Universidad Tecnológica de los Andes — Res. 613-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: incluye todas), Verificación de regímenes especiales y grupos especiales (Sub materia: Madre trabajadora durante los periodos de embarazo y lactancia), Seguridad Social (Sub materias: Declaración y pago de la seguridad social en pensiones e Inscripción en la seguridad social en salud y en pensiones), Contratos de trabajo (Sub materia: Formalidades), Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro en la planilla de trabajadores y otros en la planilla), Remuneraciones (Sub materia: pago de la remuneración – Sueldos y salarios). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, a raíz de la denuncia interpuesta por la señora Yudy Gutiérrez Cruz, quien sostiene que prestó servicios del 02 de enero al 31 de diciembre de 2020 para la impugnante, como asistente del Rectorado. Refiere que se encontraba bajo licencia por maternidad hasta el 24 de enero de 2021 y en diciembre de 2020 la universidad terminó la relación laboral.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo indeterminado, en perjuicio de la trabajadora denunciante, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de la remuneración correspondiente al período comprendido del 02 de enero de 2020 al 18 de octubre de 2020 y del 25 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con entregar la información oportunamente, de acuerdo al requerimiento de información de fecha 12 de mayo de 2021, retraso que impidió el ejercicio de las funciones inspectivas del inspector comisionado, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con entregar la información oportunamente, de acuerdo al requerimiento de información de fecha 18 de mayo de 2021, retraso que impidió el ejercicio de las funciones inspectivas del inspector comisionado, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Respecto de la desnaturalización del contrato, se señala que la trabajadora denunciante ha seguido un proceso judicial ante el órgano jurisdiccional, llegándose a un acuerdo conciliatorio extendido el 26 de enero de 2022, por lo que al existir decisión de las partes ante el órgano jurisdiccional del Juzgado de Trabajo de Abancay, no se puede imponer una multa. ii. Pese a los problemas internos que hubo durante el período 2020 y 2021 en la Universidad Tecnológica de los Andes, sí se llegó a abonar las remuneraciones de la trabajadora afectada, conforme se puede acreditar con las boletas de pago de remuneraciones que se adjunta al presente escrito, por lo que si se cumplió con lo solicitado no se puede considerar como dos infracciones cometidas en el mismo momento. iii. La Universidad ha cumplido con pagar las remuneraciones a favor de la trabajadora denunciante, correspondiente a los meses del año 2020 y por tanto la multa impuesta debe ser desestimada, toda vez que durante el año 2021 la trabajadora no prestó servicios efectivos. 1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 047-2022-SUNAFIL/IRE-APURIMAC, de fecha 20 de mayo de 20222, la Intendencia Regional de Apurímac declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

i. Respecto del alegato referido al proceso judicial en trámite con el Expediente N° 0255- 2021-0-0301-JR-LA-01, se advierte de los actuados que consta un Acta de Audiencia de Conciliación de fecha 26 de enero de 2022, en el cual se señala en mayúsculas que no se arribó a ningún acuerdo conciliatorio (fojas 142), asimismo, de la resolución N° 04 de dicho procedimiento, se observa que se resolvió fijar fecha y hora para la audiencia de juzgamiento, con lo que se puede acreditar que no existe al acuerdo conciliatorio como lo indica la impugnante. ii. A fojas 142 del expediente sancionador se tiene el Acta de Cumplimiento de Acuerdo Conciliatorio, asimismo a fojas 147 se tiene el Memorándum Múltiple N° 036-2022- UTEA-DIGA-SUB.D.RR.HH de fecha 01 de abril de 2022, documentos de los cuales se advierte que aparentemente la impugnante registró a la trabajadora denunciante a plazo indeterminado, sin embargo, el registro lo realizó a partir del 01 de abril de 2022. iii. Atendiendo al carácter irrenunciable de los derechos laborales contenido en el artículo 26 de la Constitución, resulta relevante destacar la continuidad en las labores realizadas por la trabajadora Yudi Gutiérrez Cruz, independientemente de la

2 Notificada a la impugnante el 23 de mayo de 2022. Véase folio 178 del expediente sancionador.

modalidad de contratación, hecho que permite concluir que la impugnante estaba en la obligación de incorporar a la trabajadora en la planilla electrónica de remuneraciones desde la fecha real de inicio de la relación laboral y, acreditar el pago íntegro de sus remuneraciones así como la respectiva entrega de sus boletas de pago, conforme fue requerido por el inspector actuante, requerimientos que no habrían sido atendidos como se evidencia de las mismas pruebas aportadas por la impugnante. iv. Frente a la obligación de pagar íntegra y oportunamente la remuneración de los períodos comprendidos entre el 02 de enero de 2020 al 18 de octubre de 2020 y del 25 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021, las boletas de pago que acompañan su escrito no cuentan con la firma de la trabajadora afectada, por lo que no se puede determinar que la impugnante haya realizado realmente el pago de las remuneraciones por los períodos indicados en el párrafo anterior y de conformidad a los requerimientos realizados por el inspector actuante en fechas 12 de mayo de 2021 y 18 de mayo de 2021, así como a través de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11 de junio de 2021.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Universidad Tecnológica De Los Andes

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 047-2022-SUNAFIL/IRE-APURIMAC, señalando los siguientes alegatos:

i. Refiere que la denunciante ha seguido un proceso judicial, en donde se ha llegado a un acuerdo conciliatorio el 26 de enero de 2022, por lo que existiendo decisión de las partes ante el Juzgado de Trabajo de Abancay, no se puede imponer la multa considerada, respecto de la desnaturalización, más aún si ya se mantiene un contrato indeterminado con la accionante.

ii. Sobre la obligación de pagar u otorgar íntegra y oportunamente la remuneración, señala que pese a los problemas internos que hubo en el período 2020 y 2021, se llegó a abonar las remuneraciones de la trabajadora afectada, acreditándose con las boletas de pago adjuntas.

iii. Considera que se debe tener presente que, con estos dos elementos, la medida inspectiva de requerimiento habría sido cumplida casi en su totalidad, por lo que no correspondería la sanción por la omisión de esta.

iv. De igual modo, habiendo cumplido con cancelar las remuneraciones correspondientes a los meses del año 2020, y sancionándose también por el incumplimiento por el pago de los meses del año 2021, pese a que dicho año no laboró, corresponde desestimar la infracción en dicho extremo.

v. Sostiene que las multas impuestas no resultan razonadas ni proporcionadas, en tanto se cumplió con la mayoría de las presuntas infracciones atribuidas a la universidad.

vi. En esa línea argumentativa, la resolución impugnada ha sido expedida en vulneración a la debida motivación de los actos administrativos, incurriendo en un supuesto de “defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez”, exponiendo a la recurrente a un estado de indefensión al no valorar adecuadamente el acuerdo conciliatorio ni los documentos presentados por la impugnante

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación respecto de la infracción tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

9 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“(…) El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. (…)

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras) (énfasis añadido).

10 “TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad parcial de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Respecto de la medida inspectiva de requerimiento

11 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.

de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se

12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”13.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” 14.

“6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves,

13 El subrayado no es del original. 14 El subrayado no es del original.

que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

Por ello, el análisis efectuado se realiza en base a la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la misma medida, y a la luz de los alcances de lo establecido en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL.

Figura N° 01

Figura N° 02

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo indeterminado, en perjuicio de la trabajadora denunciante. Numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago íntegro y oportuno de la remuneración correspondiente al período comprendido del 02 de enero de 2020 al 18 de octubre de 2020 y del 25 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No cumplir con entregar la información oportunamente, de acuerdo al requerimiento de información de fecha 12 de mayo de 2021, retraso que impidió el ejercicio de las funciones inspectivas del inspector comisionado. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE

Labor inspectiva No cumplir con entregar la información oportunamente, de acuerdo al requerimiento de información de fecha 18 de mayo de 2021, retraso que impidió el ejercicio de las funciones inspectivas del inspector comisionado. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11 de junio de 2021 de requerimiento de fecha 11 de junio de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE (*) Declarada nula, a fin de que la Intendencia emita un nuevo pronunciamiento sobre la subsistencia de dicha infracción.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES, en contra de la Resolución de Intendencia N° 047-2022- SUNAFIL/IRE-APURIMAC, de fecha 20 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Apurímac, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 170-2021-SUNAFIL/IRE-APU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Intendencia N° 047-2022- SUNAFIL/IRE-APU, de fecha 20 de mayo de 2022 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador, en el extremo

referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, conforme a lo señalado en los considerandos 6.10 a 6.20 de la presente resolución.

TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 047-2022-SUNAFIL/IRE-APURIMAC, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

CUARTO. RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador, al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Intendencia N° 047-2022-SUNAFIL/IRE- APU, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a lo señalado en el considerando 6.21 de la presente resolución.

SEXTO. - Notificar la presente resolución a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES y a la Intendencia Regional de Apurímac, para sus efectos y fines pertinentes.

SÉPTIMO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230628RAN