Vitivinicola de la Mancha S.A.C — Res. 1203-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: vacaciones), Bonificación No Remunerativa (Sub materia: incluye todas), Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: depósito de CTS), Remuneraciones (Sub materia: gratificaciones). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de las gratificaciones legales, más los intereses legales, de los periodos vencidos en julio 2017, diciembre 2017 y julio 2018, a favor de la extrabajadora Casilda Gladys Guevara Reyna, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,935.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de las bonificaciones extraordinarias, más los intereses legales, de los periodos vencidos en julio 2017, diciembre 2017 y julio 2018, a favor de la extrabajadora Casilda Gladys Guevara Reyna, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,935.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la compensación por tiempo de servicios, más los intereses legales, de los periodos semestrales vencidos en mayo 2017, noviembre 2017, mayo 2018 y noviembre 2018, a favor de la extrabajadora Casilda Gladys Guevara Reyna, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,935.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 2 de octubre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,311.00.

i. Solicitan la declaración de nulidad, por contravención a los numerales 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, teniendo en cuenta que, tratándose de una cuestión de puro derecho, no existe la necesidad de aportar nuevas pruebas. Además, indican existen vicios insubsanables que impedían iniciar un procedimiento

sancionador, referidos al incumplimiento de los plazos para el desarrollo de las actuaciones inspectivas, al no guardar las garantías del debido procedimiento, lo que genera indefensión al administrado y transgrede el principio de legalidad, pues nunca se notificó la Orden de Inspección N° 5594-2020-SUNAFIL/ILM, de fecha 6 de marzo de 2020, vulnerando su derecho de defensa al desconocer su contenido y el plazo establecido para las actuaciones de investigación. Por otra parte, considera que, si bien la Orden de Inspección es de fecha 6 de marzo de 2020, el Acta de Infracción es del 15 de octubre de 2020, siendo que existe exceso de plazo en las actuaciones inspectivas. ii. Alegan se incurre en una vulneración al debido procedimiento administrativo, a su derecho a la defensa y a la prueba, y a los principios de legalidad, presunción de veracidad y verdad material, toda vez que la resolución apelada indica que el procedimiento sancionador se inició el 9 de marzo de 2021, lo cual es falso, considerando que el 15 de octubre de 2020 se inició el mismo con la emisión del Acta de Infracción. iii. Afirman que, la resolución apelada prescindió de valorar los documentos presentados en sus escritos de descargos y la documentación presentada oportunamente al correo de la inspectora rpacheco@sunafil.gob.pe y a mesadepartes@sunafil.gob.pe iv. Asimismo, señalan que en el expediente figuran los recibos de pago de las gratificaciones de fiestas patrias 2017, navidad 2017 y fiestas patrias 2018, aunque no están firmados. Respecto a la bonificación extraordinaria de julio 2017, diciembre 2017 y julio 2018, en el expediente obran las boletas de pago, siendo opcional el que estas sean suscritas por la trabajadora; por lo que, no se quiere reconocer, con ello, los pagos efectuados, así como tampoco se ha valorado los vouchers presentados. v. En cuanto a la Compensación por Tiempo de Servicios, si bien se reconoce la exhibición de la liquidación por tiempo de servicios, se cuestiona que la misma no haya estado firmada, además de desconocerse los vouchers presentados por indicar que se encuentran ilegibles. vi. La resolución apelada, en su punto 31, vulnera el debido procedimiento, sus derechos a la defensa y a la prueba, y los principios de presunción de veracidad y verdad material, al decir que no se cumplió con la medida de requerimiento adoptada el 02.10.2020. Ello porque en el Anexo 1-C adjunta la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación, en la cual la inspectora consignó que tuvo a la vista los vouchers originales, habiendo ésta convalidado con su firma dicha acreditación.

2 Notificada a la impugnante el 20 de enero de 2022, véase folio 45 del expediente sancionador.

i. Que, la naturaleza jurídica de la Orden de Inspección no es la de ser un acto administrativo, sino la de un acto de administración interna al amparo del numeral 1.2.1. del artículo 1 del TUO de la LPAG, y no está sujeta a las disposiciones que regulan el régimen de notificación personal de los actos administrativos. ii. Aunado a lo anterior, manifiestan que la LGIT y el RLGIT no precisan la obligatoriedad de notificar la Orden de Inspección. Sin perjuicio de ello, de la revisión del expediente inspectivo, se puede apreciar que la inspeccionada ha tenido conocimiento de que el objeto de la inspección era verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales cuando se le notificó los requerimientos de documentación vía correo electrónico de fechas 24 y 31 de agosto de 2020 respecto de la trabajadora afectada; por lo que, no se advierte que haya tenido desconocimiento de la fiscalización. Asimismo, refiere que las actuaciones inspectivas de investigación se ejecutaron dentro del plazo establecido por la autoridad competente, es decir, sin exceder el plazo máximo de 40 días hábiles a que se refiere el artículo 13 de la LGIT con su prórroga. iii. Además, conforme a las definiciones establecidas en el artículo 1 de la LGIT, el procedimiento administrativo sancionador en la inspección de trabajo, este se inicia con la notificación de la imputación de cargos; por lo que, no tiene sustento la interpretación realizada por inspeccionada respecto a que el inicio del procedimiento se genera con la emisión del Acta de Infracción. iv. A su vez, expone que si bien la inspeccionada adjuntó a su recurso de apelación, un correo electrónico que envió con fecha 16 de marzo de 2021 a la dirección electrónica mesadepartes@sunafil.gob.pe, es necesario mencionar que dicha dirección electrónica dejó de funcionar a partir de la fecha en que entró en operación la Plataforma de Mesa de Partes Virtual de la SUNAFIL, esto es el 1 de marzo de 2021; motivo por el cual no puede considerarse que la inspeccionada haya presentado su escrito de descargos al no haberlo hecho través de la mesa de partes virtual de la SUNAFIL, que es el mecanismos habilitado para ello desde dicha fecha. Cabe indicar que la fecha de operación de la nueva plataforma de Mesa de Partes Virtual fue difundida en el portal web institucional, y en el facebook oficial de la SUNAFIL, mediante publicación de fecha 26 de febrero de 2021. v. Además de ello, la inspeccionada no precisa el número de registro (de hoja de ruta) del escrito de descargos que aduce haber presentado a través de la dirección electrónica mesadepartes@sunafil.gob.pe; es decir, no cuenta con un cargo de recepción del mismo. Siendo ello así, carece de sustento afirmar que se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, en lo que corresponde a la motivación de las resoluciones, y su derecho a la prueba, por la falta de valoración del escrito de descargos con sus anexos, que ha sido remitido a un correo que dejó de funcionar a la fecha en que lo remitió. vi. Precisan que, la inspectora del trabajo ha evaluado la documentación alcanzada por la inspeccionada en el correo electrónico de fecha 4 de setiembre de 2020, y la documentación presentada en la entrevista presencial que fue solicitada por la inspeccionada para el 14/10/2020 al expedir el Acta de Infracción, pues los vouchers de pago eran ilegibles y no estaban firmados. Por ello, no acredito el pago de las gratificaciones, bonificación extraordinaria y la Compensación por Tiempo de Servicios. vii. Arguyen que, es pertinente recordar que los pagos se acreditan con las boletas de pago firmadas y en el caso de que estos se hagan a través de las empresas del sistema financiero con las constancias emitidas por éstos, para lo cual estas deben encontrarse legibles a efectos de que pueda realizarse el análisis de su contenido, conforme al artículo 18 del Decreto Supremo N° 001-98-TR. viii. En relación al incumplimiento de la medida de requerimiento, señalan que, en la entrevista realizada el día 14 de octubre de 2020, la inspeccionada alcanzó a la inspectora comisionada algunos vouchers originales relacionados con el pago de las

gratificaciones legales y sus bonificaciones extraordinarias, los cuales fueron merituados en los puntos 4.8 y 4.9 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción. Sin embargo, respecto a las restantes infracciones no se presentó documento alguno a fin de demostrar que cumplió con los pagos o los subsanó; por lo que se le impuso sanción por no acreditar totalmente lo ordenado en la medida inspectiva de requerimiento notificada. ix. Finalmente, considera que el pronunciamiento de primera instancia se encuentra debidamente motivado y no se aprecia la existencia de causales de nulidad que afecten el debido procedimiento, los derechos a la defensa y a la prueba, y a los principios de presunción de veracidad y verdad material, en tanto que, para establecer la sanción, se ha detallado los hechos que motivaron la misma, precisando las normas vulneradas y determinándose que la inspeccionada incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE VITIVINICOLA DE LA MANCHA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 035-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Que, se han excedido los plazos de las actuaciones inspectivas, contraviniendo el artículo 13.3 del Reglamento de la Ley N° 28806, existiendo vicios insubsanables que le impiden iniciar un procedimiento sancionador. ii. Vulneración al debido procedimiento administrativo, derecho de defensa y principio de legalidad. iii. Consideran que, carece de fundamento que la SUNAFIL diga que debido a que no se encuentran firmados los recibos de pagos de gratificaciones de fiestas patrias 2017, navidad 2018 y fiestas patrias de 2018, tal hecho no prueba que se le haya pagado tal beneficio a la trabajadora, así tampoco como carece de fundamento el decir que los vouchers son ilegibles. Además, señala que el artículo 19° del Decreto Supremo N°001- 19-TR, aclara que la firma del trabajador puede ser opcional. Expresa los mismos argumentos, en relación al pago de la bonificación extraordinaria de las gratificaciones legales de julio y diciembre 2017, y julio 2018 y al pago de compensación por tiempo de servicios de los semestres vencidos en mayo y noviembre 2016, 2017 y 2018, con sus respectivos intereses legales. iv. Expresa que, quedo desvirtuado lo señalado por la SUNAFIL al decir que la inspeccionado no cumplió con la medida inspectiva, ya que la entrevista llevada a cabo en las instalaciones de la SUNAFIL el 14 de octubre 2020, con la inspectora fue con la finalidad de exhibir los originales de vouchers de pago respecto a la trabajadora.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana

de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050- 2002-AA/TC, fundamento 12).” (énfasis añadido)

impugnante ejerció su derecho a la defensa desde que tomó conocimiento del inicio del procedimiento sancionador, la cual se materializó con la notificación de la Imputación de Cargos N° 621-2020-SUNAFIL/ILM/AI3, que ocurrió el 9 de marzo de 2021, conforme al artículo 1 de la LGIT.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Figura 02:

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No cumplir con el pago de las gratificaciones legales, más los intereses legales, de los periodos vencidos en julio 2017, diciembre 2017 y julio 2018, a favor de la extrabajadora Casilda Gladys Guevara Reyna. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con el pago de las bonificaciones extraordinarias, más los intereses legales, de los periodos vencidos en julio 2017, diciembre 2017 y julio 2018, a favor de la extrabajadora Casilda Gladys Guevara Reyna. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE

Relaciones Laborales No cumplir con el pago de la compensación por tiempo de servicios, más los intereses legales, de los periodos semestrales vencidos en mayo 2017, noviembre 2017, mayo 2018 y noviembre 2018, a favor de la extrabajadora Casilda Gladys Guevara Reyna Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 2 de octubre de 2020 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por VITIVINICOLA DE LA MANCHA S.AC., en contra de la Resolución de Intendencia N° 035-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 18 de enero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 5586-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 035-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a VITIVINICOLA DE LA MANCHA S.AC., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. –Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20221221JCR