Unna Transporte S.A.C — Res. 84-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Contratos de trabajo (Formalidades, primacía de la realidad). Luis Mendoza Legoas DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado afectando a 41 trabajadores; tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28, 012.50 - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la Medida de Requerimiento de fecha 21 de setiembre de 2018; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/28, 012.50. 1.4. Con fecha 03 de diciembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1190-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, argumentando lo siguiente:

i. Que, la resolución apelada adolece de motivación, al replicar los errores en los que incurrieron los pronunciamientos anteriores; siendo que no se ha motivado la conclusión de la autoridad administrativa sobre el contrato de locación de servicios suscrito con Tren Urbano de Lima S.A.; si bien se desarrollan considerandos que establecen que ciertos puestos se encuentran considerado como actividades propias e inherentes de la empresa, este análisis se limita a señalar que no se habría cumplido con la formalidad de detallas las labores específicas de dichos cargos, pero esta información no es causal de desnaturalización de acuerdo a la LPAG. ii. Que, no existe otro cliente que requiera el mismo servicio, debido a que, la Línea 1 del Metro de Lima es el único sistema de ferrovías en el Perú dedicado al transporte de pasajeros dentro de la ciudad. En ese sentido, si el contrato de locación de servicios deja de tener efecto, las relaciones de trabajo de todos los trabajadores contratados en virtud del mismo, deberán extinguirse en la medida que estos fueron contratados para realizar labores en las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima y no existe otro lugar en que puedan realizar sus labores. iii. Que, contraviniendo el principio de legalidad, los inspectores se han excedido de las atribuciones que se le confirieron a partir de la Orden de Inspección, ya que han considerado a ocho trabajadores que no realizan labores en el centro de trabajo inspeccionado. iv. Que, la multa impuesta por incumplimiento del requerimiento vulnera la presunción de inocencia, pues quien resuelve la imputación sería el inspector y ello no es admitido por la normativa que regula la inspección laboral. La verificación de la existencia de

una infracción debe entenderse como los hechos verificados que sustentan la imputación de cargos, donde ser recoge una propuesta de sanción a fin de que la Sub Intendencia posteriormente resuelva si se ha cometido una infracción o no; por lo cual, recién cuando exista una resolución definitiva, podrá ser considerado infractor, no estando obligado por tanto a auto inculparse y cumplir con acatar un requerimiento que atenta contra la presunción de inocencia. v. Que, los contratos por servicio específico cuestionado por la autoridad administrativa de trabajo no se han desnaturalizado, debido a que fueron celebrados por la necesidad temporal que el contrato de concesión con el Estado requería atender. Una vez finalizado el contrato, no volvería a realizar dichas actividades, debido a que en este país no existe otro lugar en que pueda emplear a los trabajadores contratados. vi. Que, la función que realizan los trabajadores solo podrá ser desempeñada hasta el 31 de diciembre de 2022, siendo que las funcione que desarrollan los trabajadores afectados no son inherentes a las actividades de la empresa, sino más bien responden a las particularidades del servicio temporal. vii. Que, la Corte Suprema de Justicia de la República a través de las Casaciones Laborales N° 2824-2012- Arequipa y N° 10059-2013 – Junín, reconoce la posibilidad de contratar a un trabajador incluso para realizar labores de un puesto permanente; por lo cual se validan los contratos temporales por servicio específico suscritos para puestos permanentes, pero de necesidad temporal. 1.5. Mediante Resolución de Intendencia N° 775-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 11 de mayo de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

i. La actividades que han sido descentralizadas por parte de la empresa TREN URBANO DE LIMA S.A. ( antes G Y M FERROVÍAS S.A.) como: operación del sistema ferroviario, y la conservación y limpieza de la concesión; las cuales son brindadas por la inspeccionada por medio de subcontratación, no es una necesidad temporal en estricto al ser parte de un servicio público que tiene vocación de permanencia; por lo que incluso en el escenario que su actual cliente ya no se encuentre a cargo de la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima, la necesidad aún permanecerá, teniendo por tanto su actividad económica la virtualidad de poder seguir ejecutándose, tanto más si en la escritura pública del 15 de enero de 2018 y la partida registral correspondiente consta el cambio de objeto social y modificación parcial de los estatutos de la inspeccionada, de cuyo contenido se desprende, que su objeto, no tiene duración determinada. Por ende, no

2 Notificada a la impugnante el 06 de marzo de 2023.

existen razones para considerar que los servicios que prestan los trabajadores no tengan esa vocación de permanencia, pese a que el contrato de locación de servicios tenga fecha de vencimiento. ii. Los contratos por servicio específico, tampoco han cumplido con consignar las causas objetivas que requiere este tipo de modalidad, de acuerdo a la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp N° 04598-2008-PA/TC, donde se ha señalado que es elemento justificante de su celebración la naturaleza temporal, ocasional o transitoria del servicio que se va prestar por parte del trabajador y bajo qué condiciones deberá realizarse el servicio, lo cual no ha sido consignado en las cláusulas que abordan las causas objetivas de la contratación y el objeto de los contratos celebrados con los afectados. Por ende, mal hace en desconocer la inspeccionada la ausencia de este requisito de validez del contrato por servicio específico que da lugar a su desnaturalización por omisión formal del mismo. iii. Respecto a que el servicio prestado por parte de la inspeccionada tiene duración limitada en el tiempo, debido a lo que establecieron las partes en el contrato de locación de servicio, ello no implica que la actividad misma desarrollada por la inspeccionada pierda vocación de continuidad. Es decir, la temporalidad de la actividad no puede estar determinada a lo que establezcan las partes de una relación contractual, sino a la naturaleza misma de aquella. iv. Aun cuando la inspeccionada haya celebrado un contrato de locación de servicios con la empresa TREN URBANO DE LIMA S.A. por un tiempo determinado, aquella no se exime de responsabilidad por no utilizar adecuadamente los contratos por servicio específico, con las formalidades que exige la ley. En este escenario, se debió analizar si en función a sus necesidades empresariales correspondía suscribir con los trabajadores afectados contratos por servicio específico, los cuales tiene parámetros definidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que no han sido observados en el presente caso. v. No es tan cierto que la Corte Suprema de Justicia de la República haya establecido una línea jurisprudencial definida en el tiempo respecto a que pueden ser contratados por servicio específico aquellos trabajadores con puestos permanentes, como se puede observar en las Casaciones Laborales N° 15295-2015-Lima Norte y N°18057-2017- Tumbes; siendo estos posteriores a las casaciones labores que ha invocado la inspeccionada; por lo que no se puede concluir que haya una línea jurisprudencial que avale su posición en el caso concreto. vi. Resulta necesario traer a colación que los contratos sujetos a modalidad o plazo fijo constituyen una excepción al principio de continuidad de la relación laboral, pues no debe perderse de vista que la regla en el ordenamiento laboral peruano es la contratación laboral a tiempo indefinido; por lo que resulta conveniente realizar una interpretación restringida de las disposiciones en esta materia. vii. Relativo a los datos de identificación de la inspeccionada, se especificó que los centros de trabajo inspeccionados fueron las Estaciones Jorge Chávez, Ayacucho, Cabitos, Angamos, San Borja Sur y La Cultura. Además, en el Cuadro N°01 del punto 4.8 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se desprende que los 41 trabajadores comprendidos en este procedimiento laboran en las estaciones de San Borja, La Cultura,

Cabitos y Angamos; por lo tanto, la totalidad de trabajadores afectados prestan sus servicios en las estaciones que se ordenaron realizar actuaciones inspectivas. viii. La inspeccionada puede no estar de acuerdo con las órdenes dadas para subsanar la infracción que se le imputa, quedando a su libre decisión no dar cumplimiento al requerimiento efectuado por la autoridad inspectiva, si es q su intención que se dilucide en el trámite del procedimiento sancionador, con las garantías que son inherentes al debido procedimiento. Sin embargo, debe considerar que, en caso se determine en el seno del procedimiento sancionador, que la inspeccionada cometió la infracción que es objeto de la medida de requerimiento, tendrá que soportar las consecuencias legales de no haber cumplido oportunamente con las órdenes dadas por el personal inspectivo para revertir la ilegalidad de su conducta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 20555195444 soft

55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR UNNA TRANSPORTE S.A.C. (antes CONCAR S.A.) 4.1. De la revisión de los actuados, se ha identificado que UNNA TRANSPORTE S.A.C. (antes CONCAR S.A.), presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 775- 2022-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 56,025.00 por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a las relaciones laborales tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, y a la labor inspectiva tipificada numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 14 de mayo de 2022.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

corresponde analizar los argumentos planteados por UNNA TRANSPORTE S.A.C. (antes CONCAR S.A.)

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN Con fecha 03 de junio de 2022, la impugnante presenta recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 775-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan que existe una errónea interpretación de una norma de derecho material, siendo que el marco legal aplicable a la contratación a plazo determinado respecto a la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad de servicio específico. Se ha ignorado por completo que el servicio es temporal, la necesidad es temporal, UNNA no se dedica a prestar permanentemente servicios ferroviarios solo hay un cliente, solo existe una línea de metro en el Perú, contrato con el Estado que culmina el 31 de diciembre de 2022 para brindar servicios ferroviarios. ii. Refieren que todos los trabajadores de UNNA que realizan labores en las estaciones en la Línea 1, y que han sido objeto de fiscalización a través del presente procedimiento, han sido contratados temporalmente bajo la modalidad de servicio específico en virtud del contrato de locación de servicios suscrito entre TULSA y UNNA, en el marco del contrato de concesión suscrito por TULSA y el Estado Peruano. iii. Sostiene que la Resolución de Intendencia de Lima es nula por haber vulnerado el requisito de la debida motivación como requisito de validez del Acto Administrativo, siendo que se resolvió la presente controversia sustentándose en argumentos carentes de sustento factico alguno. La Resolución materia de revisión incurre en graves errores al afirmar que la empresa habría incurrido en un supuesto incumplimiento en materia de relaciones laborales lo cual no es cierto, ya que como han acreditado a lo largo del presente procedimiento, se ha cumplido con todas las formalidades de contratación aplicable en el presente caso. iv. Refieren que la Resolución materia del recurso no ha cumplido con su obligación de analizar los argumentos expuestos en su escrito de apelación, limitándose a analizar parcialmente sus argumentos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la desnaturalización del contrato de trabajo

“Contrato para Obra Determinada o Servicio Específico Artículo 63.- Los contratos para obra determinada o servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria. En este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la contratación”. 6.6. Respecto de este tipo de contrato, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 00804-2008-PA/TC ha interpretado que, también para estas empresas, se aplica el criterio de que, el contrato para servicio específico, sólo se encuentra justificado cuando se trata de servicios transitorios o temporales. Por lo que si se “contrata a un

trabajador mediante esta modalidad contractual para que desempeñe labores de naturaleza permanente y no temporales, se habría simulado la celebración de un contrato de duración determinada en vez de uno de duración indeterminada”9. Y, apoyándose en la “uniforme jurisprudencia del Tribunal en esta materia” concluye que existe fraude cuando, “para eludir el cumplimiento de las normas laborales que obligarían a la contratación por tiempo indeterminado, el empleador aparenta o simula las condiciones que exige la ley para la suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad”10

9 Fundamento jurídico 5. 10Fundamento jurídico 6.

Figura N°01

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantía comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No cumplir con las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado afectando a 41 trabajadores. Numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE

Labor Inspectiva No acreditar el cumplimiento de la Medida de Requerimiento de fecha 21 de setiembre de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por UNNA TRANSPORTE S.A.C. (antes CONCAR S.A.), en contra de la Resolución de Intendencia N° 775-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 11 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 1775-2019/SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 775-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a UNNA TRANSPORTE S.A.C. (antes CONCAR S.A.) y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250129LGN HR: 14542-2018