Universidad Tecnológica de los Andes — Res. 1413-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Contrato de trabajo (Submateria: Formalidades), Desnaturalización de la Relación Laboral (Submateria: Incluye todas).

del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento en la entrega de información y documentación requerida por el inspector de trabajo en fecha 29 de setiembre de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 36,248.00..

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento en la entrega de información y documentación requerida por el inspector de trabajo en fecha 06 de octubre de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 36,248.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento en la entrega de información y documentación requerida por el inspector de trabajo en fecha 13 de octubre de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 36,248.00.

i. Invocó la nulidad de la resolución impugnada al considerar que fue emitida fuera del plazo legal para la culminación de las actuaciones inspectivas, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 13.3 y 13.4 de la Ley N° 28806 y su Reglamento, lo cual constituye un vicio insubsanable que afecta la validez del procedimiento sancionador. ii. Alegó la vulneración de lo previsto en el artículo 10° de la Ley N° 27444, al haberse expedido un acto administrativo sin observar los requisitos esenciales de validez, incurriéndose en la causal de nulidad por contravención a la ley y a las normas reglamentarias. iii. Manifestó que el Acta de Infracción N° 705-2022-SUNAFIL/IRE-CUS fue notificada de manera extemporánea, más de 90 días hábiles después del vencimiento del plazo establecido, sin que mediara comunicación válida respecto de una prórroga, afectando con ello su derecho de defensa y el principio de legalidad. iv. Señaló que la imputación de incumplimiento en la entrega de información carece de sustento, en tanto el inspector actuante no se presentó al centro de trabajo ni aplicó los mecanismos razonables para recabar la documentación, vulnerándose así el principio de verdad material. v. Sostuvo que la conducta atribuida no se subsume en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, como infracción muy grave, correspondiendo en todo caso ser encuadrada en el numeral 45.1 del artículo 45 del mismo reglamento, como infracción grave.

vi. Finalmente, solicitó se declare la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia de sanción N° 565-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA y, en consecuencia, se deje sin efecto la sanción impuesta.

i. Se verificó que el Acta de Infracción N° 705-2022-SUNAFIL/IRE-CUS fue notificada el 13 de marzo de 2023, dentro del marco normativo aplicable, precisando que el cómputo de plazos se realizó conforme al artículo 45 de la Ley N° 28806 y al artículo 7.1.2.1 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/ILNII, por lo que no se configuró la extemporaneidad alegada por la impugnante. ii. Se concluyó que el inicio del procedimiento sancionador se produjo con la imputación de cargos adjunta al Acta de Infracción, cuya emisión se efectuó el 25 de octubre de 2022, encontrándose dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de las diligencias inspectivas. iii. La autoridad inspectiva consideró que el sujeto inspeccionado no presentó medios probatorios que acrediten la imposibilidad de entregar la documentación requerida, lo cual evidenció incumplimiento en la etapa de investigación. En consecuencia, se tuvo por configurada la conducta infractora tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, calificándola como infracción muy grave a la labor inspectiva. iv. La resolución también valoró que el deber de colaboración previsto en la LGIT y su Reglamento implica la obligación de los empleadores de facilitar la información necesaria para el ejercicio de las funciones inspectivas, lo que no fue cumplido por la inspeccionada en las fechas señaladas en el Acta de Infracción (29 de setiembre, 06 de octubre y 13 de octubre de 2022). v. Se estableció que no se acreditó la concurrencia de causales de nulidad previstas en el artículo 10° de la Ley N° 27444, al no haberse verificado vulneración del derecho de defensa ni afectación a la debida motivación, desestimándose los alegatos sobre indebida tipificación y supuesta falta de motivación del acto administrativo. vi. Finalmente, la Intendencia Regional confirmó en todos sus extremos la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 565-2023-SUNAFIL/IRE-CUSCO-SISA, ratificando la multa impuesta ascendente a S/ 108,744.00, al considerarse proporcional y ajustada a derecho.

2 Notificada a la impugnante el 01 de setiembre de 2023.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Universidad Tecnologica De Los Andes

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con escrito de fecha 21 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 199-2023-SUNAFIL/IRE CUS, señalando los siguientes alegatos:

i. Denunció una interpretación errónea de las normas de derecho laboral, al considerar que la autoridad de segunda instancia validó la notificación del Acta de Infracción N° 705-2022-SUNAFIL/IRE-CUS realizada recién el 13 de marzo de 2023, es decir, más de 90 días hábiles posteriores a los 30 días dispuestos por ley. Alegó que no existe en autos constancia de prórroga o ampliación notificada a la inspeccionada, vulnerándose así el artículo 13.4 del D.S. N° 019-2006-TR. ii. Sostuvo que la resolución impugnada incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10° de la Ley N° 27444, pues se configuró una contravención a la ley y a las normas reglamentarias, lo cual genera la nulidad de pleno derecho del acto sancionador. iii. Alegó que la resolución interpretó indebidamente los plazos de las actuaciones inspectivas al sostener que el inicio del procedimiento sancionador (25 de octubre de 2022) se encontraba dentro del plazo legal. A su entender, el vencimiento para la emisión del Informe y Acta de Infracción concluyó el 25 de octubre de 2022, por lo que la notificación extemporánea del 13 de marzo de 2023 resultaba inválida. iv. Argumentó que el acto administrativo carece de eficacia jurídica, en tanto la notificación no se realizó conforme a lo dispuesto en los artículos 20° y 21° de la Ley N° 27444, lo cual afecta el derecho de defensa de la inspeccionada. v. Señaló la inobservancia de la Directiva N° 216-2021-SUNAFIL, la cual establece que toda solicitud de ampliación de plazo debe encontrarse debidamente fundamentada, con el visto bueno del supervisor y ajustada a criterios de pertinencia, razonabilidad y proporcionalidad. Indicó que en el presente caso ello no se cumplió, configurándose un vicio del procedimiento y del principio de legalidad. vi. Respecto a la indebida tipificación de la infracción, afirmó que la sanción se sustentó en hechos que no configuran una infracción muy grave, ya que no se acreditó que el inspector actuante se haya presentado al centro de trabajo para recabar información o solicitar documentación. En consecuencia, la imputación contenida en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT no corresponde a la conducta atribuida.

vii. Indicó que la verdadera conducta se enmarcaría, en todo caso, en el numeral 45.1 del artículo 45 del RLGIT, como infracción grave y no muy grave, toda vez que la inspeccionada sí cumplió con la implementación de comparecencias o diligencias de forma virtual, lo cual no puede asimilarse a una negativa a colaborar con la labor inspectiva. viii. Argumentó que la Intendencia Regional no valoró debidamente que, durante el periodo de emergencia sanitaria, la normativa permitió que las actuaciones inspectivas se realizaran mediante comparecencias virtuales o requerimientos de información, en aplicación de lo dispuesto por la Resolución N° 31-2020-SUNAFIL y el Protocolo N° 005- 2020-SUNAFIL/INII. ix. Finalmente, sostuvo que la calificación de las infracciones y la sanción propuesta devienen en inconsistentes y carentes de sustento legal, solicitando se declare la nulidad de la Resolución impugnada y, en consecuencia, se deje sin efecto la sanción de S/ 108,744.00, o en su defecto, se reformule la resolución declarando fundada la apelación de la inspeccionada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los requerimientos de información 6.1. El numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que regula al Principio de Buena Fe Procedimental establece lo siguiente: “La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”.

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa,

cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 10 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…).

i. Se aprecia en el documento denominado “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación” del 29 de setiembre de 2022, notificado en la casilla electrónica de la impugnante en la misma fecha, bajo apercibimiento de

11 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 12 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 13 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

sanción en caso de incumplimiento, para presentar la documentación detallada en la misma, en el plazo de cuatro (04) días hábiles. ii. Se aprecia en el documento denominado “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación” del 06 de octubre de 2022, notificado en la casilla electrónica de la impugnante en la misma fecha, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la documentación detallada en la misma, en el plazo de tres (03) días hábiles. iii. Se aprecia en el documento denominado “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación” del 13 de octubre de 2022, notificado en la casilla electrónica de la impugnante en la misma fecha, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la documentación detallada en la misma, en el plazo de cuatro (04) días hábiles. iv. De acuerdo a lo señalado en los numerales 2.1, 2.2,2.3, y 2.4, del acta de infracción, se advierte que el comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió con presentar la documentación solicitada en ninguno de los dos requerimientos de información, imposibilitando la verificación de las materias objeto de inspección.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador 6.22. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido). 6.23. El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido). 6.24. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 5 de la sentencia recaída en el expediente N° 02098-2010-AA/TC, señaló que no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. (…) En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091- 2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514- 2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido). 6.30. Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

VII. INFORMACIÓN ADICIONAL 7.1. Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a las siguientes infracciones:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Labor Inspectiva Negativa de remitir información y documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 29 de setiembre de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

Labor Inspectiva Negativa de remitir información y documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 06 de octubre de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

Labor Inspectiva Negativa de remitir información y documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 13 de octubre de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por

Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES, en contra de la Resolución de Intendencia N° 199-2023-SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 29 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Cusco dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 765-2022- SUNAFIL/IRE-CUS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 199-2023-SUNAFIL/IRE CUS, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES, y a la Intendencia Regional de Cusco, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015RVSP - HR: 148887-2022