Vigilancia y Seguridad Magistral S.A.C — Res. 350-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Submateria: Vacaciones, No Goce de Vacaciones); Remuneraciones (Submateria: Gratificaciones y Pago de Bonificaciones) Compensación por Tiempo de Servicios (Submateria: Depósito de CTS). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 1.2 Que, mediante Imputación de Cargos N° 289-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI, de fecha 30 de mayo de 2022, notificada el 01 de junio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de gratificaciones de todo el periodo laborado a favor de Miguel Angel Amesquita Araujo; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/1, 980.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación de todo el periodo laborado a favor de Miguel Angel Amesquita Araujo; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/1, 980.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional del todo el periodo laborado a favor de Miguel Angel Amesquita Araujo; tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/3, 388.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no depositar integra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios a favor de Miguel Angel Amesquita Araujo; tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/1, 980.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro por trabajo en sobretiempo (horas extras) a favor de Miguel Angel Amesquita Araujo; tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/3, 388.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar con el registro de control de asistencia de Miguel Angel Amesquita Araujo; tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/3, 388.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo solicitado mediante medida inspectiva de requerimiento de fecha 17 de setiembre de 2021; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/3, 388.00

i. Respecto a la gratificación y bonificación, para determinar una supuesta falta se señala que sí existe el documento denominado hoja de liquidación de beneficios y para agravar la supuesta falta se señala que los referidos documentos no se presentaron, lo cual vulnera el debido procedimiento. La empresa ha cumplido con pagar la gratificación del año 2020, como se aprecia de las boletas de gratificaciones y hojas de liquidación; además, que como se encuentra registrada como REMYPE corresponde realizar el pago del 50% de las gratificaciones. ii. Respecto a la remuneración vacacional, al estar inscrita como REMYPE solo otorgan 15 días de descanso por año completo pero el señor Amésquita nunca laboró un año íntegro, cumpliendo con el pago de las vacaciones truncas, vulnerando el debido procedimiento por la contradicción presentada en la resolución. iii. Respecto a la CTS, se ha cumplido con el pago, reiterándose que la resolución apelada incurrió en una contradicción en cuanto a las hojas de liquidación. iv. Respecto al pago de sobretiempo, se cumplió con el pago pese a no considerar que conforme a las hojas denominadas asistencia del personal de vigilancia, el trabajador no cumplió con suscribir su hora de ingreso y salida. v. Respecto al registro de control de asistencia, sí cuentan con dicho documento, pero la norma no indica que tener un registro sin las formalidades es susceptible de sanción. vi. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento, sí se cumplió con cada uno de los requerimientos, no contando la resolución impugnada con una debida motivación.

i. La apelante señala que ha cumplido con el pago por el trabajo en sobretiempo, lo cierto es que no presenta la documentación idónea que acredite la subsanación de la omisión evidenciada en la etapa inspectiva, pues se advierte que anexa a su recurso el mismo cuadro Excel obrante en el expediente inspectivo, que fue valorado previamente por la Inspectora, para la determinación de la presente infracción; por ende, corresponde ratificar la sanción ante el incumplimiento subsistente

2 Notificada a la impugnante el 05 de abril de 2023. ii. Las infracciones subsisten puesto que las hojas de liquidación anexadas no corresponden a los periodos efectivamente laborados por el señor Amésquita y no se advierte se consideren las horas extras debidamente calculadas; por lo que, no puede tenerse por cumplidas sus obligaciones iii. En relación al argumento reiterativo de la apelante, sobre su condición como REMYPE, de la revisión de los actuados se evidencia que su acreditación como pequeña empresa no ha sido dejada de lado; por el contrario, el personal inspectivo lo ha comprobado en la investigación, aplicando lo pertinente a la tratativa legal correspondiente iv. De las actuaciones inspectivas se determinó que la inspeccionada no cumplió con el pago del íntegro de la remuneración vacacional y del depósito y/o pago de la compensación por tiempo de servicios, a favor del señor Amésquita; puesto que, no se consideraron en su cálculo los conceptos remunerativos de movilidad, refrigerio y horas extras, por los periodos efectivamente laborados; por lo que, las sanciones en estos extremos subsisten, al no haber acreditado la subsanación de las trasgresiones, resultando insuficiente la documentación presentada. v. De las actuaciones inspectivas, la Inspectora constató que el registro de control de asistencia presentado por la inspeccionada, correspondiente al señor Amésquita por el periodo 01 de mayo de 2020 al 22 de febrero de 2021 y del periodo 01 de marzo de 2021 al 01 de mayo de 2021, no reúne los requisitos mínimos completos (razón social, numero de RUC, número de documento nacional de identidad del trabajador, hora y minutos de ingreso y salida de la jornada de trabajo, horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo); por lo que, siendo una trasgresión insubsanable, procedió a postular la sanción respectiva. vi. A fojas 152 a 156 del expediente inspectivo obra la medida inspectiva emitida el 17 de setiembre de 2021, otorgándole un plazo hasta el 22 de setiembre de 2021 a la inspeccionada, para que subsane sus incumplimientos; requiriéndole a que acredite el pago íntegro de gratificaciones legales, de la bonificación extraordinaria, de la compensación por tiempo de servicios y de la remuneración vacacional, de horas extras y presentando la hoja de liquidación de beneficios sociales por los periodos laborados y considerando los conceptos remunerativos de movilidad, refrigerio y horas extras; sin embargo, al término del plazo se verificó que las trasgresiones subsistían y la Inspectora emitió el Acta de Infracción correspondiente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MAGISTRAL S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 103-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan que, respecto al pago se sobretiempo el señor Miguel Ángel Amésquita Araujo, tenía la ocupación de vigilancia de seguridad, y tenía períodos largos de descanso; por tanto, existe una falta de aplicación del artículo 5 del Decreto Supremo N°007-2002-TR y del artículo 10 del Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, lo cual constituye una interpretación errónea de las normas aplicables en este caso. ii. Sostienen sobre el pago de las gratificaciones y bonificación extraordinaria que la empresa se encuentra inscrita en el régimen especial laboral REMYPE, por lo cual, al trabajador le correspondía el pago de la mitad de la remuneración. En ese sentido, advierten que el cálculo realizado para el pago de beneficios sociales no ha sido valorado adecuadamente. iii. Refieren que respecto al pago de la remuneración vacacional y la CTS, la inspectora no valoró debidamente las reintegraciones a las liquidaciones originales que se hicieron en la fecha de 22 de setiembre de 2021. iv. Manifiestan que, cuentan con el control de asistencia y que este cumple con la información mínima establecida por el Decreto Supremo N°004-2006-TR; por lo que, si bien es cierto que no cuenta con el nombre, ni número de RUC del empleador, ni número de DNI del trabajador, esta no es información esencial para la fiscalización de la normativa laboral.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o i ii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento9, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

Sobre el incumplimiento del pago de las horas extras

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

Figura N°01

Sobre el Registro de Control de Asistencia

10 “Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada”, publicado el 06 de abril de 2006 en el diario oficial El Peruano. 11 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR 6.15 En el caso en particular, se atribuye a la impugnante el hecho de que el Registro de Control de Asistencia exhibido sobre el periodo del 01 de mayo de 2020 al 22 de febrero de 2021, y del periodo 01 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2021, no reúnen los requisitos mínimos de acuerdo a Ley, como se puede apreciar en los hechos verificados 4.3.4 del Acta de Infracción:

Figura N°02

Sobre la infracción al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido) 6.29 El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso

legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

12 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091- 2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514- 2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

13 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…).” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

impugnante es el hecho de no acreditar el pago íntegro de vacaciones del periodo trunco, es decir, se le imputa a la Inspeccionada una infracción laboral por no cumplir con el pago de dicho concepto.

14 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 15 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 16 Artículo 13.- Alcances de la nulidad

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales Por no acreditar el pago de gratificaciones de todo el periodo laborado a favor de Miguel Angel Amesquita Araujo Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

(…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 17 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

Relaciones laborales Por no acreditar el pago de la bonificación de todo el periodo laborado a favor de Miguel Angel Amesquita Araujo Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales Por no depositar integra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios a favor de Miguel Angel Amesquita Araujo Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales Por no acreditar el pago íntegro por trabajo en sobretiempo (horas extras) a favor de Miguel Angel Amesquita Araujo Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Relaciones laborales Por no acreditar con el registro de control de asistencia de Miguel Angel Amesquita Araujo Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva Por no cumplir con lo solicitado mediante medida inspectiva de requerimiento de fecha 17 de setiembre de 2021 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por VIGILANCIA Y SEGURIDAD MAGISTRAL S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 103-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 31 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 631-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 122-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP de fecha 10 de febrero de 2023, en el extremo referido a la infracción muy grave del numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT en relación al pago de las vacaciones truncas a favor de un trabajador y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador en dicho extremo, conforme a lo señalado en los considerandos 6.17 a 6.47 de la presente resolución. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 122-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP de fecha 10 de febrero de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento en el extremo referido a la infracción contenida en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, en relación al pago de vacaciones, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 103-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, sobre la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 (respecto a no acreditar el pago íntegro por trabajo en sobretiempo), numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT; y la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. QUINTO. -Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.49 de la presente resolución. SEXTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, respecto al extremo referido a la infracción muy grave a las relaciones laborales, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 en relación al pago por trabajo en sobretiempo, en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT; y la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

SÉPTIMO. - Notificar la presente resolución a VIGILANCIA Y SEGURIDAD MAGISTRAL S.A.C, y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250409LGN - HR 107220-2021