TWF S.A — Res. 1161-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub Materia: Depósito de CTS); Certificado de trabajo (Sub Materia: Incluye todas); Bonificación no remunerativa (Sub Materia: Incluye todas); Remuneraciones (Sub Materia: Gratificaciones; Asignaciones). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

puestos laborales) mediante requerimientos de información de fechas 23 de setiembre de 2020 y 16 de octubre de 2020.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar información y documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 23 de setiembre de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar información y documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 16 de octubre de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,309.00.

i. Manifiesta que, la Sub Intendencia de Sanción ha incurrido en un error manifiesto de hecho y de derecho, al atribuir de manera indebida infracciones que no corresponden a la realidad de los hechos. Tal como consta en el Acta de Infracción, los requerimientos de información estuvieron orientados a sustentar una presunta relación laboral con una persona determinada; sin embargo, desde el inicio la empresa dejó constancia expresa de la inexistencia de dicho vínculo, resultando materialmente imposible remitir documentación de naturaleza laboral en relación con un trabajador inexistente. ii. La inexistencia de la relación laboral fue posteriormente corroborada mediante la manifestación de desistimiento presentada por la parte denunciante, así como a través de un acuerdo extrajudicial celebrado con su verdadero empleador, elementos que acreditan de manera idónea que la empresa inspeccionada no mantuvo vínculo laboral alguno y que, en consecuencia, cumplió con sus obligaciones sociolaborales. Pese a ello, la resolución apelada omitió considerar que la información solicitada fue oportunamente atendida y subsanada, desatendiendo además la exigencia de finalidad pública como requisito de validez de todo acto administrativo. En ese marco, se han visto afectados los principios de razonabilidad,

presunción de veracidad, presunción de licitud y debido procedimiento, pilares esenciales que deben regir la potestad sancionadora de la Administración. iii. En esa línea, habiéndose acreditado mediante documentación idónea la inexistencia de infracción sociolaboral atribuible a la empresa, resulta plenamente aplicable lo previsto en el literal f) del artículo 255° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, relativo a los eximentes y atenuantes de responsabilidad administrativa, concordante con lo establecido en el numeral 17.3 del artículo 17° del RLGIT. En consecuencia, la sanción impuesta carece de sustento fáctico y normativo, por lo que debe ser dejada sin efecto.

i. Respecto a las infracciones imputadas por no remitir la información solicitada mediante los requerimientos de información de fecha 23 de setiembre de 2020 y 16 de octubre de 2020, se verificó que la impugnante, en su calidad de sujeto inspeccionado, no cumplió con presentar la documentación dentro del plazo otorgado por la inspectora comisionada. Esta omisión constituyó un claro incumplimiento del deber de colaboración previsto en el numeral 15.1 del artículo 15° del RLGIT y en el artículo 9° de la LGIT, que obliga a los empleadores a facilitar toda la información necesaria para el desarrollo de las actuaciones inspectivas. Esta falta de entrega de información impidió que la labor fiscalizadora pudiera desarrollarse adecuadamente y verificar los hechos denunciados. ii. Es importante resaltar que los inspectores del trabajo tienen la potestad legal de requerir documentación por distintos medios, incluidos los sistemas de comunicación electrónica, como lo establece el numeral 12.1 del artículo 12° del RLGIT. Esta modalidad fue implementada por SUNAFIL a través de directivas y protocolos vigentes, como la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII y el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, los cuales indican expresamente que, si el sujeto inspeccionado no entrega la información solicitada, incurre en una infracción muy grave a la labor inspectiva conforme al numeral 46.3 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado, como ocurrió en el presente caso. iii. Asimismo, conforme al Acta de Infracción, quedó registrado que los requerimientos no fueron atendidos oportunamente, lo cual fue corroborado por los inspectores en los numerales 4.7 y 4.8 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción. Es relevante indicar que, conforme al artículo 16° de la LGIT, los hechos consignados en un acta de infracción tienen presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, lo cual no se ha acreditado por parte de la inspeccionada. En consecuencia, se configura

una conducta obstructiva que afecta gravemente la función inspectiva y el cumplimiento del orden sociolaboral. iv. En cuanto al argumento de la inspeccionada sobre el supuesto desistimiento del trabajador denunciante, cabe precisar que este no tiene efectos sobre el desarrollo ni la validez de las actuaciones inspectivas. Así lo ha establecido el criterio vinculante aprobado por la SUNAFIL en el Tema N° 3 de la Resolución de Superintendencia N° 154-2019-SUNAFIL, el cual aclara que el desistimiento no interrumpe ni extingue el proceso fiscalizador. La función inspectiva no se restringe a proteger intereses particulares, sino que persigue la defensa del interés público y el cumplimiento efectivo de normas de orden laboral. v. Por tanto, el desistimiento del trabajador no libera a la empresa inspeccionada de sus obligaciones, ni impide que la Inspección del Trabajo continúe con el procedimiento para verificar el cumplimiento normativo. Esto se fundamenta en el artículo 1° y el numeral 1 del artículo 3° de la LGIT, que otorgan a la Inspección del Trabajo la función pública de vigilancia y exigencia del cumplimiento de la legislación laboral, independientemente de la voluntad del denunciante. En esa línea, la emisión del acta de infracción es una consecuencia del incumplimiento de la inspeccionada frente a sus deberes legales. vi. Asimismo, se concluye que la resolución apelada ha sido emitida con apego a derecho, respetando los principios de legalidad, debido procedimiento, verdad material y razonabilidad establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. No se evidencia ninguna vulneración a los derechos de la inspeccionada ni causal de nulidad conforme al artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Por tanto, corresponde confirmar la sanción impuesta por la primera instancia, desestimando este extremo del recurso de apelación al no haberse demostrado vicio alguno que afecte la validez del procedimiento. vii. Por otra parte, debe señalarse que las infracciones atribuidas a la inspeccionada poseen naturaleza insubsanable. Esto implica que, una vez vencido el plazo otorgado por la Autoridad inspectiva sin que se haya cumplido con el requerimiento de información, no es posible enmendar los efectos de dicho incumplimiento. Lo anterior se debe a que la función inspectiva tiene por objeto garantizar el cumplimiento oportuno y eficaz de la normativa sociolaboral durante el procedimiento de inspección, siendo este cumplimiento en el tiempo oportuno un componente esencial para la efectividad del control estatal. viii. Por tanto, al haberse frustrado las actuaciones inspectivas por la falta de remisión de la información requerida dentro del plazo otorgado, no corresponde aplicar eximentes de responsabilidad ni considerar reducción de la sanción por posterior entrega de documentos. Las infracciones a la labor inspectiva de esta naturaleza son de comisión inmediata y se configuran en el momento del incumplimiento, según lo dispone el RLGIT. Cualquier conducta posterior, como una entrega extemporánea de la documentación, no tiene el efecto de revertir la infracción ya cometida. ix. A ello se suma lo establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral en su Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, la cual, como precedente obligatorio, establece que las conductas que obstaculizan o impiden la labor inspectiva son infracciones autónomas. No dependen ni están subordinadas a la existencia de otras infracciones sustantivas detectadas en la visita de inspección, sino que constituyen en sí mismas una vulneración directa al proceso inspectivo. Este criterio refuerza que la responsabilidad de la inspeccionada se mantiene vigente, aun cuando no se haya determinado otra infracción en materia laboral sustantiva. x. En consecuencia, los argumentos presentados por la inspeccionada en su apelación no logran desvirtuar las infracciones constatadas ni la validez del procedimiento sancionador. Al haberse determinado correctamente la comisión de una infracción

insubsanable, corresponde confirmar la resolución apelada, toda vez que se encuentra conforme a derecho y a los criterios vigentes en materia de inspección laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 5 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TWF S.A. SUCURSAL EN EL PERU

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de diciembre de 2022, TWF S.A. SUCURSAL EN EL PERU fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1875-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

7 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

i. No existió negativa a facilitar la información ni la documentación solicitada por el personal inspectivo, pues la empresa cumplió con remitir oportunamente lo requerido. ii. La resolución impugnada incurre en grave error y deviene en nula al inaplicar lo dispuesto en el artículo 200° del TUO de la LPAG, así como los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, presunción de veracidad y verdad material previstos en la misma norma. iii. Desde el inicio del procedimiento se informó la inexistencia de vínculo laboral con el denunciante, hecho que incluso fue ratificado por este. Asimismo, se cumplió con presentar la documentación idónea que acredita la inexistencia de infracción sociolaboral, por lo que correspondía aplicar lo previsto en el literal f) del artículo 255° del TUO de la LPAG, relativo a los supuestos de eximente de responsabilidad administrativa. iv. En ese sentido, conforme al artículo 200° del TUO de la LPAG, el desistimiento de la denuncia —unido a la acreditación documental de la inexistencia de relación laboral— determina la imposibilidad de continuar con el procedimiento, al carecer de sustento jurídico y fáctico la imputación formulada. v. La propia SUNAFIL cuenta con los medios probatorios necesarios para corroborar la remisión de la información, así como la ratificación y desistimiento del denunciante, por lo que no resulta razonable sostener la existencia de infracción. vi. La resolución impugnada, además, carece de adecuada motivación, al no haber valorado las pruebas presentadas ni ponderado la finalidad pública del procedimiento, vulnerando los Principios de Razonabilidad y Verdad material, lo que refuerza la necesidad de declarar su nulidad. vii. Por tales consideraciones, corresponde revocar y/o anular la resolución impugnada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la validez de los requerimientos de información en función de los Principios de Razonabilidad, Tipicidad, Debido Proceso, con énfasis al derecho de defensa y a las modalidades de notificación

8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…). 4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 9 Morón Urbina, J. C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004‑2019‑JUS) (14.ª ed., Tomo II, p. 421). Lima: Gaceta Jurídica.

“12. (...) se proyecta (...) como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés (...). 13. La observancia y el respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad

humana al primero de sus valores. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera [que] sea su materia”.

Requerimiento de información de fecha 23 de setiembre de 2020 “(…), se requiere remitir al correo institucional xbeltran@sunafil.gob.pe en un plazo máximo de tres días hábiles (hasta las 17:30 horas del 28 de setiembre del 2020) la siguiente información y/o documentación: 1. Vigencia de poder del Representante Legal de la empresa o Declaración Jurada (D. Leg. N° 1246) y copia de DNI. 2. De no enviar la información vía correo electrónico el propio Representante Legal, quien la envíe deberá acreditar la representación mediante Vigencia de Poder o Declaración Jurada (D. Leg. N° 1246) y carta poder de representación simple suscrita por el Titular y/o el Gerente General (en la que conste expresamente el número de la Orden 23623-2020- SUNAFIL/ILM y que la representación confiere al apoderado las facultades para que envíe información en representación de TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU), dirigida a la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL. 3. Enviar el documento escaneado “ANEXO 01: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO” que autoriza a la autoridad inspectiva del trabajo la notificación de cualquier documento que se emita o expida con ocasión del trámite del procedimiento inspectivo vía correo electrónico. La referida autorización suscrita por el representante legal o apoderado debidamente acreditado de la empresa inspeccionada, deberá ser remitida por esta vía al correo electrónico xbeltran@sunafil.gob.pe, en el mismo plazo máximo del presente requerimiento de información y junto con la documentación solicitada. 4. Presentar los recibos por honorarios emitidos por (…) 5. Presentar la lista de correos institucionales de la empresa inspeccionada TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU.

6. Presentar la minuta de constitución de la empresa inspeccionada TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU. 7. Presentar el organigrama y la descripción de los puestos de trabajo de la empresa inspeccionada TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU. 8. Presentar constancia de alta y baja de (…) 9. Acreditar el pago de las vacaciones conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su periodo laboral y de corresponder. 10. Acreditar el pago de las gratificaciones conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su período laboral y de corresponder. 11. Acreditar el pago de las bonificaciones extraordinarias conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su período laboral y de corresponder. 12. Acreditar haber realizado los depósitos y/o de CTS conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su período laboral y de corresponder. 13. Acreditar haber realizado la entrega del certificado de trabajo conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su período laboral y de corresponder. 14. Acreditar haber realizado el pago de la asignación familiar conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su periodo laboral. (…)”.

Requerimientos de información de fechas 16 de octubre de 2020 y 21 de octubre de 2020 “(…), se requiere remitir al correo institucional xbeltran@sunafil.gob.pe hasta (…) la siguiente información y/o documentación: 1. Vigencia de poder del Representante Legal de la empresa o Declaración Jurada (D. Leg. N° 1246) y copia de DNI, cabe indicar que dicho representante deberá estar facultado para representar a la empresa ante autoridades administrativas, 2. De no enviar la información vía correo electrónico el propio Representante Legal, quien la envíe deberá acreditar la representación mediante Vigencia de Poder o Declaración Jurada (D. Leg. N° 1246) y carta poder de representación simple suscrita por el Titular y/o el Gerente General (en la que conste expresamente el número de la Orden 23623-2020- SUNAFIL/ILM y que la representación confiere al apoderado las facultades para que envíe información en representación de TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU), dirigida a la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL. 3. Presentar los recibos por honorarios emitidos por (…) 4. Presentar la lista de correos institucionales de la empresa inspeccionada TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU. 5. Presentar la minuta de constitución de la empresa inspeccionada TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU. 6. Presentar el organigrama y la descripción de los puestos de trabajo de la empresa inspeccionada TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU. 7. Presentar el registro de control de asistencia de los años 2018 y 2019. 8. Acreditar el pago de las vacaciones conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su período laboral y de corresponder. 9. Acreditar el pago de las gratificaciones conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su periodo laboral y de corresponder. 10. Presentar la descripción de las actividades por las que la empresa inspeccionada contrató los servicios de (…) , cuánto fue el monto que se pactó por los servicios que prestaría y quien era la persona que supervisaba los servicios que brindaba, la declaración debe estar suscrita por el representante legal de la inspeccionada. 11. Especificar si para que (…) realice la prestación de sus servicios, la empresa inspeccionada le proporcionó herramientas, softwares, carné de identificación o herramientas para el cumplimiento de estas. 12. Acreditar el pago de las bonificaciones extraordinarias conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su período laboral y de corresponder. 13. Acreditar haber realizado los depósitos y/o de CTS conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su periodo laboral y de corresponder. 14. Acreditar haber realizado la entrega del certificado de trabajo conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su período laboral y de corresponder.

15. Acreditar haber realizado el pago de la asignación familiar conforme a ley a favor de (…) respecto a todo su período laboral. (…)”.

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT. 16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento”. (Énfasis añadido).

10 En virtud del artículo 22° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del Tribunal de Fiscalización Laboral, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

“9. En la misma medida, cuando el inspeccionado no cumpla con la entrega de la información requerida dentro del plazo señalado por el inspector, se sujeta a la calificación del propio inspector actuante, quien podrá o no considerar la documentación remitida en función de la programación de las actuaciones inspectivas que tenga a cargo. En tal supuesto, debe atenderse a que el retraso en la entrega puede producir el efecto de la subsanación o puede imposibilitar la revisión integral de lo solicitado, por lo que se atenderá a la descripción del inspector de trabajo para establecer si tal supuesto constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT. (…) 11. Por ello, cuando los inspeccionados conocen de antemano el plazo otorgado para las actuaciones inspectivas (por ejemplo, por la notificación de la extensión del plazo de las actuaciones inspectivas), la entrega de la documentación solicitada durante el último día de etapa fiscalizadora y que por el volumen o complejidad de la misma no le permite a la autoridad fiscalizadora el analizar y adoptar decisiones en base a dicho contenido, colisionando con el principio de buena fe al frustrar la inspección del trabajo. 12. Finalmente, toda remisión de la información solicitada por los inspectores actuantes, en momentos posteriores al cierre de la orden de inspección constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT”. (Énfasis añadido).

“Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación:

“Un correo electrónico personal proporcionado libre y espontáneamente por el administrado (por ejemplo, una cuenta Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.). Es decir que el propio administrado haya consignado su dirección electrónica en un escrito que obre en el expediente objeto de la notificación, de modo que no podría ser empleado este medio si, por ejemplo, la entidad hubiere obtenido la data de la cuenta de correo de cualquier otra forma (escrito de otro administrado o la consignada por el propio administrado en otro expediente

11 Morón Urbina, J. C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (4.ª ed., Tomo I, p. 296). Gaceta Jurídica Editores.

anterior) o si no constara en el mismo expediente en que se produce la resolución”12. (Énfasis añadido).

Sobre la vulneración al Principio del Debido Procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando

12 Morón Urbina, J. C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (4.ª ed., Tomo I, p. 298). Gaceta Jurídica Editores.

corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la

sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)”. (Énfasis añadido).

“(…). 4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento

administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (Énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…)”. (Énfasis añadido).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis añadido).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por TWF S.A. SUCURSAL EN EL PERU, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 1128- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 13 de octubre de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1882-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1128-2022- SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 13 de octubre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.53 de la presente resolución.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a TWF S.A. SUCURSAL EN EL PERU, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250903MABJ – HR: 219337-2022