Universidad Alas Peruanas S.A — Res. 181-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias (sub materia: Remuneraciones, pago de las remuneraciones (sueldos y salarios)); Participación en las utilidades (sub materia pago); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia Depósito de CTS; Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: vacaciones). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción GRAVE a la labor inspectiva, por los incumplimientos al deber de colaboración con los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo y los auxiliares de inspección regulado por el artículo 9° de la Ley, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves, respecto a la visita efectuada con fecha 12 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 45.1 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, respecto al requerimiento de información solicitado el 06 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. La Resolución de Sub Intendencia objeto del presente recurso debe ser anulada porque hay inobservancia al debido procedimiento, puesto que, adolece de una debida motivación, y por ende vulnera lo prescrito en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG.

ii. En el ordenamiento jurídico peruano no se puede emitir una resolución administrativa que no sea debida y coherentemente motivada. Esto lo señala expresamente el Tribunal Constitucional STC 00091-2005-PA/TC, fundamento 9, párrafo 8: “La falta de motivación o insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444”.

iii. Resulta de público conocimiento que existen serias limitaciones para poder exhibir la información solicitada por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, dado a que el Ministerio Público en fecha 15 de enero de 2020 intervino en Lima, la Sede Central de la Dirección de Gestión de Talento, todo el acervo documentario incluso digital, de tal forma que esa incautación hace imposible cumplir con el requerimiento formulado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, dado que la información pertinente se

encontraba centralizada en la sede principal de Lima, habiendo esta sido intervenida no es posible disponer de la información respectiva.

iv. Para los efectos de emitir un pronunciamiento adecuado a los fines establecidos en la normativa inspectiva, la SUNAFIL debería de observar como cualquier actuación administrativa, una serie de requisitos y procedimientos y, en caso no lo hiciera, se debería declarar la nulidad de las correspondientes actuaciones inspectivas, el Informe Final de Instrucción, la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción correspondientes, tendrán que ser declaradas nulas, en los casos en que no se haya cumplido con los requisitos mínimos que se determinen en las normas que regulan el procedimiento sancionador.

v. La responsabilidad de la autoridad de trabajo implica demostrar y evidenciar, con el debido sustento probatorio, la intención por parte del sujeto inspeccionado sobre la infracción imputada. De esa forma, si por alguna razón la resolución de Sub Intendencia no evidencia en su contenido un desarrollo motivacional, lógico y coherente que determine una responsabilidad por parte del sujeto inspeccionado, pues no existe el debido respaldo probatorio, no debería imponerse una sanción al sujeto inspeccionado y, de ser el caso, correspondería disponer dejar sin efecto la sanción propuesta.

vi. La autoridad administrativa de trabajo, no ha tomado en cuenta el criterio de razonabilidad para la aplicación de la sanción, en la medida que no ha ponderado que la supuesta comisión de la conducta que se nos imputa y pretende sancionar, no podría ser ventajosa desde ningún punto de vista a cumplir con la norma o a tener que asumir una sanción económica como la que se propone.

vii. Consecuentemente, denunciamos que la Imputación de cargos de Instrucción, materia del presente recurso vulnera la garantía constitucional de la debida motivación, a la cual también están obligados los Órganos Administrativos, según la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues si se observa con detenimiento el contenido del Informe Final de Instrucción, se observa la ausencia de una valoración directa de lo actuado en el proceso inspectivo, limitándose a “hacer suya el Acta de Infracción” respectiva, en una demostración de la vulneración al debido procedimiento que comete la Autoridad Administrativa de Trabajo para formular su propuesta de sanción, sobre la base de un criterio subjetivo e insuficiente jurídicamente hablando.

i. Respecto a lo que arguye el sujeto responsable, en su escrito venido en alzada, puntualizados en los numerales 1 y 2 de la presente resolución, sobre el derecho al debido proceso y a la debida motivación, procederemos a pronunciarnos al respecto.

ii. De la revisión del Acta de Infracción, podemos apreciar que ha sido emitida con cada uno de los requisitos exigido en el RLGIT, ya que como bien podemos tomar lectura el acta de infracción en el ítem V de las normas vulneradas, califica las conductas, las normas infringidas, la tipicidad, la gravedad, número de trabajadores afectados, y la multa propuesta, a través de su cuadro descriptivo, en donde visiblemente se puede observar que los incumplimientos a la labor inspectiva, descritas en los hechos constatados se encuentran tipificadas en los numerales siguientes 46.3 y 45.1 del RLGIT; así mismo y en resguardo a un debido procedimiento, luego de la notificación del acta de infracción, imputación de cargos e informe final de instrucción, el sujeto responsable contaba con un plazo 05 días hábiles (de haber sido notificado) en cada uno de los instrumentos administrativos para emitir su respectivo descargo, habiéndole otorgado plenamente el derecho de defensa, seguidamente de haberle permitido refutar las infracciones y por consecuencia merituar dichos descargos, los mismos que para mayor abundamiento se encuentran plasmados en el ítem IV del Informe Final de Instrucción y el ítem IV de la Resolución de Sub Intendencia; sin perjuicio de ello se ha evaluado el recurso de apelación dándole una revisión a todo lo actuado, finiquitando que la autoridad administrativa de trabajo no ha transgredido el Principio al Debido Proceso.

iii. Ahora bien, respecto a la debida motivación, esta debe encontrarse en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, de tal manera que constituye un requisito de validez del acto administrativo que se sustenta en la necesidad de “permitir apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuación pública”; por lo que no son admisibles como tal la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto, tal como se desprende del numeral 4 del artículo 3 y del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG.

iv. En virtud de ello, este despacho ha realizado el análisis íntegro del expediente, como de la Resolución de Sub Intendencia objeto de apelación, en donde se puede advertir que el inferior en grado, dentro de las facultades con las que se encuentra revestido, ha realizado el correcto análisis de los acontecimientos constatados por el inspector comisionado, tipificándolos correctamente con los hechos que son pasibles de sanción, de modo tal que se ha pronunciado de cada uno de los alegatos que arguyo el sujeto responsable.

v. Sobre la transgresión a los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, puntualizados en los numerales 3 y 5 de la presente resolución, procederemos a pronunciarnos.

2 Notificada a la inspeccionada el 16 de agosto de 2021.

vi. Las disposiciones contenidas en el Principio de Presunción de Veracidad como el de Presunción de Licitud, preceptuadas en el TUO de la LPAG son aplicables con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales y, por ende, al procedimiento sancionador laboral.

vii. En ese contexto, cabe señalar que, la documentación presentada por el sujeto responsable en la etapa instructora reiterada en la etapa sancionadora no satisface la presunción de licitud y veracidad, toda vez que si bien la Universidad Alas Peruanas el 15 de enero de 2020 fue objeto de allanamiento en una de sus sedes en la ciudad de Lima, en el predio ubicado en Av. Cayetano Heredia N° 1042-1044 en donde operaban oficinas administrativas de apoyo organizacional; cierto es también que ello tuvo una duración de 24 horas3 de exclusiva ejecución en el mencionado predio, como públicamente lo dio a conocer el sujeto responsable en el comunicado emitido a la opinión pública el día 15 de enero de 2020, visto en la Página web de distintos diarios4, de tal manera que dicho acontecimiento en vez de eludir su accionar evidencia que pudo colaborar con la inspección de trabajo los días 11 y 12 de noviembre de 2020 tanto en el requerimiento de información como en la visita inspectiva en el centro de trabajo, toda vez que del hecho público ocurrido había transcurrido tiempo suficiente que no imposibilitó su colaboración, siendo incongruente que quiera enervar su responsabilidad con un acontecimiento ocurrido meses antes, en otra sede y que ello haya impedido acreditar el pago de los beneficios sociales de la trabajadora de quien se solicitó información.

viii. Si bien ambas presunciones admiten prueba en contrario, debemos señalar que, el inferior en grado argumento su posición de imponer sanción toda vez que los medios de comunicación escrito y el mismo sujeto responsable a través del comunicado a la opinión pública señalan que el allanamiento data de fecha 15 de enero de 2020, sin que ello haya impedido que colabore con la inspección de trabajo los días 11 y 12 de noviembre de 2020, máxime si el requerimiento de información5 señala expresamente que la no remisión de la información solicitada constituirá infracción a la labor inspectiva6 el inspector le supo comunicar que la actitud que el sujeto responsable estaba tomando podría configurarse en obstrucción a la labor inspectiva.

https://elcomercio/politica/justicia/caso-joaquin-ramirez-universidad-alas-peruanas-asegura-que-colabora-con-el- allanamiento-a-sus-oficinas-noticia/ 4 https://diariocorreo.pe/edicion/lima/alas-peruanas-se-pronucnia-sobre-allanamiento-a-su-sede-en-jesus-maria-video- noticia/ 5 Véase a folios 25 y 26 del expediente de actuaciones inspectivas. 6 Véase el hecho constatado en el numeral 4.5 del acta de infracción de folios 02 del expediente sancionador.

ix. Por su parte en la visita inspectiva de fecha 12 de noviembre de 2020, se ultimó que la persona encontrada en el centro laboral no colaboró con el inspector comisionado, impidiendo el correcto desarrollo de la función inspectiva, sin embargo no se evidenció que las órdenes hayan sido recibidas por el sujeto responsable, para lo cual se tiene que el inspector ejecuto el criterio normativo adoptado por el Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, criterio aprobado a través de la Resolución de Superintendencia N° 167-2019-SUNAFIL que establece lo siguiente:

“TEMA N° 1 El impedimento de ingreso y permanencia en el centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo al personal y/o de los peritos o técnico designados oficialmente, será calificado como infracción muy grave cuando se acredite que la citada infracción se dio por órdenes o directivas del empleador (numeral 46.1 del RLGIT, aprobado por el D.S. N° 019-2006-TR). En caso de no acreditarse que la infracción se produjo por órdenes o directivas del empleador, corresponde aplicar la infracción grave conforme a lo previsto en el numeral 45.1 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el D.S. N° 019-2006-TR” (énfasis añadido).

x. Asimismo, es necesario precisar que conforme a lo establecido en los artículos 16° y 47° de la Ley General de Inspección del Trabajo N° 28806 “(…) los hechos constatados por los inspectores de trabajo que se formalicen en actas de infracción merecen fe y se presumen ciertos, mientras no se demuestre lo contrario” (énfasis añadido).

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

7 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

8“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 9 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 10“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 11“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A.

12 Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de septiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 064-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:

i. La Resolución de Intendencia objeto del presente recurso debe ser anulada porque, al igual que en la Resolución de Sub Intendencia, hay inobservancia al debido procedimiento, puesto que la resolución adolece de una debida motivación, y por ende vulnera lo prescrito en el numeral 1.2 del artículo del TUO de la LPAG, norma referida al derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (debida motivación de las resoluciones administrativas).

ii. En el presente caso, es importante señalar, que nos encontramos frente a una Resolución de Intendencia que, siguiendo el mismo criterio que el de la Resolución de Sub Intendencia, no ha advertido debidamente el contenido de la información de público conocimiento acaecida en el presente periodo lo cual es de conocimiento público lo cual a nuestro entender nos releva de haber incurrido en las infracciones que se nos pretende imputar, conforme a lo señalado en el sub punto 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

iii. Por tanto, la Resolución de Intendencia que impugnamos mediante el presente recurso, a nuestro entender, persiste en la vulneración de nuestro derecho a una debida motivación de la resolución administrativa, pues incurre (al igual que la Resolución de Sub Intendencia) en una demostración de manifiesta incongruencia.

iv. De igual forma consideramos que la autoridad administrativa de trabajo al proponer la sanción objeto de descargo incurre en inobservancia de lo expresamente prescrito en el artículo 246 del TUO de la LPAG, relativo al principio de razonabilidad que debe observar la potestad sancionadora de los entes estatales.

v. Esto es, que la autoridad administrativa de trabajo, no ha tomado en cuenta el criterio de razonabilidad para la aplicación de la sanción en la medida que no ha ponderado que la supuesta comisión de la conducta que se nos imputa y

pretende sancionar (supuesta inobservancia de cumplimiento de consignación de causalidad objetiva en contratos modales), no podría ser ventajosa desde ningún punto de vista a cumplir con la norma o a tener que asumir una sanción económica como la que se propone.

vi. En virtud de la presunción de inocencia constitucional, la carga de la prueba en los procesos inspectivos recae en la autoridad laboral pues deberá sustentar su posición con aquellos medios probatorios que respalden su manifestación; en caso contrario se podría entender que se pretende una reversión de la carga probatoria en el empleador, y consecuente habría una vulneración del principio constitucional de presunción de licitud del sujeto inspeccionado que derivaría en una nulidad del procedimiento inspectivo.

vii. Se ha afirmado que la potestad sancionadora atribuida a la Administración Pública se traduce en un auténtico poder derivado del ordenamiento jurídico y encaminado al mejor gobierno de los diversos sectores de la vida social. Desde esta perspectiva, dicha potestad tiene como principal característica su carácter represivo, el cual se acciona ante cualquier perturbación o contravención del orden jurídico. Como se puede apreciar, la potestad sancionadora constituye un poder natural o corolario de las competencias otorgadas a la Administración Pública en determinadas materias, principalmente en las referidas a la ordenación y regulación de las 23 actividades en la sociedad. No obstante, en el contexto de un Estado de Derecho, dicha potestad no se ejerce de manera arbitraria, sino que se encuentra condicionada al respecto de las disposiciones previstas en la Constitución y los derechos fundamentales de los administrados.

viii. Como se puede apreciar, la normativa administrativa establece que las entidades públicas deben respetar la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. El principio de presunción de licitud precitado se deriva del principio constitucional a la presunción de inocencia previsto en el literal e) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, el cual señala que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

ix. El objeto de la presunción de inocencia se refiere a dos ámbitos. Desde su vertiente material se aplica a los hechos y la culpabilidad; y, desde su vertiente de carácter formal se manifiesta a lo largo de todo el proceso. Es indispensable tener presente que toda resolución sancionadora, sea penal o administrativa, requiere a la par certeza de los hechos imputados, obtenida mediante pruebas de cargo, y certeza del juicio de culpabilidad sobre los mismos hechos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la vulneración de la debida motivación alegada

adjuntó un reporte periodístico, en donde se menciona que “El Ministerio Público lleva a cabo esta mañana una diligencia de allanamiento e incautación de información en el local de la Universidad Alas Peruanas, en el distrito de Jesús María (…)” (énfasis añadido).

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

13Decreto Supremo Nº 004-2017-TR, que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2: El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. (...) 14 Decreto Supremo Nº 004-2017-TR, que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 3: Son competencias del Tribunal, las siguientes: a) Resolver en última instancia administrativa los procedimientos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. (…) 15 Decreto Supremo Nº 004-2017-TR, que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo17: Al evaluar el fondo del recurso de revisión, el Tribunal está facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

Sobre la aplicación al principio de licitud

16 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Multa impuesta Labor Inspectiva Los incumplimientos al deber de colaboración con los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo y los auxiliares de inspección regulada por el artículo 9° de la Ley, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves, respecto a la visita efectuada con fecha 12 de noviembre de 2020. Numeral 45.1 del artículo 45 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

GRAVE S/ 6,751.00 Labor Inspectiva La negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, respecto al requerimiento de información solicitado el 06 de noviembre de 2020. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE

S/ 11,309.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. en contra de la Resolución de Intendencia N° 064-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 13 de agosto de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Ica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 129-2020-SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 064-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, en el extremo referido a la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A., y a la Intendencia de Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ica.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUZ IMELDA PACHECO ZERGA