VSI Industrial S.A.C — Res. 651-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración – Sueldos y Salarios); Relaciones colectivas (Sub materia: Convenios Colectivos). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar el íntegro de la remuneración, a favor de veinte (20) trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 17,248.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el convenio colectivo 2019-2020, referido al aumento de S/ 93.00, a favor de cincuenta y un (51) trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,732.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 12 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 50,864.00.

i. Se ha afectado el principio de verdad material cuando no se analizó adecuadamente el contenido de la Resolución Directoral N° 1011-2021-MTPE/1/20 de fecha 30 de noviembre de 2021, presentada en los descargos contra el Informe Final. ii. La resolución impugnada señala que, si bien la Resolución Directoral N° 1011-2021- MTPE/1/20 acredita la autorización de la suspensión perfecta de labores para 47 trabajadores por el periodo del 27 de abril al 7 de octubre de 2020, esta no acredita la referida suspensión de mayo a julio de 2020 de 11 trabajadores. Además, se concluye que habría otros 10 trabajadores de los cuales no se acredita el pago íntegro de sus remuneraciones por la reducción que se les aplicó de mayo a octubre de 2020. Sin embargo, existe error de apreciación cuando se consideró como infracción el no pago de remuneraciones de trabajadores inmersos en la suspensión perfecta de labores entre los meses de abril y octubre de 2020, aun cuando precisamente uno de sus efectos es la suspensión del pago de remuneraciones. En la Resolución Directoral N° 1011-2021-MTPE/1/20, no hay una sola solicitud que se le haya denegado a la empresa. iii. Un grupo de 447 trabajadores se acogieron voluntariamente a dicha suspensión y, por tanto, carecía de objeto someter a aprobación administrativa algo que ya se había acordado entre las partes; por lo que la autoridad administrativa de trabajo declaró carente de objeto emitir pronunciamiento acerca de la comunicación de suspensión perfecta de labores respecto a 443 trabajadores que suscribieron dichos convenios. Y

respecto a otro grupo de trabajadores quienes no firmaron el convenio, se aprobó la comunicación de suspensión perfecta de labores. iv. Se verificó en la lista que los 62 trabajadores estaban inmersos en la medida de suspensión perfecta de labores y, por tanto, no era justificable efectuar el requerimiento de pago. Como no se analizó correctamente la Resolución Directoral Nº 1011-2021-MTPE/1/20, la autoridad se equivocó en su decisión de sancionarle. v. Acreditó que la reducción se aplicó dentro de una política de austeridad y emergencia, cumpliendo con los requisitos de austeridad y emergencia (según la Casación Nº 489- 2015-Lima). No obstante, la autoridad resolutiva no valoró en nada estos argumentos y se amparó en la inexistencia de los acuerdos de reducción, aun cuando se le explicó que la mayoría de trabajadores firmaron acuerdos de reducción temporal de remuneraciones y que, por criterio de igualdad, se aplicó esta medida a quienes no firmaron, pero en el mismo porcentaje acordado con el resto.

i. La suspensión perfecta de labores consensuada con dichos trabajadores rigió desde el 27 de abril hasta el 9 de julio de 2020 y, si bien podía prorrogarse si había norma que lo determine, también es cierto que incluso en este escenario se pactó que la inspeccionada podía dar por anulada la suspensión perfecta de labores con la reincorporación de labores. En tal sentido, la inspeccionada no ha proporcionado información pormenorizada, con las pruebas correspondientes, respecto a la oportunidad en que los trabajadores antes mencionados se reincorporaron a sus labores; por lo que al no existir dichas evidencias solo se puede considerar que la suspensión perfecta de labores tuvo vigencia hasta el 9 de julio de 2020 al no haberse demostrado hasta cuando se prorrogó en los hechos. Consecuentemente, no le correspondía a la inspeccionada pagar las remuneraciones de mayo de 2020 hasta esta última fecha, debiendo revocarse este extremo de lo resuelto por el inferior en grado; sin embargo, se mantiene la responsabilidad por el no pago de las remuneraciones del 10 al 31 de julio de 2020 respecto a dichos trabajadores. ii. No se puede sostener que la medida de suspensión perfecta de labores con respecto a los trabajadores Enrique José Mattos Ortiz y Juan José Araujo Lizárraga haya sido autorizada por la autoridad administrativa de trabajo, en tanto la propia inspeccionada decidió comunicar la reducción total de la suspensión perfecta de labores, lo que motivó a que aquella declare carente de objeto si se aprobaba o no esta medida excepcional. Como consecuencia de ello, al no haberse demostrado

2 Notificada a la impugnante el 17 de agosto de 2022, véase folio 133 del expediente sancionador.

que el vínculo laboral estuvo suspendido ya sea por medio de convenio de suspensión perfecta de labores celebrado con la inspeccionada o por medio de autorización de la autoridad administrativa de trabajo, corresponde a la inspeccionada cumplir su obligación de pago de remuneraciones sin reducción del mismo por los meses de mayo a octubre de 2020 en el caso del primero y su obligación de pago total de la remuneración por los meses de mayo a julio de 2020 en el caso del segundo. iii. Al no haberse cumplido con este requisito establecido legalmente conforme a lo señalado en el considerando 16 de la resolución apelada, la Autoridad sancionadora no podía examinar la razonabilidad de la medida adoptada por la inspeccionada al no ser una reducción consensuada con los diez (10) trabajadores afectados, lo que también ha sido reconocido por la inspeccionada en su recurso impugnativo. Por ende, lo resuelto por el inferior en grado se encuentra debidamente motivado al determinar que no se les pagó en forma íntegra las remuneraciones a dicho grupo de trabajadores. iv. No comparte la posición de la inspeccionada de que la suspensión perfecta de labores aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo habilite a que se suspenda el pago de los incrementos remunerativos pactados por medio del convenio colectivo 2019-2020. v. Independientemente de que parte del grupo de los (51) trabajadores detallados en el Cuadro N° 5 del considerando 23 de la resolución apelada se haya encontrado en suspensión perfecta de labores o con convenios de reducción de remuneraciones la inspeccionada no puede unilateralmente disponer la suspensión de la obligación en tanto este beneficio proviene de la autonomía colectiva; por lo que son las partes las que deben acordar su suspensión máxime si el convenio colectivo se concretó durante el estado de emergencia sanitario y nacional. vi. Corresponde confirmar los demás extremos de la resolución venida en grado por las restantes consideraciones expuestas, sin que ello tenga incidencia en la multa impuesta por el inferior en grado al encontrarse el número de trabajadores afectado dentro del mismo rango que este utilizó para graduar la sanción.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE VSI INDUSTRIAL S.A.C.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con escrito de fecha 6 de setiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1355-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Aplicación indebida del numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT incurriendo en nulidad, pues no correspondía que se emita la medida de requerimiento, toda vez que se encontraba legalmente amparada para no cumplir con las obligaciones sustanciales cuyo incumplimiento dio lugar a la referida medida inspectiva. Por tanto, corresponderá el análisis de la legalidad de la medida de requerimiento.

ii. Para sustentar la emisión de la medida de requerimiento, conforme consta en el Acta de Infracción, la Autoridad Inspectora habría constatado que no se habría cumplido con el pago de la remuneración de mayo a julio de 2020 respecto de diez trabajadores. Al respecto, no resultaba legalmente exigible que cumpla con el pago de las remuneraciones de dichos trabajadores, toda vez que se encontraba pendiente que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emita una resolución firme que resuelva el procedimiento de suspensión perfecta de labores. Tal es así que, el 30 de noviembre de 2021, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima ha emitido la Resolución Directoral No. 1011-2021-MTPE/1.20 por el cual ha declarado fundada en parte el recurso de apelación presentado por VSI contra la Resolución Directoral No. 1855-2020-SPL-MTPE/1/20.2.

iii. La Autoridad Administrativa de Trabajo ha ratificado la validez de los acuerdos de suspensión perfecta de labores suscritos con dichos trabajadores, por lo cual carecía de objeto emitir pronunciamiento sobre el particular.

iv. La Autoridad Administrativa de Trabajo no ha advertido que de los diez (10) trabajadores indicados, el señor Enrique José Mattos Ortiz se encontró comprendido en la suspensión perfecta de labores aprobada por la Resolución Directoral No. 1011-2021-MTPE/1.20. Además, no ha advertido que los señores Francisco Guerrero Huamán, Jacinto Pablo Chávez Jaramillo, José Ignacio Porturas Quintanilla, Luis Enrique Saenz Malina, Santiago Almiron Huaman, Santos Lorenzo Zárate Ochante y Williams Sallago Izquierdo, formaban parte del grupo de riesgo, por lo cual se encontraban en licencia con goce de haberes compensable.

v. Respecto de los trabajadores supuestamente afectados, debemos señalar que tampoco correspondía que se extienda la medida de requerimiento, toda vez que se había aplicado la reducción de remuneraciones de manera unilateral válida, que cumplió con los requisitos de temporalidad, excepcionalidad y razonabilidad.

vi. Carecía de sustento extender una medida de requerimiento cuando existía documentos válidos en virtud de los cuales no correspondía pagar de manera íntegra la remuneración de los trabajadores señalados, los cuales se encontraban orientados a preservar los puestos de trabajo y la percepción de remuneraciones en el marco de una situación de excepcionalidad en que se encontraba nuestro país a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

vii. De los cincuenta (50) trabajadores supuestamente afectados, tenemos que cuarenta y dos (42) se encontraban incluidos en la suspensión perfecta de labores aprobada por la Resolución Directoral No. 1011-2021-MTPE/1.20, mientras que ocho (8) de ellos se encontraron con una reducción unilateral de remuneraciones, siete (7) de los cuales son del grupo de riesgo y se les había aplicado una licencia con goce de haberes compensable.

viii. Incurre en error la Intendencia de Lima Metropolitana al considerar que la suspensión perfecta de labores no afecta al incremento en el haber básico (remuneración) pactado por convenio colectivo, pues trastoca el concepto mismo de suspensión perfecta de labores.

ix. Con relación a los cincuenta y uno (51) trabajadores con suspensión perfecta de labores, como hemos señalado previamente, no correspondía que nuestra representada pague las remuneraciones señaladas en la medida de requerimiento ni el incremento pactado en convenio colectivo 2019-2020, toda vez que la obligación de pagar las remuneraciones (incluido el incremento del haber básico) se encontraba suspendida, vulnerando el principio de razonabilidad y proporcionalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene

el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento9, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos o vinculados a la infracción muy grave impuesta.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento 6.4. En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.” 10 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 11 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de

los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 12 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 13 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 14 Folio 178 del expediente inspectivo.

alegando que no procederá con la medida de requerimiento solicitada por considerarla arbitraria. Documento, que conforme lo ha establecido el comisionado no logra acreditar las subsanaciones requeridas.

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

15 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.

del trabajo”. Por lo que, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de SST, que se detecten.

16 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4. 17 Danós Ordoñez, Jorge. “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo. Las llamadas resoluciones “que causan estado”. En: Ius et Veritas. Año 9, Nº 16. Lima, junio, 1998, pp. 209- 210, señala que: “(...) acto administrativo que “causa estado” es aquél que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la Administración, constituye la manifestación final de la acción administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, (...) por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial. 18 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

relevantes para la comprobación de las infracciones en materia de relaciones laborales imputadas:

- Del numeral segundo de los hechos verificados en la medida de requerimiento, se advierte que el comisionado consideró la Resolución Directoral N° 1855-2020-SPL- MTPE/1/20.2, en la que se resolvió desaprobar la comunicación de Suspensión Perfecta de Labores presentada por la empresa VIS INDUSTRIAL S.A.C., señalando en el mismo numeral que la inspeccionada interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, encontrándose pendiente la resolución que resuelva dicho recurso. En ese entendido, si bien en la medida de requerimiento no se comprende a todos los trabajadores de la impugnante, consignados en la solicitud de Suspensión Perfecta de Labores, también resulta cierto que alguno de dichos trabajadores sí formaban parte de dicha relación, no advirtiéndose que el comisionado haya analizado dicho supuesto y fundamentado la inclusión o exclusión de los mismos en la medida de requerimiento.

Asimismo, no se advierte análisis alguno respecto al motivo por el cual no resultaba relevante que se cuente con la resolución que resolvía el recurso de apelación o si la resolución directoral analizada resultaba suficiente para general convicción de la configuración de las infracciones incurridas. Resulta importante traer a colación, que mediante Resolución de Sala Plena Nº 007-2022-SUNAFIL/TFL, del 30 de setiembre de 2022, se estableció, entre otros, el siguiente fundamento como precedentes administrativos de observancia obligatoria:

“6.32. En ese sentido, si al momento de las actuaciones inspectivas se evidencia que se encuentra pendiente una solicitud de suspensión perfecta de labores, que debe ser atendida por la autoridad competente, el inspector no deberá presumir la ilegalidad de la conducta del empleador, al no realizar el pago de remuneraciones, ya que el procedimiento de la suspensión perfecta aún no ha concluido. Ello en aplicación estricta del mencionado bloque de legalidad y del reparto competencial establecido en el ordenamiento administrativo laboral.”

- Respecto al numeral tercero de los hechos verificados en la medida de requerimiento, nuevamente no se advierte un análisis concreto sobre la configuración de dicho incumplimiento, haciendo alusión solo a la reducción de la remuneración, sin analizar nuevamente que algunos de los trabajadores se encontraban en la relación de trabajadores comprendidos en la solicitud de Suspensión Perfecta de Labores, como es el caso del señor Enrique José Mattos Ortiz. Asimismo, no se advierte mayor desarrollo sobre la configuración de la referida conducta infractora, no permitiendo verificar la correcta determinación del incumplimiento imputado.

- Respecto al numeral cuarto de los hechos verificados en la medida de requerimiento, se advierte que el comisionado señala que la impugnante no acreditó haber efectuado el pago o reintegro del aumento al básico establecido en el Convenio Colectivo 2019-2020. Al respecto, se advierte que algunos trabajadores de dicha relación de trabajadores afectados se encuentran comprendidos en la relación de trabajadores por no pago de remuneración y comprendidos en la lista de trabajadores incluidos en la solicitud de Suspensión Perfecta de Labores. Así, no

se advierte que el comisionado haya efectuado dicho análisis, como tampoco se verifica que haya determinado los alcances del referido convenio colectivo y su relación y efecto respecto de la aplicación de la reducción de la remuneración o respecto de la suspensión perfecta de labores solicitada, determinando si para la configuración de dicho incumplimiento, resultaba relevante o no la emisión de la resolución que resuelva de manera definitiva la solicitud de Suspensión Perfecta de Labores. 6.17. En tal sentido, se advierte que el comisionado no efectuó la correcta configuración de las conductas infractoras imputadas, como fundamento para emitir la medida de requerimiento, vulnerando el principio de legalidad. Por lo que la medida de requerimiento referida no se encuentra correctamente emitida, correspondiendo dejar sin efecto la sanción por dicha infracción.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones Laborales

No pagar el íntegro de la remuneración, a favor de veinte (20) trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Relaciones Laborales No cumplir con el convenio colectivo 2019-2020, referido al aumento de S/ 93.00, a favor de cincuenta y un (51) trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por VSI INDUSTRIAL S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1355-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 961-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 454-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 8 de abril de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1355-2022-SUNAFIL/ILM, respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a VSI INDUSTRIAL S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240702CEC - HR 237709-2020