World Security AND Services S.A.C — Res. 1123-2023

Mediante Orden de Inspección N° 25380-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 128-2020- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no facilitar la información requerida por el inspector de trabajo para el 16, 20 y 30 de diciembre de 2019 y no asistir a la diligencia de comparecencia del 06 de enero de 2020, debidamente notificada el 30 de diciembre de 2019; a raíz de la comunicación cursada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al identificarse que la documentación cursada por la impugnante – en su calidad de contratista de dicho ministerio – no se encontraba acorde con la legislación laboral vigente.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 339-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 29 de abril de 2021, notificada el 03 de mayo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1737-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 23 de julio de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1272-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 10 de diciembre de 2021, notificada el 15 de diciembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 2,465.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0019-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 07 de enero de 2022, notificada el 10 de enero de 2022, se rectificó el error material incurrido en el Registro Único de Contribuyente (RUC) de la impugnante, dentro del texto de la Resolución de Sub Intendencia N° 1272-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3.

Con fecha 11 de enero de 2022, la impugnante interpone recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1272-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, sosteniendo que se debe de valorar el extremo de la última notificación trasladada (la notificación de la Resolución de Sub Intendencia N° 0019-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE3) bajo una lógica de nulidad, por la incorrecta identificación de la persona jurídica a ser sancionada. Propone como medio probatorio el contenido de la Resolución de Sub Intendencia N° 0019-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE3.

Mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0191-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE3 de fecha 04 de febrero de 2022, notificada el 03 de marzo de 2022, la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana declaró improcedente el recurso de reconsideración, por no haberse acompañado una prueba nueva en el escrito presentado.

Con fecha 28 de febrero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 0191-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE3, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Sub Intendencia N° 314-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE3 del 01 de marzo de 2022, notificado el 03 de marzo de 2022, la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana rectificó el error material incurrido en el cuadro N° 01, numeral 2 (tipo legal y calificación de la conducta infractora relacionada a la inasistencia a la diligencia de comparecencia) de la Resolución de Sub Intendencia N° 0191-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE3.

Mediante Resolución de Intendencia N° 563-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 04 de abril de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 29 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 563- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-002511-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 08 de septiembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 563-2022- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 2,465.00 por la comisión de dos (2) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.3 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 07 de abril de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello9, entre las que se encuentra la emisión de los requerimientos de comparecencia y de las medidas inspectivas de requerimiento.

Así pues, el artículo 11 de la LGIT establece que, “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector público” (énfasis añadido).

En similar sentido, el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, establece que “si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”.

Por ende, se observa que las medidas de requerimiento se emiten a razón que intrínsecamente hay un deber de colaboración por parte de los empleadores, trabajadores y representantes de ambos, tal como refiere el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT, de conformidad con el artículo 9 de la Ley.

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para

Consecuentemente, de acuerdo con el artículo 36 de la LGIT, son infracciones a la labor inspectiva contrarias al deber de colaboración, las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, que perjudiquen la labor de los Supervisores–Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares.

Y es que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) d) Declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas; (…)”, así como “e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Sobre el particular, los Vocales integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 del Reglamento del Tribunal, emitieron el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, del 30 de julio de 202110, el cual, incorpora un conjunto de criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulta obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo.

En dicho Acuerdo Plenario, se estableció como criterio vinculante, entre otros, el fundamento jurídico N° 9, relacionado a la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva:

Como se evidencia de las normas acotadas, las actuaciones inspectivas están orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, previo al procedimiento administrativo sancionador. Dada la trascendencia de dichas actuaciones, la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor

Bajo esos alcances – y de acuerdo al contenido del presente recurso de revisión – la impugnante no ha cuestionado alguna de las dos infracciones Muy Graves a la labor inspectiva impuestas y confirmadas por la Intendencia de Lima Metropolitana en su contra; por ello, teniéndose presente que conforme a los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar los interesados, corresponde confirmar dichas infracciones impuestas.

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, uno de los elementos esenciales que rige el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa11, es el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Conforme lo ha sostenido la Intendencia de Lima Metropolitana, en el caso de autos la resolución de sanción adoleció de errores materiales, la cual fue debidamente corregida según los alcances del artículo 212 del TUO de la LPAG, toda vez que éstos no variaron lo “(…) sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión” del acto administrativo.

Bajo esos alcances, se aprecia de la Resolución de Sub Intendencia N° 1272-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, obrante a folios 20 y siguientes del expediente sancionador, que a partir del considerando 6 detalla las conductas sancionadas y los tipos sancionadores identificados, en concordancia con lo propuesto por el Acta de Infracción y las conclusiones del Informe Final de Instrucción, conforme lo señala en el considerando 9 de dicha resolución, concluyendo en el considerando 11 que se incurrió en una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, por no haber brindado la información ni la documentación requerida por el inspector comisionado en fechas 16, 20 y 30 de diciembre de 2019; y a partir de los considerandos 12 y siguientes detalla la conducta y el tipo sancionador relacionado con la inasistencia a la comparecencia, señalando expresamente en el considerando 18 de la misma que se concluye con la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT por la inasistencia a la comparecencia programada para el día 06 de enero de 2020, a las 08:45 horas.

Por ello, la información descrita en el cuadro N° 01 de la Resolución de Sub Intendencia N° 1272-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3 califica como un error material en los términos sostenidos por la impugnante, según se detalla en el punto 1.9 de la presente resolución, al haberse evaluado los descargos de la impugnante, los hechos constatados verificados por los inspectores y las conclusiones del Informe Final de Instrucción, subsumiéndose las conductas bajo los tipos sancionadores vigentes.

No existe entonces, una vulneración al principio de tipicidad12 invocado por la impugnante. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que

Tampoco se evidencia un vulneración a los principios de legalidad y al derecho a la defensa, en tanto la existencia de un error material – cuyo contenido no es trascendental ni genera una situación de indefensión en los términos señalados – no genera un estado de indefensión o una confusión al administrado, toda vez que tanto las actuaciones precedentes, así como la propia resolución de sanción señaló, durante su fundamentación, las conductas tipificadas.

Con respecto a la Resolución N° 173-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 21 de febrero de 2022, invocada por la impugnante en su escrito de revisión; esta Sala no identifica la relación entre un error material (ocurrido en el presente caso) frente a un supuesto de variación del tipo sancionador, según los alcances señalados en los considerandos 6.10 y siguientes de la citada resolución.

Bajo esos alcances, tampoco se aprecia una vulneración a los principios invocados, debiéndose desestimar lo alegado por la impugnante en este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.