Vias Ingeniería y Construcción S.R.L — Res. 517-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Equipos de protección personal (sub materia: incluye todas), Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (sub materia: condiciones seguridad), y, Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (sub materia: registro de exámenes médicos ocupacionales y comité (o supervisor) de seguridad y salud en el trabajo). 20555195444 soft Jessica Alexandra FAU 20555195444 soft 21:20:45-0500 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la entrega de los equipos de protección personal, siendo afectados 5 trabajadores; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no cumplir con realizar los exámenes médico ocupacionales de sus 98 trabajadores afectados, tipificada en el numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 50,864.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por inasistencia a la comparecencia programada para el 27 de agosto de 2021 a horas 03:00 p.m., tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 50,864.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, notificada en fecha 28 de septiembre de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendiente a S/ 50,864.00.

i. No existe motivación ni fundamentos por parte del inspector que demuestre su exclusión del régimen de microempresa. Por tanto, la imposición de la multa por no realizar exámenes médicos y no acreditar la entrega de equipos de protección personal debieron de calificarse bajo el régimen de REMYPE, el cual se halla vigente. ii. Respecto a las infracciones por inasistencia a la comparecencia y requerimiento de medida inspectiva, señala que no se ha tomado en cuenta el defecto de la notificación, en tanto no ha sido alertado y no ha brindado su consentimiento expreso para la creación de la casilla electrónica, mencionando la Resolución N° 129-2021-SUNAFIL- TFL-Primera Sala. Incluso, señala vulneración del principio del non bis in idem.

iii. Solicita la nulidad del acta de infracción ya que el inspector se excedió en sus competencias al haberlo excluido del REMYPE y sancionado con el régimen general. Asimismo, solicita el descuento del 90 % por haber subsanado las infracciones. iv. Finalmente, señala que la Sub Dirección de resolución ha resuelto fuera de plazo, recortando el derecho a la defensa ya que no emitió pronunciamiento ni aceptó la solicitud de informe oral.

i. Resulta razonable que el inspector comisionado, para cumplir con la propuesta de multa en conformidad con lo establecido en la normativa vigente, deba identificar al tipo de empresa al que pertenece la inspeccionada, lo cual no significa que con ello, se esté extralimitando en las facultades conferidas, más aun cuando dicha facultad se encuentra respaldada por la Resolución de Superintendencia N° 174-2019-SUNAFIL, el que resuelve aprobar los criterios normativos adoptados por el Comité de criterios en materia legal aplicable al Sistema de Inspección de Trabajo de la SUNAFIL. ii. Dentro de ese contexto normativo, del numeral 4.4 del acta de infracción, el inspector comisionado ha dejado constancia que desde el 01 de enero de 2018, la inspeccionada ha superado el nivel de ventas establecido legalmente para ser considerada como microempresa, por lo tanto, la propuesta de la multa efectuada por el inspector comisionado fue de acuerdo a la nueva condición de la inspeccionada (régimen general). En ese sentido, advierte que la autoridad instructora y sancionadora han fundamentado y motivado adecuadamente las razones por los cuales se ha determinado la multa impuesta. iii. Como es de conocimiento público, mediante el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, emitido el 14 de enero de 2020, se aprobó el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos, y actuaciones de la SUNAFIL, teniendo por objeto regular el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica con miras a efectuar las notificaciones por medio del Sistema informático de notificación electrónica. iv. Asimismo, del folio 49 del expediente inspectivo, se tiene que con fecha 24 de agosto de 2021, el inspector comisionado emitió la alerta sobre el requerimiento de comparecencia a los correos de la inspeccionada: gerencia@vicon.pe, s.salazar@vicon.pe. v. En consecuencia, al haberse demostrado la existencia de alertas emitidas por el sistema informático de la SUNAFIL y el inspector comisionado, se desestima lo alegado por la inspeccionada en este extremo. vi. Respecto al argumento del consentimiento expreso del administrado regulado en el numeral 20.4 del TUO de la Ley N° 27444, la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización

2 Notificada a la impugnante el 16 de mayo de 2022, véase folio 144 del expediente sancionador.

Laboral a través de la Resolución N° 129-2021-SUNAFIL/TFL, efectuó un análisis el cual hace suyo la Intendencia, señalando que el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG no determina de ninguna manera que se requiera de un consentimiento expreso del administrado. vii. No existe contravención alguna al principio de Non bis in idem, pues no hay de por medio la imposición de una doble sanción, entendiéndose que en el presente procedimiento sancionador se está emitiendo pronunciamiento por infracciones que tiene como causa hechos distintos. Asimismo, es de tenerse en cuenta que no hay dos procedimientos sancionadores, sino uno. viii. Respecto a la solicitud del descuento del 90% por haber subsanado las infracciones, ello no es amparable, ya que la inspeccionada no ha acreditado el cumplimiento de las infracciones atribuidas. ix. El literal b) del numeral 7.1.3.6 de la Resolución de Superintendencia N° 190-2021- SUNAFIL aprueba la versión 2 de la Directiva que regula el procedimiento sancionador del sistema de inspección de trabajo. De la normativa citada, no se ha contemplado la nulidad de la resolución impugnada por haber superado el plazo de quince (15) días hábiles para la emisión de la resolución de primera instancia. Por tanto, no existió afectación al debido procedimiento ni al derecho de defensa.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

corresponde analizar los argumentos planteados por VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 33-2022-SUNAFIL/IRE-AYAC, en base a los siguientes argumentos:

i. Infracción normativa procesal de los incisos 3 y 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, puesto que no existe una debida motivación razonada y congruente al momento de resolver, lo que significó haber confirmado la resolución de Sub Intendencia ya que no emitió fundamento en cada uno de los puntos impugnados. ii. Respecto a las notificaciones de las actuaciones inspectivas, señala que ésta no fue debida ya que no se emitieron las alertas, lo que es contradictorio con lo resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral. iii. Señala que las instancias previas han realizado una interpretación e inaplicación errónea por haberla excluida del REMYPE. Refiere que el inspector de trabajo no tiene competencia para excluir del régimen de la microempresa a una empresa que se encuentra debidamente inscrita en ella. Ello, como consecuencia, conllevó que el inspector calcule el monto de la multa erróneamente, puesto que no tomó en cuenta la Ley N° 30056. iv. Ratifica que se encuentra en el régimen de la microempresa, puesto que el Informe de actuaciones inspectivas de una inspección del año 2022 con la Orden de Inspección N° 13-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA, así ha determinado su registro especial. v. Por otro lado, refiere de una inaplicación errónea del procedimiento de inspección ya que no se le comunicó de la ampliación de algunas faltas a efectos que adopte las medidas que correspondan ante la SUNAT. vi. Por último, señala de un apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral sobre notificación por sistema informativo de notificación electrónica.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la vulneración al debido procedimiento y motivación

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino,

fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia

comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 11 de la LGIT.

“En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, si efectivamente las alertas habían sido emitidas por el SINEL-SUNAFIL según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR10. Ante los diversos expedientes en los que se repetían estos hechos, la Sala decidió volver a evaluar los alcances del segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en relación al artículo 11 de la misma norma.

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del artículo 6 de la misma norma, antes citada). 6.23. La lectura de estas dos disposiciones presenta, aparentemente, una antinomia. Sin embargo, las antinomias sólo existen cuando se trata del conflicto entre dos normas y no de disposiciones de un mismo cuerpo normativo11. Por tanto, corresponde a quien tiene el deber de interpretar esas disposiciones, hacerlo de modo tal que evite la contraposición y logre su armonización. En el caso del procedimiento administrativo sancionador la integración se debe realizar en base a los principios que lo rigen y, en particular, al derecho fundamental al debido proceso.

10 “Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería” (énfasis añadido). 11 Cfr. GUASTINI, R. (1999). "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, (29), 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435.

trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener”12. En el caso de la notificación por medio de la casilla electrónica, SUNAFIL ha establecido, que su Sistema Informático enviará una alerta al administrado por medio del correo electrónico o servicio de mensajería. En consecuencia, se trata de un requisito concurrente con el establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR (énfasis añadido).

12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.15. 13 Citada por el fundamento jurídico 9 de la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC. 14 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 15 Ibíd. fundamento jurídico 4. 16 Loc. Cit.

de terceros o el interés público”17. Consecuentemente, a criterio de la posición mayoritaria, es deber de esta Sala no afectar los derechos e intereses legítimos de los administrados en los casos en los que no hayan recibido la mencionada alerta y, por tanto, no han cumplido con alguna orden depositada en la casilla electrónica, al no haber tomado noticia de su existencia.

17 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesta de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 18 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19. 19 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (énfasis añadido).

Respecto a la inscripción de la inspeccionada en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña empresa 6.36. En el presente caso de la revisión del numeral 4.4 del acta de infracción se aprecia que el inspector comisionado detalla los ingresos de la impugnante desde el año 2015 al 2020, tal como se visualiza. Asimismo, indica que desde el 01 de enero de 2018, el sujeto inspeccionado ha perdido automáticamente su registro de microempresa.

“Cuando la micro o pequeña empresa supere el nivel de ventas establecido legalmente para ser considerada como tal, el personal inspectivo propone la aplicación de la sanción considerando la tabla de multas que corresponda a su nueva condición, conforme a los plazos indicados en el art. 51° del DS N° 013-2013- PRODUCE, que aprueba el T.U.O. de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.”

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Trabajado res afectados Multa propuesta Seguridad y salud en el trabajo No cumplir con realizar los exámenes médico ocupacionales de sus trabajadores afectados. Numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE

S/.21,780.00 (4.95 UIT) Seguridad y salud en el trabajo No acreditar la entrega de los equipos de protección personal, siendo afectados 5 trabajadores. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

S/.1,980.00 (0.45 UIT) Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, notificada en fecha 28 de septiembre de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

S/.21,780.00 (4.95 UIT) Monto total: S/.45,540.00

*Valor de la UIT: S/ 4,400 soles.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con realizar los exámenes médico ocupacionales de sus 98 trabajadores afectados. Numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la entrega de los equipos de protección personal, siendo afectados 5 trabajadores. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, notificada en fecha de septiembre de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 33-2022- SUNAFIL/IRE-AYAC, de fecha 13 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ayacucho, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 362- 2021-SUNAFIL/IRE-AYAC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 110-2022-SUNAFIL/IRE-AYA/SIRE, de fecha 31 de marzo de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 33-2022-SUNAFIL/IRE-AYAC, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 33-2022-SUNAFIL/IRE-AYAC, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva y en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 y 28.13 del artículo 28 del RLGIT, respectivamente. CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. y a la Intendencia Regional de Ayacucho, para sus efectos y fines pertinentes. SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

He sintetizado mi posición en varias resoluciones, entre ellas, por ejemplo, dentro del voto en discordia emitido en la Resolución núm. 585-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 6 de julio de 2022) y en el voto dirimente en la Resolución núm. 340-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 4 de abril de 2022), a cuyos fundamentos me remito aquí, para sostener mi voto en este caso en concreto.

Así, sostengo que corresponde que se declare infundado el extremo del recurso que arguye que existe una contradicción insalvable bajo métodos de interpretación jurídica sistemática entre lo dispuesto por los artículos 6 y 11 del Decreto Supremo núm. 3-2020-TR, cabiendo la exigibilidad del uso de la casilla electrónica entre los sujetos inspeccionados, conforme con el principio de

publicidad de las normas y la razonabilidad de una forma de comunicación digital entre empleadores y Administración del Trabajo en el presente tiempo.

En adición, sostengo que cuando en una misma fiscalización se emprenden comunicaciones dirigidas al inspeccionado a través de la casilla electrónica sin obtener respuesta de dicho sujeto obligado, corresponde deducir la responsabilidad administrativa sin generar cargos irrazonables. Este resultado indeseado podría resultar del hecho de que el inspector actuante deposite sucesivas notificaciones por el mismo hecho sin que se registre una respuesta del empleador. En tales supuestos, la segunda sanción (y las siguientes, de ocurrir) debería imponerse un límite al actuar discrecional de la Administración, que debiera encontrar medios alternativos para asegurar el conocimiento y respuesta del inspeccionado.

Con relación al uso de la casilla electrónica, debe precisarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril de 2022 (expediente 3394-2021-PA/TC), por la que se declaró fundada la demanda de amparo de una empresa que objetó las notificaciones digitales practicadas por la Autoridad Tributaria, no es un criterio que se aplique a las controversias ventiladas ante este Tribunal. Como se advierte del fundamento jurídico núm. 15 de dicha sentencia, se resolvió sobre la base de una regulación contenida en el artículo 104 del Código Tributario, que dispone que la notificación se dirige al domicilio fiscal del investigado. Se trata, por tanto, de un razonamiento jurisdiccional no aplicable a la controversia resuelta ante esta instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO en este extremo, respecto del uso de la casilla electrónica, debiendo procederse al análisis del resto del recurso.

20230531MLA