World Duty Free Group Perú S.A.C — Res. 188-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Discriminación en el Trabajo (sub materia: filiación sindical). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 08:56:23-0500

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por realizar actos de discriminación en el trabajo por filiación sindical, en perjuicio de (134) trabajadores; tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT.

i. Que, la resolución apelada concluye que la empresa habría ejercido actos de discriminación contra el personal sindicalizado, al no existir un criterio que justifique la forma de reingreso del personal que se encontraba en suspensión perfecta de laborales, sin embargo, dicha conclusión es errada, sin que se aprecie que se hayan valorado los argumentos de la empresa ni menos aún, indicando los motivos por los que los criterios señalados por la empresa no serían suficientes. ii. Que, la resolución apelada vulnera el principio de non bis in ídem. En la medida que el presente procedimiento de inspección comprende el periodo de revisión desde el 1 de mayo de 2020, no iniciando el 01 de enero de 2020, como pretende sostener la referida resolución. En efecto, de la revisión del acta de infracción se puede verificar en el numeral 4.1 que el presente procedimiento inició con ocasión de la denuncia realizada por el Sindicato, que refirieron ser víctimas de discriminación sindical por encontrarse en una medida de SPL, sin embargo, aun cuando fuera cierto que la presente inspección tuviera como inicio del periodo de revisión el 01 de enero de 2020, ello no enerva que en ambos procedimientos se realizó dos denuncias por exactamente los mismos hechos y periodos. iii. Niegan que la empresa haya cometido algún tipo de acto de discriminación, contra el personal o algún trabajador en específico, resaltando el caso de la señora Angelica Magda Nolazco Fuentes. Que la empresa levantó la suspensión perfecta de labores a cinco trabajadores y no solo a dos por lo cual no existió discriminación directa. La empresa retiró personal de la suspensión perfecta de labores según sus necesidades operativas que se encontraron definidos por disposiciones del Gobierno.

2 Notificada a la impugnante el 24 de marzo de 2022. Véase a folio 131 del expediente sancionador.

i. En principio, expresa que de lo advertido en el Acta de Infracción, el Inspector comisionado dejó constancia que, al disponer WORLD DUTY FREE GROUP PERU S.A.C., la reanudación de las actividades económicas comerciales en el centro de trabajo, en atención a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, Decreto que aprobó la fase 3 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19, en atención a la suspensión perfecta de labores, no aplicó un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, en el reingreso de las labores de los trabajadores que ostentan el cargo de “vendedores de tienda” y que pertenecen al Sindicato. ii. Al respecto, añade que de un total de (21) trabajadores que fueron reincorporados por la inspeccionada en el área de ventas, desde el 19 de agosto de 2020 al 01 de noviembre de 2020, entre trabajadores con el cargo de supervisores y vendedores, solo (2) de ellos eran afiliados al Sindicato en ese momento de la reincorporación, y que posteriormente se desafiliaron en fechas del 01 y 02 de octubre de 2020, siendo que, los mismos no formaban parte del primer grupo de los (56) trabajadores que se encontraban en suspensión perfecta de labores, desde el 01 de mayo de 2020, a diferencia de los otros (4) trabajadores sindicalizados, sino por el contrario pertenecían al segundo grupo de los (117) trabajadores que se les aplicó suspensión perfecta de labores a partir del 10 de julio de 2020. iii. Así, considera que se configuró una discriminación por razón de afiliación sindical de dos tipos: una directa, que excluyó, desfavoreció y dio preferencia en el reingreso al centro de trabajo, de forma numéricamente desproporcional e irracional a trabajadores no sindicalizados, frente a los trabajadores sindicalizados, sin considerar la existencia de un grupo de catorce trabajadores con el cargo de “vendedores de tienda”, sindicalizados que se encontraban en suspensión perfecta de labores, empero, no fueron considerados; y, otra indirecta, dado que el actuar del empleador de reincorporar al centro de trabajo a mínimamente dos trabajadores con el cargo de “vendedores de tienda” afiliados al Sindicato, tuvo como consecuencia y/o efecto perjudicial en los trabajadores recurrentes afiliados al Sindicato, no establecerse un orden de prioridad en el reingreso a las labores, en cuanto a la fecha de afectación de la suspensión perfecta de labores, de lo cual la inspeccionada no realiza una justificación legal, objetiva, suficiente o razonable y verificable, al no haber establecido un criterio de razonabilidad y proporcionalidad para el reingreso al centro de trabajo de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. iv. Al respecto, refiere que la Sub Intendencia, previo análisis de los hechos constatados y medios probatorios aportados, concluyó que la inspeccionada incurrió en actos de discriminación por razón sindical en perjuicio de (134) trabajadores afiliados al Sindicato, análisis que esta Instancia comparte, toda vez que al no haberse realizado una justificación razonable sobre la forma de reingreso

con relación a la suspensión perfecta de labores de los trabajadores no sindicalizados y excluir a los sindicalizados, siendo trabajadores de una misma empresa, que merecen un trato igualitario, bajo las mismas condiciones, ha quedado demostrado que el sujeto inspeccionado realizó actos de discriminación en el trabajo por filiación sindical, conducta infractora calificada como muy grave y tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. v. Solo fueron dos trabajadores sindicalizados, con el cargo de “vendedor” que al momento de la reincorporación pertenecían al Sindicato, empero, después de un poco de un mes decidieron desafiliarse, determinándose con ello, que al 01 de noviembre de 2020, el sujeto inspeccionado si bien decidió reincorporar a 21 trabajadores a sus actividades, cierto es que, dentro de dicho grupo no existió trabajador alguno con el cargo de “vendedor” y que forme parte del Sindicato, y que se encuentre beneficiado con la reintegración a sus actividades dentro de su centro de trabajo, lo cual configura el acto cuestionado-discriminación por razones de filiación sindical que lesiona el derecho constitucional en la medida que significa atribuir consecuencias perjudiciales en los derechos de los trabajadores por la sola circunstancia de su condición de afiliados al sindicato. vi. De la relación de trabajadores vendedores que reiniciaron sus labores a partir del periodo del 01 de diciembre de 2020 al 31 de enero del 2021, si bien se aprecia el reintegro de trabajadores sindicalizados en el puesto de vendedores, no se advierte la incorporación de la trabajadora Angelica Magda Nolasco Fuentes. Ante dicha medida tomada por el empleador, no existe una razón coherente que precise del por qué al momento de disponer la reincorporación de los trabajadores al centro laboral, en los periodos destinados no se haya considerado incorporar a la trabajadora afectada, quien se encontró forzada con la suspensión perfecta de labores, desde el inicio de esta. vii. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido de aproximadamente 11 meses, a diferencia de sus demás compañeros que también tienen el cargo de vendedores al igual que la trabajadora afectada, no fue considerada su inclusión en los periodos del 01 de agosto de 2020 al 01 de noviembre de 2020 y del 01 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021. viii. Al retirar al sujeto inspeccionado a personal de la suspensión perfecta de labores sin un criterio de razonabilidad y proporcionalidad para el reingreso al centro de labores de los trabajadores, no solo perjudicó a los trabajadores sindicalizados que se encontraban afectados con dicha medida a partir del 01 de mayo del 2020, dentro de los cuales se encontraba la trabajadora Angélica Magda Nolazco Fuentes, sino también restringió y/o limitó la posibilidad de accionar del Sindicato, pues ello no sólo promueve la desafiliación de los trabajadores, sino que evidentemente constituye un acto de discriminación sindical. ix. Por otro lado, señala que en los meses de enero y febrero de 2021, la empresa retiró de la suspensión perfecta de labores a (7) trabajadores sindicalizados, dentro de los cuales se encuentran los trabajadores que realizaron la denuncia administrativa, y que ello, no exime de responsabilidad al inspeccionado, pues la conducta infractora es de carácter insubsanable, en concordancia con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, toda vez que al haber agotado sus efectos dañosos, no es posible remediar el perjuicio producido, es decir, no se puede retrotraer en el tiempo y evitar que se pueda producir el hecho que generó la discriminación sindical por parte del empleador. x. Finalmente, en cuanto al principio del non bis in ídem, expresa que no se observa transgresión al referido principio, dado cuenta que no se cumple con el requisito de la identidad de sujetos, hechos y fundamentos; puesto que, se dieron hechos distintos; si bien en el caso de los expedientes sancionadores en mención, los

trabajadores afectados pertenecen al Sindicato de Trabajadores de World Duty Free Group España Sucursal del PERU, sin embargo, los periodos en los que resultaron como trabajador afectado se produjeron en períodos distintos; siendo así, no se aprecia la triple Identidad aludida por la inspeccionada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE WORLD DUTY FREE GROUP PERU S.A.C.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

corresponde analizar los argumentos planteados por WORLD DUTY FREE GROUP PERU S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 053-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Vulneración del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del PERU, específicamente, el derecho a una resolución debidamente motivada, así como el derecho al debido procedimiento por inaplicación del apartado 1.2 del artículo IV del numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG y del inciso a) del artículo 44 de la LGIT. Considera que se ha incurrido en un supuesto de inexistencia de motivación al concluir que existió una discriminación directe e indirecta, sin sustentar ambas conclusiones. Asimismo, alega que no se ha establecido la relación entre la Empresa y que 2 trabajadores afiliados al Sindicato que regresaron a trabajar se hayan desafiliado (énfasis añadido). . ii. Vulneración del principio de presunción de veracidad, por la inaplicación del apartado 1.7 del artículo IV del TUO de la LPAG. Alega que la resolución materia de revisión no valora los argumentos de la empresa, sino que desestima la validez de los documentos presentados, concluyendo que la empresa habría cometido actos de discriminación sindical sin ningún tipo de sustento (énfasis añadido).

iii. Vulneración del principio non bis in ídem por la aplicación errónea del apartado 1.1. del artículo 248 del TUO de la LPAG. Argumenta que la resolución de intendencia refiere que el elemento distinto en ambos casos sería el periodo por el que versan ambos procedimientos de inspección, no obstante, el periodo evaluado en el procedimiento del expediente sancionador N° 205-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, incluye totalmente al periodo evaluado en el presente expediente sancionador, por lo que, al sancionarlo por absolutamente todas las infracciones o conductas en las que habría incurrido la Empresa, es claro la existencia de la vulneración al citado principio, al pretender sancionarlos por los mismos hechos y un periodo que se encuentra contenido en otro procedimiento de inspección (énfasis añadido).

iv. En base a lo señalado corresponde que la Resolución de Intendencia sea declarada nula.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del

Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del PERU, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050-2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

forma se evidencia que el procedimiento administrativo sancionador discurrió en pluralidad de instancias, conforme a la regulación adjetiva aplicable al presente caso. Finalmente, la impugnante ejerció su derecho a la defensa desde que tomó conocimiento de la infracción imputada. Sin embargo, los demás aspectos del derecho serán analizados en los considerandos posteriores.

Sobre la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (énfasis añadido)

sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material11 (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”13(énfasis añadido).

De la debida motivación y los actos de discriminación en el trabajo por filiación sindical

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 12 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 13 El subrayado no es del original.

“Artículo 1

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados”.

“el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al ius cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico”.

perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana ”.

14 Constitución Política del Perú Articulo 28.- (...) El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales." 15 Constitución Política del Perú Articulo 2.- Toda persona tiene derecho: (...) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 16 SANGUINETI, Wilfredo; Lesión de la Libertad Sindical y Comportamientos Antisindicales. Estudio de Estructura y el Contenido del Juicio de Antisindicalidad, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993, pp. 70-71.

por parte de los servidores de los órganos conformantes del sistema de inspección del trabajo, se aplican necesariamente todas las garantías y derechos a los administrados contenidos en el TUO de la LPAG. Solo en aquellos casos en los cuales la norma especial (LGIT o la RLGIT) establece una regulación más favorable a los administrados es que se aplican tales normas en lugar de la norma común (TUO de la LPAG). Lo antedicho es de especial relevancia para la determinación y ejercicio de la potestad sancionadora y la imposición de tipos de sanciones.

17Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”.

18 Texto Único Ordenado de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. (…) 19 Ocampo Vásquez, Fernando. (2011) “EL Principio de Razonabilidad como limite a la tipificación reglamentaria de los Organismos Reguladores”. En Ius et veritas núm. 42, pág. 2 20 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ibidem. Página 408. 21 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. Séptima Edición actualizada. Buenos Aires, 2002. p. 12 22 Citado por MORÓN URBINA, Juan Carlos. Loc. cit

cuando el ilícito constituyera un actuar punible, la sanción debe ser razonable, en función de los elementos subjetivos de la comisión y los efectos producidos. En este sentido, el exceso de punición es un típico ejemplo de la falta de proporcionalidad entre el contenido del acto sancionador y su finalidad.

“a) La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. b) La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en este caso. c) Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación a los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso”23.

23 Exp. No. 2192-2004-AA/TC.

Figura 1:

Figura 2:

Figura 3:

Figura 4:

Figura 5:

24 “TUO de la LPAG Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Sobre la Vulneración al principio del principio de non bis in ídem

“De lo expuesto, al identificarse que el procedimiento administrativo sancionador del Expediente N° 204-2021-SUNAFIL/IRE-CAL se encuentra en la fase de impugnación del recurso administrativo de revisión y abarca un mayor periodo de análisis que el presente caso, este Tribunal considera que debe resolverse la controversia en el procedimiento administrativo sancionador del Expediente N° 204-2021-SUNAFIL/IRE-CAL. Finalmente, corresponde amparar este extremo del recurso de revisión, no siendo necesario pronunciarse sobre los demás argumentos planteados por la impugnante, en la medida que éstos serán evaluados en el procedimiento sancionador del Expediente N° 204-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, al haber sido expuestos también, en el recurso de revisión correspondiente a ese expediente”.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por WORLD DUTY FREE GROUP PERU S.A.C., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 978- 2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 28 de diciembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Callao, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 204-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 978-2021-SUNAFIL/IRE- CAL/SIRE, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a WORLD DUTY FREE GROUP PERU S.A.C., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional del Callao y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.66 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230222MLA