Unidad Ejecutora Programas Regionales - Proregion — Res. 598-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: Incluye todas); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Bonificación No Remunerativas (Sub materias: Incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

laborado del año 2014 hasta 2020, y así como se determine la desnaturalización de su relación laboral.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información solicitado de fecha 04 de noviembre de 2021, tipificado en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información solicitado de fecha 15 de noviembre de 2021, tipificado en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Que, en la presentación de descargo que la falta imputada requiere para su materialización que exista una negativa por parte de la entidad para facilitar a los supervisores inspectores, los supervisores de trabajo o los inspectores auxiliares la información y la documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, lo que significa la existencia de una voluntad de obstaculizar la labor inspectiva, la cual no ha concurrido en el presente caso, tratándose por el contrario de una falta de conocimiento de la existencia de la casilla electrónica mediante la cual se dan las notificaciones de las actuaciones de SUNAFIL; lo que no ha sido considerado en el momento de resolver; debiendo agregarse al respecto que si lo que se pretende es sancionar por la negativa de la entrega de la información requerida dentro del plazo de ley, debió verificarse la voluntad de no hacer la entrega de la misma, esto es, no se verificó un actuar doloso por parte de la entidad, ello en aplicación del principio de

verdad material, el cual prescribe que la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley.

ii. Por otro lado, en cuanto a la gradación de la sanción, el órgano sancionador no ha considerado lo expuesto en el descargo realizado, pues si bien es cierto que el hecho de que la sanción se materializa con el hecho de no remitir, por propia voluntad, dentro de los plazos que fija la normatividad la información requerida por parte de la inspección lo cual frustra la función del inspector, como también lo es el hecho que según el artículo 48, numeral 48.1 del Reglamento de la Ley 28806, señala que la infracción considerada muy grave asciende a 2.63% de una UIT, al tratarse de una persona jurídica NO MYPE, ello según el número de trabajadores afectados; en el presente caso no podría considerarse que ha existido un trabajador perjudicado con la presunta negativa a la entrega de la información solicitada, puesto que esta estaba referida al señor Max Alberto Barrueto Romo, el cual como se logró probar a lo largo de la primera instancia del procedimiento sancionador, este no tenía la condición de trabajador, tal y como se indica en la Sentencia N° 102-2021-L del Proceso Judicial N° 1348-2019-0-0601-JR-01, que declara infundada la demanda en todos sus extremos, la misma que tenía como objeto el reconocimiento de una relación de naturaleza laboral a plazo indeterminado de la mencionada persona con PROREGION.”

iii. Se tiene entonces que la garantía de Lex praevia, se manifiesta en la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (o administrativa), debiendo administrativa, sino que también deberán estar descritas las consecuencias jurídicas y las que agraven la situación jurídica del procesado, esto es las sanciones; sin embargo, en el presente caso no se ha previsto en una Ley la consecuencia de no entregar información con plena voluntad de obstaculizar la labor inspectiva, esto es la sanción que corresponde a la misma, ya que si bien se contempla una sanción desde un principio, por una presunta infracción a la labor inspectiva, el cálculo de esta se da por trabajadores afectados, no obstante no se presenta ningún trabajador afectado, por lo que, si se presupone que con la falta de información se frustra la actuación del inspector sobre los derechos socio laborales que se habrían vulnerado al señor Max Alberto Barrueto Romo, y al no tener este último la condición de trabajador (cosa demostrada), carece de sustento alguno que se cuantifique la sanción sobre una condición de trabajador que en la realidad no existe como tal, se incurre entonces en una falta de motivación de la resolución impugnada, puesto que no existe desarrollo alguno en cuanto de cuál es el criterio de cuantificación de la sanción, no exponiendo quién resulta ser el trabajador afectado que configure la imposición del 2.63% de 1 UIT, lo que implica que no se ha aplicado, al momento de emitir la impugnada, el artículo 139, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, en cuanto a la motivación de resoluciones judiciales, extensiva a la motivación de resoluciones administrativas. c) Derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho: Consiste en el derecho que tienen las

personas para que las decisiones emitidas por el juzgador respecto a sus intereses y derechos hagan expresa consideración de los principales argumentos jurídicos y de hecho, así como de las cuestiones propuestas por ellos en tanto hubieren sido pertinentes a la solución del caso. En este orden de ideas, debido proceso es una garantía constitucional que permite brindar un adecuado ejercicio del derecho de defensa, una debida motivación que contenga la fundamentación jurídica, y que exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, ya que de lo contrario nos encontraríamos ante una resolución arbitraria; de esta manera se tiene entonces, que la resolución que se impugna carece además de motivación, vulnerando el artículo 139, numerales 3 y 5, de la Constitución Política del Estado, visto que no existe pronunciamiento alguno sobre cómo es que se pretende aplicar un criterio de graduación de sanción para una presunta infracción a la labor inspectiva, sin estar contenida en el artículo 38 de la Ley N° 28806.”.

i. Que, los dispositivos legales antes señalados se encuentran debidamente publicados en el Diario Oficial el Peruano, por lo tanto, dichas normas son de público conocimiento y de obligatorio cumplimiento, desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte, conforme así lo establece el Artículo 109° de la Constitución Política del Perú; por lo tanto, es responsabilidad del administrado conocer lo dispuesto por dichos dispositivos legales. ii. Debe señalarse que, la inspeccionada fue debidamente notificada en su casilla electrónica con los requerimientos de información de fechas 04 y 15 de noviembre de noviembre de 2021:

2 Notificada a la impugnante vía casilla electrónica el 23 de mayo de 2022; y notificada mediante cédula de notificación el 13 de julio de 2022 al Procurador Público de Gobierno Regional de Cajamarca, conforme se observa en el expediente sancionador digital.

iii. Que, los dispositivos legales antes señalados se encuentran debidamente publicados en el Diario Oficial el Peruano, por lo tanto, dichas normas son de público conocimiento y de obligatorio cumplimiento, desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte, conforme así lo establece el Artículo 109° de la Constitución Política del Perú; por lo tanto, es responsabilidad del administrado conocer lo dispuesto por dichos dispositivos legales. iv. Asimismo, de dicho cuerpo legal se desprende la obligación del administrado, de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada; asimismo, se verifica la validez de la notificación efectuada mediante casilla electrónica. Por ello, es indispensable resaltar que, sólo cuando exista imposibilidad de efectuar la notificación por casilla electrónica, se deberá utilizar las otras modalidades de notificación. v. Siendo así, este despacho concluye que las infracciones a la labor inspectiva por no remitir la información de fechas 04 y 15 de noviembre de 2021, dentro del plazo señalado por el inspector comisionado, han sido debidamente determinadas y se ajustan al tenor del tipo legal por el cual se sancionó a la inspeccionada, con expresión de la normativa vulnerada en atención al Principio de Tipicidad y Legalidad, por lo que este despacho concluye que debe confirmarse la sanción establecida en la resolución apelada en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

del RLGIT dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución9.

Del Análisis Sobre La Existencia De Causales De Improcedencia Del Recurso De Revisión

“Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido” (énfasis añadido).

9 Iniciándose el plazo el 14 de julio de 2022.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No proporcionar la documentación e información solicitada, mediante requerimiento de información de fecha 04/11/2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No proporcionar la documentación e información solicitada, mediante requerimiento de información de fecha 15/11/2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION, en contra de la Resolución de Intendencia N° 087-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 032-2022-PS/SUNAFIL/IRE- CAJ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES – PROREGION; y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes. TERCERO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230628JCR