Virú S.A — Res. 459-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (Prevención de riesgos) y Accidente de Trabajo (sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no identificar el peligro de “CAMIÓN ESTACIONADO EN LA ZONA DE ACOPIO” con riesgo de producir “GOLPES CON PUERTAS ABIERTAS” y no establecer medidas de control eficaces que impidan que dicho riesgo se materialice, lo que ocasionó el accidente de trabajo sufrido por Teresa Amelia Reyna de Miñano, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. Las actuaciones inspectivas tuvieron origen en la denuncia realizada por la señora Teresa Amelia Reyna de Miñano, sin embargo, en el Anexo de la Constancia de Actuaciones Inspectivas, en su conclusión se hace mención al señor Huberto Martínez, como persona que sufrió el accidente de trabajo. En base a ello, existen serias incongruencias respecto a la persona que es objeto de investigación e incongruencias en la redacción, evidenciándose con ello contradicciones como consecuencia de la poca diligencia que se tuvo al momento de emitir los actos administrativos, vulnerándose el derecho a la debida motivación, precisándose que la motivación de cualquier acto que suponga el ejercicio de poder ya sea administrativo o judicial, es una principal garantía del debido proceso.

ii. Se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, precisado en el inciso 1.2 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444 y artículo 44 de la LGIT.

iii. Existe la imposibilidad de convalidación, por la trascendencia de la nulidad, teniendo en cuenta el principio de congruencia, el cual, si en algún momento se ve alterado, todo el procedimiento se vicia de nulidad, por lo que el Anexo mencionado contiene un error que debió ser subsanado en el Acta de Infracción, sin embargo, no se realizó, por lo que decae en imposible de subsanar.

i. El único error advertido es el subsanado por la Sub Intendencia de Resolución y mencionado en el décimo octavo al vigésimo primer considerando de la resolución cuestionada, los cuales la Intendencia hace suyos y toma como válidos, pues en el Anexo de la constancia de Actuaciones Inspectivas, se colige que toda la información descrita versa sobre la trabajadora Reyna, puesto que toda la

2 Notificada a la impugnante el 12 de noviembre de 2021.

investigación la tuvo como agraviada, por lo que no se evidencia afectación alguna, así en el numeral 3.1 de dicho documentos se consignan su nombre y DNI de dicha trabajadora.

ii. El artículo 3 del TUO de la Ley N° 27444, establece los requisitos de validez de los actos administrativos, así el procedimiento sancionador está basado en actuaciones inspectivas desarrolladas por los inspectores comisionados, por lo que es absurdo pretender que no sean tomadas en cuenta, habiéndose determinado en el Acta de Infracción que existió una falta de control que ocasiono fallo en los estándares de trabajo y fallo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, omisión que fue causa del accidente de trabajo.

iii. En atención a lo establecido en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LEY N° 27444, se debe tener en cuenta que se notificaron correctamente el Acta de Infracción, la Imputación de Cargos, el Informe Final y la Resolución de Sub Intendencia.

iv. Como se ha mencionado previamente no se advierte que lo señalado por la impugnante pueda acarrear la nulidad del procedimiento, más aun cuando conforme a lo precisado en la resolución apelada, como de la revisión del Acta de Infracción, estas fueron motivadas adecuada y suficientemente, tipificando y fundamentando cada infracción incurrida.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE VIRU S.A.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 15 de noviembre de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de diciembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 089-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, señalando lo siguiente:

i. Las actuaciones inspectivas tuvieron origen en la denuncia realizada por la señora Teresa Amelia Reyna de Miñano, sin embargo, en el Anexo de la Constancia de Actuaciones Inspectivas, en su conclusión se hace mención del señor Huberto Martínez, como persona que sufrió el accidente de trabajo. En base a ello, existen serias incongruencias respecto a la persona que es objeto de investigación e incongruencias en la redacción, evidenciándose con ello contradicciones como consecuencia de la poca diligencia que se tuvo al momento de emitir los actos administrativos, vulnerándose el derecho a la debida motivación, precisándose que la motivación de cualquier acto que suponga el ejercicio de poder ya sea administrativo o judicial, es una principal garantía del debido proceso.

ii. Posterior a ello, el 03 de diciembre de 2020, se inició el procedimiento sancionador en fase instructora, notificándole el Acta de Infracción e Imputación de Cargos con la propuesta de sanción referente a la señora Reyna, sin embargo, no se cumplió con expresar las razones por las que habrían permitido arribar a las conclusiones contenidas en el Anexo mencionado.

iii. Conforme lo expuesto, se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, precisado en el inciso 1.2 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444 y artículo 44 de la LGIT; así como la presunción de certeza de los hechos consignados en el Acta de infracción.

iv. A mayor abundamiento, en el presente procedimiento tampoco se ha acreditado que la recurrente haya sufrido daño alguno, antes bien, se ha demostrado que su lumbalgia es de reciente data y puede tener numerosas causas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la vulneración a la garantía de la motivación de las resoluciones

9 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 11 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican”.

“19. De lo expuesto se advierte que los datos del párrafo en mención no corresponden al caso concreto que ahora nos avoca, por lo que se deduce que éste fue un error involuntario de parte de los inspectores al incluir dicho texto en el Anexo de Insubsanabilidad. Al respecto, la inspeccionada advirtió dicho error y lo expuso en sus descargos al Informe Final, ante lo cual la Autoridad Instructora recomendó archivar el expediente por una presunta indebida motivación del citado Anexo.

20. Sobre el particular, manifestar que el error advertido por la denunciada y la Autoridad instructora no invalidan la acción cometida por la inspeccionada que produjo el accidente de trabajo que sufrió la señora Reyna, la cual se tradujo en la infracción detectada materia de análisis, pues dicho error fue involuntario, además de que no alcanza grado tal que anule las acciones de investigación realizadas,

probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

considerando además de que del análisis del Anexo de Insubsanabilidad se advierte que éste fue adecuadamente sustentado en sus demás extremos incluyendo el carácter de insubsanabilidad respeto de la infracción advertida, ello en el punto 3.11 del citado Anexo.

21. Por lo expuesto, si bien se reconoce el error cometido en el Anexo 1de insubsanabilidad (precisado en el décimo octavo (18) considerando de la presente resolución), para este Despacho, este error no tiene relevancia suficiente para demeritar las actuaciones inspectivas realizadas o determinar el archivo del expediente”.

“Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión” (énfasis añadido).

“19. De lo antes señalado, se desprende que el error mencionado y subsanado por el inferior en grado está debidamente motivado y conforme al principio de legalidad toda vez que dicho error no y válida la investigación realizada por el personal inspectivo más aún cuando se realiza de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y relacionados al caso en base a ello queda desvirtuado los argumentos expuestos por la accionante. (…)

13 Cfr. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Tomo 11. Decimosegunda edición, 2017, Gaceta Jurídica, p. 146.

27. Cómo se ha mencionado líneas arriba, no se advierte que lo señalado por la accionante pueda acarrear la nulidad del procedimiento, más aún cuando conforme a lo precisado en la resolución subida en grado como de la revisión del Acta de Infracción, estas fueron motivadas adecuada y suficientemente tipificando y fundamentando cada infracción cometida, asimismo se advierte que en el procedimiento sancionador se ha valorado el descargo realizado por el sujeto inspeccionado, advirtiéndose durante todo el desarrollo del procedimiento inspectivo y sancionador que se le ha tocado al sujeto inspeccionado todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, el cual comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer los documentos necesarios para acreditar lo manifestado, entre otros, situación que se ha venido evidenciando desde la etapa inspectiva hasta la presentación del recurso de apelación en la etapa del procedimiento sancionador, precisando que las infracciones en las que incurre o el sujeto inspeccionado han sido la conclusión de la investigación realizada en el procedimiento inspectivo, qué se desarrolló con la participación activa del sujeto inspeccionado, tal como se aprecia en el expediente inspectivo, el cual tuvo como resultado la propuesta de multa plasmada en el Acta de Infracción que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley, en concordancia con el artículo 54 del Reglamento de la Ley, por lo que no se evidencia afectación a algún tipo de derecho por lo que queda desvirtuado lo alegado por VIRU”.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma” (énfasis añadido).

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por VIRU S.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 193-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, de fecha 14 de mayo de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Ancash, y la de los sucesivos en el procedimiento sancionador recaído en el expediente sancionador N° 120-2020-SUNAFIL/IRE- ANC, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- Devolver todos los actuados a la Intendencia Regional de Ancash, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.19.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a VIRU S.A., y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUIS GABRIEL PAREDES MORALES