Yaksetig Guerrero S.A — Res. 241-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Estándares de higiene ocupacional (Comedor – vestuario – servicios higiénicos; Botiquín); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Cobertura en salud; Cobertura en invalidez – sepelio); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Comité (o supervisor) de seguridad y salud en el trabajo); Equipos de protección personal. Bianca FAU 20555195444 soft 18:39:38-0500 PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

2019, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles a efectos que pueda efectuar los descargos que creyera pertinentes respecto de las imputaciones contenidas en el Acta de Infracción adjunta.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

i. Se ha vulnerado las normas de la Ley N° 27444 y el derecho constitucional al debido procedimiento administrativo, al aplicarse de manera arbitraria, irracional e ilegal los plazos señalados en el D.S. N° 019-2006-TR, la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII que establece las reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva y la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, que regula el procedimiento administrativo sancionador.

ii. Afirma que hasta la fecha su representada no ha sido debida y legalmente notificada con la Imputación de Cargos y que la administración aduce haberle notificado en el domicilio de su representada de manera física con fecha julio del 2020; hecho que nunca se ha efectuado conforme a la norma y contraviene toda disposición en relación a las comunicaciones y notificaciones durante la vigencia del estado de emergencia; habiendo tomado conocimiento de la existencia de supuesta notificación el 29.07.2020 a las 2:10 (no indica si es de la mañana o de la tarde). Señala que no se habría cumplido lo establecido en el artículo 25.1 del TUO de la LPAG, ya que no se adjunta medio probatorio o documento que acredite la colocación de un aviso en el domicilio indicando la nueva fecha en que se realizaría la siguiente notificación; sin perjuicio de manifestar que la administración se encontraba en obligación de notificarle en forma electrónica conforme a las disposiciones emitidas durante la

emergencia sanitaria; lo que demostraría que la Imputación de Cargo nunca le fue notificada legalmente a su representada y por tanto no pudo ejercer su derecho de defensa de manera oportuna; concluyendo que, al no haberse respetado el debido procedimiento corresponde declarar nulo el presente procedimiento incluyendo la resolución impugnada.

i. Señala que, respecto la nulidad, de los dispositivos legales citados en el párrafo precedente se concluye que, el ordenamiento jurídico administrativo ha establecido que únicamente estará afecta de nulidad una actuación administrativa realizada a destiempo, cuando la ley expresamente así lo haya dispuesto debido a la naturaleza perentoria del plazo incumplido; y para los demás casos en que se realice actuaciones administrativas fuera de término en forma injustificada, se ha establecido que ese hecho sólo le genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada; más no se afecta la validez de la tramitación del procedimiento administrativo.

ii. Respecto al cuestionamiento a la notificación de la imputación de cargos, la resolución venida en grado sustenta que dicha notificación se efectuó con la modalidad de “notificación bajo puerta” en el domicilio del recurrente ubicado en Mz. 250 — Lt. 01 — Zona Industrial — Piura — Piura, conforme al cargo de notificación que consta a folios 34 del expediente sancionador. Dicha notificación se materializó el 29.07.2020, después de haber realizado dos visitas. Que, de la revisión efectuada, indica la resolución venida en grado, que se procedido a revisar una vez más el cargo de notificación de la citada cédula, encontrando que, a diferencia de lo afirmado por el recurrente, en dicho documento se encuentra el acta que acredita que se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 25.1 del TUO de la LPAG; conforme se aprecia del aparto 4) de la cédula referente al “Motivo de no acuse de recibo”. Por tanto, concluye, no evidencia la existencia de ninguna irregularidad en el acto de notificación de la Imputación de Cargos realizada físicamente en el domicilio del sujeto responsable; por lo que, no corresponde realizar un nuevo acto de notificación a favor del recurrente.

2 Notificada a la inspeccionada el 14 de junio de 2021, ver fojas 238 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ver fojas 119 al 126 del expediente sancionador 4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que sean sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación, así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- La empresa inspeccionada cuestiona transgresiones a las normas y principios del Procedimiento Administrativo establecidos en nuestro ordenamiento Jurídico en el TUO

9 Sin contar a este día dentro del plazo, computándose los quince (15) días hábiles desde el 15 de junio de 2021.

de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y del derecho Constitucional, en relación al Debido Proceso, al aplicarse de manera arbitraria, irracional e ilegal de los plazos señalados en el propio D.S. N° 019-2006-TR “Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo”, de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL-INII, “Reglas Generales para el ejercicio de la función inspectiva” y Directiva N° 001-2017- SUNAFIL-INII, “Directiva que Regula el Procedimiento Administrativo Sancionador”. Indica que dicha situación afecta directamente el principio al debido procedimiento administrativo, estrechamente vinculado al derecho constitucional al Debido Proceso y vulnerando el derecho a defensa, la debida motivación, al plazo razonable, legalidad, objetividad e imparcialidad, dentro del procedimiento sancionador instaurado a la recurrente.

- El recurrente señala que el procedimiento se inició con la Orden de Inspección N° 095- 2018-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 19 de octubre de 2018, concluyendo con la Resolución N° 184-2021-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, de fecha 23 de abril de 2020, notificada el 26 de abril de 2021, es decir, dos años y seis meses, aun cuando el plazo no debía exceder los 60 (sesenta) días.

- Señala que, conforme al artículo 13 de la LGIT y el artículo 13.3 del RLGIT, el plazo para las actuaciones de investigación no debe superar los treinta (30) días hábiles, cuya prórroga se puede efectuar por una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles. Que si bien la Orden de Inspección se emite el 19 de octubre de 2019 y el Acta de Infracción se emite el 03 de diciembre de 2018, respecto al plazo para dichas actuaciones, el Tribunal debe determinar si el plazo de los 30 días hábiles concedidos se cumple con la sola emisión del acta de infracción o si es necesario otro acto administrativo con el que se pueda verificar su cumplimiento, toda vez que dicha acta de infracción no es puesta de conocimiento al administrado sino hasta el acto de notificación de la imputación de cargos (que en apariencia se dio el 29 de julio de 2020).

- Además, el inspeccionado cuestiona que la administración haya efectuado una notificación física en su domicilio, pese a que todas las entidades del Estado venían realizando actividades virtuales, incluida la recepción de documentación. La autoridad instructora, indica, contraviniendo las disposiciones sanitarias y de emergencia, ha notificado en su domicilio la imputación de cargos, lo que a su entender resulta lesivo a sus intereses, además de tratarse de un trato desigual y discriminatorio al administrado.

- Respecto a la caducidad, indica que si bien la norma señala que ésta opera desde la notificación de la imputación de cargos, la misma viene siendo utilizada indiscriminadamente para dilatar la notificación de este acto de modo tal que, incluso habiendo cuestionado en el presente procedimiento la supuesta notificación efectuada al mismo realizada el 29 de julio de 2020, es decir a casi 02 (dos) años de haberse iniciado

la primera fase del procedimiento sancionador, que legalmente debió durar los plazos previstos en las directivas como la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL-INII, “Reglas Generales para el ejercicio de la función inspectiva”, así como la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL-INII, “Directiva que Regula el Procedimiento Administrativo Sancionador”.

- Conforme se viene sosteniendo es que el incumplimiento de los plazos es tan grosero que independientemente de las normas que determinen que no existe nulidad, ello no enerva el hecho que las mismas transgredan de manera flagrante los derechos constitucionalmente reconocidos, siendo que el fundamento del plazo razonable (o razonabilidad del plazo) se encuentra en el artículo 139.3 de la Norma Fundamental, que consagra la garantía procesal genérica del debido proceso, habiendo interpretado los órganos jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional que el plazo razonable constituye un manifestación implícita de dicho derecho fundamental en una interpretación conforme a lo estipulado en los artículos 14.3.c y 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), respectivamente.

- Indica que el incumplimiento de plazos se traduce en la existencia de actos irregulares que se pretenden convalidar, sustentados en la falta de transparencia de información de los actos internos, los mismos que pueden ser adecuados sin que el administrado pueda ser notificado para su conocimiento, asimismo conforme indicamos en nuestro escrito de fecha 05 de marzo de 2020, de los descargos efectuados al Informe Final de Instrucción de fecha 26 de febrero de 2021, otro acto arbitrario e ilegal se acredita en el hecho que su representada nunca ha sido debida y legamente notificada con la imputación de cargos de fecha 21 de noviembre de 2019, y que la intendencia aduce haber notificado en el domicilio de ésta con fecha 29 julio de 2020 de manera física, hecho que pese a que nunca se ha efectuado conforme a la norma, contraviene toda disposición en relación a las comunicaciones y notificaciones durante la vigencia del estado de emergencia, tal como indica en el Informe Final.

- Sobre la notificación de la imputación de cargos, informa que la administración debió “Colocar un aviso en el domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación”, si bien es cierto, la constancia de notificación indica como primera visita supuestamente el 27 de julio de 2020, la misma no es totalmente legible al haber sido repintada, y además, no se adjunta a la misma la copia del aviso y/o constancia de colocación del mismo para acreditar que se cumplió con el procedimiento indicado, ello sin perjuicio de que su representada se encontraba en posibilidades y obligación de notificar de manera electrónica conforme a las disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria dictadas por el gobierno y su propia entidad, en ese sentido queda claro que dicha imputación de cargos nunca fue notificada legalmente a mi representada, situación que establece que los efectos de la misma no resultan

eficaces en el presente procedimiento sancionador, emitidas durante la emergencia sanitaria dictadas por el gobierno y su propia entidad, en ese sentido queda claro que dicha imputación de cargos nunca fue notificada legalmente a la recurrente.

Análisis Del Recurso De Revisión

- Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

10 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 11 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 12 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal” (énfasis añadido).

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias.”

sobre éstas se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente.

Respecto al pedido de nulidad recurso de revisión por Yaksetig Guerrero S.A. Contratistas Generales

norma y, por tanto, constituyen normas de imperativo cumplimiento en el sistema de inspección del trabajo. Sin embargo, si el que no se haya seguido los plazos regulados en dichas directivas invalida la fiscalización practicada, es una cuestión que amerita una motivación específica que atienda a si se pudiera o no infraccionar alguna garantía insubsanable del debido procedimiento.

Respecto al plazo para desarrollar el procedimiento inspectivo

“17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores emiten medidas de advertencia, requerimiento, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que este las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización”.

Respecto a la modalidad de notificación de la imputación de cargo y el uso de las herramientas electrónicas por el Estado de Emergencia Nacional

cronograma, a través de Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL13, publicada el 1 de agosto de 2020, se modificó el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, con la cual se aprobó el Cronograma de Implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Dicha modificación se hizo considerando que, con la declaratoria de Emergencia Sanitaria, y a fin de prevenir y controlar la propagación y contagio del COVID-19, el uso de medios electrónicos y tecnológicos en la fiscalización laboral adquirieron mayor relevancia y urgencia, puesto que se constituye en una práctica que preserva y resguarda el bienestar y la salud de la ciudadanía.

13 Conforme se corrobora en la carpeta de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, del 1 de agosto de 2020, se encuentra publicada la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL.

Sunafil, respecto a la imputación de cargos ya emitidas con anterioridad a dicho procedimiento, dicha aplicación no resulta atendible considerando que, a la fecha de la emisión de la Imputación de cargos, es decir, al 21 de noviembre de 2019, no existía el marco normativo antes aludido.

Respecto al plazo de caducidad del procedimiento sancionador

“Artículo 259. Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

Respecto a la notificación de la imputación de cargos

transparencia de información de los actos internos”. Sin embargo, dichas alegaciones no se sustentan con medios que permitan determinar a esta sala la existencia de dichas irregularidades, más allá de la descripción efectuada. Por esta consideración, esta sala debe exhortar a la impugnante —representada por su Apoderado Legal (que es quien firma el recurso)— a que, en futuros recursos de revisión, se abstenga de exponer argumentaciones respecto a hechos y fundamentos sin sustento alguno, bajo riesgo de incurrir en un acto temerario y/o de mala fe procedimental. De producirse ello nuevamente, este Tribunal se reservará la atribución de informar al Colegio Profesional correspondiente para los propósitos legales.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la SUNAFIL, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES en contra de la Resolución de Intendencia N° 053-2021-SUNAFIL/IRE- PIU, de fecha 9 de junio de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Piura dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 210-2019-SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 053-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, en el extremo referente a la sanción impuesta por el incumplimiento a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 de la LGIT. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Piura.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (https://www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga