Universidad Catolica Sedes Sapientiae — Res. 1437-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: remuneraciones (sub materia: gratificaciones), trabajo remoto (sub materia: incluye todas), jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (sub materias: horas extras y vacaciones), registro de control de asistencia (sub materia: incluye todas), bonificación no remunerativa (sub materia: incluye todas) y compensación por tiempo de servicios (sub materia: depósito de CTS). remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la gratificación legal, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la bonificación extraordinaria, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración vacacional, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Sobre el avocamiento indebido y el pedido de suspensión, el punto 14 del informe final señala los periodos y conceptos no prescritos de la orden de inspección, conforme al cuadro que se detalla. Sin perjuicio de ello, ratifican que ya existe un reclamo judicial sobre los mismos hechos y con las mismas partes, interpuesta en el segundo juzgado especializado de trabajo de Lima Norte y recaída en el expediente Nº 402-2021-0-0901-JR-LA-02, mismo que se cumplió con adjuntar en su debido momento. ii. Existe un grave error en la tipificación, además de una vulneración del principio del Non Bis In Ídem, pues se imponen cuatro multas, las mismas que se encuentran claramente relacionadas entre ellas, infringiendo el concurso ideal de infracciones y, adicionalmente, quebrando todo principio de razonabilidad que exige que se mantenga el procedimiento sancionador de acuerdo al TUO de la LPAG. iii. La inspectora de trabajo requirió documentación del año 2015, aun cuando no existe obligación de mantener información mayor a cinco años; sin embargo, contrario a lo señalado por la apelada, respecto a que ello no incidió en el requerimiento de pago de los beneficios a partir del año 2017, dicha justificación solo busca regularizar y facultar un actuar ilegal por parte de la inspectora pues buscó imponer trabajar para

un debido procedimiento de inspección, pues obligó a gastar tiempo, horas persona, gastos administrativos para tratar de cumplir con abusivos e ilegales requerimientos bajo amenazas de multas. iv. La inspectora tenía conocimiento del depósito efectuado por la empresa a la trabajadora el 26 de diciembre de 2020, pero que fue rebotado porque, al cesar, ella cerró su cuenta sueldo, razón por la cual se le solicitó que remita una cuenta bancaria para realizar el monto adeudado, fue rechazado por la extrabajadora. Del mismo modo, se realizó un telegiro en vez de un cheque, todo esto bajo recomendación de la inspectora. v. No ha resultado viable la aplicación de otros mecanismos de cumplimiento como la consignación judicial o la entrega de cheque, pues la primera se encuentra condicionada a su admisorio para ser valorado como efectuada y puede demorar hasta seis meses y la segunda se encuentra condicionada a ser aceptado que es para lo que la trabajadora no ha manifestado voluntad. Por tanto, se considera que debe considerarse el Principio de Razonabilidad que se debe cumplir en todo procedimiento. En el supuesto negado que exista un incumplimiento, no se adeudan todos los beneficios, sino solo la liquidación de beneficios sociales. vi. Resultan concurrentes los presupuestos para aplicar el concurso de infracciones, según lo aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 233-2017-SUNAFIL. Del mismo modo, existe una grave contravención al Principio Non Bis In Ídem pues se pretende multar a la empresa en clara observancia de la disposición que prohíbe imponer doble sanción por los mismos hechos.

i. Al haberse determinado el incumplimiento de pago de los beneficios de gratificaciones, bonificación extraordinaria y remuneración vacacional, por los periodos de julio de 2017 a 2021, si bien la Sub Intendencia de Sanción prescribió el periodo de diciembre de 2017 por contemplar las infracciones bajo la calidad de infracciones instantáneas con efectos permanentes, lo correcto debió ser considerarlas infracciones continuadas, debiendo correr el plazo a partir del 28 de diciembre de 2020; por tanto, se deja a salvo el derecho de la trabajadora a fin que haga valer su derecho en la vía legal que corresponda, precisando que tener diferente criterio respecto del derecho aplicable al caso, no configura nulidad. ii. A la fecha de la emisión de la resolución de primera instancia, no habían prescrito la facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de las infracciones antes referidas al no haber superado el plazo máximo de cuatro años, disposición que aplica para las infracciones determinadas de naturaleza sociolaboral e inspectiva. iii. En fecha 11 de febrero de 2021 la extrabajadora denunció el incumplimiento de pago de sus beneficios sociales y el 08 de marzo de 2021 demandó ante el órgano judicial el reconocimiento de los mismos, en atención a lo prescrito en el artículo 75 del TUO de la LPAG, no concurren las condiciones para determinar el conflicto de la inspección con un proceso judicial por que no se requiere el pronunciamiento previo del órgano jurisdiccional para determinar la responsabilidad de la inspeccionada y no concurre la triple identidad ya que en el Expediente Nº 402-2021-0-0901-JR-LA- 02, las partes que la componen son la extrabajadora afectada y la inspeccionada; mientras que en el presente proceso, son la autoridad administrativa y la inspeccionada. Finalmente, en el proceso judicial se busca satisfacer la pretensión del trabajador, en el presente, el interés público. iv. Desde el vencimiento del plazo para cancelar los adeudos (27 de diciembre de 2020) hasta la fecha de comprobación del cumplimiento de la medida de requerimiento (03 de febrero de 2022), la inspeccionada contó con suficiente plazo para ejecutar las acciones necesarias de cumplimiento. Así, el cheque de gerencia por la suma de S/ 7,755.79 no resulta medio idóneo suficiente para acreditar dar cumplimiento a su obligación de pago de los beneficios sociales, identificándose un proceder poco diligente por parte de la administrada. v. En el presente caso se aprecia que las infracciones en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva han sido sancionadas por separado por el inferior en grado, ya que no existe ninguna conexión temporal y espacial entre las mismas, de tal modo que se pueda entender que ocurrencia de una de ellas haya generado la comisión de las demás. Por ende, corresponde confirmar las multas impuestas. vi. En cuanto a la presunta concurrencia del Principio Non Bis In Ídem, si bien existe la identidad de los sujetos entre las infracciones sociolaborales con la de naturaleza inspectiva, no reúne los presupuestos de los hechos y fundamentos, por tener diferente naturaleza y el tipo de bienes jurídicos protegidos; por ende, no corresponde excluir alguna de las multas impuestas al no existir identidad de sujetos, hechos y fundamentos. No corresponde imponer sanción en razón al Oficio Circular Nº 0038-2008-MTPE/2/11.4 ha sido dejado sin efecto, por lo cual, no resulta aplicable.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

3 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Universidad Catolica Sedes Sapientiae

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 11 de mayo de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 30 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 507-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Existe un reclamo judicial sobre los mismos hechos y con las mismas partes, pues se tiene que la extrabajadora entabló una demanda judicial por el reconocimiento y pago de reintegro de beneficios sociales, esto es, compensación por tiempo de servicio y vacaciones durante el periodo de trabajo, la cual se encuentra a cargo del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo de Lima Norte, recaído en el Expediente Nº 402-2021- 0-0901-JR-LA-02. Así, SUNAFIL no puede verificar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales del empleador, debiendo tomar en consideración la Directiva Nº 001- 2020-SUNAFIL/INII. ii. La administración refiere que al haber requerido información del 2015 en actuación inspectiva, no incidió en el requerimiento de pago de los beneficios sociales a partir del 2017, lo cual es falso, pues lo que se pretende es regularizar y facultar un actuar ilegal y abusivo por parte de la inspectora, al haberlo generado bajo apercibimiento de multa, lo cual configura la nulidad del proceso administrativo, al no encontrarse obligada de conservar información por un periodo superior a cinco (05) años. iii. La empresa ha seguido las recomendaciones de la inspectora, quien tenía conocimiento del depósito efectuado por la empresa a la trabajadora el 26 de diciembre de 2020, pero que fue rebotado porque, al cesar, ella cerró su cuenta sueldo, razón por la cual se le solicitó que remita una cuenta bancaria para realizar el monto adeudado, fue rechazado por la extrabajadora. Del mismo modo, se realizó un telegiro en vez de un cheque, todo esto bajo recomendación de la inspectora. iv. No ha resultado viable la aplicación de otros mecanismos de cumplimiento como la consignación judicial o la entrega de cheque, pues la primera se encuentra condicionada a su admisorio para ser valorado como efectuada y puede demorar hasta seis meses y la segunda se encuentra condicionada a ser aceptado que es para lo que la trabajadora no ha manifestado voluntad. Por tanto, se considera que debe considerarse el Principio de Razonabilidad que se debe cumplir en todo procedimiento. En el supuesto negado que exista un incumplimiento, no se adeudan todos los beneficios, sino solo la liquidación de beneficios sociales. v. Resultan concurrentes los presupuestos para aplicar el concurso de infracciones, según lo aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 233-2017-SUNAFIL. Del mismo modo, existe una grave contravención al Principio Non Bis In Ídem pues se pretende multar a la empresa en clara observancia de la disposición que prohíbe imponer doble sanción por los mismos hechos, ante la triple identidad de los presupuestos. vi. El análisis empleado en el presente caso ha sido empleado por la Primera Sub – Dirección de Inspección Laboral, mediante Resolución Sub Directoral Nº 1184-2008- MTPE/2/12.310, en la Resolución Divisional Nº 051-2009-MTPE/2/12.720 y en el Oficio Circular Nº 038-2008-MTPE/2/11.4, en el cual se ha dispuesto que un requerimiento de adopción de medidas no es sancionable si es que la obligación laboral aludida en aquél ha sido incumplida y penada separadamente; razón por la cual, se dan los presupuestos para aplicar la garantía del Non Bis In Ídem.

Análisis Del Recurso De Revisión

las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco, se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. En ese sentido, se precisa que esta instancia analizará solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o a la postulación de la afectación del debido proceso8, no tomando en consideración los argumentos que excedan a dichos presupuestos.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

8 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.” La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento.- No se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

Sobre la presunta vulneración al principio de tipicidad

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

“i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad); ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto9.”

9 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 1ra Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial Tecnos, p. 269.

íntegra y oportuna, entre otros, el pago correspondiente al concepto de remuneración vacacional. Mientras que, para el segundo (omisión del otorgamiento del descanso vacacional), el trabajador(a) debe haber alcanzado el derecho al mismo; y, a pesar de ello, su empleador no cumple con su otorgamiento, es decir, que el trabajador no haya gozado de su derecho al goce vacacional, supuesto determinado en el presente caso.

Sobre la medida de requerimiento

“(...) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“6.26. La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”10, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al escribirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada.

10 Numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT.

En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. d) Así las cosas, un análisis circunscrito únicamente a la determinación del quantum a cancelar por los incumplimientos en materia de relaciones laborales de significado económico, como supuesto de quiebre del principio de legalidad (arguyéndose la “necesidad” de una identificación específica del monto a cancelar por parte del sujeto inspeccionado por los incumplimientos laborales de naturaleza económica), resulta erróneo; toda vez que el bloque de legalidad invocable (conforme con lo dispuesto por los artículos 5 y 14 de la LGIT y los artículos 13 y 17 del RLGIT) no establece como requisito sine qua non que la medida inspectiva de requerimiento deba identificar el monto dinerario que adeuda el sujeto inspeccionado. (…).” (énfasis añadido)

Figura Nº 01

Figura Nº 02:

principios de Debido Procedimiento y Verdad Material11-, y que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos. Del mismo modo, la conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de los hechos.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.” (énfasis agregado)

11 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” 6.35. Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que las Resolución de Sub Intendencia N° 1250-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 21 de octubre de 2022, y confirmada por la Resolución de Intendencia N° 507-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 08 de mayo de 2023, incurren en vicio de nulidad y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

12 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 13 “Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.” 14 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

artículo 75 del TUO de la LPAG15, deberá evaluarse la pertinencia de la suspensión de este, bajo la concurrencia de los siguientes elementos:

a) Que exista una cuestión contenciosa entre dos administrados tramitada en sede jurisdiccional, y que requiere ser esclarecida de manera previa al pronunciamiento administrativo; b) Que la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado; c) Que exista identidad de sujetos, hechos y fundamentos. (énfasis añadido)

15 “Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 75.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio”. 16 “SEPTIMO.- Si bien el proceso administrativo se inició antes del proceso judicial; sin embargo, la norma establece que si durante el trámite del proceso administrativo se toma conocimiento que en sede judicial se viene tramitando una cuestión litigiosa que debe ser esclarecida previamente al pronunciamiento administrativo, se debe solicitar al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas y solo si estima que existe triple identidad (sujetos, hechos y fundamentos), podrá inhibirse hasta que la litis sea resuelta”. Figura Nº 03:

17 “Artículo 14. Materias impugnables (…) El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias.”

administrativo.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de la gratificación legal. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE, en contra de la Resolución de Intendencia N° 507- 2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 161-2022- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia Nº 1250-2022- SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 21 de octubre de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 161- 2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO.- RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1250-2022- SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 21 de octubre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.51 de la presente resolución. QUINTO. - Notificar la presente resolución a la UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE, y a Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015RLSH HR: 191836-2023