Yaksetig Guerrero S.A — Res. 313-2021

Mediante Orden de Inspección N° 2011-2018-SUNAFIL/IRE-PIU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 216-2019-SUNAFIL/IRE-PIU (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción leve en materia de relaciones laborales, seis (06) infracciones graves en materia de relaciones laborales, y una (01) infracción muy grave en materia de la labor inspectiva.

Mediante Imputación de cargos N° 433-2019-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC del 13 de diciembre de 2019 (en adelante, Imputación de Cargos), se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 21-2021-SUNAFIL-SIAI-IRE- PIURA, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 190-2021-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA de fecha 30 de abril de 2021, multó, entre otros, a la impugnante por la suma de S/. 38,766.00 por haber incurrido en:

Con de fecha 24 de mayo de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 190-2021-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 56-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 21 de junio de 20212, la Intendencia Regional de Piura declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 190- 2021-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 15 de julio de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Piura el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 56-2021-SUNAFIL/IRE- PIU.

La Intendencia Regional de Piura admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 000663-2021-SUNAFIL/IRE- PIU, recibido el 23 de julio de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 56-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, emitida por la Intendencia Regional de Piura, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 38,766.00, por la comisión, entre otras, de la infracción tipificada como MUY GRAVE, prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución9.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES.

Con fecha 15 de julio, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 56-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes alegatos:

En vista que la impugnante ha alegado que las actuaciones inspectivas han superado el plazo de treinta (30) días hábiles impuestos en el numeral 13.3 del artículo 13 del RLGIT, corresponde evaluar si, efectivamente, ello se ajusta a lo constatado en autos.

En efecto, de acuerdo al citado dispositivo, “(…) las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse en el plazo señalado en las órdenes de inspección. El plazo máximo de treinta (30) días hábiles a que se refiere el artículo 13 de la Ley, se computa desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas” (énfasis añadido).

De esta manera, este Tribunal advierte que, para identificar el exceso en el plazo de las actuaciones inspectivas, corresponde -previamente- determinar el momento exacto en las que iniciaron.

En el presente expediente, se destaca que, el 04 de enero de 201910, el inspector realizó la comprobación de datos de la impugnante, en base a determinar el número de trabajadores registrados en la planilla electrónica, y si gozaba de un régimen especial, por lo que, de acuerdo al presente marco, tuvo hasta el 15 de febrero del presente periodo para agotar el plazo que habilita la función inspectiva.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que la fecha de expedición del Acta de Infracción se dio el 13 de febrero de 2019, se concluye que el presente procedimiento de inspección ha sido ejecutado en armonía al plazo que refiere el RLGIT, por lo que corresponde no acoger el presente extremo del recurso de revisión. Del registro del Acta de Infracción 6.6 Respecto al presente extremo del recurso, se alega que, al haberse inobservado el plazo de registro del Acta de Infracción, establecido en el punto 7.7.4.7 de la Directiva, se afectó la correcta correlación del número de expediente, conllevando –según la impugnante- a la nulidad del citado documento inspectivo.

Sobre el particular, entre los principios que orientan la función administrativa, se tiene el de legalidad establecido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, cuyo mandato impone que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la ley y al Derecho, dentro de las facultades que les sean atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas.

Así, de acuerdo al numeral 151.3 del artículo 151 del citado cuerpo normativo, el vencimiento del plazo para realizar cualquier actuación por parte del Estado, lo que incluye

Partiendo de ello, corresponde verificar si el numeral punto 7.7.4.7 de la Directiva (norma invocada por la impugnante) sanciona bajo nulidad la falta de observancia del plazo para generar el registro del Acta de Infracción, por lo que se trae a colación el texto pertinente del mismo:

De la revisión del presente dispositivo, no se ha contemplado la nulidad del Acta de Infracción. Incluso, no se ha establecido un plazo expreso para llevarse a cabo dicha actuación interna. Por tanto, a juicio de este Colegiado, no corresponde otorgarle tal efecto.

De otro lado, la impugnante expresa que, de acuerdo al número correlativo del presente expediente (Exp. 339-2019-SUNAFIL/IRE-PIU), se denota que este ha sido alterado indebidamente, porque no guarda coherencia con el Exp. N° 0328-2019-SUNAFIL/IRE-PIU y el Exp. N° 112-2019-SUNAFIL/IRE-PIU, cuyas Actas de Infracción han sido emitidas de manera posterior. En ese sentido, manifiesta que el Acta de Infracción es nula.

Al respecto, no debe perderse de vista que todo acto que facilite estrictamente la función inspectiva (como es el caso de la asignación de número del expediente sancionador) no reúne la condición de acto administrativo13, porque no altera la situación jurídica de los sujetos inspeccionados; en consecuencia, esta Sala deduce que no corresponde atribuirle efectos de nulidad.

En vista que la impugnante refiere que la notificación practicada en la Imputación de Cargos ha sido adulterada, puesto que posee evidencias que no ha sido llenada, corresponde a esta Sala dilucidar si dicha circunstancia resulta suficiente para afectar el derecho de defensa y del debido procedimiento, tal como se ha expuesto en el recurso de revisión.

Sobre el particular, de acuerdo al principio del debido procedimiento, consagrado en el numeral 1.2 del inciso 1 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, “los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, los cuales comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, el derecho a ser notificado”.

Así, dentro de las modalidades de notificación que prevé nuestro ordenamiento, de acuerdo al sub numeral 20.1.1 del numeral 20.1 del artículo 20° del TUO de la LPAG14, resulta válida la efectuada al domicilio del administrado interesado, la misma que deberá ceñirse al “(…) domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año” (énfasis añadido). Esto último con arreglo al numeral 21.1 del artículo 21 del referido cuerpo normativo15.

En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio respectivo, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente16.

Bajo esta última premisa, se llevó a cabo la notificación de la Imputación de Cargos, en la que se aprecia que se acudió la visita en el domicilio de la impugnante los días 10 y 11 de setiembre de 201917, siendo debidamente practicada de acuerdo a Derecho.

Ahora, si bien la impugnante desconoce tal circunstancia, mediante la presentación del mismo cargo de notificación sin el llenado respectivo18, se debe expresar que ello no permite deducir que la notificación se hubiera gestionado de manera fraudulenta, puesto que el encargado de tal diligencia ha descrito las características del inmueble en el cargo de respectivo, conforme se muestra a continuación: Figura N° 2: Fragmento del cargo de notificación de la Imputación de Cargos

Se debe precisar que la exactitud de los datos del inmueble no ha sido expresamente cuestionada por la impugnante, por lo que corresponde mantener los efectos de la notificación de la Imputación de Cargos, no existiendo afectación al derecho de defensa y debido procedimiento administrativo. En consecuencia, se rechaza de plano el presente extremo del recurso de revisión.

Respecto al presente extremo del recurso de revisión, relativa a la vulneración del derecho al plazo razonable, se debe expresar que la vulneración de tal derecho por parte del Estado, la cual podría entenderse ante la falta de observancia de los plazos máximos establecidos, el Tribunal Constitucional ha manifestado que esta no genera de manera directa y automática la nulidad de lo actuado. Por lo que deberá evidenciarse, además, la

Por consiguiente, corresponde no acoger el presente extremo del recurso de revisión.

Finalmente, de la revisión del presente recurso administrativo, se tiene que la impugnante ha omitido desplegar mayores argumentos respecto al no cumplimiento de la medida de requerimiento del 06 de febrero de 2019, por lo que, al no ejercer su derecho de contradicción sobre el presente extremo del procedimiento administrativo sancionador, esta Sala confirma la responsabilidad administrativa sobre la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

De la revisión del recurso de revisión planteado, se evidencia que los fundamentos de este se encuentran relacionados con presuntas irregularidades advertidas en la emisión del Acta de Infracción, indebida notificación de la imputación de cargos y la vulneración del plazo razonable.

Consecuentemente, se cuestiona diversas actuaciones de la Intendencia Regional o de sus unidades orgánicas, relacionadas con la tramitación del procedimiento administrativo sancionador.

Dado que el administrado argumenta expresamente que ha ocurrido supuestas vulneraciones al principio del debido procedimiento -especificando que se refiere al derecho a la defensa, debida motivación, plazo razonable y legalidad, objetividad e imparcialidad-, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

SOBRE EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con las vulneraciones alegadas por la impugnante: al derecho a la defensa, debida motivación, plazo razonable y legalidad, objetividad e imparcialidad

SOBRE LA PRESUNTA VULNERACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA

Con relación al derecho a la defensa, el propio Tribunal Constitucional en la misma Sentencia analizada previamente señala:

Con relación a ello, se evidencia que la impugnante tuvo acceso a una defensa técnica, es decir, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección. Cabe precisar

No obstante, ello, la dimensión material del derecho a la defensa ha sido objeto de alegaciones por parte del administrado, centradas en los plazos de tramitación del procedimiento y las actuaciones preliminares a cargo de la Administración -en este caso la Intendencia Regional y sus unidades orgánicas-.

Debe recordarse que es precisamente sobre la Administración que recae la obligación de dar a conocer los argumentos de hecho y de derecho que sustentan su decisión con relación todos los extremos invocados por el administrado. Resulta relevante, además, acotar que existe una conexidad entre este aspecto del derecho de defensa y la alegación de vulneración al “plazo razonable”, conforme a lo invocado por la impugnante. Estos aspectos se encuentran íntimamente relacionados con el derecho a la motivación de las resoluciones, el cual será analizado posteriormente.

SOBRE LA PRESUNTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD

En lo que se refiere a la imparcialidad, numeral 1.5 del Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo establece lo siguiente:

En el expediente administrativo no se ha identificado acciones de carácter discriminatorias por parte de la Administración con relación a la impugnante. La tutela jurídica se ha brindado en condiciones de igualdad, prueba de lo cual resulta el presente procedimiento recursivo. Sin embargo, de la revisión de las actuaciones emitidas por la Intendencia Regional y sus unidades orgánicas, no se identifica el razonamiento que desvirtúe la alegación efectuada por el administrado en este extremo.

SOBRE LA PRESUNTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Con relación a la afectación al principio de legalidad, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal Constitucional ha indicado en los Fundamentos Jurídicos 3 y 4 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02192-2004-AA:

En el presente caso, si bien no se aprecia una vulneración del principio de legalidad para el ejercicio de la potestad sancionadora establecido en el artículo 230° del TUO de la LPAG, de la revisión de las actuaciones emitidas por la Intendencia Regional y sus unidades orgánicas, no se identifica el razonamiento que desvirtúe la alegación efectuada por el administrado en este extremo.

SOBRE LA PRESUNTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa20, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto.

A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material21. 1.8.8 Respecto a la falta de motivación, en palabras de Guzmán Napurí22, se ha expresado lo siguiente:

En esta misma línea, el Tribunal Constitucional precisa lo siguiente en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-PA/TC:

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Conforme se ha identificado previamente, se evidencia que las instancias que precedieron al Tribunal en el análisis y emisión de los actos administrativos respectivos no cumplieron con garantizar una adecuada motivación, máxime tratándose de un procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional

A mayor abundamiento con lo anteriormente mencionado23 frente a las recomendaciones efectuadas en el Informe Final de Instrucción (IFI), la impugnante consideró oportuno cuestionar el hecho de haberse notificado la imputación de cargos luego de diez (10) meses de haberse emitido el Acta de Infracción, conforme se aprecia lo siguiente:

Si bien dicho extremo de defensa ha sido transcrito en el considerando 3.7.5.2 de la Resolución Final, también se aprecia que, al momento de rebatirlo, ha sido interpretado de manera diferente a lo planteado, tal como se evidencia en el siguiente fragmento del acto:

Como se aprecia, en vista que el presente extremo del descargo ha sido reformulado por uno a cuestionar la modalidad de la notificación de la imputación de cargos, y no -como corresponde- por haber efectuado la notificación luego de diez (10) meses de haberse emitido el Acta de Infracción, lo que exige analizar si dicha dilación se ajusta a Derecho, se deduce que la Autoridad Decisora no se pronunció expresamente sobre el particular.

Lo anterior se suma a los elementos previamente citados (los principios o garantías propios del procedimiento administrativos sancionador) los cuales se han visto vulnerados por la debida motivación de los actos administrativos emanados en el PAS, exponiéndola en un estado de indefensión frente al procedimiento, lo que configura la causal de nulidad prevista en los numeral 1 del artículo 10° del TUO de la LPAG39.

DE LA POTESTAD DEL TRIBUNAL PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES CONFORMANTES DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

El artículo 15° de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.

Complementando lo antedicho, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

Precisa además que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del PAS que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

Según se señaló previamente, es indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral -tanto adjetiva como sustantiva- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos de las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo.

Por tanto, al apreciar la vulneración de principios del procedimiento administrativo, según fue invocado por la impugnante, el Tribunal se encuentra en la obligación de revisar el cumplimiento de esta normativa adjetiva en materia sociolaboral. Cabe resaltar que la normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujeto del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo.

Como consecuencia de la revisión efectuada, se hace necesario no solo ejercer la potestad anulatoria que ostenta este Tribunal a fin de corregir la vulneración evidenciada, sino que, además, analizar los pronunciamientos de las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo y establecer condiciones para garantizar su uniformidad, como sucede en el presente caso.

En ese sentido, la Resolución de Sub Intendencia N° 190-2021-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA ha sido emitida vulnerando el derecho a la debida motivación de los actos administrativos, es decir, apartándose del estándar constitucionalmente establecido para el debido procedimiento, y contraviniendo el numeral 4 del artículo 3° y el artículo 6° del TUO de la LPAG. Por ello, se encontraría dentro del supuesto de hecho contemplado en el inciso 1 del artículo 10 de la norma en desarrollo.

Por tanto, tal Resolución carece de efectos y, en consecuencia, no permite la determinación de responsabilidad administrativa de las infracciones que tuvieron lugar en el PAS, así como de la resolución impugnada, la cual confirmó la Resolución de instancia inferior.

En ese sentido, correspondería declarar la nulidad de la citada Resolución que acarrea la subsecuente Resolución de segunda instancia, debiendo la Administración motivar adecuadamente sus actuaciones en el marco de un procedimiento administrativo, más aún si se trata de uno de tipo sancionador, dejándose a salvo el derecho de cualquiera de las partes para que lo haga valer en la vía legal que corresponda, debido a que el presente pronunciamiento incide en la tramitación del procedimiento, y no sobre el fondo del asunto.