Xtreme Group E.I.R.L — Res. 544-2023

Antecedentes

1 Como se refiere en el numeral 4.3 del Acta de Infracción, la presente Orden de Inspección tiene como antecedente la Orden de Inspección N° 525-2020-MTPE/1/20.4-MTPE/1/20.4, la cual fue transferida de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana. 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materias: Gratificaciones y pago de bonificaciones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones), Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS), y Certificado de Trabajo (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft 20555195444 soft

extraordinaria, vacaciones, CTS, y entrega de certificado de trabajo al extrabajador Luis Ángel Julca Santty.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con la entrega del certificado de trabajo a favor del extrabajador afectado, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 387.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la gratificación trunca del periodo diciembre 2017 a favor del extrabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,935.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la bonificación extraordinaria de la gratificación trunca del periodo diciembre 2017 a favor del extrabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,935.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la compensación por tiempo de servicios de los periodos truncos noviembre 2017 y mayo 2018 a favor del extrabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,935.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la remuneración vacacional trunca del periodo 2017-2018, a favor del extrabajador afectado, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,311.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 17 de setiembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,311.00.

i. Que la resolución sancionadora presenta errores o inexactitudes sobre la determinación del vínculo laboral. Refiere que debe tenerse en cuenta que la aplicación del principio de primacía de la realidad es válida siempre que se encuentre debidamente sustentado y que se consigne en la medida inspectiva o acta de infracción. En la medida inspectiva de requerimiento de fecha 17 de septiembre de 2020 no hay un gran análisis en relación a los hechos constatados, ya que existen muchas inferencias, sin tener el sustento debido, que además se mantienen a lo largo de los siguientes actos del órgano instructor, con lo cual observa una fórmula genérica, que se encuentra expresamente prohibida conforme al inciso 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG, respecto a la motivación de todo acto administrativo, vulnerándose además el principio de objetividad. ii. Asimismo, la citada resolución presenta errores o inexactitudes sobre los elementos de la relación laboral. No se ha constatado que el señor Julca haya prestado sus servicios cumpliendo un horario laboral fijo u otra condición que pueda determinar que cumplió labores como un trabajador de planilla. iii. El instructor asume que la empresa brindaba instrucciones respecto a la promotoría de ventas señalando que esta se encontraba directamente relacionada con la actividad principal por lo que no puede realizarse de manera independiente, teniendo que sujetarse a directrices y necesidades del servicio. Asumir que la empresa brindaba instrucciones respecto a esta actividad debería ser probada y no simplemente inferida, más aún cuando el señor Julca era quien decidía a qué consultorios ir a volantear, cuándo realizar las visitas, entre otras cosas. iv. El Protocolo de fiscalización para la formalización laboral, mencionado en la resolución sancionadora, establece unos parámetros por los cuales es posible realizar una inferencia respecto a la subordinación, sin embargo, esta inferencia que se realice debe estar sustentada y acreditada, lo que no se observa en el presente caso, lo cual vulnera no solo el principio de legalidad sino también, los de probidad y objetividad que, además acarrearía la nulidad por parte de los actos administrativos realizados, por cuanto vulneran la debida motivación, no solo por las fórmulas vacías, sino también por la carencia de pruebas que sustenten una afirmación de tal tipo. v. Si bien se han verificado depósitos o pagos realizados de forma medianamente periódica, estos no son montos regulares. El hecho de realizar el pago a un proveedor o un prestador no implica necesariamente que dicha visita es por ser un trabajador, sino sola y exclusivamente para el pago adeudado. vi. Al no existir una relación laboral por carecer de dos elementos básicos como la subordinación y la remuneración, no existiría infracción respecto a la obligación de entregar un certificado de trabajo, ni respecto de las obligaciones de realizar el pago de gratificación legal y bonificación extraordinaria, de CTS y de remuneración vacacional. vii. Respecto a la infracción al incumplimiento del requerimiento, al no existir una relación laboral entre el señor Julca con la empresa, carece de sustento y, por tanto, el incumplimiento de este no debería generar una infracción. viii. La empresa cumplió con los requerimientos que solicitó la Administración, sin embargo, nunca se tomó en consideración dos puntos:

- Pese a que la empresa subsanó los requerimientos formulados, la Administración no los tomó en cuenta y procedió a imponer multas generando un perjuicio. - Inducción a error por parte de la inspectora auxiliar quien brindó orientación equivocada sobre el procedimiento para dar cumplimiento a los requerimientos de SUNAFIL, toda vez que se indicó que las subsanaciones y presentación de escritos debe hacerse mediante un correo electrónico que supuestamente funcionaba como mesa de partes , luego cuando finaliza la parte instructiva del procedimiento y se eleva a una fase sancionadora, la Administración dice que no se cumplió con presentar las subsanaciones a los requerimientos dado que toda la presentación de documentos se realiza mediante el portal web de SUNAFIL afiliado a los correos institucionales de cada empresa.

i. En el presente caso se ha verificado que en la prestación de servicios que efectuó el trabajador Julca Santty Luis Ángel, a favor de Xtreme Group E.I.R.L. concurren estos tres elementos:

1. Prestación personal y directa de un servicio

Durante las actuaciones inspectivas de investigación se verificó que el recurrente habría prestado servicios de promoción y asesoría en venta de productos, servicio que se encuentra acreditado con los recibos por honorarios. Se encuentra acreditado la prestación personal y directa de un servicio indispensable para cumplir con la actividad económica de la empresa.

2. La realización de labores bajo subordinación

En el presente caso, debido a la naturaleza de las labores que realizó el recurrente, las cuales son labores necesarias para el cumplimiento del objeto social del sujeto inspeccionado, se acredita el elemento de la subordinación, de acuerdo al razonamiento aplicado por el Tribunal Constitucional.

3. El pago de una remuneración

El extrabajador percibía una contraprestación económica de forma periódica a través de pagos en efectivo, por la prestación del servicio que brindaba, lo cual está sustentado con los recibos por honorarios y manifestación del sujeto inspeccionado.

ii. Existe una prestación de servicios de índole laboral entre el sujeto inspeccionado y el recurrente, al darse los elementos propios de un contrato de trabajo de naturaleza laboral entre las partes involucradas, siendo su calidad jurídica la de trabajador subordinado, teniendo derecho a reclamar todos los beneficios que le correspondan en esa calidad. iii. La autoridad instructora a través del informe final y la autoridad sancionadora de primera instancia, mediante la resolución sancionadora, coinciden en que existió el vínculo laboral entre el inspeccionado y el señor Luis Ángel Julca Santty, conforme ha sido determinado en el acta de infracción. En la resolución sancionadora se señala que se puede verificar el elemento de la subordinación de la regularidad en la que prestó servicios el extrabajador y de la naturaleza de las labores realizadas. Asimismo, en la resolución sancionadora se

3 Notificada a la impugnante el 09 de febrero de 2022, véase folio 66 del expediente sancionador.

detalla que el citado extrabajador laboró para la inspeccionada, en el cargo de promotor de ventas, por el periodo comprendido del 15 de agosto de 2017 al 15 de diciembre de 2017. iv. Refuerza la existencia del citado vínculo laboral los documentos que exhibió el propio inspeccionado donde reconoció al señor Luis Ángel Julca Santty como su trabajador (por ejemplo: la liquidación de beneficios sociales, obrante a folios 31 del expediente inspectivo). v. Así pues, el inspeccionado tenía que cumplir con las siguientes obligaciones laborales: el pago de gratificaciones legales, el pago de las bonificaciones extraordinarias de las gratificaciones legales, el pago de la remuneración vacacional y el pago de la compensación por tiempo de servicios, así como la entrega del certificado de trabajo, conforme a ley. vi. Señala que la documentación ofrecida y adjunta a favor del extrabajador afectado, presentados por el sujeto inspeccionado son insuficientes para acreditar el pago de los beneficios sociales señalados en el párrafo precedente. vii. El inspeccionado no cumplió con la medida de requerimiento, lo cual consta en el acta de infracción, estando a lo expuesto, confirma la sanción impuesta por la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada el numeral 46.7 del RLGIT. viii. Esta Intendencia considera que el pronunciamiento de primera instancia, que decide sancionar al inspeccionado por las infracciones descritas en el numeral 1.3 de la presente resolución, se encuentra debidamente motivado, en tanto se ha detallado los hechos que motivaron la sanción, precisando que las normas vulneradas y determinándose que el inspeccionado incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción, conforme se ha advertido en esta resolución. De manera que se corrobora que se ha garantizado el debido procedimiento y no se ha incurrido en vicios de motivación.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el

que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE XTREME GROUP E.I.R.L.

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 282-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Que, a lo largo de las resoluciones, tanto de primera instancia como la impugnada, refiere que no hay un gran análisis respecto a los hechos constatados, ya que existen muchas inferencias e interpretaciones forzadas, con el único objetivo de acreditar una supuesta relación laboral, sin tener el sustento debido. En ese sentido, de lo esbozado en los actos que obran en el expediente y especialmente en lo referido a la resolución impugnada, no existe análisis alguno suficiente para la aplicación del principio de primacía de la realidad ni de las normas aplicables al presente caso. Se encuentra una fórmula genérica, que se encuentra prohibida conforme al inciso 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG, respecto a la motivación de todo acto administrativo, vulnerando además el principio de objetividad. ii. Indica que se volanteaban los productos que venden en los consultorios dentales, es decir, la decisión respecto a qué consultorios ir, cuándo realizar las visitas y las demás instrucciones dependían exclusivamente de la decisión del prestador y no del empleador. iii. El propio protocolo establece unos parámetros por los cuales es posible realizar una inferencia respecto a la subordinación, con la precisión que deba estar sustentada y acreditada, lo cual no observan en el presente caso, vulnerándose no solo el principio de legalidad, sino también los de probidad y objetividad, que además acarrearía una nulidad por parte de los actos administrativos realizados en el presente expediente por cuanto vulneran la debida motivación. iv. Lamentablemente no observan análisis alguno sobre lo esbozado en este punto en la resolución impugnada, lo cual transgrede clara y preocupantemente su derecho a un debido procedimiento y a la defensa. v. Respecto a las infracciones en materia laboral, la resolución impugnada comete un error, ya que no habría interpretado y aplicado las normas de una manera adecuada, lo cual se ve reflejado en la falta de análisis y motivación suficiente. No existiría una relación laboral por carecer de dos elementos básicos como son la subordinación y la remuneración, y en ese sentido: - No existirá infracción respecto a la obligación de entregar un certificado de trabajo. - No existiría infracción respecto a la obligación de realizar el pago de la gratificación legal y bonificación extraordinaria. - No existiría infracción respecto a la obligación de realizar pago por CTS. - No existiría infracción respecto a la obligación de realizar pago de remuneración vacacional. Al respecto sobre este punto, la resolución no tomó en consideración lo señalado en la Resolución N° 138-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, mediante el cual se determinó que no es aplicable la remuneración vacacional en los casos que no hayan laborado 1 año de servicio ininterrumpido. vi. Sobre la infracción referida al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, señala que al no existir una relación laboral entre el señor Julca con su representada cualquier requerimiento realizado por la Administración carece de sustento y por tanto el incumplimiento de este no debería generar una infracción por cuanto al no existir perjuicio alguno por no existir trabajador no conlleva esto a una sanción por ello.

vii. Lo que se intenta imputar carece de validez por cuanto conforme a lo descrito por el artículo 47-A del Reglamento concordado con el inciso f del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la Ley 27444 sobre los eximentes de responsabilidad, si en caso el imputado subsana el requerimiento antes de la imputación de cargos, este se encuentra eximido de cualquier responsabilidad. viii. Finalmente, señala la inducción a error por parte de la auxiliar inspectora, la cual le brindó una orientación equivocada sobre el procedimiento para dar cumplimiento a los requerimientos de SUNAFIL.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Sobre la existencia de los elementos de la relación laboral

“Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud” (énfasis añadido).

2017 hasta el 15 de diciembre de 2017 según el detalle consignado en el Cuadro N° 01 del acta de infracción.

enviado al extrabajador. Sobre ello, cabe precisar que si bien no es el cargo que desempeñaba el recurrente, sirve como un elemento más para acreditar la existencia de una relación laboral. En virtud de lo expuesto, se advierten rasgos propios de subordinación y laboralidad.

“6.19. En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material. Así, conforme esta directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley. 6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente. 6.21. Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción. 6.22. Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración

10 Publicado en el Diario El Peruano el 25 de enero de 2023.

resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento” (énfasis añadido). 6.17. En consecuencia, si bien la Administración tiene la carga de prueba, ésta se traslada al administrado cuando mediante la presentación de algún medio de prueba oportuno considere que podrá desestimar el reproche administrativo alegado. Situación que no ha sucedido en el presente caso, toda vez que, la inspeccionada no ha presentado documentos que acrediten lo contrario a los medios probatorios analizados en el presente caso, ni ha logrado desvirtuar con sus argumentaciones los hechos constatados por los inspectores de trabajo formalizados en el acta de infracción, los cuales de acuerdo a lo prescrito en los artículos 16 y 47 de la LGIT11, merecen fe y se presumen ciertos. Por tanto, en virtud del principio de primacía de la realidad y el principio de licitud, los hechos constatados deben primar sobre las apariencias, que conjuntamente con los indicios de laboralidad, determinaron la existencia de la relación laboral del extrabajador afectado con la inspeccionada.

Sobre la infracción vinculada con el descanso vacacional

11 LGIT, Artículo 16.- Actas de Infracción “Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen en los informes, así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten. Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción: Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

12 Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, “Artículo 17.- Facultades del Tribunal de Fiscalización Laboral Al evaluar el fondo del recurso de revisión, el Tribunal está facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas”. 13 Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, “Artículo 14.- Materias impugnables El recurso de revisión tiene por finalidad la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

N° Materia Conducta Infractora Normas vulneradas Tipificación legal y clasificació n Trab. Afectados Multa impuesta Relaciones laborales No pagar la remuneració n vacacional trunca del periodo 2017-2018. Artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 713, artículo 23 del Decreto supremo N° 012-92-TR y artículo 55 del Decreto supremo N° 013-2013- PRODUCE.

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. GRAVE 0.45 UIT (*)

S/ 1,935.00 MULTA IMPUESTA S/ 1,935.00 (*) Vigente al momento de configurar la falta, conforme el D.S. N° 380‐2019‐EF, es de S/. 4,200.00.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

14 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (….)”.

15 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8. 16 LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren”.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Sobre la vulneración al principio de objetividad, probidad y legalidad

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Relaciones laborales No cumplir con el pago de la gratificación trunca del periodo diciembre 2017 a favor del extrabajador afectado. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones laborales No cumplir con el pago de la bonificación extraordinaria de la gratificación trunca del periodo diciembre 2017 a favor del extrabajador afectado. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con el pago de la compensación por tiempo de servicios de los periodos truncos noviembre 2017 y mayo 2018 a favor del extrabajador afectado. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Relaciones laborales No cumplir con el pago de la remuneración vacacional trunca del periodo 2017-2018, a favor del extrabajador afectado. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha de septiembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones laborales No cumplir con la entrega del certificado de trabajo a favor del extrabajador afectado. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por XTREME GROUP E.I.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 282-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de febrero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6227-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – ADECUAR la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 840-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 14 de septiembre de 2021, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 282-2022-SUNAFIL/ILM, referida a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando dicha infracción como grave, según lo dispuesto en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT; en consecuencia, la sanción impuesta asciende a la suma de S/ 1,935.00 (Un mil novecientos treinta y cinco con 00/100 soles).

TERCERO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 282-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

CUARTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO. – Notificar la presente resolución a XTREME GROUP E.I.R.L., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20230617MLA