Universidad Alas Peruanas S.A — Res. 896-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento de las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones y Pago de bonificaciones), Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones), Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el depósito y/o pago de la CTS por el periodo inspeccionado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, no acreditar el pago de la remuneración vacacional del periodo inspeccionado, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega del certificado de trabajo, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,144.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación legal del periodo inspeccionado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria respecto de las gratificaciones del periodo inspeccionado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el 15.04.2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. La resolución objeto de apelación debe ser anulada porque presenta una inobservancia al debido procedimiento, puesto que vulnera el derecho de obtener una decisión motivada y fundada, no habiendo advertido el contenido de la información de público conocimiento acaecida respecto a los documentos y declaraciones formulados por la impugnante, siendo que la autoridad administrativa

2 Notificada a la impugnante el 28 de marzo de 2022, véase folio 70 del expediente sancionador.

solo se limitó a reseñar las supuestas infracciones, lo cual no garantiza la valoración idónea de lo actuado en el presente procedimiento. ii. El Ministerio Público en fecha 15 de enero de 2020, intervino en Lima la Sede Central de la Dirección de Gestión de Talento de la impugnante, todo el acervo documentario incluso digital, incautación que hizo imposible cumplir con el requerimiento formulado por la autoridad administrativa, dado que la información pertinente se encontraba centralizada en la sede principal de Lima; por lo que, al no haber valorado ello la resolución administrativa no posee el debido sustento. iii. El Informe Final de Instrucción, Imputación de Cargos y el Acta de Infracción deberán ser declarados nulos ya que no se ha cumplido con los requisitos mínimos determinados en las normas que regulan el procedimiento sancionador, dado que no se han pronunciado debidamente sobre la forma en la que la impugnante hubiera incurrido en las infracciones sancionadas, así la responsabilidad de la autoridad implica evidenciar con el debido sustento probatorio la infracción imputada; de esta forma en la resolución apelada no se evidencia el desarrollo motivacional lógico y coherente que determina una responsabilidad por parte de la impugnante , ni el debido respaldo probatorio por lo que correspondería dejar sin efecto la sanción propuesta en virtud de la presunción de inocencia constitucional y la carga de la prueba en los procesos inspectivos. iv. La autoridad administrativa no ha tomado en cuenta el criterio de razonabilidad para la aplicación de la sanción, en la medida que no ha ponderado la supuesta comisión de la conducta que se les imputa, vulnerando la garantía constitucional de la debida motivación pues existe una ausencia de valoración directa de lo actuado en el proceso instructivo, limitándose a hacer suya el acta de infracción respectiva, vulnerando el debido procedimiento, formulando una propuesta de sanción sobre la base de un criterio subjetivo insuficiente jurídicamente. v. La normativa administrativa establece que las entidades públicas deben respetar la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario, así la presunción de inocencia se manifiesta en la carga de la prueba que recae sobre la administración, lo cual debe suponer la prueba de los hechos constitutivos y elementos integrantes del tipo, así la imputación de la responsabilidad no puede realizarse por simples indicios y conjeturas, sino que debe ser suficientemente razonada.

i. En este sentido, acorde con el contenido del Acta de Infracción y de la Resolución de Subintendencia se encuentra en ambos expresamente señalado el establecimiento

3 Notificada a la impugnante el 18 de julio de 2022, véase folio 98 del expediente sancionador.

de los criterios de graduación de multa de la cual es pasible la impugnante, al haberse evidenciado los incumplimientos de la normativa socio laboral frente al no pago de los beneficios laborales que le correspondían percibir al trabajador denunciante, determinándose el monto de la multa ascendente a la suma de S/ 45,012.00 (Cuarenta y cinco mil doce con 00/100 soles), por la incursión en infracciones leves, graves y muy graves en materia de relaciones laborales y labor inspectiva; en consecuencia, queda desvirtuada la alegación sostenida no configurándose causal alguna que pueda generar la declaración de nulidad del presente procedimiento. ii. En efecto, en aplicación de la carga dinámica de la prueba es que le correspondió a la impugnante durante la etapa investigativa, la presentación de medios probatorios tendientes a rebatir los incumplimientos en materia de relaciones laborales observados por la Inspectora actuante, al haber verificado que no cumplió con sus obligaciones respecto al pago de remuneración vacacional, gratificaciones legales y bonificación extraordinaria, no depositar la compensación por tiempo de servicios, respecto de Torres Cosco Jorge Juan; debido a lo cual al no haberse desvirtuado en esa etapa sancionadora lo claramente comprobado por la inspectora, es que habrían quedado acreditadas las infracciones incurridas por la impugnante; por lo que la causal de nulidad alegada por ésta ha quedado desvirtuada. iii. En este sentido, la ocurrencia de actuaciones en el marco de procesos judiciales que pueda afrontar la impugnante, no implica el no cumplimiento de sus obligaciones laborales, así es el deber de toda empresa el efectuar el pago de los beneficios laborales que les corresponden percibir a sus trabajadores y en consecuencia poseer la documentación de la cual se pueda acreditar dicho cumplimiento; por lo que la razón alegada por la impugnante es inválida, puesto que resulta inverosímil el alegar que no poseen ningún documento al respecto ni físico ni virtual que pueda certificar la observancia de las obligaciones descritas. iv. Así, de la documentación presentada por la impugnante obrante en el expediente, no se ha acreditado el pago de los referidos beneficios laborales ni la entrega del documento de carácter laboral a favor de Torres Cosco Jorge Juan, por los periodos laborados por éste, y considerando la persistencia en el incumplimiento pese al otorgamiento de la oportunidad para la subsanación de dichas omisiones detectadas; es que se ratifica la incursión de una (1) infracción leve, tres (3) infracciones graves y una (1) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, en contravención del artículo 23 numeral 23.2, el artículo 24 numeral 24.4, así como del artículo 25 numeral 25.6 del RLGIT, determinadas en la Resolución de Sub Intendencia objeto de apelación. v. Tal como se detalla en la resolución apelada, la medida inspectiva de requerimiento notificada el 15 de abril de 2021, a través de la cual se le solicitó a la impugnante garantice el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, acreditando el pago integro y oportuno de la Compensación por Tiempo de Servicios por el periodo laborado, el pago íntegro de la remuneración vacacional, pago de las gratificaciones legales y bonificación extraordinaria; así como la entrega del certificado de trabajo; empero, al vencimiento del plazo ésta no cumplió con lo exigido respecto a los documentos solicitados; constituyéndose en consecuencia la trasgresión con carácter de insubsanable. vi. En ese orden de ideas, considerando que quedó acreditada la obligación de pago de los beneficios legales que establece la normatividad así como la entrega de la documentación de carácter laboral a favor de Torres Cosco Jorge Juan, es que las alegaciones formuladas por la impugnante carecen de sustento, no siendo convalidable su falta al deber de colaboración con el personal inspectivo frente al cumplimiento de sus obligaciones laborales consignadas en la medida inspectiva de

requerimiento, subsistiendo por ende, la infracción muy grave a la labor Inspectiva incurrida de conformidad con el numeral 46.7 del artículo 46° del Reglamento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 26 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 187-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución de Intendencia objeto del presente recurso debe ser anulada porque al igual que en la resolución de Sub Intendencia hay inobservancia al debido procedimiento, puesto que, la resolución adolece de una debida motivación, y por ende, vulnera lo prescrito en el numeral 1.2 del artículo IV Principio del procedimiento administrativo de la Ley N° 27444 , Ley de Procedimiento Administrativo General, norma referida al derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (debida motivación) de las resoluciones administrativas. ii. En el presente caso, es importante señalar, que se encuentran frente a una Resolución de Intendencia que, siguiendo el mismo criterio que el de la Resolución

de Sub Intendencia, no ha advertido debidamente el contenido de la información de público conocimiento acaecida en el presente periodo lo cual es de conocimiento público, lo cual a su entender, los releva de haber incurrido en las infracciones que se les pretende imputar, conforme a lo señalado en el sub punto 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444). iii. La Ley Marco de la actividad administrativa de los actos estatales, refrenda el principio de la presunción de veracidad, respecto a los documentos y declaraciones formulados por los administrados. iv. De igual forma resulta de público conocimiento que existe serias limitaciones para poder exhibir la información solicitada por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, dado a que el Ministerio Publico en Fecha 15.01.2020 intervino en Lima, la Sede Central de la Dirección de Gestión de Talento, todo el acervo documentario incluso digital, de tal forma que esa incautación hace imposible cumplir con el requerimiento formulado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, dado que la información pertinente se encontraba centralizada en la sede principal de Lima, y habiendo esta sido intervenida no es posible disponer de la información respectiva. v. Sin embargo, dicha circunstancia no ha sido tomada en cuenta por la Autoridad Administrativa de Trabajo, a los efectos de apreciar las supuestas infracciones que habría cometido su representada. vi. Por consiguiente, las conclusiones que realiza la misma autoridad sobre su presunta infracción de las normas laborales indicadas a su entender vulneran su derecho a una debida motivación del acto o resolución administrativa, pues incurre en una ausencia del debido sustento al requerimiento formulado. vii. Por tanto, la Resolución de Intendencia que impugnaron mediante el presente recurso, a su entender, persiste en la vulneración de su derecho a una debida motivación de la resolución administrativa, pues incurre (al igual que la Resolución de Sub Intendencia) en una demostración de manifiesta incongruencia. viii. En virtud de la presunción de inocencia constitucional, la carga de la prueba en los procesos inspectivos recae en la autoridad laboral pues deberá sustentar su posición con aquellos medios probatorios que respalden su manifestación en caso contrario se podría entender que se pretende una reversión de la carga probatoria en el empleador, y consecuente habría una vulneración del principio constitucional de presunción inocencia del sujeto inspeccionado que derivaría en una nulidad del procedimiento inspectivo. ix. La autoridad administrativa de trabajo, no ha tomado en cuenta el criterio de razonabilidad para la aplicación de la sanción en la medida que no ha ponderado que la supuesta comisión de la conducta que se les imputa y pretende sancionar no podría ser ventajosa desde ningún punto de vista a cumplir con la norma o a tener que asumir una sanción económica como la que se propone. x. En la Resolución de Intendencia se vulnera el principio de licitud, garantizado en el proceso sancionador de las entidades públicas. xi. Señalan que el calificar como infracción a la labor inspectiva el hecho de no cumplir oportunamente con el requerimiento, constituye una violación al PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM, pues se impone doble sanción por un solo hecho, que es propiamente el supuesto incumplimiento de normas socio laborales, respecto del cual se propone una sanción en forma individual. xii. Dejan constancia que no cumplir con un requerimiento tan arbitrario como el propuesto (puesto que no han incurrido en ninguna infracción laboral), no debería ser sancionado como una infracción relacionada con la labor inspectiva (conforme es práctica habitual de los Inspectores de trabajo), toda vez que un requerimiento como el formulado por el inspector supone atribuir una conducta infractora que no se ha

configurado ni acreditado previamente, violando así de manera flagrante el Principio constitucional de Presunción de inocencia.

Análisis Del Recurso De Revisión

De las infracciones objeto de revisión 6.1. De conformidad con lo señalado en el fundamento 3.4 de la presente resolución, esta Sala sólo se pronunciará sobre los alegatos del recurso de revisión vinculados a las infracciones calificadas como muy graves, a la luz del precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano:

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

infracciones graves y leve, éstas no serán materia de análisis, al carecer de competencia para emitir pronunciamiento sobre ellos; por lo que, esta Sala únicamente se pronunciará respecto de las infracciones muy graves tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva

10 Numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT.

Tales infracciones pueden consistir en: “(…) 3) La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.”

“(…) Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. (…)” (énfasis añadido).

11 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 08 de agosto de 2021.

hábiles, el pago de las gratificaciones legales y la bonificación Extraordinaria; el pago y/o depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios; el pago de la remuneración vacacional; así como la entrega del certificado de trabajo, a favor de su trabajador.

Sobre la supuesta inobservancia al Debido Procedimiento Administrativo, la Debida Motivación y el Principio de Presunción de Veracidad 6.15. La impugnante refiere que se ha vulnerado el Debido Procedimiento al no haberse valorado debidamente la información pública que acreditaba la imposibilidad de cumplir con el requerimiento efectuado por el personal inspectivo; adjuntando para dicho efecto una noticia periodística, en donde se menciona que “El Ministerio Público lleva a cabo esta mañana una diligencia de allanamiento e incautación de información en el local de la Universidad Alas Peruanas, en el distrito de Jesús María (…)” (énfasis añadido).

“Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“4. El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican” (énfasis añadido).

12 Numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.” 13 Numeral 1.11. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG: En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. (…)” 14 Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 18.- Trámite del recurso de revisión “El recurso de revisión se tramita conforme a las siguientes reglas: (…) 18.3. El Tribunal, de considerarlo pertinente, podrá solicitar información adicional al recurrente, a las entidades y/o a terceros, a fin de contar con mayores elementos para mejor resolver.”

motivado, en tanto se han detallado los hechos que produjeron la sanción, respetando el debido procedimiento y el principio de veracidad, determinándose que la impugnante incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad 6.27. Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones:

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

15 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

Sobre la aplicación al principio de presunción de licitud

Sobre la aplicación del principio de non bis in ídem

16 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, sí sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…).

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurrida por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”17 (énfasis añadido).

17 Morón Urbina, J. (2015). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, p. 790.

incumplimientos sociolaborales, como se ha detallado también en los numerales 6.11 y 6.12 de la presente resolución. Y es que, si bien, podría existir identidad de sujetos, no ocurre lo mismo con los hechos y fundamentos. Los hechos que dan lugar a las infracciones graves tipificadas en el numerales 24.4 del artículo 24 del RLGIT, y a la infracción leve tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT que se refieren a la falta de entrega de certificado de trabajo, pago de las gratificaciones legales, pago de la Bonificación Extraordinaria y pago y/o depósito de la compensación por tiempo de servicio, así como como en el caso de las infracciones muy graves tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT; el pago de la remuneración vacacional , a favor de su trabajador; se debe considerar que dichas acreencias y/o incumplimientos, existen con anterioridad a la emisión de la medida inspectiva de requerimiento.

Sobre el pago de la remuneración vacacional 6.40. De los actuados se verifica que, el inspector comisionado dejó constancia en el numeral 4.6 de los hechos constatados del Acta de Infracción que la impugnante no acreditó el pago de la remuneración vacacional y vacaciones truncas a favor de la recurrente por el periodo laborado del 01 de abril de 2017 al 10 de febrero de 2021.

de la actividad privada, establece que: “la remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Se considera remuneración, a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la misma”.

N° Materia Conducta Infractora Normas vulneradas Tipificación legal y clasificación Trab. Afecta dos Multa impuesta Relaciones laborales No acreditar el pago de la remuneración vacacional del periodo inspeccionado . Artículo 10, 16, 20 y 22 del Decreto Legislativo Nº 713, artículo 23, del Decreto supremo N° 012-92-TR.

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. GRAVE 1.35 UIT (*)

S/ 6,908.00 (*) Vigente al momento de configurar la falta, conforme el D.S. N° 392‐2020‐EF, es de S/. 4,400.00.

18 Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 17.- Facultades del Tribunal de Fiscalización Laboral Al evaluar el fondo del recurso de revisión, el Tribunal está facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas 19 Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 14.- Materias impugnables El recurso de revisión tiene por finalidad la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar la entrega del certificado de trabajo. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE Relaciones laborales No acreditar el depósito y/o pago de la CTS. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la gratificación legal. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria respecto de las gratificaciones. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 187-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 408-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – ADECUAR la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 195- 2022-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, de fecha 24 de marzo de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 187-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, referida a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando dicha infracción como grave, según lo dispuesto en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT; en consecuencia, la sanción impuesta asciende a la suma de S/ 6,908.00 (Seis mil novecientos ocho con 00/100 soles).

TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 187-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

Relaciones laborales No acreditar el pago de la remuneración vacacional. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el 15.04.2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, en el extremo de la adecuación de la infracción imputada por cumplir con acreditar el pago de las remuneraciones vacacionales y truncas correspondientes, en perjuicio del señor Jorge Juan Torres Cosco.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. El artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración, cuyo disfrute y compensación es regulada por ley o convenio. Nótese que, desde la norma constitucional se precisa que este descanso es remunerado.

2. Atendiendo al mandato constitucional referido, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 sobre descansos remunerados de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, prescribe que: “Tienen derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una jornada ordinaria mínima de cuatro (04) horas, siempre que haya cumplido dentro del año de servicios el récord previsto en el artículo 10 del Decreto Legislativo”.

3. Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de un tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo.

La doctrina, ha indicado al respecto que la finalidad del descanso vacacional apunta a facilitar un período de tiempo de descanso para permitir la recuperación física y psíquica del trabajador, como que pueda disfrutar de períodos de ocio y esparcimiento20.

4. De autos se observa que, respecto al trabajador Jorge Juan Torres Cosco, se adquirió el derecho a un descanso vacacional remunerado, el cual fue gozado oportunamente, aunque no fue remunerado.

5. Atendiendo a ello, en nuestra opinión la infracción cometida por el administrado sería la recogida en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y no la contenida en el numeral 24.4 de la misma norma, en razón a que el derecho a las vacaciones, cuando se cumple con el récord vacacional correspondiente y el año de servicios, se encuentra comprendida por dos (02) elementos concurrentes e inescindibles: el goce efectivo del descanso físico y el pago de la remuneración vacacional, los cuales deberían otorgarse en conjunto. Justamente, en el presente caso, observamos que no se ha cumplido con una de estas condiciones (el señor Torres sí gozó de su descanso vacacional pero no se le pagó la remuneración vacacional), por tanto, este incumplimiento por parte de la impugnante se subsumiría en el mencionado tipo infractor muy grave.

6. Consideramos ello, dado que la finalidad de la norma que regula este beneficio social es justamente contemplar que ambos conceptos (pago y descanso) conforman un solo derecho. Justamente, creemos que, por esa razón, por ejemplo, el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 713 dispone que la remuneración vacacional será abonada al trabajador antes del inicio del descanso, lo cual es reafirmado por el artículo 19 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 (Decreto Supremo Nº 012-092-TR).

En la misma línea, es pertinente mencionar que el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 713 indica que el empleador está obligado a hacer constar expresamente en el libro de planillas, la fecha del descanso vacacional, y el pago de la remuneración correspondiente, como si se trataran de dos aspectos que tienen que cumplirse en simultáneo para configurar el otorgamiento íntegro de este derecho. Cómo se aprecia, entonces, todos estos preceptos manifiestan que el goce del descanso vacacional, tendría que estar acompañado del pago de la remuneración correspondiente (remuneración vacacional).

7. En este orden de ideas, creemos también que cuando los artículos 10 y 17 Decreto Legislativo Nº 713, referidos al fraccionamiento y adelanto de vacaciones, respectivamente, permiten estas situaciones especiales, no solo habilitan que los descansos correspondientes sean otorgados, sin estar acompañados del pago de la remuneración vacacional. En ese sentido, tanto el fraccionamiento de las vacaciones como el adelanto de las mismas, tienen que estar vinculados con el pago remunerativo correspondiente.

8. En virtud a lo expuesto, consideramos que el goce del descanso vacacional se encuentra ligado inescindiblemente al pago de la remuneración vacacional, lo cual significa que ambos derechos están íntimamente unidos, siendo de esta manera inevitable su otorgamiento en conjunto, y, por ende, contrario a la normativa de la materia, su dación por separado.

20 Cfr. Gorelli Juan (2014). “Elementos delimitadores del derecho a vacaciones”. Themis (65), p. 61.

9. Por otro lado, respecto a la remuneración vacacional trunca. Sobre este extremo, concluimos que este incumplimiento se encuentra correctamente subsumido como una infracción grave en materia de relaciones laborales tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, que sanciona la conducta referida a: “No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley”, pues, en esta se configura la conducta de la impugnante, referida al inobservancia del pago de la remuneración vacacional trunca. Queda claro que, en este caso, al no haberse cumplido con los requisitos para hacer efectivo el descanso vacacional por dicho periodo, solo corresponde por mandato normativo el pago de una remuneración vacacional trunca.

10. Resumiendo, en mi opinión, ha quedado acreditado que la impugnante incurrió en la infracción muy grave en materia de relaciones laborales prevista en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, en perjuicio del señor Jorge Juan Torres Cosco respecto a la remuneración vacacional; y en una infracción grave en materia de relaciones laborales prevista en el numeral 24.4 del artículo 24 de la misma norma con relación al periodo trunco.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO y se confirme la Resolución de Intendencia N° 187-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a no cumplir con el pago de las remuneraciones vacacionales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, respecto del señor Jorge Juan Torres Cosco.

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230913MLA