Wari Service Sociedad Anónima Cerrada-wari Service S.A.C — Res. 565-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones: Pago de la remuneración (sueldos y salarios) y Gratificaciones; Certificado de trabajo; Bonificación no remunerativa; Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados: Vacaciones; Compensación por tiempo de servicios: Depósito de CTS; Participación en las utilidades: Pago. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega del certificado de trabajo por el periodo laborado, a favor del trabajador afectado, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 989.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios a favor de los ex trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,805.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación legal a favor de los ex trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,805.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria a favor de los ex trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,805.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las utilidades correspondientes a los ejercicios gravables 2017 y 2018 a favor de los ex trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,805.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las remuneraciones, al no cumplir con el reintegro de remuneraciones que correspondían a los ex trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,805.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional a favor de los ex trabajadores, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información y documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 26 de diciembre de 2019, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,675.00.

i. Se ha vulnerado el principio del debido procedimiento y el principio de presunción de veracidad, toda vez que la empresa presentó oportunamente sus descargos frente al Acta de Infracción y al Informe Final, acreditando el cumplimiento del pago de los beneficios sociales a favor de los trabajadores involucrados en la investigación. No obstante, tales medios probatorios no fueron debidamente valorados por la Sub Intendencia, omitiendo también considerar que, si bien el inspector a cargo emitió la medida inspectiva de requerimiento, la empresa cumplió con el pago de los beneficios sociales antes de la notificación de la Imputación de Cargos. ii. En relación con uno de los ex trabajadores incluidos en la investigación (trabajador identificado en la segunda fila del numeral 4.2 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción), se presentó como medio probatorio el ajuste de liquidación de beneficios sociales, la constancia de transferencia, y el estado de cuenta BBVA de fecha 31 de marzo de 2022. Asimismo, se acreditó el cumplimiento del pago de conceptos como CTS, gratificaciones, bonificaciones, vacaciones truncas y no gozadas, así como remuneración por 18 días, conforme al convenio extrajudicial suscrito con el extrabajador el 18 de marzo de 2022. La suma reajustada ascendió a S/ 4,094.98, cancelada mediante transferencia bancaria. Todo ello fue realizado y acreditado antes de la notificación de la Imputación de Cargos. iii. Respecto de otro de los extrabajadores comprendidos en la investigación (trabajador identificado en la cuarta fila del numeral 4.2 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción), se acreditó el pago de su liquidación de beneficios sociales por los conceptos de CTS, gratificaciones, bonificaciones y vacaciones mediante cheque por S/ 6,314.66, así como la presentación del ajuste de liquidación por S/ 117.80 y su respectiva constancia de transferencia. Sin embargo, la Subintendencia consideró que no se acreditó el cobro efectivo del cheque, por lo cual declaró el incumplimiento, lo que resulta arbitrario. No se valoró que la subsanación fue realizada antes de la notificación de la imputación. Además, respecto al cálculo de CTS, si bien hubo una diferencia mínima de S/ 1.47, esta se debió presumiblemente

a un error de sistema, no representando una omisión sustancial que justifique la imposición de una multa elevada. iv. En cuanto a otro ex trabajador (trabajador identificado en la primera fila del numeral 4.2 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción), se presentó la liquidación de beneficios sociales por S/ 3,697.50, el cheque correspondiente y el estado de cuenta de fecha 29 de noviembre de 2019 que acredita el cobro efectivo del mismo. v. Respecto de un cuarto ex trabajador (trabajador identificado en la quinta fila del numeral 4.2 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción), se acreditó el pago de la liquidación de beneficios sociales por los conceptos de CTS, gratificación, bonificación y vacaciones, mediante la liquidación respectiva por S/ 2,307.60 y el histórico de movimientos bancarios, en el cual se observa la salida del monto correspondiente. Sobre el cálculo de CTS, si bien se identificó una diferencia de S/ 1.38 derivada del cálculo de la sexta parte de la gratificación, se trata de un error mínimo atribuible a un fallo del sistema, por lo que no resulta razonable la imposición de una sanción pecuniaria desproporcionada. vi. En atención al Tema N° 1 del criterio normativo adoptado por el “Comité de criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección de Trabajo de la SUNAFIL”, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL: “El pago de las obligaciones laborales económicas se acredita con cualquier medio probatorio, sin perjuicio que el empleador demuestre, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones laborales accesorias, sea a través de medios físicos o informativos”, se ha cancelado los conceptos sociolaborales mediante cheque y transferencias bancarias, los mismos que resultan ser válidos para acreditar el pago de los beneficios sociales. Por tanto, al tratarse de infracciones subsanables corresponde aplicar el literal f) del artículo 257° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, y el eximente de responsabilidad señalado en la Resolución N° 399-2021-SUNAFI/TFL- Primera sala, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

i. Con relación al trabajador identificado en la segunda fila del numeral 4.2 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, del análisis conjunto con la documentación recabada en el procedimiento inspectivo así como en el procedimiento sancionador, se advierte que no adjunta la liquidación de pagos a efectos de determinar que el monto liquidado se ajusta a ley, así como tampoco ningún documento que acredite el cobro efectivo de dicho cheque. Aunado a ello, tanto del monto de la liquidación de beneficios sociales que obra en fojas 150 y el cheque de banco obrante en fojas 149, no se considero los dieciocho días por descuentos indebidos, no aportando ningún documento que acredite el cobro efectivo del referido cheque. Asimismo, con relación al ajuste de liquidación de beneficios sociales, constancia de transferencia de pago, movimiento y saldo de cuenta de fecha 31 de marzo de 2022 y convenio laboral extrajudicial, no se acredita el pago de los trece días restantes del mes de julio, más aún, cuando se señalo que no se había considerado los dieciocho días por descuentos indebidos, no adjuntando la liquidación de pagos y documentos a efectos de determinar que el monto liquidado se ajustara a ley y se acredite el cobro efectivo. Y con relación al pago de

Tal como consta en fojas 107 del expediente sancionador.

vacaciones, no acredita el pago de los días restantes correspondientes al periodo 2019-2020, tampoco consigna el pago de vacaciones del periodo 2018-2019, más aún, cuando no se había considerado dieciocho días por descuentos indebidos, por lo que, persiste la infracción incurrida. ii. Con respecto al trabajador identificado en la cuarta fila del numeral 4.2 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, advierte que el monto liquidado resulta ser diminuto, y que si bien la inspeccionada adjunto cheque por el monto total de la liquidación de beneficios sociales, no adjuntó ningún documento que acredite el cobro efectivo del referido cheque, por no lo que, no se puede considerar como subsanado éste punto. Y que si bien en la liquidación de beneficios sociales, se consignó el pago de gratificaciones y bonificación extraordinaria respecto a diciembre 2019 (trunco), adjuntando un cheque; sin embargo, no adjuntó ningún documento que acredite el cobro efectivo del referido cheque. Por lo que, no existe certeza que se haya dado cumplimiento. iii. Con relación al trabajador identificado en la primera fila del numeral 4.2 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, al revisar los medios probatorios aportados, se advierte que no ha presentado la liquidación de beneficios sociales, a la que hace referencia la inspeccionada ni otro medio sustentatorio que acredite el pago en tal extremo, razón por la cual, se mantiene la responsabilidad administrativa. iv. Por otra parte, con relación al trabajador identificado en la quinta fila del numeral 4.2 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, señala que, si bien ha consignado el pago de la compensación por tiempo de servicios por el periodo noviembre de 2019, se ha considerado un monto distinto, resultando diminuto lo liquidado, en ese sentido no se tiene por cumplida la obligación en este extremo. v. Asimismo, precisa que para el cumplimiento de alguna de sus obligaciones se requiere que sea demostrado, situación que no se ha evidenciado con las pruebas correspondientes que demuestren de manera fehaciente al pago de los beneficios sociales a favor de los trabajadores involucrados en la presente investigación, ni durante las actuaciones inspectivas, ni con la presentación del recurso de apelación. Más aún, se debe enfatizar que el empleador tiene la carga de la prueba conforme al artículo 19º del Decreto Supremo Nº 001-98-TR, por lo que, al no cumplir con su carga de probar los hechos que afirma, no se ha quebrantado los principios invocados por el inspeccionado, no siendo procedente dejar sin efecto la sanción determinada por la Autoridad de primera instancia. vi. Del mismo modo, durante el presente procedimiento administrativo sancionador, se advierte que la Autoridad sancionadora de primera instancia ha tomado en cuenta los argumentos y documentación presentada en el escrito de descargo al Acta de Infracción e Informe Final. vii. Adicionalmente, al no existir medio de prueba alguna que permita eximir de responsabilidad administrativa a la inspeccionada y que la resolución apelada ha sido

debidamente motivada, no existe afectación alguna al debido procedimiento, habiéndose respetado todas las garantías del debido proceso. viii. Con relación a las infracciones a la labor inspectiva, la inspeccionada no ha desvirtuado ni esbozado argumento alguno; por lo que, considera que el pronunciamiento de primera instancia se encuentra debidamente motivado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA WARI SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-WARI SERVICE S.A.C

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fechas 12 de mayo de 2023, la WARI SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-WARI SERVICE S.A.C fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 375-2023- SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Sostiene que ha cumplido con el pago de todos los beneficios sociales, conforme a la documentación aportada durante el desarrollo del presente procedimiento. Lo que genera una vulneración del debido procedimiento.

Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006- PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

ii. Respecto a la infracción muy grave prevista en el numeral 46.3 del artículo 46º del RLGIT, cabe manifestar que la empresa ha acreditado el cumplimiento del pago de los beneficios laborales y ha colaborado con el inspector a cargo, proporcionando la información requerida durante el desarrollo de la inspección. En tal sentido, resulta improcedente sostener que se haya brindado información que indujera a error, pues en ningún momento la empresa se negó a proporcionar documentación o datos solicitados. En consecuencia, a la luz de los principios de licitud, veracidad y tipicidad, no corresponde imputar la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46.3 del RLGIT. iii. De igual modo, al haber subsanado los incumplimientos laborales detallados en la Medida Inspectiva de Requerimiento respecto a los ex trabajadores, dicha infracción deberá ser dejada sin efecto o en su defecto la sanción debe ser reducida. iv. Asimismo, señalan que no se ha cumplido con el criterio establecido en el Tema 1 sobre acreditación del pago de las obligaciones laborales económicas establecido en la Resolución de Superintendencia Nº 016-2020-SUNAFIL, esto al haber cumplido con el pago de los beneficios sociolaborales de los ex trabajadores.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“(…). 6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

supuestos previstos en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal, así como en los precedentes de observancia obligatoria. En consecuencia, no corresponde a esta Sala pronunciarse sobre alegatos que no se encuentren dentro de esos presupuestos o que no estén vinculados a infracciones muy graves impuestas.

Sobre la infracción al numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT

10 Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…). 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.

recreación y otras actividades ajenas a sus funciones laborales, contribuyendo así a la protección de su salud física y mental. Siendo así, el trabajador que cumpla con una jornada completa tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, como mecanismo para reponerse del desgaste generado por la actividad laboral continua.

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que

deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (Énfasis agregado).

“(…). 4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (Énfasis y subrayado añadido).

11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…)

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso,

o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…)” (Énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…)

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis y subrayado agregado).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

12 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

Sobre la negativa de entregar la documentación requerida

vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En tal sentido, el comportamiento del personal inspectivo debe estar orientado al cumplimiento de las funciones que establece la LGIT y su reglamento, procurando siempre la tutela del fin que dichas normas persiguen, y actuando dentro del marco del principio de razonabilidad14.

14 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

15 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 16 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (14.ª ed., Tomo II, p. 421). Lima: Gaceta Jurídica.

• Obra en el expediente inspectivo, el documento denominado “Requerimiento de Comparecencia” de fecha 26 de diciembre de 2019, notificado en la misma fecha de forma presencial en el centro de trabajo de la parte impugnante. Mediante dicho requerimiento, se le cito a una diligencia programada para el día 08 de enero de 2020 a las 08:30 horas en la oficina púbica de la Intendencia de Lima Metropolitana para la presentación de la siguiente documentación.

Figura N° 01

• Conforme se verifica en la “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación”17 de fecha 08 de enero de 2020 y del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia de que la parte impugnante no cumplió con remitir la información solicitada, a pesar de haber sido notificada conforme a ley.

17 Obrante en fojas 202 del expediente inspectivo. 18 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. – La autoridad administrativa brinda los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. (…)”.

19 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13° del citado reglamento.

Figura N° 02

20 Normativa vigente al momento de la realización de las actuaciones inspectivas efectuadas en mérito a la Orden de Inspección N° 13465-2018-SUNAFIL/ILM. 21 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios a favor de los ex trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago de la gratificación legal a favor de los ex trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria a favor de los ex trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de utilidades correspondiente a los ejercicios gravables 2017 y 2018, a favor de los ex trabajadores Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de las remuneraciones, al no cumplir con el reintegro de remuneraciones a favor de los ex trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar la entrega del certificado de trabajo por el periodo laborado, a favor del ex trabajador Numeral 23.2 del artículo 23° del RLGIT LEVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por WARI SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-WARI SERVICE S.A.C, en contra de la Resolución de Intendencia N° 375-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 5358-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 711-2023- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 15 de febrero de 2023 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador en el extremo referido a la infracción muy grave del numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT.

TERCERO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 711-2023- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 15 de febrero de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referido a la infracción muy grave del numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. – DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Intendencia N° 375-2023-SUNAFIL/ILM de fecha 14 de abril de 2023, únicamente en los extremos referidos a las infracciones calificadas como MUY GRAVES, tipificadas en los numerales 46.3 y 46.7 del artículo 46° del RLGIT, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

QUINTO. – Se declara agotada la vía administrativa sobre los artículos 46.3 y 46.7 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

SEXTO. – Notificar la presente resolución a la WARI SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- WARI SERVICE S.A.C, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SÉPTIMO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.40 de la presente resolución.

OCTAVO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, solo en el extremo que declaran la nulidad parcial de la Resolución de Sub Intendencia N° 711-2023- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 15 de febrero de 2023, referente a la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. El artículo 25° de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración, cuyo disfrute y compensación es regulada por ley o convenio. Nótese que, desde la norma constitucional se precisa que este descanso es remunerado.

2. Atendiendo al mandato constitucional referido, el artículo 11° del Decreto Supremo N° 012- 92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo N° 713 sobre descansos remunerados de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, prescribe que: “Tienen derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una jornada ordinaria mínima de cuatro (04) horas, siempre que haya cumplido dentro del año de servicios el récord previsto en el artículo 10 del Decreto Legislativo”.

3. Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de un tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. La doctrina, ha indicado al respecto que la finalidad del descanso vacacional apunta a facilitar un período de tiempo de descanso para permitir la recuperación física y psíquica del trabajador, como que pueda disfrutar de períodos de ocio y esparcimiento22.

4. De autos se observa que, respecto del trabajador denunciante, se adquirió el derecho a un descanso vacacional remunerado, el cual no fue gozado ni remunerado oportunamente.

5. Atendiendo a ello, en mi opinión la infracción cometida por el administrado, con relación a los ex trabajadores, sería la recogida en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT y no la contenida en el numeral 24.4 del artículo 24° de la misma norma, en razón a que el derecho a las vacaciones, cuando se cumple con el récord vacacional correspondiente y el año de servicios, se encuentra comprendida por dos (02) elementos concurrentes e inescindibles: el goce efectivo del descanso físico y el pago de la remuneración vacacional, los cuales deberían otorgarse en conjunto. Justamente, en el presente caso, observamos que no se ha cumplido con una de estas condiciones, por tanto, este incumplimiento por parte de la impugnante se subsumiría en el mencionado tipo infractor muy grave.

22 Gorelli, J. (2014). Elementos delimitadores del derecho a vacaciones. Themis: Revista de Derecho, (65), 61.

6. Considero ello, dado que la finalidad de la norma que regula este beneficio social es justamente contemplar que ambos conceptos (pago y descanso) conforman un solo derecho. Justamente, por esa razón, por ejemplo, el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 713 dispone que la remuneración vacacional será abonada al trabajador antes del inicio del descanso, lo cual es reafirmado por el artículo 19 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 713 (Decreto Supremo N° 012-092-TR).

7. En la misma línea, es pertinente mencionar que el artículo 20° del Decreto Legislativo N° 713 indica que el empleador está obligado a hacer constar expresamente en el libro de planillas, la fecha del descanso vacacional, y el pago de la remuneración correspondiente, como si se trataran de dos aspectos que tienen que cumplirse en simultáneo para configurar el otorgamiento íntegro de este derecho. Cómo se aprecia, entonces, todos estos preceptos manifiestan que el goce del descanso vacacional, tendría que estar acompañado del pago de la remuneración correspondiente (remuneración vacacional).

8. En este orden de ideas, cuando los artículos 10° y 17° Decreto Legislativo N° 713, referidos al fraccionamiento y adelanto de vacaciones, respectivamente, permiten estas situaciones especiales, no solo habilitan que los descansos correspondientes sean otorgados, sin estar acompañados del pago de la remuneración vacacional. En ese sentido, tanto el fraccionamiento de las vacaciones como el adelanto de las mismas, tienen que estar vinculados con el pago remunerativo correspondiente.

9. En virtud a lo expuesto, considero que el goce del descanso vacacional se encuentra ligado inescindiblemente al pago de la remuneración vacacional, lo cual significa que ambos derechos están íntimamente unidos, siendo de esta manera inevitable su otorgamiento en conjunto y, por ende, contrario a la normativa de la materia, su dación por separado.

10. Resumiendo, en mi opinión, ha quedado acreditado que la impugnante incurrió en la infracción muy grave en materia de relaciones laborales prevista en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT, en perjuicio del trabajador.

11. Cabe señalar que, respecto a la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, el suscrito comparte los fundamentos desarrollas en mayoría en la presente resolución.

Por estos fundamentos, mi voto es porque este extremo del recurso de revisión se declare INFUNDADO y se confirme la Resolución de Sub Intendencia N° 711-2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 15 de febrero de 2023, en el extremo referente a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 25.6 artículo 25° del RLGIT.

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250528MABJ – HR: 126134-2019