los cuestionamientos formulados respecto a la existencia de vulneración del principio non bis in ídem y al principio de razonabilidad, contemplados por el TUO de la Ley N° 27444. ii. Puntualizan que, los hechos que dan origen a la sanción en el presente procedimiento sancionador, fueran materia de actuaciones inspectivas en la Orden de Inspección N° 787-2019-SUNAFIL/IRE-PIU, dicha situación se refrenda en la misma Acta de Infracción

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

N° 401-2021-SUNAFIL/IRE-PIURA, al señalar que, debido a la licencia de la inspectora comisionada, no se pudieron culminar las actuaciones inspectivas de investigación; en base a ello, se generó la Orden de Inspección Concreta N° 257-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, a fin de realizar las actuaciones de investigación pertinentes. iii. Al respecto, alegan que, se debe tener en cuenta, que si bien no se inició un procedimiento sancionador formalmente, dentro de dicho procedimiento, ya se había remitido información, parte de la cual fuera solicitada mediante orden de inspección que da origen al presente procedimiento sancionador, y que conforme se ha establecido en dicho procedimiento no se pudo determinar vulneración de normas sociolaborales, contraviniendo lo señalado en el artículo 48 del TUO de la Ley 27444, sobre documentación prohibida de solicitar. iv. Por lo que, cuestionan claramente la existencia de un exceso de punibilidad y vulneración al principio de razonabilidad, por solicitar nuevamente información en un nuevo procedimiento, lo que resulta contrario a los principios del procedimiento administrativo sancionador. v. Al respecto, invocan la Resolución de Sala Plena N° 010-2022-SUNAFIL/TFL, en tanto que, correspondía que se acumulen los procedimientos y se determine una sola infracción en caso que esta se acredite; sin embargo, de manera excesiva se emite una nueva orden de inspección sobre los mismos hechos, y dentro de la misma orden se han emitido múltiples requerimientos sobre la misma documentación sin tener en cuenta lo señalado anteriormente, sino también lo señalado mediante la Resolución N° 311-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, criterio que considera que existe exceso de punición cuando la sanción impuesta a un administrado no guarda proporcionalidad con el objetivo de la norma represiva que sustentó el dictado del precepto como la emisión del acto administrativo sancionador. vi. Reiteran que, el inspector asignado tenía conocimiento de dos hechos fundamentales respecto a las diligencias efectuadas, los cuales son que, i) que ya existía una Orden de Inspección N° 787-2019-SUNAFIL/IRE-PIU previa, con actuaciones inspectivas sobre los mismos hechos; y ii) tenía conocimiento que parte de la información solicitada, en este caso, el registro de control de asistencia no existía por extravío de los documentos, tal como se había descargado y dejado constancia en el acta respectiva; sin embargo, pese a ello, de manera arbitraria y abusiva vuelve la requerir la misma información, a sabiendas que su incumplimiento resultaba imposible de cumplir. vii. Manifiestan que, se evidencia claramente, que en el ejercicio de las funciones del funcionario inspector existe un ánimo perverso de imponer multas sin respetar los límites del ejercicio de la potestad sancionadora establecidos en los artículos 247 y 248 del TUO de la Ley 27444.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.1 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”9 (énfasis añadido).

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

- A folios 16, se aprecia el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 19 de febrero de 2021; y, a folios 17, la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 19 de

febrero de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 01:

- Así también, a folios 26, se aprecia el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 09 de marzo de 2021; y, a folios 27, la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 09 de marzo de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 02:

refrenda en la misma Acta de Infracción N° 401-2021-SUNAFIL/IRE-PIURA, al señalar que, debido a la licencia de la inspectora comisionada, no se pudieron culminar las actuaciones inspectivas de investigación; en base a ello, se generó la Orden de Inspección Concreta N° 257-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, a fin de realizar las actuaciones de investigación pertinentes; por lo cual, cuestionan la existencia de un exceso de punibilidad y vulneración al principio de razonabilidad.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

11 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto. Por tanto, corresponde a esta sala desestimar el recurso en este extremo.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.21 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No proporcionar al personal inspectivo comisionado la información y documentación necesaria, para el desarrollo de sus funciones, que fue solicitada mediante requerimiento de información de fecha 19 de febrero de 2021, pese a encontrarse válidamente notificado, a través de su casilla electrónica, con el apercibimiento de ley. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

Labor inspectiva No proporcionar al personal inspectivo comisionado la información y documentación necesaria, para el desarrollo de sus funciones, que fue solicitada mediante requerimiento de información de fecha 09 de marzo de 2021, pese a encontrarse válidamente notificado, a través de su casilla electrónica, con el apercibimiento de ley. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES, en contra de la Resolución de Intendencia N° 181-2022- SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 29 de diciembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Piura, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 628-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 181-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa

CUARTO. - Notificar la presente resolución a YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES, y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240828MCR - HR 92719-2018