Unna Transporte S.A.C — Res. 813-2026

Mediante Orden de Inspección N° 0000037550-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 7040-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, la LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 783-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, notificada el 09 de septiembre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 27-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, notificado el 28 de enero de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la 20555195444 soft existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 470-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5, notificada el 25 de abril de 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 13 de mayo de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 470-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5.

Mediante Resolución de Intendencia N° 1371-2022-SUNAFIL/ILM, notificada el 22 de agosto de 2022, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 07 de septiembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1371-2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, los mismos que fueron recibidos el 09 de abril de 2024.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico- procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que UNNA TRANSPORTE S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1371-2022- SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 23 de agosto de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por UNNA TRANSPORTE S.A.C.

De la lectura de los alegatos señalados en los numerales vi), vii) y viii) del acápite V de la presente resolución del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dados el efecto nulificante que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 230 del TUO de la LPAG señala que:

Por otro lado, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto, respecto de la debida motivación de las resoluciones.

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal Constitucional8. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material9.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo. (énfasis añadido).

Además, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 470-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5, como la Resolución de Intendencia N° 1371-2022-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, el principio de tipicidad efectuando la subsunción adecuada en el tipo infractor según cada incumplimiento, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación. Sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos antes referidos sobre el deber de motivación conforme al expediente 349-2021-PA/TC, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada, se verifica que se han absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción.

Al respecto, importa recordar que las disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

De igual manera, el artículo 2 de la misma normativa, establece como contenido obligatorio del registro de control de asistencia, lo siguiente:

Por su parte, el artículo 3 del mismo dispositivo normativo establece lo siguiente:

Del dispositivo normativo expuesto, se aprecia que la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, permite llevar el control de las labores realizadas fuera de la jornada ordinaria de trabajo, a efectos de determinar el trabajo en sobretiempo y su correspondiente compensación o remuneración conforme a ley.

Conforme se reconoce en los numerales 6.10 a 6.12 de la Resolución de Sala Plena N° 007-2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 26 de abril de 2023, establecidos como precedentes vinculantes para las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo:

En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así como asegurar, bajo responsabilidad, que sus trabajadores cumplan con el registro de su asistencia al centro de labores. Lo mismo ocurre en caso se implemente un registro virtual o biométrico u otro, de similar naturaleza. En cualquier escenario, cuando se evidencie la ausencia del registro de asistencia de uno o más trabajadores, el empleador debe actuar con la debida diligencia para garantizar su adecuada implementación.

Asimismo, el empleador debe garantizar que el registro de asistencia no sufra alteraciones de ningún tipo, lo que puede consistir en deterioro parcial o total que imposibilite continuar con el registro, esto es, en caso evidencie que ha sufrió algún daño, este debe ser motivo de verificación oportuna, así como objeto de la adopción de los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo”. (énfasis añadido).

Conforme al Primer Hecho del numeral 4.13 del Acta de Infracción, el inspector constató que el extrabajador O.H.C. (en adelante, el extrabajador afectado) prestó servicios para la inspeccionada desde el 18 de noviembre de 2019 hasta el 15 de junio de 2020, ocupando el cargo de Jefe de Gestión Humana y percibiendo una remuneración mensual de S/ 9,500.00. Este hecho resulta relevante porque permite identificar las condiciones laborales bajo las cuales se desarrolló la prestación de servicios y constituye el punto de partida para determinar si el trabajador se encontraba sujeto al régimen de jornada y, por consiguiente, a la obligación de contar con registro de control de asistencia.

De acuerdo al Tercer Hecho del numeral 4.13 del Acta de Infracción, el inspector verificó el contrato de trabajo suscrito entre las partes, así como las boletas de pago emitidas durante la relación laboral, constatando que el extrabajador fue contratado como Jefe de Gestión Humana y que dicho cargo fue consignado de manera uniforme en la

De la misma lectura del Tercer Hecho del numeral 4.13 del Acta de Infracción, el inspector verificó la estructura organizacional de Gestión Humana presentada por la propia inspeccionada, constatando que dentro de la cadena de mando existía una jerarquía definida, integrada por un Gerente de Gestión Humana, diversos Superintendentes y Jefes de Gestión Humana. Dentro de dicha estructura se verificó que el extrabajador afectado se encontraba ubicado en un nivel subordinado respecto de M.G.P.P., quien ocupaba el cargo de Jefe de Gestión Humana de Servicios de Infraestructura para Terceros y Oficina Principal. Este hecho resulta relevante porque evidencia la existencia de una estructura formal de supervisión y dependencia funcional.

Del mismo modo, la lectura del Tercer Hecho del numeral 4.13 del Acta de Infracción, permite observar que el extrabajador afectado representaba a M.G.P.P. en determinadas unidades de negocio y que se encontraba supeditado a las órdenes de trabajo impartidas por esta última. Asimismo, verificó que M.G.P.P. lideraba un mayor número de proyectos y trabajadores, lo que justificaba su posición jerárquicamente superior dentro de la organización. Este hecho resulta especialmente trascendente porque la propia inspeccionada reconoció la existencia de una jefatura funcional respecto del trabajador afectado.

Asimismo, conforme al Tercer Hecho del numeral 4.13 del Acta de Infracción, el inspector verificó diversos correos electrónicos intercambiados entre el extrabajador afectado y M.G.P.P. De dichos documentos advirtió que la referida jefatura funcional impartía instrucciones, solicitaba información, requería documentación, coordinaba actividades y efectuaba seguimiento a las labores desarrolladas por el trabajador. A su vez, constató que el extrabajador afectado remitía reportes, solicitaba conformidades y comunicaba las acciones ejecutadas. Este hecho fue considerado por el inspector como evidencia directa de subordinación funcional y supervisión efectiva.

De igual forma, de acuerdo al Tercer Hecho del numeral 4.13 del Acta de Infracción, el inspector verificó correos electrónicos relacionados con la programación de visitas a proyectos, desplazamientos laborales, comparecencias ante SUNAFIL, evaluaciones de personal y procedimientos disciplinarios, advirtiendo que dichas actividades eran permanentemente comunicadas, coordinadas o aprobadas por M.G.P.P. Este hecho resulta relevante porque demuestra que los desplazamientos del trabajador a los distintos proyectos no se realizaban con plena autonomía, sino dentro de un esquema de coordinación y seguimiento por parte de una superior jerárquica. Asimismo, los referidos correos electrónicos evidencian que M.G.P.P. impartía órdenes y directrices de trabajo respecto del extrabajador afectado, mientras que este remitía reportes y solicitaba conformidades sobre las actividades desarrolladas, constituyendo manifestaciones objetivas de subordinación laboral y supervisión funcional efectiva, incompatibles con la condición de trabajador no sujeto a fiscalización inmediata.

Conforme al Quinto Hecho del numeral 4.13 del Acta de Infracción, el inspector analizó expresamente la defensa planteada por la inspeccionada respecto a que el extrabajador afectado no se encontraba sujeto a fiscalización inmediata por tratarse de personal de confianza. Al respecto, concluyó que dicha afirmación no desvirtuaba los hechos constatados, pues la documentación contractual, analizada conjuntamente con la

Finalmente, de acuerdo al Sexto Hecho del numeral 4.13 del Acta de Infracción, el inspector constató que la inspeccionada no contaba con registro de control de asistencia respecto del extrabajador afectado durante todo el período laborado. Asimismo, a partir de la valoración conjunta del contrato de trabajo, las boletas de pago, la estructura organizacional, la dependencia funcional acreditada y los correos electrónicos analizados, concluyó que el trabajador tenía la condición de trabajador fiscalizable. Sobre la base de dichos elementos determinó que la inspeccionada se encontraba obligada a implementar y conservar un registro de control de asistencia, configurándose la infracción prevista en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT ante la ausencia absoluta de dicho registro.

En consecuencia, la imputación por no contar con registro de control de asistencia no se sustenta únicamente en la inexistencia material del registro ni exclusivamente en el contenido del contrato de trabajo o de las boletas de pago. Por el contrario, el inspector construye su conclusión a partir de una valoración conjunta, integral y concordada de los medios probatorios actuados durante la fiscalización, entre los que se encuentran la estructura organizacional de la inspeccionada, la dependencia funcional del extrabajador afectado respecto de M.G.P.P., las órdenes e instrucciones impartidas por esta última, los reportes y solicitudes de conformidad efectuados por el trabajador, la coordinación de desplazamientos y actividades laborales, así como la constatación de una supervisión funcional efectiva. Sobre la base de dichos hechos, concluye que el extrabajador afectado no reunía las características de un trabajador no sujeto a fiscalización inmediata y que, por tanto, la empresa sí se encontraba obligada a implementar y conservar el correspondiente registro de control de asistencia.

Respecto de los argumentos señalados en los numerales i) al v) y ix) del acápite V de la presente resolución, esta Sala concluye que no corresponde ampararlos, toda vez que la determinación de la obligación de llevar registro de control de asistencia no se sustentó únicamente en el contrato de trabajo ni en las boletas de pago, sino en una valoración conjunta, integral y concordada de los medios probatorios actuados durante la fiscalización. En efecto, se verificó la existencia de una estructura organizacional jerárquica, la dependencia funcional del extrabajador afectado respecto de M.G.P.P., las órdenes e instrucciones impartidas por esta última, los reportes y solicitudes de conformidad efectuados por el trabajador, así como la coordinación de desplazamientos y actividades laborales, elementos que evidencian una supervisión funcional efectiva incompatible con la condición de trabajador no sujeto a fiscalización inmediata.

En consecuencia, habiéndose acreditado que el extrabajador afectado se encontraba sujeto a fiscalización inmediata durante el período materia de inspección, corresponde concluir que la inspeccionada sí se encontraba obligada a implementar y conservar el respectivo registro de control de asistencia. Por tanto, la ausencia de dicho registro respecto del referido trabajador configura la infracción prevista en el numeral 25.19 del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, careciendo de sustento los argumentos orientados a cuestionar la existencia de dicha obligación.

Por tanto, corresponde desestimar los alegatos planteados por el impugnante, confirmando la sanción impuesta por la comisión de la infracción al numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT en todos sus extremos.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.