Working MEN Security S.C.R.L — Res. 481-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones Laborales: Remuneraciones (Pago de la remuneración, sueldos y salarios), Jornada, Horario de Trabajo y Descansos Remunerados (Vacaciones y descanso semanal obligatorio). 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el registro de control de asistencia y salida en el centro de trabajo con los requisitos mínimos obligatorios exigidos por ley, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 0.23 UIT (2020), ascendente a S/ 966.00 soles.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir por correo electrónico el integro de la remuneración y documentación requerida para el día 18/09/2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 0.23 UIT (2020), ascendente a S/ 966.00 soles.

i. Han acreditado fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones a favor del trabajador denunciante, las cuales han sido desestimadas sin considerar las normas que regulan el ordenamiento jurídico existente; la resolución apelada señala que los argumentos esgrimidos en su recurso de apelación no enervan el mérito a lo resuelto; sin embargo, debe tomarse en cuenta que la actuación de Sub Intendencia no debe circunscribirse exclusivamente a la normativa, sino a las diversas disposiciones que regulan el derecho administrativo y que se establecen en la LPAG; respecto a la presunta infracción de incumplimiento de no acreditar el registro de control de asistencia, han señalado que al momento de establecer la comisión de esta infracción no se ha tomado en cuenta que el artículo 2 del D.S. 004-2006-TR, siendo que el cuaderno presentado cuenta con la información prevista en el citado artículo, el mismo que debe ser tomado como nueva prueba; respecto la infracción de cumplir con el pago íntegro y oportuno de la remuneración mensual de la boleta de pago de octubre de 2017, es inexistente debido a que han acreditado que existió un exceso en el mes de setiembre de 2017, adjuntando los comprobantes de abono; sin embargo, no ha sido tomado en cuenta, y en cuanto a la remuneración del mes de abril de 2019 han presentado nueva prueba que acredita el pago oportuno de la remuneración, prueba que la autoridad no ha querido analizar en la resolución impugnada, asimismo, se ha desconocido la declaración jurada firmada por el ex trabajador, documento que se ha desconocido sin una base legal, respecto a las demás infracciones se ratifican en lo señalado en su recurso de reconsideración, los que solicitan ser analizados con una nueva interpretación de nueva prueba.

i. En relación a los argumentos del recurso de apelación, cabe precisar que toda la documentación que argumenta y presenta el sujeto inspeccionado, ha sido presentada desde el descargo a la imputación de cargos, descargos al Informe Final y con el recurso de reconsideración, asimismo se tiene que vuelve a replicar lo alegado en su escrito de descargo al Informe Final y en el recurso de reconsideración, los mismos que fueron desvirtuados por la autoridad de

2 Notificada a la inspeccionada el 09 de agosto de 2021, ver fojas 174 del expediente sancionador.

primera instancia uno a uno a lo largo de toda la Resolución de Sub Intendencia N° 123-2021-SUNAFIL/IRE-HUA/SIRE, así como en la resolución apelada, argumentos con los que este Despacho coincide; por lo que corresponde desestimar lo alegado por el sujeto inspeccionado en la apelación, al no existir nueva prueba que sustente la formulación del recurso de reconsideración presentado ante el inferior en grado; por tanto corresponde confirmar la resolución apelada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV.DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE WORKING MEN SECURITY S.C.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de agosto de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 051-2021-SUNAFIL/IRE-HUA, solicitando que se revoque la Resolución de Intendencia, por los siguientes argumentos:

i. Con relación a lo indicado en los considerandos 3.2 y 3.3 de la resolución impugnada, en el recurso de reconsideración se presentó nuevo causal probatorio, como por ejemplo la constancia de abono del salario del trabajador, del cual la autoridad resolutora evitó emitir pronunciamiento, inobservando el principio de verdad material previsto en el artículo IV, numeral 1.11 del Título Preliminar de la Ley N° 27444.

ii. La resolución impugnada incumple con el requisito de la motivación para su validez conforme lo establece el artículo 3 de la Ley N° 27444, además transgrede el principio de legalidad y del debido procedimiento no solo consagrado en la LPAG, sino además en el artículo 139 de la Constitución, al haber omitido analizar el nuevo medio probatorio presentado en el numeral 2.2 del recurso de reconsideración, puesto que la autoridad señaló que la documentación presentada (boleta de pago del mes de octubre de 2017) no acreditaba el pago en exceso es por esta razón que el nuevo medio de prueba consistía en el depósito de la remuneración del trabajador del mes de setiembre

de 2017 donde, aplicando una regla aritmética simple se deduce dicho pago en exceso.

iii. La resolución impugnada tampoco se pronuncia respecto de la contravención al ordenamiento jurídico, tal es así que en la resolución sancionadora se contravino el principio de “no hacer distinciones donde la ley no las hace” en razón que se insiste que la impugnante no contaba con el registro de control de asistencia y salida fundamentando su decisión en los previsto por los artículos 1 y 2 del D.S. 004-2006-TR, hecho que fue materia de cuestionamiento tanto en reconsideración como apelación. Cabe indicar que éste principio se encuentra previsto en el artículo 2, numeral 24, acápite a) de la Constitución, correlato en los articulo 143 y 144 del Código Civil aplicable para cualquier relación jurídica en caso no exista norma especial que la regule, pues en el presente caso, si bien los articulo 1 y 2 del D.S. 004-2006-TR establecen lo requisitos que deben contener un registro de asistencia y salida, no establece alguna forma de los mismos, pudiendo el empleador adoptar cualquier forma que juzgue conveniente dado que el referido registro constituye la acreditación de un acto jurídico como lo es el cumplimiento de las obligaciones tanto del empleador como del trabajador nacidas de un contrato de trabajo.

iv. Asimismo, se ha contravenido el principio de verdad material y motivación respecto de la presunta infracción de no haber abonado la remuneración del mes de abril de 2019 en forma íntegra y oportuna amparando su decisión exclusivamente en la boleta de pago de remuneraciones de dicho mes la cual “no cuenta con la firma del trabajador”, frente a ello, en el recurso de reconsideración se acreditó con nueva prueba consistente en la declaración jurada del propio trabajador presuntamente afectado que se pagó en su momento la remuneración; sin embargo, la autoridad decidió omitir su revisión vulnerando los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad y tipicidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

8 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 10 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

“la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019- 2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la garantía de la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral

11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material12.

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto” (énfasis añadido).

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican”.

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 13 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348.

14 A través del recurso de apelación del 17 de febrero de 2021 (foja 45 al reverso 47del expediente sancionador).

de la impugnante a la debida motivación de los actos administrativos, exponiéndola en un estado de indefensión frente al procedimiento, lo que configura la causal de nulidad prevista en los numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG39.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

39 “TUO de la LPAG Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por WORKING MEN SECURITY S.C.R.L. y, en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 051-2021- SUNAFIL/IRE-HUA, de fecha 06 de agosto de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Huánuco, dentro del procedimiento sancionador recaído en el expediente sancionador N° 100-2019- SUNAFIL/IRE-HUA, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - Devolver todos los actuados a la Intendencia Regional de Huánuco, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.27 de la presente resolución.

TERCERO- Notificar la presente resolución a WORKING MEN SECURITY S.C.R.L., y a la Intendencia Regional de Huánuco, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga