Universidad Alas Peruanas S.A — Res. 220-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (sub materia: entrega de Boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Remuneraciones (sub materia: pago de la Remuneración (sueldos y salarios), gratificaciones); Compensación por tiempo de servicios (sub materia: depósito de CTS); Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (sub materia: vacaciones). 20555195444 soft Erwin FAU 20555195444 soft 08:20:05-0500 CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no haber cumplido con proporcionar la información requerida mediante Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, con fecha de notificación el 30 de julio de 2021, en el plazo establecido en dicho requerimiento, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no haber cumplido con proporcionar la información requerida mediante Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, con fecha de notificación el 12 de agosto de 2021, en el plazo establecido en dicho requerimiento, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. La resolución deviene en nula al vulnerar la garantía constitucional a la debida motivación en las resoluciones administrativas cuando expide una resolución confusa y contradictoria. ii. La resolución de sub intendencia debe ser anulada porque hay inobservancia al debido procedimiento, puesto que, adolece de una debida motivación, y por ende, vulnera lo prescrito en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que contempla el principio del procedimiento administrativo general, norma referida al hecho de obtener una decisión motivada y fundada en derecho. iii. Refiere que, se encuentra frente a una resolución de sub intendencia que no ha advertido debidamente el contenido de la información de público conocimiento acaecida en el presente periodo lo cual es de conocimiento público, lo cual a su entender los releva de haber incurrido en infracciones que se les pretende imputar, conforme a lo señalado en el sub punto 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. iv. Que, la autoridad administrativa de trabajo obvió dicho principio toda vez que de la resolución administrativa se aprecia, que se limita a reseñar las supuestas infracciones, lo cual considera no garantiza la valoración idónea de lo actuado en el presente procedimiento. De igual forma, resulta de público conocimiento que existe

serias limitaciones para poder exhibir la información solicitada por la autoridad inspectiva de trabajo, dado que el Ministerio Público en fecha 15 de enero de 2020 intervino en Lima, la sede central de la dirección de gestión del talento, todo el acervo documentario incluso digital, de tal forma que esa incautación hace imposible cumplir con el requerimiento formulado por la autoridad administrativa de trabajo, dado que, la información pertinente se encontraba centralizada en la sede principal de Lima, y habiendo sido intervenida no es posible disponer de la información respectiva. Dicha circunstancia se acredita con la información que obra en todos los medios de comunicación. v. Sin embargo, dicha circunstancia no ha sido tomada en cuenta por la autoridad administrativa de trabajo, a los efectos de apreciar las supuestas infracciones que habría cometido la representada. Por consiguiente, las conclusiones que realiza la misma autoridad sobre la presunta infracción a las normas laborales indicadas a su entender vulneran el derecho a una debida motivación del acto o resolución administrativa, pues incurre en una ausencia del debido sustento al requerimiento formulado. vi. Además, para los efectos de emitir un pronunciamiento adecuado a los fines establecidos en la normatividad inspectiva, la SUNAFIL debería de observar como cualquier actuación administrativa, una serie de requisitos y procedimientos y, en caso que no lo hiciera, se debería declarar la nulidad de las correspondientes actuaciones inspectivas. El informe final, la imputación de cargos y el acta de infracción, tendrán que ser declaradas nulas en aquellos casos en que no se haya cumplido los requisitos mínimos que se determinen en las normas que regulan el procedimiento sancionador, en tanto que ello configuraría un vicio del proceso administrativo. En el presente caso, los precitados documentos devienen en nulos al no haberse pronunciado debidamente sobre la forma en que se habría incurrido en las supuestas infracciones. vii. La responsabilidad de la autoridad de trabajo implica demostrar y evidenciar, con el debido sustento probatorio, la intención por parte del sujeto inspeccionado sobre la infracción imputada. De esa forma, si por alguna razón la resolución de sub intendencia no evidencia en su contenido un desarrollo motivacional lógico y coherente que determine una responsabilidad por parte del sujeto inspeccionado pues no existe el debido respaldo probatorio, no debería imponerse una sanción al sujeto inspeccionado y de ser el caso, correspondería disponer dejar sin efecto la sanción propuesta. viii. También se ha inobservado lo establecido en el artículo 246 del TUO de la Ley Nº 27444, relativo al principio de razonabilidad. La autoridad administrativa de trabajo no ha tomado en cuenta, el criterio de razonabilidad para la aplicación de la sanción en la medida que no ha ponderado que la supuesta comisión de la conducta que se nos imputa y pretende sancionar, no podría ser ventajosa desde ningún punto de

vista a cumplir con la norma o a tener que asumir una sanción económica como la que se propone. ix. Asimismo, el principio de razonabilidad se encuentra concretizado en el inciso 3 del artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444, sin embargo, es necesario dejar claro que, su contenido se encuentra vinculado directamente con el principio de proporcionalidad, esto es, con la adecuación aplicable entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. En ese sentido, es posible afirmar que el legislador peruano ha asumido el contenido material del principio de proporcionalidad denominándolo razonabilidad. En atención a lo expuesto, el inciso 3 del artículo 246 del TUO de la Ley Nº 27444, desarrolla los criterios que deben ser considerados por las autoridades administrativas a efectos de graduar la sanción aplicable ante la comisión de una infracción y así garantizar que se trata de una decisión necesaria, idónea y proporcionada. x. En virtud de la presunción de inocencia constitucional, la carga de la prueba en los procesos inspectivos recae en la autoridad laboral pues deberá sustentar su posición en aquellos medios probatorios que respalden su manifestación. Caso contrario, se podría entender que, se pretende una reversión de la carga de la prueba en el empleador, y consecuente habría una vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia del sujeto inspeccionado que derivaría en una nulidad del procedimiento inspectivo. xi. Consecuentemente, denuncia que la resolución de sub intendencia, vulnera la garantía constitucional de la debida motivación, pues si se observa con detenimiento el contenido de dicha resolución se limita a hacer suya el acta de infracción, en una demostración de la vulneración al debido procedimiento. xii. La resolución de sub intendencia vulnera también el principio de licitud, establecido en el artículo 246 inciso 9 del TUO de la Ley N°27444. La normativa establece que las entidades públicas deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario (…). Como se puede apreciar, la normativa administrativa establece que las entidades públicas deben respetar la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

i. La recurrente señala que no se ha valorado el hecho de público conocimiento, de que el Ministerio Público intervino la Sede central de la dirección de gestión del talento. Sin embargo, si bien el recurrente ha manifestado en todos sus descargos sobre este hecho, no adjunta ninguna prueba que acredite que se vea imposibilitado al cumplimiento de remitir la información solicitada por el inspector comisionado. ii. Máxime, si como se puede apreciar de los requerimientos de información (folios 23 y 42 del expediente inspectivo) se verifica que la información solicitada por el inspector comisionado consistió en: constancia de alta y baja del T-registro, boletas de pago de remuneraciones, acreditar el pago de vacaciones, CTS y liquidación de beneficios sociales, de una sola trabajadora. Siendo que, esta información se encuentra en un sistema digital de la SUNAT, a la que se puede acceder fácilmente con la clave SOL. En consecuencia, lo alegado por el sujeto responsable carece de todo argumento fáctico y legal, aunado al hecho de que los problemas legales del

2 Notificada a la impugnante el 11 de abril de 2022, a folio 50 del expediente sancionador.

recurrente, no son eximentes de responsabilidad válidos, conforme se advierte del artículo 236.A de la Ley N° 27444. iii. En cuanto a lo alegado por el recurrente que, no se han cumplido los requisitos y procedimientos para emitir un pronunciamiento, al no haberse pronunciado debidamente sobre la forma en que nuestra parte habría incurrido en las supuestas infracciones y no haberse demostrado con el debido sustento probatorio. Adolece de todo fundamento lo alegado por el recurrente, puesto que en la resolución de sub intendencia materia de impugnación, se ha establecido en los puntos 4.5.1 al 4.5.8 los hechos y medios probatorios con los que fundamenta la infracción que ha cometido el recurrente, así como ha fundamentado jurídicamente la infracción cometida por el recurrente. Además, el recurrente no ha especificado qué requisitos o procedimientos no se habría seguido para emitir la resolución impugnada, por lo que, carece de fundamento lo alegado por este. iv. En lo que respecta al principio de razonabilidad y proporcionalidad alegado por el recurrente, se acotó que se ha respetado dichos principios al haber aplicado lo establecido en el artículo 48 del D.S. N° 019-2006-TR, en el que se especifica mediante un cuadro, que contiene de manera clara, la forma de graduación de las sanciones. v. Para lo cual, se tiene en cuenta, el número de trabajadores, el tipo de empresa y la gravedad de la infracción; por tanto, y como se puede apreciar de la resolución materia de cuestionamiento se verifica que se ha cumplido con subsumir la infracción cometida por el recurrente en el artículo 46.3 de la norma acotada, referida a la infracción a la labor inspectiva, y para la graduación de la sanción, se ha considerado a un trabajador afectado, el tipo de empresa no MYPE, y como se observa del artículo 46.3 del D.S. N° 019-2006-TR se trata de una infracción muy grave; por ende, resulta correcta la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. vi. Sobre el principio de presunción de inocencia y licitud, se señaló que estos principios no se aplican al procedimiento administrativo, ni al sistema de inspección del trabajo, por lo que no se pueden pronunciar al respecto. vii. Finalmente, sobre la vulneración del debido procedimiento al indicar en la resolución impugnada que: “hace suyo el acta de infracción”, se manifiesta que la resolución de sub intendencia materia de impugnación no ha señalado ello, por lo que, no existe vulneración al principio al debido procedimiento; en tanto que, como se ha expuesto anteriormente, se ha fundamentado fáctica como jurídicamente las infracciones cometidas por el recurrente. Además, el recurrente no fundamenta en qué medida se ha transgredido dicho principio. En consecuencia, se ha respetado los principios fundamentales que rige los procedimientos administrativos sancionadores, careciendo de sustento lo manifestado por el recurrente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 16-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, señalando que:

Vulneración a la debida motivación i. La resolución de Intendencia vulnera la debida motivación mostrando inobservancia al debido procedimiento, así como al principio de presunción de veracidad, contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ya que sólo se limita a reseñar las supuestas infracciones no garantizando la valoración idónea de lo actuado. Además, es de conocimiento público las limitaciones que existían para poder exhibir la información solicitada por la autoridad inspectiva, dado que el Ministerio Público en fecha 15 de enero de 2020 intervino a la sede central de la Dirección de Gestión de Talento todo el acervo documentario, incluso digital, de tal forma que esta incautación hace imposible que se pueda cumplir con el requerimiento formulado, dado que la información pertinente se encontraba centralizada en la sede principal de Lima, lo cual ha sido debidamente acreditado conforme la noticia emitida por la agencia de noticias Andina cuyo reporte se mostró a la autoridad sancionadora; sin embargo, ello no ha sido tomado en cuenta, vulnerando su derecho a la debida motivación. Al respecto adjunta la Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 02698-2012-AA/TC, a través del cual se desarrolla el derecho al debido proceso y a la debida motivación. Se vulnera el principio de razonabilidad y proporcionalidad ii. No se ha tomado en cuenta el artículo 246 del TUO de la LPAG, pues no se ha ponderado que la supuesta comisión de la conducta que se le imputa y se pretende sancionar, no

podría ser ventajosa desde ningún punto de vista, al tener que asumir una sanción económica como la que se propone.

iii. Asimismo, no se ha observado el principio de proporcionalidad, pues no se han tomado en cuenta los criterios expresados en el inciso 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, referidos a los criterios para graduar la sanción. Por ello, se tiene que se incumplió lo señalado por la autoridad sancionadora, limitándose a hacer suya el Acta de infracción siendo un criterio subjetivo e insuficiente. Existe una vulneración al principio de licitud iv. El inciso 9 del artículo 246 del TUO de la Ley N°27444, garantiza el principio de licitud. Dicho principio se deriva del principio constitucional a la presunción de inocencia previsto en el literal e) del inciso 2 de la Constitución Política del Perú, el cual señala que toda persona es considerada inocente mientras que no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, por lo que la propuesta de sanción vulnera dicho principio. Se vulnera el principio del non bis in ídem v. La infracción relacionada al incumplimiento de medida de requerimiento vulnera el principio del non bis in ídem, pues no se puede imponer una doble sanción por un solo hecho, cómo lo están haciendo en el presente caso, lo cual es arbitrario y viola el principio de presunción de inocencia. Además, conforme a la Resolución de Intendencia N° 110- 2016-SUNAFIL/ILM, no se encuentra sustentado sólo en el artículo 9 de la LGIT, sino también al artículo 15 del RLGIT, lo que constituye una vulneración al debido procedimiento, quitándole su derecho de ejercer su defensa en manera adecuada, pues debió hacer explícitas las normas legales reglamentarias sobre qué tipo de quebrantamiento al deber de colaboración es que se le está sancionando. Por tanto, se debe dejar sin efecto la multa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la vulneración de la debida motivación alegada

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

9 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

Sobre la aplicación del principio de licitud

Sobre la aplicación del principio de non bis in idem

10 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…) - La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”11 (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: Universidad Alas Peruanas S.A. b) Identidad de Hechos: Los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada se tratan de dos (2) conductas contra la labor inspectiva, sancionables en forma independiente, por cuanto las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata y son insubsanables, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. En ese sentido, el primer incumplimiento es por la negativa a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante requerimiento de información notificado en casilla electrónica el 30 de julio de 2021; mientras que la segunda infracción se configura por la negativa de brindar al inspector comisionado la información solicitada mediante requerimiento de información, notificado en casilla electrónica el 12 de agosto de 2021, siendo que tales incumplimientos no han permitido al inspector verificar el cumplimiento respecto a las materias contenidas en la Orden de Inspección N° 316-2021-SUNAFIL/IRE-TUM. En esa línea argumentativa, cada requerimiento de información constituye una de las modalidades de actuación de investigación a las que se encuentra facultado el

11 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

inspector comisionado, por lo que el incumplimiento de cada uno constituye un acto independiente, como ocurre en el presente caso. c) Identidad de Fundamentos: La obligación cuyo incumplimiento se sanciona tiene los mismos fundamentos: la obstrucción a la labor inspectiva, por la falta del deber de colaboración en la inspección.

12 Directiva 01-2016 SUNAFIL/INII aprobada por resolución de Superintendencia N° 039-2016 SUNAFIL en su artículo 7.2.18 dispone “Tratándose de hechos que configuren infracción a la labor inspectiva, por cada hecho verificado se propondrá una multa teniendo en cuenta que al ser conductas independientes deben sancionarse por separado”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No proporcionar a la inspectora comisionada la información solicitada mediante requerimiento por medio de sistemas de comunicación electrónica notificado el 30 de julio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No proporcionar a la inspectora comisionada la información solicitada mediante requerimiento por medio de sistemas de comunicación electrónica notificado el 12 de agosto de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 16-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, emitida por la Intendencia Regional de Tumbes, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 017-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 16-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A., y a la Intendencia Regional de Tumbes, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20230308JCR