Universidad Privada Sergio Bernales S.A — Res. 750-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS), Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 04/06/2021, teniendo como fecha de vencimiento 09/06/2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 4,356.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar los depósitos bancarios de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los periodos semestrales depositados en mayo 2019, noviembre 2019, mayo 2020, noviembre 2020 y mayo 2021, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,596.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las gratificaciones legales de los periodos de julio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y diciembre 2020, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,596.00.

i. Que, la medida de requerimiento solo puede ser emitida en base a las pruebas que el inspector haya actuado en su investigación, que pongan de manifiesto dicho incumplimiento. ii. La inspeccionada cumplió con remitir las boletas de pago respectivas precisando que el mismo se efectuó a la mano, los descargos efectuados no fueron tomados en cuenta, tal es así que, se ha tomado por el inspector como no presentada. iii. En ese sentido, unos de los derechos fundamentales en materia sancionadora es el derecho a la presunción de inocencia. iv. La configuración de la infracción se debe a que supuestamente la inspeccionada no ha presentado descargo alguno, haciendo ver como que no ha cumplido con el requerimiento. Asimismo, no se evidencia el traslado de dicha observación a fin de que sea subsanada. v. La sanción por el incumplimiento de la medida de requerimiento vulnera el principio de legalidad al no acreditar fehacientemente la existencia de la infracción que respalde su emisión. De autos se desprende que, la inspeccionada en atención

a la medida de requerimiento ha cumplido con presentar en el plazo otorgado la documentación, aparentemente en cumplimiento de lo requerido. vi. La autoridad administrativa de trabajo debe presumir que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. En caso la documentación no satisfaga la presunción de licitud y veracidad, podrá adoptar las acciones correspondientes. Debe motivar con hechos y pruebas su decisión. vii. El inspector comisionado debió determinar que la información presentada no era factible de valorarla y dejar así expresada con los fundamentos y no de plano considerar como no presentada. viii. No se ha evidenciado la intención de no colaborar, pues, a lo largo del procedimiento ha cumplido con presentar documentación con la finalidad de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.

i. Resulta pertinente argumentar que, el inspector comisionado valoró todos los documentos que la inspeccionada aportó en las actuaciones inspectivas de investigación, lo cual consta y se encuentra en el acta de infracción como hechos constatados. ii. Además, es de observarse que la inspeccionada en la etapa del procedimiento sancionador hasta la primera instancia, no remitió documento de descargo alguno, asimismo, se observa que la inspeccionada adjunta a su recurso de apelación anexos en calidad de medios de prueba, los mismos que también fueron presentados en las investigaciones inspectivas; por lo que, en virtud a ello, se realizó una valoración y estudio integral de los documentos. iii. Ahora bien, del resultado de la evaluación de los documentos que aportó la inspeccionada en la etapa de investigación, se tiene que se realizó una correcta valoración de los mismos, por cuanto, a pesar de que la inspeccionada cumplía con remitir la información requerida por el inspector, dichos documentos resultaron ser insuficientes, con información incompleta sobre lo requerido, puesto que, no lograron acreditar el cumplimiento respecto al pago de CTS con sus respectivos intereses legales, de los periodos semestrales, depositados en mayo 2019 (semestre noviembre 2018 – abril 2019), noviembre 2019 (semestre mayo 2019 – octubre 2019), mayo 2020 (semestre noviembre 2019 – abril 2020), noviembre 2020 (semestre mayo 2020- octubre 2020) y mayo 2021 (noviembre 2020 – abril 2021),

2 Notificada a la impugnante el 13 de junio de 2022, véase folio 61 del expediente sancionador.

así como el pago de gratificaciones periodos de julio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y diciembre 2020 con respecto a los trabajadores afectados. iv. Como es evidenciarse, el pago de la CTS se acredita con el depósito en la institución elegida por el trabajador, siendo que, a través del depósito queda cumplida y pagada la obligación; por lo que, resulta evidente el incumplimiento por parte de la inspeccionada. v. Por otro lado, respecto al pago de las gratificaciones periodos de julio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y diciembre 2020, que si bien la inspeccionada, durante las actuaciones inspectivas de investigación, acredita la entrega de las boletas de pago de las gratificaciones legales periodos de julio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y diciembre 2020; sin embargo, no se acredita el pago a través de medios bancarios, es decir, a través de depósitos bancarios o cheques, conforme sí lo acreditó en otros periodos, adjuntando incluso el cheque bancario; pero, no logra acreditar el pago de las gratificaciones periodos de julio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y diciembre 2020. vi. Como es de evidenciarse, el inspector comisionado al detectar estos incumplimientos por parte de la inspeccionada a la normativa sociolaboral, “conducta cometida por la inspeccionada”, aplicó una medida de requerimiento como una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado. vii. Se determinó que, la inspeccionada es plenamente responsable de las infracciones que se le imputa: - No acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 04/06/2021, teniendo como fecha de vencimiento 09/06/2021 afectando a los trabajadores señalados en el acta de infracción. - No acreditó los depósitos bancarios de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los periodos semestrales depositados en mayo 2019, noviembre 2019, mayo 2020, noviembre 2020 y mayo 2021, respecto de los trabajadores señalados en el acta de infracción. - No acreditó el pago de las gratificaciones legales de los periodos de julio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y diciembre 2020 de los trabajadores señalados en el acta de infracción. viii. Por otra parte, no se advierte vulneración alguna al derecho de defensa ni al debido procedimiento, principio de legalidad, u otro principio. En ese sentido, se concluye que no resulta cierto, que la Resolución apelada adolezca de una debida motivación, toda vez que existe una clara correspondencia entre los hechos constatados y las normas jurídicas infringidas, menos que se hayan inobservado los principios que rigen la potestad sancionadora, ya que como es de verse, el presente procedimiento sancionador, el inferior en grado realizó el cálculo de la multa a imponer basado en el artículo 38 de la LGIT. Se tiene además que el inferior en grado, en estricto cumplimiento a los principios ordenadores del derecho, no ha dejado en estado de indefensión al inspeccionado. ix. Respecto a la proporcionalidad y razonabilidad de la multa, se debe precisar que la determinación de la multa no se encuentra sometida al libre albedrío del Inspector de Trabajo o de la Autoridad Sancionadora; antes bien, y de conformidad con los principios que rigen la actividad sancionadora de la SUNAFIL, las mismas se encuentran previamente reguladas conforme a la descripción prevista en el Título IV “De las responsabilidades y sanciones” del RLGIT5 , concluyéndose con ello que, tanto las conductas infractoras así como las sanciones se encuentran previamente determinadas y en modo alguno responden a apreciaciones de índole subjetivas y puedan ser consideradas como arbitrarias, conforme lo deja entrever la inspeccionada. Por lo tanto, las sanciones que impone SUNAFIL, por transgresión a

la normativa sociolaboral de seguridad y salud en el trabajo o por infracción a la labor inspectiva, responden en todos los casos a criterios objetivos previamente determinados y que deben ser conocidos por los administrados. x. Finalmente, se advierte que los cuestionamientos a la resolución apelada son insubsistentes e incongruentes con lo expuesto en ella, concluyéndose que la misma se encuentra arreglada a derecho, esto es se encuentra debidamente motivada en cada uno de sus extremos; no se encuentra razón o causal para declarar la nulidad de la misma, antes bien se concluye que se debe confirmar la resolución impugnada en cada uno de sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES S.A.

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 120-2022-SUNAFIL/IRE-LIM en términos similares a su recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. Señala que, no ha ejercido su derecho al descargo sobre el informe de instrucción. ii. Que, los inspectores nunca visitaron el domicilio de la empresa y solo se limitaron a requerir información. Cita el artículo14 de LGIT y el artículo 17 del RLGIT. iii. Manifiesta que la medida de requerimiento solo puede ser emitida en base a las pruebas que el inspector haya actuado en su investigación, que pongan de manifiesto el incumplimiento. iv. Expone que sí cumplió con remitir la información solicita que no fue valorada por la SUNAFIL. v. Considera que la sanción por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento emitida a la impugnante, vulnera el principio de legalidad, pues fue impuesta en contravención del debido procedimiento, al no acreditarse fehacientemente la existencia de infracción que respalde su emisión, habiéndose generado solo en base a la presunción de incumplimiento. vi. Sostiene que el inspector comisionado debió determinar que la información presentada por la impugnante no era factible de valorarla y dejar así expresa con los fundamentos y no de plano, considerarla como no presentada, al amparo de lo previsto en el artículo 14 de la LGIT y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y

procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

procedimiento, no verificándose la vulneración del numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, invocado por la impugnante.

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido). 6.12. Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y

al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad,

razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa.

Figura 03:

de requerimiento, conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar los depósitos bancarios de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los periodos semestrales depositados en mayo 2019, noviembre 2019, mayo 2020, noviembre 2020 y mayo 2021. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de las gratificaciones legales de los periodos de julio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y diciembre 2020. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 04/06/2021, teniendo como fecha de vencimiento 09/06/2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES S.A. en contra de la Resolución de Intendencia Nº 120-2022-SUNAFIL/IRE- LIM, de fecha 09 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Lima, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador Nº 496-2021- SUNAFIL/IRE-LIMA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. -CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 120-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES S.A, y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230809JCR