Universidad San Martín de Porres — Res. 1188-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: pago de la remuneración (sueldos y salarios)), Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: otros hostigamientos). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la remuneración del mes de abril del año 2019 en perjuicio de la trabajadora Carmen Yolanda García Delgado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por cometer actos que afectan el ejercicio de los derechos constitucionales al incumplir el debido proceso (derecho de defensa) de la trabajadora Carmen Yolanda García Delgado, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de junio de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. No obstante, haberse reconocido en el punto 12 de la resolución apelada y en el punto 34 del Informe Final que, no existe disposición legal alguna que establezca un procedimiento previo para la imposición de una sanción disciplinaria a un trabajador, alega una incorrecta interposición de multa por no haber seguido un procedimiento previo para imponer la sanción de suspensión de un día sin goce de haber a la trabajadora Carmen Yolanda García Delgado, sanción administrativa que afecta a los principios de legalidad y de tipicidad, al no existir incumplimiento de ninguna norma legal. ii. Sostiene que el artículo 139 de la Constitución, referido en la resolución apelada que sustenta la imposición de la multa, aplica a los procedimientos judiciales y no al ejercicio de la facultad sancionadora del empleador, por estar expresamente prohibido en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del artículo 2.1 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley

29497, corresponde al Juez Especializado de Trabajo conocer en vía ordinaria laboral las pretensiones relacionadas con el nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; por lo que, de considerar la señora Carmen Yolanda García Delgado, que la sanción impuesta resultaba arbitraria o desproporcional, tenía expedita la vía judicial para reclamar sus derechos y cuestionar la sanción impuesta en un proceso ordinario laboral con las garantías establecidas en el artículo 139 de la Constitución. iii. Precisan que los hechos que motivaron la sanción impuesta a la señora Carmen Yolanda García Delgado se encuentran acreditados en el Memorándum N° 001-2019- OBU.FD debido a la ausencia injustificada por más de una hora de su puesto de trabajo y de desobedecer una orden directa de su jefa inmediata, cuya sanción impuesta era razonable y proporcional a la falta cometida. Frente a la sanción impuesta a la trabajadora, mediante carta de fecha 04 de marzo del 2019, ella presentó un recurso de reconsideración a efectos de que la sanción sea dejada sin efecto, la cual fue desestimada por la Universidad mediante carta N° 038-2019-ORH- USMP de fecha 07 de marzo del 2019, manteniéndose la sanción; por lo que, la trabajadora sí tuvo la oportunidad de cuestionar la sanción impuesta y de ejercer su derecho de defensa y, de no estar satisfecha con la decisión de la Universidad, tenía expedito su derecho de recurrir al Poder Judicial, no habiéndosele limitado de manera alguna los derechos constitucionales, no correspondiendo, por tanto, a la Autoridad Inspectiva determinar la validez o no del ejercicio de derecho de defensa de la actora ni del procedimiento seguido. iv. Asimismo, añade que la sanción impuesta se efectivizó el 5 de marzo del 2019, fecha en la cual la señora Carmen Yolanda García Delgado no prestó servicios efectivos y, por ende, no le correspondía el pago de remuneración. Por lo que no se ha producido un descuento de remuneración, ni correspondía reintegro alguno como erradamente se señala en el Acta de Infracción. Así, no se ha afectado la dignidad de la trabajadora ni su derecho a percibir una remuneración equitativa y suficiente prevista en la Constitución, dado que la remuneración es la contraprestación por el servicio prestado, por lo que al no haber prestado servicios efectivos no le corresponde el pago de una remuneración.

i. Refiere que, conforme a los hechos constatados mediante las actuaciones inspectivas de investigación y el análisis y conclusiones del Informe Final, en el caso de autos se ha determinado que la inspeccionada, mediante Memorándum N° 36-2019-ORH- USMP de fecha 25 de febrero de 2019, le imputa la comisión de determinadas faltas

2 Notificada a la impugnante el 31 de enero de 2022, véase folio 69 del expediente sancionador.

a la trabajadora Carmen Yolanda García Delgado, imponiéndole un sanción disciplinaria de suspensión de un día de labores, la misma que se hizo efectiva el 05 de marzo de 2019; no obstante, respecto a dicha sanción disciplinaria, la inspeccionada no le otorgó a la trabajadora el derecho de efectuar sus descargos; de lo cual se ha determinado que ello constituye afectación a la normativa sociolaboral, pues afecta derechos y/o garantías constitucionales que sí se encuentran debidamente regulados en la ley. ii. Por otra parte, advierte que la autoridad de primera instancia ha sustentado su pronunciamiento tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; asimismo en su artículo 23, que señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales del trabajador. iii. Asimismo, precisa que el poder de dirección a cargo del empleador se expresa en las atribuciones de dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador, siempre dentro de los límites de la razonabilidad a efectos que el ejercicio del poder de dirección no sea considerado como arbitrario e irregular; para lo cual existen dos límites: internos y externos; de manera que el poder de dirección del empleador no puede ser ejercido de manera irrazonable y menos aún puede vulnerar los derechos reconocidos por la Constitución como el derecho de defensa. iv. En tal sentido, concuerda con la postura asumida por la autoridad de primera instancia, en cuanto ha concluido que la inspeccionada afectó los derechos constitucionales de la trabajadora Carmen Yolanda García Delgado, al no haberle permitido ejercer su derecho de defensa previo a la imposición de la sanción disciplinaria de suspensión aplicada, habiéndose extralimitado en sus facultades como empleador; toda vez que antes de emitir una sanción hacia sus trabajadores, debe respetar las garantías constitucionales que la ley concede a todo trabajador. Además de ello, refiere que debe desarrollar el criterio de razonabilidad, a efectos de verificar si la falta atribuida a dicha trabajadora, era suficiente y/o ameritaba una sanción de “suspensión”, situación no constatada en autos, no advirtiéndose vulneración del principio de legalidad ni vulneración del principio de tipicidad, toda vez que la infracción atribuida, se encuentra prevista en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. v. Expresa que, conforme a los hechos constatados del Acta de Infracción y de la revisión del expediente de inspección, la sanción aplicada por la inspeccionada a la trabajadora García Delgado, devino en arbitraria por no haberle otorgado el respectivo derecho de defensa; por lo que, dicha sanción debió dejarse sin efecto y cumplirse con el reintegro de pago de remuneración por un (1) día, lo cual no fue efectuado por la inspeccionada pese a que se le brindó el plazo de cinco (5) días hábiles mediante la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de junio del 2019, incurriendo en la infracción a la labor inspectiva prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional9.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Universidad San Martin De Porres

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 159-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

i) Alega que, de acuerdo con el principio de tipicidad, no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda y menos aún pretender sancionar a los administrados por faltas no tipificadas. ii) Expresa que la pretendida sanción afecta el principio de legalidad al no haber incumplimiento de ninguna norma legal que establezca la existencia de un procedimiento previo para la imposición de sanciones disciplinarias en ejercicio de la facultad sancionadora prevista en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 003-97- TR. iii) Aduce que el artículo 139 de la Constitución regula los principios y derechos de la función jurisdiccional; es decir, se aplica a los procedimientos judiciales y no al ejercicio de la facultad sancionadora del empleador, por estar expresamente prohibido en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG. iv) Considera que la trabajadora sí tuvo la oportunidad de cuestionar y ejercer su derecho de defensa, al presentar su recurso de reconsideración, el cual fue desestimado y de no estar satisfecha con la decisión tenía expedito su derecho de recurrir al Poder Judicial, no habiéndose limitado de manera alguna los derechos constitucionales de la actora y no correspondiendo a la autoridad inspectiva determinar la validez o no del ejercicio del derecho de defensa que la actora ejerció ni del procedimiento seguido.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la infracción vinculada a la afectación del derecho de defensa de la trabajadora

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. (…)” (énfasis añadido).

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros” (énfasis añadido).

“5. En efecto, el derecho al debido proceso y los derechos que éste tiene como contenido son invocables y, por tanto, garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto —por parte de la administración pública o privada— de todos aquellos principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada y a los que se refiere el artículo 139 de la Constitución del Estado (debida motivación de las decisiones, juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.). (…) 8. Conforme a reiterado criterio jurisprudencial, este Tribunal considera que el derecho fundamental a la comunicación previa y detallada de los cargos imputados al interior de un procedimiento administrativo sancionador tiene por finalidad poner en conocimiento del investigado, en forma oportuna, los elementos de hecho y de Derecho, así como los medios probatorios que fundamenten la acusación con el fin de que éste pueda ejercer en forma adecuada y razonable su derecho a la defensa (cfr. sentencia recaída en el Expediente 00156-2012-PHC/TC, fundamento 19) (énfasis añadido).

fundamental incluye el derecho de defensa de la persona, contenido en el inciso 14) del mismo articulado, lo cual como se ha precisado previamente, no exige que este derecho solo sea respetado en una instancia judicial, sino que debe respetarse en cualquier vía administrativa o entre particulares, como es el caso concreto.

- Mediante Informe N° 028-2019-OBU-FD de fecha 18 de febrero de 2019 y Memorándum N° 001-2019-OBU.FD de fecha 22 de febrero de 2019, la jefa de la Oficina de Bienestar Universitario (superior inmediato de la trabajadora afectada) puso en conocimiento de la jefa de la Oficina Administrativa que el 14 de febrero de 2019, la trabajadora afectada, sin comunicación previa, se ausentó de la oficina durante una hora aproximadamente y que cuando se le solicitó realizar determinada labor respondió de manera prepotente que no haría el trabajo porque no le correspondía, ello en presencia del personal de la oficina y alumnos que se encontraban en dicho lugar. - El Decano de la Facultad de Derecho a través del oficio N° 154-2019-ADM-FD, puso en conocimiento del jefe de la Oficina de Recursos Humanos los documentos reseñados a fin de que se adoptara las medidas pertinentes. - Finalmente, mediante Memorándum N° 36-2019-ORH-USMP de fecha 25 de febrero de 2019, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos aplicó una medida disciplinaria de suspensión por un día, que se hizo efectiva el 5 de marzo de 2019, al considerarse que la referida trabajadora incurrió en falta laboral consistente en haber faltado el respecto a su jefe inmediato, negándose a cumplir la tarea encomendada y por abandonar su puesto de trabajo sin autorización.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de Acta de Infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad,

razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, de fecha 03 de febrero de 2020.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la remuneración, correspondiente al mes de abril 2019, a favor de la trabajadora Carmen Yolanda García Delgado Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE Relaciones Laborales Cometer actos que afectan el ejercicio de los derechos constitucionales, al incumplir el debido proceso (derecho de defensa) de la trabajadora Carmen Yolanda García Delgado. Numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de junio de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones

de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES, en contra de la Resolución de Intendencia N° 159-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de enero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 231-2020/ SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 159-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 26 del RLGIT y la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. –Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20221214JCR