Universidad San Pedro — Res. 474-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la Remuneración), Discriminación en el Trabajo (Sub Materia: Cuadro de Categorías y Funciones y/o Política Salarial).

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- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la remuneración a la trabajadora Dalila Meza Guevara, a partir del 01 de enero de 2015 a la fecha de inspección, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,805.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar contar con un cuadro de categoría y funciones y/o política salarial, tipificada en el numeral 25.22 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 05 de marzo de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

i. Indica la recurrente que las actuaciones inspectivas tienen origen externo en mérito a la denuncia presentada por un trabajador de la Universidad; así mismo, señala el recurrente, que se está imponiendo sanción, sin tener en cuenta que al aplicarse la multa propuesta por el inspector se estaría perjudicando de manera directa a los trabajadores y estudiantes, ya que el monto le es imposible poder cubrirlo ya que son una institución sin fines de lucro y que los ingresos económicos son reinvertidos en la misma institución en cumplimiento de pagos a los trabajadores, adquisición de bienes y remanentes destinados a la implementación de laboratorios y bibliotecas en las filiales a nivel nacional, señala además que debe tenerse en cuenta para la determinación de la sanción los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 230 numeral 3) de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444.

ii. Hace presente que, la pretensión principal por la que se da inicio a las actuaciones inspectivas ha sido satisfecha, ya que han cumplido con el pago de los derechos laborales, tal como lo acreditan con la documentación que adjuntan a su apelación;

señala que la función de SUNAFIL es de promover, vigilar y exigir el cumplimiento de las normas socio laborales, sin embargo, de la Resolución que se impugna se hace dudosa ya que no se está respetando el Principio de Razonabilidad.

iii. Por último, menciona que la errónea interpretación de la norma trae consigo la nulidad de la impugnada de conformidad con el artículo 10 de la Ley 27444, pues contraviene la ley y la Constitución, afectando los principios de razonabilidad, imparcialidad, precisando que se ha olvidado que son una institución sin fines de lucro y de carácter social que brinda servicio educativo. Respecto de la diferencia de saldo pendiente por el monto de S/ 1,128.81, se adjunta al escrito de apelación los abonos de remuneraciones del mes de noviembre de 2020 por S/650.00 y S/ 481.00 los mismos que se efectuaron en el mes de diciembre; con lo cual, se acredita que la empresa ya habría cancelado la deuda inclusive fechas antes de la denuncia del trabajador; por lo cual se encuentra en una causa de eximente de responsabilidad de conformidad al artículo 257 de la Ley N° 27444.

i. La accionante hace mención que, de aplicarse la multa se estaría perjudicando a los trabajadores y estudiantes; debe precisarse que la obligación de todo empleador es cumplir con la normativa sociolaboral y entre ella está el pagar de manera íntegra la remuneración; así como, contar con su cuadro de categoría y funciones, y su política salarial de conformidad con la ley N° 30709, sin embargo como se evidencia en el Acta de Infracción, el recurrente no cumplió con acreditar el pago íntegro de la remuneración a la trabajadora Vanessa Dalila Meza Guevara a partir de 01 de enero del 2015 a la fecha y acreditar contra con su cuadro de categoría y funciones así como su política salarial de conformidad con los términos establecidos en la Ley N° 30709, conforme lo había solicitado el Inspector comisionado mediante la medida de requerimiento que corre a folios 125 al 131 del expediente inspectivo; así mismo, se señala que no se ha tenido en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sin embargo en el presente expediente sancionador, el monto de la multa impuesta por la autoridad de primera instancia se ha determinado con estricta observancia al Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad, por cuanto se hizo en cumplimiento y respeto a lo establecido por Ley y que correspondía a las conductas imputadas, ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 38º de la LGIT, las sanciones a imponer por la comisión de infracciones, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios: (i) gravedad de la falta cometida, (ii) número de trabajadores

2 Notificada a la impugnante el 10 de noviembre de 2021, conforme obra a foja 111 del expediente sancionador.

afectados y (iii) tipo de empresa, por lo que la Sub Intendencia de Resolución teniendo en cuenta ello y la documentación presentada por la accionante en sus descargos, es que realizó la revisión de la misma y con la documentación presentada y aplicando para el cálculo de la sanción la Tabla de Sanciones para la “No MYPE”, que se encuentra establecida en el numeral 48.1 del artículo 48º del RLGIT; y aplicando el dispositivo legal determinó que la USP incurrió en dos infracciones (grave y muy grave) en materia de Relaciones laborales y una infracción muy grave a la labor inspectiva, en la que se tuvo en cuenta además, la gravedad de la falta cometida, el número de trabajadores afectados y su condición de No MYPE; no advirtiéndose vulneración alguna al Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad, precisando que la sanción impuesta está en función de la tabla predeterminada, señalada en el Reglamento de la Ley que es una norma pública.

ii. Asimismo, es necesario precisar que la autoridad de primera instancia no puede aplicar la discrecionalidad para imponer un monto de multa distinto al establecido en la Tabla “No MYPE” del Reglamento de la Ley, ni dejar de aplicar las sanciones establecidas en el RLGIT, en base a criterios no establecidos en este ni en la LGIT; por ello, en función a los criterios antes señalados, se determinó la multa a imponer al sujeto inspeccionado.

iii. De la revisión de los documentos presentados se puede evidenciar que los anexos adjuntos en la presente apelación y que corren a folios del 45 al 96 del expediente sancionador, son los pagos de las remuneraciones que percibía la señora Meza y los cuales se puede evidenciar con las boletas de pago que se presentaron en la comparecencia de fecha 30 de enero de 2020 y que corren a folios 53 al 112 del expediente inspectivo; así mismo se señala que está adjuntando la nueva categorización de la recurrente, sin embargo de la revisión de la misma se advierte que no cumple con el contenido mínimo de los cuadros de categorías y funciones establecido en la Ley N° 30709, así como en el artículo 4 del reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2018-TR, en donde se debe precisar que en el Acta de Infracción el Inspector comisionado advirtió las mismas circunstancias y lo dejó plasmado, sin embargo, siguen incurriendo en la misma omisión; no está demás precisar que conforme al artículo 2 de la Ley N° 30709 se establece que “(…) Las empresas que no tengan cuadros de categorías y funciones, los elaboran dentro de los ciento ochenta (180) días de entrada en vigor de la presente ley, y teniéndose en cuenta que la ley se publicó el 27 de diciembre de 2017 a la fecha de la inspección ya había vencido en exceso el plazo otorgado por la norma reseñada para que la recurrente pueda contar con dicho cuadro de categorías y funciones. Se advierte también que se está adjuntando copias de una notificación e invitación a conciliar y de la lectura de la misma se evidencia que la materia a conciliar es nivelación de remuneraciones, entendiéndose con ello que aún no se ha regularizado el tema remunerativo de la señora Meza; en base a ello este Despacho toma como válidos y hace suyo, los considerandos trigésimo cuarto al trigésimo noveno considerando de la resolución cuestionada, y desvirtúa los argumentos expuestos por la recurrente en su recurso de apelación.

iv. Hasta la presentación del presente recurso de apelación no se ha acreditado el cumplimiento de la medida de requerimiento, pretendiendo la accionante que se tenga por cumplido con la misma documentación ya presentada en el expediente inspectivo, por lo que, no se da por cumplido con las obligaciones laborales señaladas e infraccionadas. De lo antes mencionado, no se evidencia la afectación a algún tipo de derecho, ni mucho menos existe un apartamiento de la normativa legal, puesto que todo el procedimiento está regulado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes; por lo que al haberse acreditado en el Acta de Infracción y en la Resolución de Sub Intendencia, así como los argumentos que se desarrollaron en los considerandos precedentes, y no habiendo otros argumentos respecto a las Infracciones cometidas por la USP, se toman como válidos los argumentos expuestos por la Sub intendencia de resolución en los considerandos cuadragésimo primero al quincuagésimo de la resolución cuestionada, de los cuales este Despacho los hace suyo, y teniendo en cuenta que los argumentos esbozados en el recurso de apelación no desvirtúan las infracciones en las que ha incurrido el sujeto inspeccionado, las cuales han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal. 3.3 El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Universidad San Pedro

8 D.S. 016-2017-TR, art. 14.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de diciembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 087-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, señalando los siguientes alegatos:

i. Determinan la sanción a imponer al considerar que el recurrente no realizó los pagos a tiempo, sin tomar en consideración que de aplicarse la multa propuesta por el inspector se estaría perjudicando de manera directa a los trabajadores y estudiantes de la Universidad, toda vez que por ser un monto exorbitante imposible de ser cubierto por los ingresos que genera la Universidad San Pedro, considerando que son una institución sin fines de lucro y que desde su fundación el 25 de junio de 1988 mediante la Ley N° 24871 ha tenido un carácter social, por lo que no existe un reparto de utilidades como en otras instituciones privadas, más aún, tampoco existen propietarios. Los ingresos económicos son reinvertidos en la misma institución en cumplimiento de pagos a trabajadores administrativos, docentes, entidades financieras, adquisición de bienes y el remanente destinado a la implementación de laboratorios y bibliotecas en todas nuestras filiales a nivel nacional, dejando en total abandono a los mismos, que representan el 50% de la población estudiantil superior de la sociedad chimbotana, faltando así a lo estipulado en el Art. 47º numeral 3 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, el mismo que señala que la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

ii. La pretensión principal por la que se inician las actuaciones inspectivas ha sido satisfecha, toda vez que cumplieron con hacer el pago de los derechos laborales totales de trabajadora.

iii. Indican que la trabajadora demandó ante el Poder Judicial del Santa en el expediente 4718-2019, por los mismos conceptos, estando a la fecha ya con sentencia de fecha 7 de junio del 2021, documento que se acompaña al presente recurso.

Análisis Del Recurso De Revisión

establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

De la obligación de contar con un cuadro de categorías y funciones y/o política salarial 6.5 El artículo 2 de la Ley N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, señala que: “Las empresas que cuenten con cuadros de categorías y funciones mantienen dichos cuadros, siempre que guarden correspondencia con el objeto de la presente ley. Las empresas que no tengan cuadros de categorías y funciones, los elaboran dentro de los ciento ochenta (180) días de entrada en vigor de la presente ley.”. Adicionalmente, en su artículo 3 se indica que las remuneraciones que corresponden a cada categoría las fija el empleador sin discriminación (énfasis añadido).

“(…) c) Cuadro de categorías y funciones: Mecanismo mediante el cual el empleador evalúa y organiza los puestos de trabajo de acuerdo a criterios objetivos y a la necesidad de su actividad económica. (…) k) Política salarial o remunerativa: Conjunto de criterios y directrices establecidos por el empleador para la gestión, fijación o reajuste de los diferentes esquemas de remuneración de los trabajadores.”

“El empleador debe establecer cuadros de categorías y funciones con el siguiente contenido mínimo: a) Puestos de trabajo incluidos en la categoría; b) Descripción general de las características de los puestos de trabajo que justifican su agrupación en una categoría; y c) La ordenación y/o jerarquización de las categorías en base a su valoración y a la necesidad de la actividad económica.”

“6.1. Por excepción, los trabajadores pertenecientes a una misma categoría pueden percibir remuneraciones diferentes, cuando dichas diferencias se encuentren justificadas en criterios objetivos tales como la antigüedad, el desempeño, la negociación colectiva, la escasez de oferta de mano de obra calificada para un puesto determinado, el costo de vida, la experiencia laboral, el perfil académico o educativo, el desempeño, el lugar de trabajo, entre otros. 6.2. Existe escasez de oferta de mano de obra calificada cuando objetivamente se demuestre que las calificaciones requeridas por un puesto de trabajo son escasas en el mercado. 6.3. Las diferencias de los ingresos totales generadas por la realización de trabajo en jornada reducida, en jornadas atípicas o a tiempo parcial no se consideran contrarias a lo previsto en la Ley o en el presente Reglamento.”

9 Ver foja 113 del expediente inspectivo

categorías en base a su valoración y a la necesidad de la actividad económica. Por otro lado, dicha escala remunerativa no reúne los requisitos de una Política remunerativa establecida en la Ley y en el Reglamento en mención, al no señalar cuales son los requisitos para la percepción de la remuneración o beneficios por parte de los trabajadores sin incurrir en una discriminación directa o indirecta, a pesar de que se detalla los montos (sueldo básico) que perciben los trabajadores.”

Del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de

infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Figura N° 01:

10 Ver fojas 125 a 131 del expediente inspectivo.

Sobre la suspensión del Procedimiento Administrativo Sancionador 6.21 La impugnante ha manifestado que la señora Vanesa Meza Guevara, interpuso demanda ante el Proceso Judicial en su contra, seguida en el expediente N° 04718-2019-0-2501-JR- LA-02, sobre obligaciones laborales. Por tanto, corresponde a esta Sala dilucidar si amerita la suspensión del presente PAS, de conformidad al ordenamiento administrativo de la materia.

“El supuesto de la cuestión judicial previa a la vía administrativa (...) se refiere a aquellos casos en los cuales la autoridad administrativa se convenza que una situación contenciosa surgida en el procedimiento que instruye no permita su resolución, se suspenda hasta que la autoridad judicial declare el derecho. Orientándose a preservar la función administrativa dentro de sus propios límites, sin asumir implicancias jurisdiccionales, es que ha desarrollado la figura contemplada en estas normas y que se conoce en la doctrina como la preadministratividad de la vía judicial o “carácter prejudicial civil ante la Administración”. Se suscita

11 En igual sentido, tenemos el artículo 4 del TUO de la LOPJ, cuyo texto estipula que “ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional” 12 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica. 2011, p. 313.

esta figura cuando, anticipadamente a la resolución administrativa sobre alguna materia de su competencia, resulta necesario obtener la decisión en la vía judicial sobre una cuestión litigiosa o contenciosa cuya competencia es natural del órgano jurisdiccional” (énfasis añadido).

“Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional

a) Que exista una cuestión contenciosa entre dos administrados tramitada en sede jurisdiccional, y que requiere ser esclarecida de manera previa al pronunciamiento administrativo, b) Que la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado, y, c) Que exista identidad de sujetos, hechos y fundamentos

“Si bien el proceso administrativo se inició antes del proceso judicial; sin embargo, la norma establece que si durante el trámite del proceso administrativo se toma conocimiento que en sede judicial se viene tramitando una cuestión litigiosa que debe ser esclarecida previamente al pronunciamiento administrativo, se debe solicitar al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas y sólo si estima que existe triple identidad (sujetos, hechos y fundamentos), podrá inhibirse hasta que la litis sea resuelta”.

13 Fundamento séptimo de la Casación Laboral N° 8389-2018 MOQUEGUA.

impugnante incurrió en las infracciones tipificadas en el numeral 24.4 de su artículo 24 del RLGIT, el numeral 25.22 del artículo 25 del RLGIT.

Figura Nº 02:

sencilla de la información de las entidades públicas, con definiciones en un lenguaje claro e iconografía manejable.

Figura Nº 03:

14https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/70fa0b004c77deb38148d77b99635ed1/RA_N_245_2009_CE_PJ.pdf?MOD =AJPERES&CACHEID=70fa0b004c77deb38148d77b99635ed1 15https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA- 000129-2020-CE+%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63 16https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7a4f85004f0f6e90a127b56976768c74/D_Lineamientos_Modulo_Atencion _Usuario_180720.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7a4f85004f0f6e90a127b56976768c74

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Multa impuesta Relaciones laborales No acreditar el pago íntegro de la remuneración a la trabajadora Vanesa Dalila Meza Guevara, a partir del 01 de enero del 2015 a la fecha de inspección. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE S/5,805.00 Relaciones laborales No contar con su cuadro de categoría y funciones y/o Política Salarial. Numeral 25.22 del artículo 25 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE S/9,675.00

Labor Inspectiva No cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 05 de marzo del 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE S/9,675.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la UNIVERSIDAD SAN PEDRO, en contra de la Resolución de Intendencia N° 087-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 08 de noviembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Ancash dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 604-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 087-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, en los extremos referentes a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.22 del artículo 25 del RLGIT y a la labor inspectiva en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la UNIVERSIDAD SAN PEDRO y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ancash.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente