Universidad Alas Peruanas S.A — Res. 196-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materias: Pago de la remuneración - Sueldos y salarios- y Gratificaciones), Planillas o registros que la sustituyan (Sub Materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades), Seguridad Social (Sub Materia: Declaración y pago de la seguridad social) y Jornada, Horario de trabajo y Descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft soft

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar al sujeto inspeccionado la información requerida por los inspectores de trabajo actuantes para el día 03 de mayo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar al sujeto inspeccionado la información requerida por los inspectores de trabajo actuantes para el día 14 de mayo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00 soles.

i. La resolución impugnada debe ser declarada nula, pues adolece de una debida motivación incurriendo en una demostración manifiesta de incongruencia, inobservando la garantía del debido procedimiento, al ser contradictoria y arbitraria, y al no analizar el contenido de la información de público conocimiento presentado, vulnerando el principio de veracidad. Limitándose a reseñar las infracciones sin valorar que existen serias limitaciones para exhibir la información solicitada, dado que el Ministerio Público con fecha 15 de enero de 2020, intervino en Lima, a la sede central de la dirección de gestión de talento, siendo el acervo documentario incautado, incluso el digital, lo que hizo imposible el cumplir con el requerimiento formulado, pues se encontraba centralizado en la sede principal de Lima. Todo ello acreditado en autos, con los medios de comunicación exhibidos.

ii. La sanción impuesta incurre en inobservancia a los principios de razonabilidad y proporcionalidad qué debe observar la potestad sancionadora de los entes estatales, en la medida que no ha ponderado que la supuesta comisión de la conducta que se le pretende imputar a la impugnante no podría ser ventajosa desde ningún punto de vista a cumplir con la norma, o a tener que asumir una sanción económica como la que se propone. Estos principios establecen límites para la actuación represiva de las autoridades administrativas. Además, el Decreto Legislativo N° 1272 elimino el orden de prelación existente para la aplicación de los criterios del beneficio ilícito resultándote por la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción y la reincidencia por la comisión de la misma infracción. Por lo que, se denuncia que la resolución impugnada vulnera la debida motivación, limitándose a hacer suya el acta de infracción, vulnerando el debido procedimiento, sobre la base de un criterio subjetivo e insuficiente.

iii. Se ha vulnerado el principio de licitud, que se deriva del principio constitucional de la presunción de inocencia, siendo que la naturaleza sustancialmente procesal de la presunción de inocencia se manifiesta en la carga de la prueba que recae sobre la administración, permitiendo la destrucción de la presunción de inocencia, la cual es posibles, pero como mínimo debe suponer la prueba de los hechos constitutivos y de los elementos integrantes del tipo. La imputación de responsabilidad no puede realizarse por simples indicios y conjeturas, sino que debe estar suficientemente razonada.

i. Se verifica que el requerimiento de información fue notificado mediante casilla electrónica el día 28 de abril de 2021, con la finalidad que cumpla con remitir la información solicitada hasta el día 03 de mayo del mismo año. Sin embargo, la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada. Posteriormente, se reitera el requerimiento de información notificando a la impugnante con fecha 11 de mayo de 2021 mediante casilla electrónica, para que cumpla con remitir la información solicitada hasta el día 14 de mayo de 2021, siendo que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada a pesar de que en ambos requerimientos se consignó que el incumplimiento constituiría en una infracción a la labor inspectiva.

ii. Respecto al principio del debido procedimiento, se verifica que se ha venido respetando dicho principio al haberse notificado debidamente la imputación de cargos a fin de que efectúen los descargos respectivos. Asimismo, se advierte que se han notificado válidamente todas las actuaciones correspondientes al presente caso, otorgándole la oportunidad a la impugnante conforme a su derecho, de presentar sus argumentos de defensa y adjuntar sus medios probatorios que considere pertinentes. Obteniéndose así una resolución motivada por parte de la autoridad administrativa en donde se verifica que se ha analizado jurídica y fácticamente las normas vulneradas y los hechos constatados por el inspector comisionado, siendo que en la resolución apelada se ha detallado la conducta infractora, la norma vulnerada, la tipificación legal, el sustento jurídico y fáctico mencionándose los motivos por los cuales la impugnante debe ser sancionada. No siendo una justificación del incumplimiento de facilitar la documentación solicitada por el inspector de trabajo, lo que argumenta la impugnante. Toda vez que dichos requerimientos se realizaron más de un año después del suceso periodístico mencionado, motivo por el cual la impugnante se encontraba en la obligación de facilitar la información requerida más aún cuando está referida el pago de remuneraciones de los meses de mayo 2019 a marzo 2021 a favor de los trabajadores

2 Notificada a la impugnante el 25 de octubre de 2021.

afectados. Siendo así, se determina que la resolución apelada, no ha incurrido en ninguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

iii. En cuanto a las razonabilidad y proporcionalidad de la multa impuesta, sobre lo alegado de que la conducta sancionable no debe ser más ventajosa para el infractor que cumplir con las normas infringidas o asumir la sanción. Este principio prescribe que las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiéndose observar las circunstancias que necesariamente debe evaluar toda autoridad para individualizar la sanción. En ese sentido, se verifica que previo a imponer la multa del caso presente, se han tenido en cuenta los criterios que establece la tabla de cuantía y aplicación de las sanciones reguladas en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT, siendo así se advierte que la imposición de las multas se encuentra enmarcada dentro del contexto normativo, atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y debida motivación.

iv. El uso obligatorio de la casilla electrónica se aprobó a través de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, siendo modificado el cronograma de implementación a nivel nacional del sistema informático de notificación electrónica de la SUNAFIL, mediante la resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, fijando su aplicación a partir del día 31 de agosto de 2020 para las resoluciones de primera y segunda instancia que se expiden en el procedimiento administrativo sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 197-2021-SUNAFIL/IRELAMBAYEQUE, señalando los siguientes argumentos:

i. La resolución impugnada debe ser declarada nula, pues adolece de una debida motivación, inobservando el debido procedimiento, al ser contradictoria y arbitraria, y al no analizar el contenido de la información de público conocimiento presentado, vulnerando el principio de veracidad. Limitándose a reseñar las infracciones sin valorar que existen serias limitaciones para exhibir la información solicitada, dado que el Ministerio Público con fecha 15 de enero de 2020, intervino en Lima, a la sede central de la dirección de gestión de talento, siendo el acervo documentario incautado, incluso el digital, lo que hizo imposible el cumplir con el requerimiento formulado, pues se encontraba centralizado en la sede principal de Lima. Todo ello acreditado en autos, con los medios de comunicación exhibidos.

ii. La sanción impuesta incurre en inobservancia a los principios de razonabilidad y proporcionalidad qué debe observar la potestad sancionadora de los entes estatales, en la medida que no ha ponderado que la supuesta comisión de la conducta que se le pretende imputar a la impugnante no podría ser ventajosa desde ningún punto de vista a cumplir con la norma, o a tener que asumir una sanción económica como la que se propone. Estos principios establecen límites para la actuación represiva de las autoridades administrativas. Además, el Decreto Legislativo N° 1272 elimino el orden de prelación existente para la aplicación de los criterios del beneficio ilícito resultándote por la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción y la reincidencia por la comisión de la misma infracción. Por lo que, se denuncia que la resolución impugnada vulnera la debida motivación, limitándose a hacer suya el acta de infracción, vulnerando el debido procedimiento, sobre la base de un criterio subjetivo e insuficiente.

iii. Se ha vulnerado el principio de licitud, que se deriva del principio de presunción de inocencia, siendo que la naturaleza sustancialmente procesal de la presunción de inocencia se manifiesta en la carga de la prueba que recae sobre la administración, permitiendo la destrucción de la presunción de inocencia, la cual es posibles, pero como mínimo debe suponer la prueba de los hechos constitutivos y de los elementos integrantes del tipo. La imputación de responsabilidad no puede realizarse por simples indicios y conjeturas, sino que debe estar suficientemente razonada.

iv. Respecto al incumplimiento de la medida de requerimiento, se ha vulnerado el principio de no bis in ídem pues se ha impuesto una doble sanción por un solo hecho, que es propiamente el supuesto incumplimiento de las normas socio laborales sobre los pagos de las horas extras respecto del cual se proponen una sanción en forma individual.

v. Se vulnera el derecho de defensa de la impugnante, y en consecuencia el debido procedimiento, pues el acta de infracción no cumple con el criterio establecido en la Resolución de Intendencia N° 110-2016-SUNAFIL/ILM, que señala que la infracción a la labor inspectiva de incumplimiento de medida inspectiva de requerimiento deberá estar siempre sustentada en el artículo 9 de la LGIT y el artículo 15 del RLGIT.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta inobservancia al debido procedimiento administrativo, la debida motivación y el principio de veracidad 6.1. El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente respecto del debido procedimiento:

“Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

4. “El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican” (énfasis añadido).

Sobre la vulneración de los Principios de razonabilidad, proporcionalidad y licitud

9 Artículo 38.- Criterios de graduación de las sanciones Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se graduarán atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida, b) Número de trabajadores afectados. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación.

apercibimiento en ambos requerimientos, consignándose que dichos incumplimientos constituirían en infracciones a la labor inspectiva. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta Labor Inspectiva No facilitar al sujeto inspeccionado la información requerida por los inspectores de trabajo actuantes para el día 03 de mayo de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

S/ 11,572.00 Labor Inspectiva No facilitar al sujeto inspeccionado la información requerida por los inspectores de trabajo actuantes para el día 14 de mayo de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

S/ 11,572.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 197-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 19 de octubre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 375-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 197-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA