World Security AND Services S.A.C — Res. 38-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Submateria: Pago de la Remuneración (Sueldos y Salarios), Gratificaciones); Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Submateria: Vacaciones); Compensación por Tiempo de Servicios (Depósito de CTS); Bonificación No Remunerativa. 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las Gratificaciones legales por fiestas patrias y navidad y las gratificaciones truncas correspondientes por el periodo laborado de abril 2019 a enero de 2022 a favor del trabajador Javier Vega Bernaola; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/7, 222.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la bonificación extraordinaria por las gratificaciones legales de fiestas patrias y navidad y las gratificaciones truncas, correspondientes por el periodo laborado de abril 2019 a enero 2022, a favor del trabajador Javier Vega Bernaola; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/7, 222.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la CTS y la CTS trunca correspondientes por el periodo laborado de abril 2019 a enero 2022, a favor del trabajador Javier Vega Bernaola; tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/7, 222.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la compensación vacacional trunco, correspondientes por el periodo laborado de abril 2019 a enero 2022, a favor del trabajador Javier Vega Bernaola; tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12, 098.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de las medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, en relación a la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de julio de 2022; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12, 098.00. 1.4 Con fecha 11 de enero del 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 038-2023-SUNAFIL/IRE-APU, argumentando lo siguiente:

i. Que, la presunta existencia de una presunta sanción no se encuentra debidamente acreditada, mucho menos motivada, toda vez que, pretenden aplicar indebidamente

el artículo 7 de la Ley N°27626, Ley que regula la actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores, generando aparte de una ilegal aplicación, un abuso de derecho, transgrediendo el principio de veracidad, buena fe procedimental y el debido proceso, ya que no existe tal infracción ii. Que, el extrabajador Javier Vega Bernaola, laboro en el periodo del 04 de abril de 2019 al 31 de enero de 2022, desempeñándose como trabajador de vigilancia y seguridad en el Servicio Nacional de Adiestramiento de Trabajo Industrial (SENATI), cabe mencionar que la empresa se encuentra comprendida bajo el Régimen Laboral Privado, acreditada en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), como microempresa cuando el trabajador laboró, es decir, que se acogía a la normativa y parámetros del régimen de Micro Empresa. iii. Que, el alcance normativo y la regulación de la intermediación laboral, se menciona la Ley N°27626, que contiene dos supuestos diferentes, mientas que en las empresas de servicios temporales, la empresa usuaria y principal, tiene el poder de dirección de los trabajadores de la empresa de servicios; por el contrario, en las empresas de servicios complementarios y especializados, como es en el presente caso, son ellas mismas, las que ejercen el poder de dirección de sus trabajadores, motivo por el cual, estos deben acogerse al régimen en que se encuentra la empresa intermediadora iv. Que, respecto a las supuestas conductas infractoras se debe tener claro que la empresa si cumplió con el pago oportuno e íntegro de los beneficios sociales correspondientes. Además, que con fecha 27 de julio de 2022 se informó que la empresa estaba bajo el régimen MYPE, en consecuencia, el pago de liquidación de beneficios sociales del ex trabajador se realizó mediante cálculo como MYPE; por lo cual, se cumplió con el deber de colaboración.

i. Debemos señalar que este Despacho no recoge lo señalado en el punto 71 de la Resolución impugnada toda vez que, en este caso, no se configura el destaque a la empresa usuaria, ya que las labores realizadas bajo el perfil de vigilante corresponden a actividades complementarias, no vinculadas a la actividad principal de la empresa usuaria. Por lo que, este despacho no acoge lo señalado por la autoridad sancionadora de primera instancia es ese extremo. Asimismo, no es aplicable el párrafo segundo del artículo 7° de la Ley N° 27626. ii. Asimismo, efectivamente la empresa WORLD SECURTIY AND SERVICES S.A.C. presta servicios de carácter intermediario, por tanto, se encuentra dentro de los alcances

2 Notificada a la impugnante el 23 de febrero de 2023.

de la Ley N° 27626. En ese sentido, es menester precisar que corresponde realizar el pago de todos los derechos y beneficios aplicables al régimen laboral privado, debiendo entenderse que el régimen laboral de la actividad privada está sujeto al Decreto Legislativo N° 728 – Ley de productividad y competitividad laboral, que determina el ámbito de aplicación de todas las empresas y trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Por lo que, el sujeto inspeccionado al ser considerado como una empresa intermediaria está sujeta a los alcances establecidos en la Ley N° 27626, mas no está comprendida dentro del panorama del régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa. iii. Este despacho concluye que existe suficiente motivación fáctica y jurídica para ratificar las sanciones impuestas en primera instancia, sobre los reintegros de los beneficios laborales del periodo de abril 2019 a enero 2022, según conforme al régimen laboral de la actividad privada, a favor del Vega Bernaola Javier, así mismo aclarando que, en el procedimiento sancionador se ha verificado el cumplimiento del debido procedimiento, se ha resguardado del Derecho de defensa y se ha actuado acorde al Principio de Legalidad, Razonabilidad y Proporcionalidad, por lo que no se tienen argumentos que enerven la sanción impuesta en primera instancia, ni vicio alguno que suponga la nulidad de lo actuado, ni causal que revoque la resolución recurrida, corresponde confirmar la resolución de sanción en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 38-2023-SUNAFIL/IRE-APU, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan que el razonamiento usado por SUNAFIL es erróneo, pues que la empresa es una intermediación laboral, que presta servicios complementarios de vigilancia y seguridad, razón por la que su actividad es complementaria; por lo cual, se inobservó el Reglamento (D.S. 003-2022-TR) de la Ley N°27626, es decir, que la entidad solo se limitó a revisar la ley, más no la norma que la regula, específicamente lo señalado en el artículo 5 del Reglamento. ii. Sostienen que, la norma ha establecido que el personal destacado por las empresas que realizan actividades de intermediación laboral tienen derecho a percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo que la empresa usuaria brinda a sus trabajadores en tanto realicen la misma actividad y cumplan con las características y requisitos aplicables a la posición comparar; en ese sentido, queda claro que el ex trabajador brindaba servicios complementarios distintos a la actividad principal de la empresa usuaria. iii. Refieren que, existe una vulneración al principio de tipicidad, siendo que deben tipificarse de forma conjunta las infracciones postuladas y subsumirse en dicho tipo infractor, no calificándola y tipificándola de manera independiente.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo No 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Alcances de la Ley N°27626 y su reglamento

Los trabajadores y socios trabajadores de las empresas o cooperativas, cuando fueren destacados a una empresa usuaria, tiene derecho durante dicho periodo de prestación de servicios a percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores”

contempla como servicio complementario, contratado por la empresa usuaria a la impugnante.

“a) La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. b) La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho”

9 VILLAVICENCIO, Alfredo. La intermediación laboral peruana: Alcances (no todos apropiados) y régimen jurídico. Revista Ius Et Veritas Tomo 29. Lima, 2004. p. 152

resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en este caso. c) Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación con los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso”10. (énfasis añadido)

4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo

10 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2192-2004-AA/TC. Citada por MORÓN URBINA, op. cit. pp. 24-25

de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión o motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 38-2023-SUNAFIL/IRE-APU, de fecha 21 de febrero de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Apurímac, recaído en el expediente sancionador N°105-2022-SUNAFIL/IRE-APU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 393-2022-SUNAFIL/IRE-APU/SISA de fecha 16 de diciembre de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N°38-2023-SUNAFIL/IRE-APU, en todos sus extremos. TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C., y a la Intendencia Regional de Apurímac, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250115LGN - HR 92867-2022