Viettel Perú S.A.C — Res. 795-2026

Mediante Orden de Inspección N° 1206-2021-SUNAFIL/IRE-JUN (anteriormente, Orden de Inspección N° 0143-2019-DRTPEJ-DIT-SDIL/HYO), se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 060-2019-DRTPEJ-DIT- SDIL/HYO (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1177-2022-SUNAFIL/IRE-JUN/AI-IC, notificada el 30 de noviembre de 20221, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 014-2023-SUNAFIL/IRE-JUN/SIAI, notificada el 24 de febrero de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final de Instrucción y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Junín, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 239-2023-SUNAFIL/IRE-JUN/SISA, notificada el 10 de marzo de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 31 de marzo de 2025, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 239-2023-SUNAFIL/IRE-JUN/SISA, solicitando que se deje sin efecto la multa impuesta.

Mediante Resolución de Intendencia N° 27-2024-SUNAFIL/IRE-JUN, notificada el 27 de febrero de 2024, la Intendencia Regional de Junín declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, desestimando los argumentos deducidos y confirmando la sanción impuesta. 1.6 Con fecha 20 de marzo de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Junín el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 27-2024-SUNAFIL/IRE-JUN.

La Intendencia Regional de Junín admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, los mismos que fueron recibidos el 09 de abril de 2024.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la LGIT4, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad

De la revisión de los actuados, se ha identificado que VIETTEL PERU S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 27-2024-SUNAFIL/IRE-JUN, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT; y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 28 de febrero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por VIETTEL PERU S.A.C.

Es importante recordar que el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública se encuentra sujeta a determinadas condiciones, incluyendo plazos, requisitos y caracteres.

En el caso del presente procedimiento administrativo sancionador, el marco normativo adjetivo correspondiente a su tramitación se encuentra conformado por la LGIT, RLGIT, el Reglamento del Tribunal y, supletoriamente, el TUO de la LPAG.

Según se aprecia, la regulación establecida por la LGIT, RLGIT y el Reglamento del Tribunal señalan una serie de elementos necesarios para el ejercicio de la potestad sancionadora. Consecuentemente, la regulación establecida para el procedimiento administrativo sancionador, en general, y la prescripción, en particular, se encuentran reguladas - supletoriamente- por el TUO de la LPAG.

A este saber, el ejercicio de la potestad sancionadora -incluyendo aquella ejercida por todas las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo- se encuentra sujeta a los límites y la regulación contenida en las normas adjetivas del sistema, dentro de las cuales se encuentra -por aplicación supletoria- el TUO de la LPAG.

Conforme a lo anterior, la regulación establecida en el TUO de la LPAG respecto de la institución de la prescripción contiene parámetros indispensables para el ejercicio de la potestad sancionadora; es decir, impone determinadas cargas a la Administración dado que la potestad sancionadora resulta en un régimen restrictivo de derechos de los administrados.

En el caso de la prescripción, esta tiene relación también con los derechos de los administrados, toda vez que “estos no deberían poder ser perseguidos de manera indefinida por el Estado”9. En cuanto a ello, el Tribunal Constitucional se ha pronunciados indicando lo siguiente:

Por otro lado, con relación a las normas que establecen restricciones, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de establecer la interpretación restrictiva y no analógica de tales normas. Por ejemplo, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 02235-2004-AA, ha señalado:

Asimismo, el mismo Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00015-2013-AI que:

Complementariamente a ello, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de las competencias de los actos estatales de raigambre constitucional, identificando como una de las notas condicionantes de la competencia del acto estatal a la taxatividad, a saber:

Si bien la citada Sentencia se relaciona con facultades otorgadas por las normas constitucionales y del bloque de constitucionalidad, puede aplicarse mutatis mutandis a las normas en materia del procedimiento administrativo. Debe considerarse, en esta línea que una vulneración a la interpretación restringida de las normas que asignan competencias podría derivar en una vulneración del debido procedimiento y, consecuentemente, la nulidad del o los actos administrativos vinculados.

Por tanto, las autoridades administrativas del Sistema de Inspección del Trabajo deberán ejercer la potestad sancionadora otorgada por las normas sobre la materia respetando las garantías propias del debido procedimiento, emitiendo actos que se encuadren estrictamente en sus facultades sin interpretación extensiva o analógica.

El ejercicio de la potestad sancionadora, en lo que se refiere a la regulación de la prescripción conforme al TUO de la LPAG implica que todas las autoridades administrativas del Sistema de Inspección del Trabajo se encuentran obligadas a cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 233 del TUO de la LPAG, específicamente su numeral 233.2, ha establecido el único supuesto de suspensión para el cómputo de plazo de prescripción, conforme se transcribe a continuación:

Por su parte el artículo 51 del RLGIT, dispone:

Por lo tanto, previamente al cómputo del plazo de prescripción, se tiene que advertir la naturaleza de la inconducta administrativa, de tal manera que, a través de su esencia, se tenga conocimiento de la oportunidad en la cual se produjo sus efectos ilícitos y/o consumación. Esto último, para las infracciones instantáneas, rige desde su simple comisión, momento que iniciará el plazo que posee la SUNAFIL para desplegar sus acciones punitivas y de investigación en materia sociolaboral.

Conforme se aprecia, las condiciones que deberán cumplir las autoridades administrativas del Sistema de Inspección del Trabajo en ejercicio de la potestad sancionadora, con relación a la eventual prescripción del procedimiento, son las siguientes:

Esta interpretación es conforme con la estructura propia del PAS11, en el cual el legislador exige la notificación de la resolución de sanción para la conclusión del procedimiento, en cuyo trámite, necesariamente, se articula la facultad sancionadora del Estado y sus límites, entre los cuales destaca el plazo de prescripción.

Así, respecto a la figura jurídica de la prescripción, el Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente12:

Cabe precisar que, el Tribunal Constitucional en el expediente N° 00156-2012-PHC/TC reconoce que en virtud del principio de razonabilidad las partes tienen derecho a ser investigados y juzgados dentro de un plazo razonable, lo cual resulta trasladable al ámbito administrativo.

De esta manera, se colige que el acceso a la declaratoria de prescripción no sólo es un remedio de conclusión procesal por la inactividad del Estado dentro de los procedimientos sancionadores a su cargo, sino un derecho constitucional frente a la capacidad punitiva en sí.

Nótese que la suspensión del cómputo del plazo de prescripción que refiere el TUO de la LPAG se configura, únicamente, cuando confluyen factores externos de pausa en el desarrollo del PAS13.

Considerando su fecha de publicación en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia N° 029-2020, entró en vigencia, el 21 de marzo de 2020, y su aplicación se hizo efectiva a partir del 23 de marzo de 202014, fecha a partir de la cual, se iniciaría el cómputo de plazo suspendido.

En armonía a ello, la SUNAFIL emitió la Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL, de fecha 23 de marzo de 2020, estableciendo, entre otras disposiciones, la siguiente:

Posteriormente, mediante Resolución de Superintendencia N° 80-2020-SUNAFIL, de fecha 11 de mayo de 2020, Resolución de Superintendencia N° 83-2020-SUNAFIL, de fecha 28 de mayo de 2020, y, Resolución de Superintendencia N° 87-2020-SUNAFIL, de fecha 15 de junio de 2020, se dispuso consecutivamente, la prórroga de la suspensión de plazos establecida en el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL, del 23 de marzo de 2020, esto es, hasta el 26 de junio de 2020, fecha en la que concluiría el cómputo de plazo suspendido.

En tal sentido, en atención a lo previsto en el Decreto Urgencia N° 029-2020, se verifica que, el citado dispositivo legal se restringe de manera general, a hacer referencia a los plazos de inicio y la tramitación de los procedimientos (énfasis añadido).

En el presente caso, se verifica que los hechos materia de imputación que motivan al inicio del presente procedimiento sancionador se originaron a la fecha en que se consumó la infracción o la fecha en que se creó la situación antijurídica, esto es, la fecha en que se celebraron los

Sobre ello, debe tomarse en cuenta los criterios vinculantes establecidos como precedentes de observancia obligatoria en la Resolución de Sala Plena N° 015-2023- SUNAFIL/TFL publicado en fecha 28 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial El Peruano, sobre la determinación de la causa objetiva en los contratos a plazo determinado.

Por lo tanto, los hechos que justifican la contratación temporal deben ser consignados y explicados suficiente y adecuadamente en el contrato de trabajo primigenio. Lo contrario implica la configuración de un supuesto de desnaturalización del contrato de trabajo a plazo determinado. Bajo esa lógica, las prórrogas y/o renovaciones de los contratos de trabajo, mediante la suscripción de adendas, solo pueden remitirse o replicar la misma causa objetiva que justifique la contratación modal, descrita en los contratos de trabajo primigenios, sin pretender precisar o aclarar que el contrato es, en realidad, temporal. Por ello, la celebración de una adenda, prórroga, renovación o similar documento contractual no puede ser entendida como un mecanismo de subsanación ante la ausencia de la declaración de la causa objetiva o de falta de explicación adecuada o suficiente que haya debido establecerse en el primer contrato sujeto a modalidad.

Debe tenerse en cuenta que, considerando el tenor de las normas antes citadas, en el régimen laboral peruano resulta factible la celebración amplia de contratos modales de diferente naturaleza, siendo necesario que en cada supuesto se encuentre plenamente determinada la causa objetiva, que justifique su celebración. Sin embargo, si el inicio de la relación laboral se realizó al amparo de un contrato modal en el que no se haya especificado —o no se ha explicado suficiente ni adecuadamente la causa objetiva que justifique dicha contratación— aquella tendrá naturaleza indeterminada, por lo que, los contratos modales celebrados con posterioridad y de manera continua (renovaciones, prórrogas, adendas o similares), que sí especifiquen una causa objetiva, no podrán cambiar la naturaleza indeterminada de la relación laboral ya existente.

En la misma línea de lo señalado, la consignación de la causa objetiva de contratación temporal y su explicación adecuada y suficiente en el contrato que se celebra por escrito en estos casos, no pueden ser considerados como meras formalidades de los contratos sujetos a modalidad, pues su inobservancia acarrearía la invalidez de la cláusula referente a la temporalidad de la contratación, lo cual implica ser considerados como contratos a plazo indeterminado. Así, la remisión a la causa objetiva, por la excepcionalidad de esta contratación, no significa que baste con una indicación genérica de la causa, sino que deberá detallarse y explicarse adecuada y suficientemente, por qué la causa señalada motiva una contratación sujeta a modalidad determinada. (…) 6.34. Respecto al extremo referente a la valoración de los medios probatorios (en específico: la licencia de funcionamiento y el contrato de arrendamiento) así como la alegada aplicación del principio de primacía de la realidad, se ha observado que, a la fecha de inicio del vínculo laboral de los mismos, no se encontraba determinada la causa

Respecto al extremo alegado por la impugnante, referente a la vulneración de los principios de debido procedimiento, legalidad, tipicidad, causalidad, razonabilidad y proporcionalidad, por haberse exigido consignar todas las causas de forma detallada desde el contrato inicial, sin que la normativa lo exija u obligue a proceder de esta forma, esta Sala considera que, como se ha precisado previamente en los fundamentos 6.28, 6.29, 6.30 y 6.34, la indicación y explicación suficiente y adecuada de la causa objetiva de contratación modal debe estar presente en el contrato primigenio celebrado (supuesto omitido por la impugnante), por lo tanto, al no ampararse dicho extremo del recurso, no se advierte la vulneración de los referidos principios vinculados con dicho alegato, no correspondiendo amparar dichos extremos del recurso de revisión (énfasis añadido).

Según este precedente, cuando se determina la desnaturalización de contratos por falta de causa objetiva de contratación en los contratos sujetos a modalidad, la situación antijurídica se presenta al inicio del vínculo laboral, es decir, al momento de la contratación del personal, de lo que se entiende que se trata de una infracción instantánea con efectos permanentes, ya que se consuma en el mismo acto, pero produce un estado de cosas antijurídico permanente.

Esto coincide con la calificación establecida en el documento denominado “Lineamiento para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las infracciones previstas en el Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR” el cual fue puesto en conocimiento por la Dirección de Inteligencia Inspectiva mediante Memorándum Circular N° 0866- 2022-SUNAFIL/DINI de fecha 08 de setiembre de 2022, donde en el cuadro de infracciones inserto como anexo del referido lineamiento, establece que el supuesto de infracción previsto en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, cuando se ha establecido la desnaturalización de los contratos a plazo determinado se debe calificar como una infracción “Instantánea con efectos permanentes” y por lo cual, el plazo de prescripción inicia desde la fecha de celebración de estos contratos desnaturalizados.

De la revisión de actuados, se aprecia que si bien las instancias previas han analizado la aplicación del plazo prescriptorio a partir del inicio de la relación contractual de los trabajadores afectados, momento desde el cual se produce la desnaturalización de la contratación modal calificada en el tipo infractor previsto en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, respecto de la contratación de ocho (8) de los trabajadores afectados, el cálculo de prescripción, considerando la suspensión de plazos descritos en los considerandos precedentes y la fecha de notificación de la resolución emitida por la autoridad de sanción, ha cumplido el plazo establecido en el artículo 233 del TUO de la LPAG, prescribiendo la acción administrativa conforme a lo siguiente:

Por tanto, de la revisión efectuada se advierte que, a la fecha de la notificación de la resolución de primera instancia, ha prescrito la facultad de la autoridad para determinar infracciones administrativas, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, respecto de estos ocho (8) trabajadores conforme al detalle del inicio de sendos contratos de trabajo. Sin embargo, cabe señalar que no se encontraba prescrita la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, tipificadas en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT respecto los restantes 03 trabajadores, a saber, Damaris Taricuarima, Ruben Breña y Maite Rojas.

Por tanto, corresponde declarar la prescripción de la infracción señalada respecto de los trabajadores reseñados, debiendo continuarse con el procedimiento respecto del extremo no prescrito de la infracción tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT y sobre la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Es pertinente recordar que el funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se rigen, entre otros principios ordenadores, por el de legalidad, con sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes.

En esa línea, la Inspección del Trabajo, es el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y exigir las responsabilidades administrativas que procedan. En atención a ello, surge la necesidad de supervisar el cumplimiento de la legislación laboral, considerando que las normas establecidas para tal fin son de carácter obligatorio.

El artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR - Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en adelante, LPCL), dispone que:

En tal sentido, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 728, reconoce como regla general la contratación a tiempo indeterminado, la cual no está sujeta al cumplimiento de formalidad alguna. Por el contrario, la contratación laboral de duración determinada denominada “sujeto a modalidad” tiene carácter excepcional, nunca se presume y procede únicamente cuando el objeto del contrato sea el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar, y como resultado de este carácter excepcional, la ley establece formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales para este tipo de contratos, e incluso establece sanciones cuando a través de estos se comete simulación o fraude para evadir la contratación por tiempo indeterminado (énfasis añadido).

De conformidad con el artículo 53 del TUO de la LPCL, los contratos de trabajo sujeto a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar; excepto los contratos a plazo intermitente o de temporada que por su naturaleza pueden ser permanentes.

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del TUO de la LPCL:

Aunado a ello, el artículo 72 del citado cuerpo normativo establece los requisitos formales para la validez de los contratos modales, conforme se puede apreciar:

De igual manera el artículo 73, respecto a los requisitos formales, señala que:

Asimismo, el literal d) del artículo 77, establece que:

Siendo así, en virtud a lo dispuesto por la Ley General de Inspección del Trabajo-Ley Nº 28806 (LGIT), la Inspección del Trabajo tiene como función esencial garantizar el cumplimiento efectivo de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, estando facultada para intervenir tanto de forma preventiva como correctiva ante eventuales infracciones. Así, el artículo 3 establece que corresponde al sistema inspectivo vigilar el respeto al ordenamiento jurídico laboral y promover su cumplimiento a través de acciones directas. En esa misma línea, el artículo 5 reconoce a los inspectores de trabajo la potestad de requerir al sujeto inspeccionado la adopción de medidas concretas, dentro de un plazo determinado, para corregir situaciones contrarias a la normativa vigente, siendo esta una herramienta fundamental para revertir los efectos de una conducta infractora o impedir su continuación.

El Reglamento de la LGIT tipifica como infracción muy grave el incumplimiento de las normas que regulan la contratación a plazo determinado, independientemente del nombre que adopten dichos contratos, así como su utilización con fines fraudulentos. En el presente caso, esta infracción se configura cuando se verifica que el contrato temporal carece de una justificación objetiva, circunstancia que evidencian su desnaturalización.

Siguiendo el criterio interpretativo adoptado por este Tribunal, de conformidad con el ya citado precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 015-2023 SUNAFIL/TFL, la determinación de la causa objetiva en los contratos de trabajo modales exige no solo su consignación y explicación suficiente y adecuada, sino también, la acreditación probatoria correspondiente de dicha causa objetiva.

Ahora bien, sobre el contrato de trabajo a plazo fijo por inicio o incremento de actividad, el artículo 57 de la LPCL, señala que:

Respecto de la interpretación del incremento de actividades como causa objetiva de la contratación a plazo fijo, un sector importante de la doctrina, en particular, el profesor Wilfredo Sanguineti15, ha expresado lo siguiente:

En ese sentido, es que la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, a través de la Casación Laboral N° 26955-2022 Lima Este, de fecha 30 de mayo de 2023, ha señalado lo siguiente:

De manera similar, en un fallo más reciente emitido por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, en la Casación N° 29381-2022 Lima, de fecha 31 de octubre de 2024, sobre esta modalidad contractual se ha contemplado lo siguiente:

Se puede establecer, entonces, que el supuesto de incremento de actividad contemplado en el artículo 57 del TUO de la LPCL, permite la contratación temporal de trabajadores siempre que el aumento de las operaciones, a pesar de corresponder al desarrollo de las mismas actividades u operaciones del empleador, se sustente en factores no habituales cuyo resultado o éxito no sea seguro, y no que se circunscriba al aumento ordinario de actividades. De este modo, la suscripción de contratos con nuevos clientes para la ejecución de operaciones comunes en la empresa, no será un supuesto de incremento de actividades que justifique la contratación temporal de trabajadores pues su resultado o éxito no contiene ningún factor de incertidumbre.

Así las cosas, esta sala coincide con los criterios antes citados, en que la contratación por incremento de actividad prevista en el artículo 57 de la LPCL, debe cumplir mínimamente con: i) la ampliación de actividades a las que se dedica la empresa, excluyendo meros cambios en las operaciones; ii) la existencia de riesgo e incertidumbre en el éxito de sus resultados, excluyéndose el simple aumento ordinario de actividades; iii) que la ampliación de las operaciones no pueda ser atendida por el personal habitual del empleador, sea por aspectos cuantitativos (el número de trabajadores) o cualitativos (el perfil o preparación del personal). El examen del cumplimiento de estos elementos será necesario para el análisis del presente caso en los fundamentos subsecuentes.

Frente al marco normativo expuesto anteriormente, de la revisión de los actuados, se advierte que la infracción del numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, respecto de los trabajadores Damaris Taricuarima, Maite Rojas y Rubén Breña –con relación a los cuales la acción administrativa no se encuentra prescrita según lo expuesto en fundamentos precedentes–, se sustenta en la desnaturalización de la contratación modal por incremento de actividad que el inspector analizó bajo el rótulo de “primer modelo de causa objetiva”, el mismo que estaría justificado en “la implementación de la tecnología de telefonía móvil 4G”. Así, el comisionado precisó al respecto que el contrato “no señala de forma clara y precisa qué actividad de la empresa emplazada ha sido incrementada para que se justifique su contratación temporal”, y que “no se proporciona información para determinar el área específica o sectores y menos aún que localidades nacionales del sujeto inspeccionado son las que sufrirían este incremento”, no siendo útil el Plan Operativo de folios 762 del expediente inspectivo, en tanto que se constriñe solo a la sucursal de Lima.

Sobre este punto, en el recurso de revisión la impugnante ha señalado que la tecnología 4G generó puestos de trabajo en el ámbito comercial por las ventas y campañas publicitarias, así como en finanzas, y que tal incremento no se limitó a ciertas zonas o sucursales sino que impactó nivel nacional, no siendo necesario consignar dentro del contrato la fecha de término de la causa objetiva para la validez de la misma, y que el criterio de interpretación precisado por la Intendencia respecto de la Casación 26625-2017-Huánuco en ese sentido, es incorrecto.

Al respecto, de la revisión del expediente inspectivo se observa que la contratación modal de los trabajadores afectados obedeció al siguiente texto:

Sobre el particular, de la descripción de hechos que sustentan la causa objetiva de contratación no se corrobora una referencia exacta o concreta respecto de la incertidumbre o el riesgo que plantearía la operación tecnológica a implementarse, pues si bien no se puede desconocer que el desarrollo de una nueva generación de conexión digital en los servicios de telefonía móvil e internet es un impacta en la calidad de los servicios que ofrece la administrada, de la redacción consignada se observa que aquel más bien describe un proceso de expansión comercial y posicionamiento competitivo propio del giro ordinario del negocio, mas no una situación excepcional o incierta que justifique válidamente la necesidad transitoria de personal.

En esa línea, la causa objetiva consignada no permite identificar cuál sería el elemento de riesgo empresarial, contingencia económica o incertidumbre de mercado que impediría a la empresa incorporar dichas labores dentro de su estructura permanente. Por el contrario, el propio contrato reconoce expresamente que la implementación tecnológica permitió a la empleadora “ofrecer más y mejores paquetes de servicios” y captar nuevos clientes, lo que evidencia un escenario de consolidación y expansión progresiva de una actividad que forma parte de su objeto social ordinario y permanente: la prestación de servicios de telecomunicaciones. Figura N° 02: Contratación por incremento de actividad (modelo 1)

No toda actualización o desarrollo tecnológico tanto en el proceso operativo como en algún componente del servicio o del producto que comercializa el empleador calza directamente en el supuesto de incremento de actividad, pues como señalada la doctrina y jurisprudencia anteriormente citadas, se requiere que exista un elemento esencial de riesgo económico, es decir, de imprevisibilidad del resultado de la actividad por la que se apuesta que, por ello mismo, demanda la contratación de trabajo bajo términos exclusivamente temporales mientras se verifica si dicho incremento logra sostenerse y consolidarse de manera permanente en las operaciones de la empresa o si, por el contrario, corresponde a una situación contingente o transitoria que no llegará a incorporarse de forma estable al desarrollo ordinario de sus actividades.

La causa objetiva contemplada en la contratación modal entonces responde a una descripción genérica y amplia del resultado de la implementación tecnológica 4G, que como se ha dicho más bien revela un desarrollo y crecimiento ordinario de las actividades a partir de una mejora tecnológica y la expansión natural del negocio de telecomunicaciones, lo cual constituye una necesidad permanente y no transitario. No se aprecia la existencia de indicadores concretos que advierta la existencia de un escenario incierto o excepcional, tales como proyecciones temporales, riesgos de implementación, carácter experimental del servicio, duración estimada del incremento, comportamiento volátil de la demanda o imposibilidad de incorporar de forma inmediata dichas funciones a la estructura permanente de la empresa.

En consecuencia, dado que la contratación temporal o a plazo fijo, en tanto que es una excepción permitida legislativamente, requiere que la consignación de la causa objetiva sea contrastable y subsumible en los supuestos de contratación establecidos en la ley, conforme lo prescribe el artículo 72 de la LPCL. Por tanto, al haberse corroborado de la propia descripción de las cláusulas primera y segunda del contrato de trabajo, que la inspeccionada utilizó una situación de carácter permanente, propia del crecimiento y desarrollo ordinario de su objeto social, como causa de contratación, no siendo subsumible como incremento de actividad en el artículo 57 del TUO de la LPCL de acuerdo a lo ya expresado, esta Tribunal en el mismo sentido concluido por las instancias previas, corrobora que ha operado la desnaturalización de la modalidad determinándose la prevalencia del vínculo de trabajo a plazo indeterminado, de acuerdo con el literal d) del artículo 77 de la LPCL. Por esta razón que, debe confirmarse la infracción muy grave prevista en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, por la utilización fraudulenta o indebida de los contratos sujetos a modalidad sin causa objetiva válida, desestimándose los argumentos expresados en el recurso de revisión en este extremo.

Ahora bien, teniendo presente que la infracción señalada ha prescrito respecto de la contratación temporal de ocho (8) de los once (11) trabajadores en base a los cuales se calculó la sanción impuesta a la impugnante, y que únicamente se confirma el extremo referente a tres (3) trabajadores, respecto de quienes se habría producido el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado por su desnaturalización, de acuerdo al tipo del numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, corresponde adecuar la sanción impuesta al número de trabajadores efectivamente afectados, conforme al artículo 48 del RLGIT, teniendo en cuenta para el cálculo el cuadro de sanciones vigente a la fecha de calificación de las conductas infractoras con la emisión del Acta de Infracción, esto es según el Decreto Supremo N° 015-2017-TR, el mismo que para el rango de 0 a 10 trabajadores contemplaba el equivalente al 2.25 de la UIT vigente (S/ 4, 200.00 para el año 2019). Obsérvese entonces que el monto de la sanción asciende a S/. 9,450.00 (Nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 Soles), de acuerdo con el cuadro que continua. (énfasis añadido)

En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido). 6.64. En cuanto el plazo de la medida de requerimiento, el contexto del caso y el lapso transcurrido para la adopción de acciones requeridas, este Tribunal ha definido ciertos parámetros a considerar, mediante Resolución de Sala Plena N° 014-2022-SUNAFIL/TFL, de fecha 05 de diciembre de 2022, el cual tiene la condición de precedente de observancia obligatoria, sobre la base de los siguientes términos:

En base al contexto normativo anteriormente establecido, se observa de la revisión de los actuados, que el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 02 de abril de 2019, notificada de forma personal a la administrada (Figura N°3), en la cual se requirió a esta última que, dentro del plazo de cuatro (04) días hábiles, cumpliera con las acciones detalladas en la Figura N°04, conforme lo siguiente:

No obstante, vencido el plazo otorgado, la inspeccionada no acreditó la adopción de las medidas exigidas, alegando la validez de las contrataciones temporales, configurando la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. En ese contexto, corresponde evaluar si la medida inspectiva de requerimiento fue emitida en observancia de los principios de legalidad, razonabilidad y debido procedimiento, así como de los criterios vinculantes establecidos por este Tribunal respecto de su ámbito objetivo y subjetivo; o si, por el contrario, adolece de vicios que comprometen su validez. 6.70. En el presente caso, en principio, conforme a lo dispuesto en Resolución de Sala Plena N° 009- 2023-SUNAFIL/TFL, se verifica que la medida inspectiva de requerimiento satisface el ámbito subjetivo en su emisión, al individualizar a los trabajadores afectados. Asimismo, se corrobora también que la medida ha cumplido con el ámbito objetivo en su emisión, en tanto que ha identificado la afectación resultante de comportamientos imputables al empleador y, además, ha cumplido con fijar las acciones concretas y específicas que debieron ser ejecutadas para revocar el reproche administrativo. Por lo que, no se observa la comisión de vicio alguno en la configuración de estos elementos dentro de la medida inspectiva de requerimiento. Por otro lado, se verifica también que la medida inspectiva de requerimiento cumple con el criterio de legalidad, en tanto que las infracciones detectadas se encontraron debidamente sustentadas en el incumplimiento de obligaciones sociolaborales atribuibles a la inspeccionada, cuya subsunción en los tipos infractores del RLGIT fue precisada por el inspector comisionado, cumpliendo con el principio de legalidad y tipicidad. 6.71. En esa misma línea, se verifica también que la medida inspectiva de requerimiento cumple con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que le son propios, en tanto que el cumplimiento de la subsanación de las conductas infractora detectadas, fueron acciones perfectamente acatables dentro del parámetro de tiempo otorgado por el inspector comisionado, teniendo en cuenta la naturaleza estrictamente documentaria de las mismas, que además estaba referida a un número conciso de trece (13) trabajadores, de manera que su cumplimiento no ostentaba mayor complejidad que la realización y disposición de gestiones administrativas contables, acatables en el plazo de cuatro (4) días concedido, mucho más considerando que la inspeccionada como entidad privada posee flexibilidad de gestión administrativa maleables al cumplimiento de lo requerido.

Cabe acotar que el Informe 04-2019-RR.HH/HQ, presentado por la impugnante en respuesta a la medida inspectiva de requerimiento, no determina el cumplimiento de las acciones correctivas, en tanto que insistió en la validez de la contratación temporal de los trabajadores afectados, esgrimiendo argumentos al respecto, y no demostrando la subsanación de lo observado por el inspector comisionado. Del mismo modo, la calificación que se solicita de estos hechos en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, corresponde ser desestimada, al ser dicho tipo infractor propio de acciones de obstrucción o retraso en la investigación inspectiva, y no relativo al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento como se ha apreciado en

Por los motivos expresados, en suma, se satisface la naturaleza de la medida de requerimiento, al tener por objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado; de modo que, su emisión ha respetado y observado tanto el principio de legalidad como también su proporcionalidad y razonabilidad, al amparo del artículo 14 de la LGIT; observando, además, lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT; en consecuencia, no se advierte ninguna afectación en su emisión.

Así, corresponde confirmar la imposición de la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, al haberse contrastado que a pesar de que la medida inspectiva de requerimiento fue emitida válidamente otorgando un plazo razonable para su cumplimiento, no fue acatada por la impugnante dentro del plazo concedido por el inspector comisionado.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.