WMB E.I.R.L — Res. 824-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Subgrupo: Depósito de CTS), Remuneraciones (Subgrupo: Gratificación), Bonificación no remunerativa (Subgrupo: Incluye todas), Remuneraciones (Subgrupo: Asignaciones), Jornada, Horario de Trabajo y Descansos Remunerados (Subgrupo: Vacaciones) y Seguridad social (Subgrupo: Declaración y pago de la seguridad social). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT). 1.3. De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 899-2021-SUNAFIL/ILM/AI3 de fecha 13 de agosto de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 849-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE52 del 15 de setiembre de 2021, notificada el 17 de setiembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/. 24,811.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago CTS del extrabajador por el periodo febrero a abril del 2019, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 6,751.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la gratificación legal del periodo julio 2020, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la verificación de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 14 de octubre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 11,309.00.

i. Aduce que, tanto la compensación por tiempo de servicios como la gratificación legal del ex trabajador afectado fueron abonadas a la cuenta bancaria de su esposa, a solicitud expresa del propio trabajador y conforme a una declaración jurada incluida en el expediente. No obstante, de manera posterior, el extrabajador denunció ante SUNAFIL la falta de pago de dichos conceptos. ii. Sostiene que los pagos fueron efectuados de manera oportuna y acreditados mediante la declaración jurada del trabajador, la cual no habría sido debidamente valorada por la autoridad inspectiva. Asimismo, sostiene que tales abonos se realizaron para facilitar la disposición de los fondos por parte del trabajador. iii. Finalmente, se precisa que los beneficios sociales reclamados fueron también materia de un proceso judicial, el cual culminó con una conciliación judicial con valor de sentencia, lo que acredita la satisfacción de las obligaciones laborales. En ese sentido, se solicita el archivo del procedimiento administrativo sancionador, por haberse subsanado los hechos materia de imputación.

Mediante el artículo primero de la Resolución de Intendencia N° 1687-2022-SUNAFIL/ILM, del 13 de octubre de 2022, se corrigió el error material consignado en el considerando 49 de la resolución sancionadora, donde se calificó erróneamente como “MUY GRAVE” la segunda infracción, siendo lo correcto “GRAVE”. Dado que no afecta el contenido sustancial de la resolución, se procedió con la corrección.

i. Respecto a la declaración jurada presentada por la inspeccionada, suscrita por el extrabajador afectado, autorizando el depósito de sus haberes en la cuenta de su esposa debido a su falta de cuenta activa y su estado de salud, se señala que dicho documento no tiene validez jurídica para justificar el abono de beneficios sociales a un tercero, al no contar con mandato judicial ni poder registral. Además, se precisa que los beneficios en cuestión no corresponden a las remuneraciones mensuales, sino a conceptos derivados de estas, como los beneficios sociolaborales. ii. En ese sentido, la Intendencia concluye que la declaración jurada no constituye prueba suficiente para desvirtuar los hechos constatados en el Acta de Infracción, la cual goza de presunción de certeza. Solo pruebas idóneas y debidamente acreditadas pueden desvirtuar dicha presunción, lo cual no ocurre en el presente caso con el documento presentado por la inspeccionada. iii. Asimismo, la autoridad concluye que la inspeccionada no ha acreditado fehacientemente el cumplimiento del pago de beneficios sociales al extrabajador, toda vez que la liquidación presentada carece de firmas, y los documentos bancarios solo muestran una operación "procesada" sin constancia de abono efectivo. En aplicación del Principio de Prioridad del Pago al trabajador y conforme al artículo 19 del D.S. N° 001-98-TR, al no haberse cumplido con la carga de la prueba, corresponde desestimar lo alegado en el recurso de apelación y mantener la sanción impuesta. iv. Por otro lado, se advierte que el extrabajador interpuso una demanda contra la inspeccionada, la cual se tramita bajo el expediente N° 00662-2021-0-3207-JR-LA-02, actualmente en etapa de ejecución. Aunque durante dicho proceso se llegó a una conciliación por el monto de S/ 30,000.00, no se ha precisado a qué conceptos de beneficios sociales corresponde dicho monto, ni se ha acreditado su cumplimiento mediante prueba documental. v. No obstante, la existencia de dicho proceso judicial no impide el ejercicio de la potestad sancionadora de la Inspección del Trabajo, en virtud del artículo 3 de la LGIT y el artículo 74 del TUO de la LPAG, toda vez que no existe mandato judicial expreso que ordene la suspensión del procedimiento administrativo. Por tanto, la autoridad inspectiva mantiene su competencia para evaluar y sancionar las infracciones constatadas. vi. Finalmente, señala que la inspeccionada fue sancionada por incumplir la medida de requerimiento emitida el 14 de octubre de 2020, pese a haber contado con un plazo de tres días hábiles para su cumplimiento, configurándose así la infracción muy grave prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Al no haber presentado argumento ni prueba que desvirtúe dicho incumplimiento, la Intendencia confirma la validez y motivación del pronunciamiento de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE WMB E.I.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

El 03 de noviembre de 2022, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1687-2022-SUNAFIL/ILM, argumentando lo siguiente:

i. Alega que, junto con sus descargos presentados el 06 de octubre de 2021, adjuntó una declaración jurada firmada por el trabajador afectado, mediante la cual este autorizó el depósito de sus haberes en la cuenta de ahorros de su esposa, debido a que se encontraba enfermo y no contaba con una cuenta bancaria propia. ii. Señala que es falso que dicha declaración jurada carezca de validez para efectuar el pago de beneficios sociales a un tercero, más aun considerando que la titular de la cuenta es la cónyuge del trabajador, lo cual —según indica— implica la existencia de deberes conyugales y no exige legalización de firmas para que el documento surta efectos legales. iii. En esa línea, afirma que sí cumplió con depositar los montos correspondientes en la cuenta de la esposa del trabajador, lo cual se acredita con los comprobantes de depósito emitidos por la entidad bancaria. Por lo que, debe declararse la nulidad de la resolución impugnada En esa línea, afirma que sí cumplió con depositar los montos correspondientes en la cuenta de la esposa del trabajador, lo cual se acredita con los comprobantes de depósito emitidos por la entidad bancaria. Por lo que, debe declararse la nulidad de la resolución impugnada. iv. Agrega que el trabajador afectado inició un proceso judicial que concluyó con un acuerdo conciliatorio, por lo que —según sostiene— el procedimiento sancionador ha perdido objeto. v. Finalmente, argumenta que debe valorarse su voluntad de colaboración, la cual se refleja en el hecho de haber efectuado incluso un doble pago por los beneficios sociales.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a la competencia material de este Tribunal

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.” (énfasis añadido)

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.” (Énfasis agregado)

dichas condiciones, no serán objeto de evaluación, al no encontrarse dentro de los alcances del recurso de revisión, ni de la competencia de esta instancia revisora.

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

a la recurrente que cumpla en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, con la adopción de las siguientes medidas:

Figura N° 01: Extracto de la medida inspectiva de requerimiento

Figura N° 02: Extracto del Acta de Infracción

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

Danós Ordoñez, Jorge. “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo. Las llamadas resoluciones “que causan estado”. En: Ius et Veritas. Año 9, N° 16. Lima, junio, 1998, pp. 209- 210, señala que: “(...) acto administrativo que “causa estado” es aquél que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la Administración constituye la manifestación final de la acción administrativa

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”10, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, (...) por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial. RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20. RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

se sustenta la configuración de la infracción en materia de relaciones laborales, satisfaciendo de esta forma el Principio de Legalidad.

Véase a folios 21 del expediente sancionador.

comisionado dicha circunstancia. Esta omisión impidió que el inspector, en ejercicio de la autonomía técnica que caracteriza la función inspectiva, pudiera desplegar las diligencias necesarias para verificar la autenticidad, idoneidad y eficacia del referido documento.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago CTS del extrabajador por el periodo febrero a abril del 2019 Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la gratificación legal del periodo julio 2020 Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Labor Inspectiva No cumplir con la verificación de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 14 de octubre de 2020 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por WMB E.I.R.L. contra la Resolución de Intendencia N° 1687-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6055-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1687-2022-SUNAFIL/ILM en el extremo referente a la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la WMB E.I.R.L. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250709VLFR HR: 100632-2020