Visual Connections S.A.C — Res. 353-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materias: Entrega de Boletas de pago al trabajador y sus formalidades; Registro trabajadores y otros en la planilla); Seguridad Social (Sub materias: Inscripción en la seguridad social en salud y pensiones) y Contratos de Trabajo (Sub materia: Formalidades) . soft 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos, boletas de pago de remuneraciones, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 220.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de las relaciones laborales, por no acreditar el cumplimiento de las formalidades del contrato de trabajo sujetos a modalidad, en los períodos determinados, así como su entrega a favor de los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,100.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral de fecha 11 de agosto de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,100.00.

i. Solicitó ampliación de plazo, por encontrarse la información en Lima; sin embargo, la inspectora actuante no se pronunció transgrediendo el derecho de rogación y pedido.

ii. Que, el deceso del Gerente General y la designación del nuevo gerente, ocasionó el retraso en la entrega de información, toda vez, que era quien custodiaba parte de la documentación requerida.

iii. El hecho de pedir documentación preexistente en el procedimiento administrativo, como el poder de representación, constituye una burocracia y transgresión al principio de celeridad y derecho a la legítima defensa, pues, en aras de ser coherente y razonable, la Administración se encontraba en la obligación de observar el descargo.

iv. Respecto a la infracción por no haber entregado las boletas de pago y los contratos de trabajo de los cuatro trabajadores, precisa que existe un error material por parte de la

Administración, pues se ha demostrado que la información habría sido entregada y, en todo caso, ya no existía vínculo laboral, consecuentemente, considera que no amerita la presentación de la documentación solicitada.

i. Ante la medida inspectiva de requerimiento notificada el día 11 de agosto de 2021 no existió ampliación de plazo para la presentación de la documentación. Precisa que la solicitud ampliación de plazo por parte de la impugnante fue respecto de la notificación del requerimiento de información notificada el día 23 de julio de 2021 y, si bien no existió un pronunciamiento expreso por parte de la inspectora en esa ocasión, su consentimiento resultaba tácito, pues, la comisionada emitió un nuevo requerimiento en nuevas fechas del 02 de agosto y 11 de agosto de 2021. Por ello, confirma la negativa de la impugnante en colaborar con los requerimientos del inspector, consecuentemente, se le atribuye la responsabilidad a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, y no ampara este extremo de su petición.

ii. Asimismo, sostiene que su argumento no se enmarca dentro de las causales de eximentes de responsabilidad recogidas en el TUO de la LPAG. Del mismo, resalta que, para el cumplimiento de las medidas de requerimiento, del día 11 de agosto del 2021, no resultaba indispensable la presencia física del representante legal de la inspeccionada, sino que bastaba delegar a otra persona el cumplimiento, máxime si se trataba de remitir la información a través del sistema de comunicación electrónica.

iii. Advierte que la información solicitada (presentación del poder o certificado de vigencia de poder de su representante legal), no es una información de libre acceso para el Inspector de Trabajo, menos aún, que se pueda obtener a través de internet u otro medio de comunicación pública (como SUNAT), pues conforme a lo descrito en el fundamento 3.29 de la resolución sancionadora, la presentación de los documentos requeridos constituyen requisitos de procedibilidad para determinar la representación de la persona jurídica a través de su apoderado, así como, para evidenciar las facultades conferidas.

iv. Por otro lado, tiene en cuenta que la impugnante cumplió con presentar los cargos de entrega de boleta de pago y contrato de trabajo de los meses de marzo, abril, mayo,

2 Notificada a la impugnante el 25 de abril de 2022, véase folio 290 del expediente sancionador.

junio y julio de 2021, por lo que no evidencia incumplimiento de la normativa sociolaboral y a labor inspectiva y ampara su pretensión en este extremo.

v. También tiene en cuenta, respecto a la trabajadora Lita Juleyssi Verona Quispe, que la medida inspectiva de requerimiento comprendía el periodo desde enero a julio de 2021, por lo que aduce que la impugnante no cumplió con presentar el cargo de entrega de boleta de pago y contrato del mes de julio de 2021, limitándose a argumentar que ya no existía vínculo laboral sin ofrecer medio probatorio que respalde su posición.

vi. Por lo que, procede a reformular el cuadro de sanciones, conforme al detalle siguiente:

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos, boletas de pago de remuneraciones, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 198.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el cumplimiento de las formalidades del contrato de trabajo sujetos a modalidad, en los períodos determinados, así como su entrega a favor de los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,012.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,012.00.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE VISUAL CONNECTIONS S.A.C.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 135-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando los siguientes alegatos:

i. Solicitó ampliación de plazo de 10 días hábiles para la entrega de documentos requeridos, en tanto que, la contabilidad y la custodia de los documentos se encontraban en la ciudad de Lima. Al no existir pronunciamiento se ha transgredido el derecho de rogación y pedido prevista en el artículo 2 inciso 20 de la Constitución Política del Perú, así como el debido procedimiento.

ii. Que, por el fallecimiento del gerente general, quien era responsable de la custodia de parte de la información solicitada, no se pudo cumplir con la misma. De este modo, señala que cuenta con una excusa coherente y razonable para no haber atendido oportunamente el requerimiento de los documentos, siendo, este acto un hecho fortuito.

iii. Al adjuntar la FICHA RUC, se puede apreciar como nuevo gerente general de la empresa. El hecho de pedir documentación preexistente en el procedimiento administrativo y la entidad pública que fácilmente es posible de corroborar, demuestra burocracia y transgresión al principio de celeridad y derecho de legítima defensa.

iv. El hecho que la autoridad sancionadora guarde silencio y no pronuncie con admitir u observar el descargo, demuestra grave trasgresión del debido procedimiento administrativo en razón a que, al ser esto un procedimiento administrativo, la Administración se encuentra en el deber de observar el descargo.

v. Existe un error material por parte de la Administración e interpretación de los hechos y la identificación al señalar a los trabajadores: Rodríguez Chapoñan Oscar Martin; Sánchez Mio Tatiana Caterine; Vergaray Flores Luis Fernando; Verona Quispe Lita Juleyssi, como aquellos que no se les entregó las boletas de pago.

vi. Por último, solicita uso de la palabra.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante

9 Véase folio 379 del expediente sancionador. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV “(…) 1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.”

compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

11 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 12 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

de un plazo razonable13, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector14.

13 La entonces vigente “Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII – Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL establecía lo siguiente: Finalización de las Actuaciones Inspectivas (…) 7.7.2 Medidas Inspectivas (…) 7.7.2.7 En caso se verifiquen infracciones insubsanables no se emitirá medida inspectiva de requerimiento, debiendo dejar constancia del carácter insubsanable de la infracción en la respectiva constancia de actuaciones inspectivas y anexos. La calificación de un incumplimiento como insubsanable debe ser notificada al sujeto inspeccionado durante las actuaciones inspectivas de investigación y deben estar sustentadas en la imposibilidad de revertir los efectos del incumplimiento normativo o de la afectación del derecho, sustento que también debe ser consignado en el Acta de Infracción. La Directiva Actual (Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL) consigna los mismos alcances en el numeral 7.14.8” 14 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)”. 15 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4. 16 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

a nuestra competencia y considerando que mediante la presente resolución se viene dejando sin efecto la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no cumplir con las formalidades de los contratos modales.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos, boletas de pago de remuneraciones.

Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL,

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por VISUAL CONNECTIONS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 135-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 525-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 823-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 05 de noviembre de 2021, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 135-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en los extremos referentes a las infracciones muy graves tipificadas en los numerales 25.21 del artículo 25 y 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a VISUAL CONNECTIONS S.A.C. y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230412CEC