Turismo J.A.K.S.A — Res. 1006-2022

Mediante Orden de Inspección N° 13132-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 4917-2019-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, entre otras, dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales por el incumplimiento del pago de la remuneración vacacional y, por no cumplir con llevar registro de control de asistencia, una (01) infracción muy grave en materia de seguridad social, por no pagar los aportes previsionales retenidos al trabajador y de una (01) infracción muy grave a la labor

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1485-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 25 de setiembre de 2020, notificada el 17 de diciembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 912-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 18 de mayo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 837-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 13 de setiembre de 20212, multó a la impugnante por la suma de S/ 54,810.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 21 de setiembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 837-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1742-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de diciembre de 20213, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 11 de enero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1742- 2021-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000453-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 24 de febrero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 16

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que TURISMO J.A.K.S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1742-2021-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 54,810.00, por la comisión de, entre otras, cuatro (04) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25, 44-B.2 del artículo 44-B y en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 16 de diciembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por TURISMO J.A.K.S.A.

Revisado el recurso de revisión interpuesto, es oportuno señalar que esta Sala solo es competente para evaluar las infracciones sancionadas como MUY GRAVES; por lo que, estando a los actuados, se evidencia que la resolución impugnada comprende tres (03) infracciones GRAVES, así como cuatro (04) infracciones MUY GRAVES, siendo materia de análisis sólo estas últimas. Por lo tanto, los argumentos tendientes a cuestionar la imposición de las sanciones graves, son argumentos respecto de los cuales esta Sala no tiene competencia para pronunciarse, toda vez que respecto a las mismas ya se ha agotado la vía administrativa.

De los actuados se corrobora que, el inspector comisionado verificó que la impugnante no acreditó el pago de las remuneraciones vacacionales, a favor de los extrabajadores afectados Marco Anggello Gonzales Panta correspondiente al periodo del 25 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2019, y Willinton Ríos Tello correspondiente al periodo del 01 de julio de 2017 al 25 de junio de 2019.

Cabe señalar que, el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 713, regula los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, disponiendo que el trabajador tiene derecho a treinta (30) días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios; además, dicho derecho está condicionado al cumplimiento de un récord conforme a la jornada semanal. Asimismo, en su artículo 12 establece: “Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo los siguientes: a) La jornada ordinaria mínima de cuatro horas”.

Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo normativo, establece que en casos de trabajo discontinuo o de temporada cuya duración fuere inferior a un año y menor a un mes, el trabajador percibirá un dozavo de la remuneración vacacional por cada mes completo de labor efectiva. Toda fracción se considerará por treintavos, en tal caso se aplica dicha proporcionalidad respecto a la duración del goce vacacional.

El artículo 22 de la misma norma, señala que los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.

Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. Por lo que, en consideración a ello, el trabajador que cumpla con una jornada completa, tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con la finalidad de reponerse del desgaste sufrido.

En ese sentido, el artículo 23 Decreto Legislativo N° 713, establece que, los trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, percibirán lo siguiente:

Ahora bien, el inspector comisionado, deja constancia en el numeral IV.13 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción que, la inspeccionada no acreditó el pago íntegro, entre otros, de las vacaciones al señor Marco Angello Gonzales Panta, conforme a las

Asimismo, el inspector comisionado, deja constancia en el numeral IV.14 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción que, la inspeccionada no acreditó el pago íntegro, entre otros, de las vacaciones al señor Willinton Ríos Tello, conforme a la liquidación de beneficios sociales11; al respecto, se precisa que la impugnante ha persistido en establecer una diminuta remuneración computable para el cálculo del pago de beneficios sociales, al no comprender el total de los montos por “movilidad” (S/ 400.00) y “refrigerio” (S/ 270.00) que percibía ordinariamente el extrabajador afectado con carácter de libre disponibilidad, constituyendo realmente remuneraciones adicionales a la remuneración básica de S/ 930.00 (novecientos treinta y 00/100 soles), al no guardar proporcionalidad con la remuneración básica ni razonabilidad con los gastos reales de refrigerio y movilidad del extrabajador; lo que evidencia el no pago íntegro por el concepto de vacaciones, entre otros, en la liquidación de beneficios sociales.

Sobre el particular, de la revisión del expediente de investigación, no se aprecia documentación que desvirtúe la infracción antes referida, a pesar de que se le otorgó a la impugnante, el plazo de tres (03) días hábiles en la medida de requerimiento de fecha 19 de setiembre de 2019, para que cumpla con subsanar el incumplimiento. Asimismo, cabe agregar que de acuerdo a lo prescrito por los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción, observando los requisitos que se establezcan, merecen fe y se presumen ciertos, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados en defensa de sus respectivos derechos e intereses.

Contrario a lo alegado por la impugnante, el reconocimiento de los extrabajadores respecto a la estructura remunerativa, así como la aceptación sobre los montos entregados, no se constituye en un requisito legal que los convierta en conceptos no remunerativos. Cabe precisar que en el documento denominado “Política: Condiciones de Trabajo – Refrigerio que no es alimentación principal”12, se indican las condiciones en que serían entregados, que se resumen como montos que se entregan cuando contribuyan al cabal desempeño de las labores y/o con ocasión de las funciones de los colaboradores. Sin embargo, ello no enerva las deficiencias en su entrega que terminan desvirtuando el carácter no remunerativo alegado por la impugnante, pues no se ha demostrado que su entrega responda a su calidad de condición de trabajo necesaria para el desempeño de sus labores.

Estando a lo expuesto se concluye que los conceptos denominados movilidad y refrigerio son remunerativos y deben ser incluidos en el cálculo de los beneficios sociales de los extrabajadores, por tanto, al no haberse considerarse de esa forma, se establece el incumplimiento detectado referido al no pago íntegro de las remuneraciones vacacionales de los extrabajadores Marco Anggello Gonzales Panta, y Willinton Ríos Tello.

Al respecto, se debe precisar que, conforme a los considerandos antes expuestos, se tiene que la impugnante ha incurrido en una infracción muy grave, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Por las consideraciones antedichas, no corresponde acoger este extremo del recurso de revisión.

De los actuados se comprueba que, el inspector comisionado verificó que la impugnante no cumplió con efectuar el pago de los aportes previsionales al Sistema Privado de Pensiones de los extrabajadores Marco Anggello Gonzales Panta, Willinton Ríos Tello y, Walter Iván Trujillo Baza.

Cabe señalar que el artículo 29 del Decreto Supremo N° 054-97-EF – Texto Único Ordenado del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, establece que “Los aportes al Fondo pueden provenir de los trabajadores dependientes, de los trabajadores independientes o de los empleadores. En el primer caso, los empleadores actúan como agentes retenedores.

Por su parte, el artículo 30 del citado cuerpo normativo, dispone que “Los aportes de los trabajadores dependientes pueden ser obligatorios o voluntarios. Los aportes obligatorios están constituidos por: a) El 10% de la remuneración asegurable. Entiéndase por remuneración asegurable el total de las rentas provenientes del trabajo personal del afiliado, percibidas en dinero, cualquiera que sea la categoría de renta a que deba atribuirse de acuerdo a las normas tributarias sobre renta.

El artículo 32 de la misma norma señala que “Los aportes obligatorios a que se refiere el inciso a) del artículo 30 (…) deben ser íntegramente abonados a la Cuenta Individual de Capitalización de cada afiliado.

Asimismo, conforme al artículo 34 del citado cuerpo normativo “Los aportes a los que se refiere el Artículo 30 precedente, deben ser declarados retenidos y pagados por el empleador a la AFP en la que se encuentre afiliado el trabajador. El pago puede ser

Ahora bien, el inspector comisionado, deja constancia en el numeral IV.15 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción que, la inspeccionada no cumplió con efectuar el pago de los aportes previsionales al Sistema Privado de Pensiones de los extrabajadores conforme a los respectivos períodos laborales. Al respecto debe expresarse que el inspeccionado al informar que los aportes previsionales al Sistema Privado de Pensiones, específicamente a las Administradoras de Fondo de Pensiones-AFP, a las que están afiliados los tres recurrentes, son objeto de cobranzas judiciales por parte de las aludidas AFPs, reconoce que, a pesar de haber retenido los porcentajes de ley de las remuneraciones de los trabajadores, no ha cumplido con depositarlos conforme lo establece la normativa vigente.

Sobre el particular, de la revisión del expediente de investigación, no se aprecia documentación que desvirtúe la infracción antes referida. Por el contrario, la impugnante alega que dio cuenta al inspector comisionado, respecto de los procesos judiciales y penales interpuestos en lo concerniente a las deudas previsionales a las AFPs, por lo que considera que sí cumplió con registrar a los trabajadores ante el sistema pensionario. Además, que la SUNAFIL no es responsable de exigir el pago de los tributos de descuentos sobre AFP.

Al respecto, debemos precisar que de la revisión del Expediente N° 00511-2019-0-1801- JP-LA-06, se observa que el demandante es AFP INTEGRA y el demandado Turismo JAKSA, y la materia “Obligación de dar suma de dinero iniciadas por AFPS” y, del Expediente N° 03014-2019-0-1801-JP-LA-07, el demandante es AFP INTEGRA y el demandado Turismo JAKSA, y la materia “Obligación de dar suma de dinero iniciadas por AFPS”; por lo tanto, se advierte que en los procesos judiciales no intervienen los extrabajadores Marco Anggello Gonzales Panta, Willinton Ríos Tello y, Walter Iván Trujillo Baza. Asimismo, cabe precisar que esta entidad no impide ni limita el ejercicio del Poder Judicial, no viceversa; puesto que no implica una intromisión de las competencias y facultades ejercidas por el Poder Judicial, ya que su ámbito de actuación, efectos e incluso las partes procesales, son distintas. Por el contrario, se debe tener en cuenta que, las cobranzas judiciales seguidas por las AFPs no eximen de la obligación de la autoridad administrativa de trabajo de velar por el cumplimiento de las normas sobre seguridad social, exigiendo su cumplimiento.

Al respecto, se debe precisar que, conforme a los considerandos antes expuestos, se tiene que la impugnante ha incurrido en una infracción muy grave, tipificada en el numeral 44- B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso de revisión.

Las disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

Asimismo, en el artículo 3 del mismo dispositivo normativo, se establece lo siguiente:

Ahora, la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Debiendo, para dicho efecto, contener la siguiente información mínima: “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo.”13

En el presente caso, se atribuye a la impugnante el hecho de no contar con el registro de control de asistencia del extrabajador Willinton Ríos Tello, del periodo comprendido del 01 de julio de 2017 al 25 de junio de 2019, infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

En efecto, en el numeral IV.16 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se dejó constancia que la impugnante no exhibió el registro de control de asistencia correspondiente al periodo citado, a pesar de haber sido solicitado por el inspector comisionado en los requerimientos de fecha 22 de agosto de 201914 y, 16 de setiembre de 201915, configurándose una infracción muy grave en materia de relaciones laborales de naturaleza insubsanable, debido a que no es posible remediar, enmendar o regularizar dicho registro.

Al respecto, la impugnante alega que, ha demostrado que el extrabajador Willinton Ríos Tello era un trabajador no sujeto a fiscalización inmediata, por lo que, no se encuentra en obligación de exhibir dichos registros de asistencia. No obstante, lo alegado carece de sustento, en razón que del “contrato de trabajo temporal por necesidades de servicio”16, se advierten contradicciones; en mérito a lo precisado en la cláusula cuarta: “Las partes acuerdan que EL TRABAJADOR reportará sus labores directamente a su jefe inmediato o a la persona que EL EMPLEADOR designe, asimismo en la cláusula novena precisa: “Jornada y horario de trabajo: Las partes acuerdan que EL TRABAJADOR tendrá una jornada semanal flexible y acumulativa de 48 horas a la semana (…)”. Asimismo, de las actuaciones inspectivas se verifica que la impugnante no ha demostrado que las labores que realizaba el extrabajador Willinton Ríos Tello, se desarrollen sin fiscalización inmediata.

Al respecto, se debe precisar que, conforme a los considerandos antes expuestos, se tiene que la impugnante ha incurrido en una infracción muy grave, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

Por lo tanto, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión

De la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de faltas graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Asimismo, por la comisión de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Al respecto, de autos se observa que la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 19 de setiembre de 201917, contenía los siguientes mandatos: “1) Acreditar el pago íntegro de remuneraciones, correspondientes a los meses de mayo y junio 2019, al señor Willinton Ríos Tello; 2) Acreditar el pago de los aportes previsionales, descontados en su oportunidad a Marco Angello Gonzales Panta, Willinton Ríos Tello y Walter Iván Trujillo Baza, correspondientes al respectivo tiempo laborado por cada uno de ellos; 3) Acreditar el pago íntegro de la liquidación de beneficios sociales a Marco Angello Gonzales Panta y, Willinton Ríos Tello, considerando en la remuneración computable respectiva (CTS, vacaciones, gratificaciones, bonificación extraordinaria) los conceptos remunerativos de “movilidad” y “refrigerio” y, 4) Acreditar el pago íntegro de la liquidación de beneficios sociales a Walter Iván Trujillo Baza, considerando en la remuneración computable respectiva (CTS, vacaciones, gratificaciones, bonificación extraordinaria) los conceptos remunerativos de “movilidad” y “refrigerio””. Otorgando para dicho efecto, un plazo máximo de tres (03) días hábiles para la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

Como se puede verificar del Acta de Infracción, los incumplimientos de lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento fueron imputados a título de “faltas graves”. Es decir, para efectos del análisis del recurso de revisión (enfocado en la presente infracción a la labor inspectiva), es ineludible la apreciación sobre la comisión o subsanación del incumplimiento en materia de relaciones laborales, calificado por el RLGIT como “faltas graves”.

Sobre el particular, debemos tener en cuenta el precedente administrativo de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, que en sus fundamentos 6.8, 6.9 y 6.10 establece:

En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT,18 pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”.

Es oportuno señalar que, este Tribunal mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata e insubsanables19, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta.

Estando a lo señalado y considerando que respecto a las infracciones que son materia de solicitud de subsanación en la medida inspectiva de requerimiento, calificada como infracciones graves en el Acta de Infracción, se ha agotado la vía administrativa, esto es, ha causado estado20, corresponde confirmar la referida infracción.

Cabe señalar que, atendiendo a lo señalado en los fundamentos 6.13, 6.23 y 6.30 de la presente resolución, la impugnante tampoco ha cumplido con subsanar, en el plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento, la infracción tipificada en el numeral 25.19 y 25.6 del artículo 25 del RLGIT y en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del citado cuerpo normativo, permitiendo confirmar el incumplimiento de dicha medida.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 837-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, como la Resolución de Intendencia N° 1742-2021-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente

Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Por su parte, el máximo intérprete de la constitución, en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 02704-2012-PHC/TC21 y N° 2050-2002-AA/TC22, remarca la triple identidad en que se sustenta este principio, que, en su aspecto material, no permite que el administrado sea sancionado dos veces por un mismo hecho y procesalmente no es permisible que nadie sea juzgado dos veces por un mismo hecho.

De manera explicativa, según Morón Urbina23, los presupuestos de operatividad de este principio rector se encuentran supeditado a los siguientes elementos:

Conforme a ello, se analizará si, en efecto, la infracción por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 19 de setiembre de 2019, posee los mismos elementos que las infracciones en materia de relaciones laborales, cuyos incumplimientos han sido imputados a la impugnante en el presente procedimiento administrativo sancionador.

Se debe indicar que, de acuerdo al numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 del LGIT24, las medidas de requerimiento obligan al sujeto inspeccionado en adoptar -dentro de un plazo

Conforme a ello, la medida inspectiva persigue la subordinación legalmente justificada de los administrados, a fin de garantizar la eficacia de la actividad de inspección, y lograr con ello la promoción del cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables.

En ese orden de ideas, existe una notable diferencia en los fundamentos que tutelan las medidas de requerimiento, respecto a las obligaciones en materia laboral que pretende tutelar, dado que, en la primera, se garantiza exclusivamente la eficacia de la inspección dentro del marco de promoción de las obligaciones laborales. En cambio, en las mencionadas infracciones en materia de relaciones laborales, se reprime aquellas diferencias de índole salarial que se establezcan en perjuicio del principio constitucional de igualdad, cuya consumación resulta independiente del plano de la actividad inspectiva.

Contrario a lo alegado por la impugnante, conforme ha quedado acreditado a lo largo de la investigación inspectiva y el presente procedimiento sancionador, la inspeccionada no cumplió con sus obligaciones en materia de relaciones laborales y seguridad social conforme a ley, por lo que, no es posible aplicar el eximente contenido en el literal f) del artículo 257 del TUO de la LPAG, tal como solicita la inspeccionada, debiéndose precisar además, que las infracciones determinadas se ajustan al tenor del tipo legal por el cual se sancionó a la inspeccionada, con expresión de la normativa vulnerada, en atención al Principio de Tipicidad y Legalidad.

Por tales razones, este extremo del recurso debe ser desestimado.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.