Turismo Civa Sociedad Anónima Cerrada — Res. 1162-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: formalidades de la planilla; entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); y Relaciones colectivas (Sub materia: Libertad sindical [licencia sindical, cuota sindical, entre otros]). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por afectar la libertad sindical al no haber reconocido la libre afiliación de sus trabajadores al SINTRATTP, resultando afectados los veintiséis (26 trabajadores señalados en el cuadro N° 2 de la resolución de primera instancia, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 43,537.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el descuento de cuotas sindicales y depósito a la organización sindical del periodo abril 2019 hasta enero 2020, resultando afectados los veintiséis (26) trabajadores señalados en el cuadro N° 2 de la resolución de primera instancia, tipificada en el numeral 24.10 del artículo 24 del RLGIT2.

i. El plazo para las actuaciones inspectivas han superado el límite de tiempo, pues en mérito a la solicitud de inspección del Sindicato, a través de la orden de inspección se inició dicha inspección el 31 de diciembre de 2019 y con fecha 12 de febrero de 2020 se procedió a la ampliación de plazo de 30 a 35 días, entonces, desde el mes de enero de 2020 hasta el 13 de marzo de 2020, antes del aislamiento social obligatorio por la pandemia del Covid-19, tenemos 52 días hábiles, superando el plazo previsto. ii. En la resolución apelada se acredita la constitución del Sindicato de Trabajadores de Transporte Terrestre del Perú — SINTRATTP, constituyéndose en una organización de primer grado y de rama de actividad económica, cuyos hechos constatados y verificados la empresa desconocía, asimismo, en la resolución apelada manifiestan tener la constancia de Inscripción Automática del Expediente N° 36179-2011-MTPE/1/20.23 de fecha 21 de febrero de 2019, emitida por la Sub Dirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, reconociendo a su vez la nómina de su Junta Directiva, para el periodo 08 de febrero de 2019 hasta el 07 de febrero de 2023, hechos que también desconoce la empresa, entonces, ¿Cómo pretenden que la empresa pueda saber todos estos

2 En el fundamento 47 de la resolución de primera instancia se sustenta el concurso de infracciones, dejando señalado que se acogerá la propuesta de multa de mayor gravedad.

datos si no fue informado en su debida oportunidad sobre estos hechos que la Sunafil, si ha tenido en su poder?, es por ello, el cuestionamiento, que la empresa tiene el derecho a ser informado, es así que, sobre la libertad sindical, en ningún momento la empresa se ha negado a reconocer la afiliación de los trabajadores al Sindicato, prueba de ello son las cartas de afiliación que han enviado los trabajadores. iii. Frente a lo señalado en el punto 8 del Informe Final, los trabajadores de la empresa no han formado un sindicato, es más, no tienen representantes que los representen, por lo que, la empresa en ningún momento ha vulnerado los derechos constitucionales que amparan a los trabajadores, no ha impedido la libre afiliación al sindicato, como ya se ha indicado de manera repetitiva el sindicato a los cuales los trabajadores de la empresa se han afiliado, no pertenece a la empresa, sus representantes no forman parte de Turismo Civa SAC, por lo tanto, en ningún momento ha impedido su libre afiliación, es más, conforme a lo señalado en el artículo 5 del Decreto Superno N° 010-2003-TR, los trabajadores de la empresa no han formado un sindicato de actividad, ello se han afiliado a un sindicato externo de la empresa, que puede ser como indica la norma por profesiones , especialidades y oficios diversos de dos o más empresas de la misma rama de actividad, así pues en el presente caso la empresa no tiene sindicato y los trabajadores se han afiliado a un sindicato externo. iv. Cada persona o trabajador es libre de pertenecer o no a un determinado grupo, empresa, sindicato o institución que más le convenga, del cual la empresa no ha impedido su afiliación a dicha institución, con respecto a ello, hay un proyecto de ley de fecha 26 de agosto de 2016, para que los trabajadores puedan afiliarse libremente a una organización sindical, el mismo que recién está en proyecto. v. En relación a los puntos 20 y 22 del Informe Final, lo que ha manifestado el representante de la empresa es que el SINTRATTP no es un sindicato de la empresa y los que firman las cartas por parte del referido sindicato, no forman parte de la empresa, además, en el Decreto Supremo N* 003-2017-TR, se ha incorporado en su artículo 16-A que la organización sindical deberá presentar al empleador por única vez el apartado de los estatutos o el acta de asamblea en el que se establezcan la cuota ordinaria o extraordinaria, así como sus eventuales modificaciones, lo cual no se ha cumplido en el presente caso, puesto que en ningún momento el sindicato ha presentado el apartado de los estatutos o el acta de asamblea en que se establezca la cuota ordinaria o extraordinaria, es así que, en ningún momento la empresa ha impedido la libre afiliación de los trabajadores, lo que si es cierto es que ha solicitado al sindicato que cumpla con presentar por única vez el apartado de los estatutos o el Acta de Asamblea para proceder con los descuentos de acuerdo a ley, tal como menciona la Inspectora en el Acta de Infracción. vi. La empresa considera una falta de responsabilidad lo señalado en el punto 4.19 del Acta de Infracción, porque una cosa es una transcripción y otra cosa es el apartado

de los estatutos o el acta de asamblea, una transcripción puede ser cierta o no, podemos citar como ejemplo una transcripción del poder con la presentación del poder que emite los registros públicos, además, es preocupante que se indique a la empresa descontar a los trabajadores que se han afiliado al mencionado sindicato, a sabiendas que dichas personas que firman dicho documento no pertenecen a la empresa; sin perjuicio de ello, se ha procedido a descontar la cuota sindical sin contar el apartado de los estatutos o el acta de asamblea que por ley el sindicato debe presentar, no obstante, cómo podemos constatar si forman parte o no de la organización sindical, si la empresa no conoce cuando iniciaron o comenzaron a formar parte de dicha agrupación, solamente por el decir o comunicado del SINTRATTP, sería poco serio de la empresa, iniciar los descuentos, sin antes verificar si pertenecen o no al nombrado sindicato, puesto ello se puede saber si dicha agrupación hubiera enviado el apartado de los estatutos o el acta de asamblea, en ese sentido, la empresa no ha violado ninguna norma legal como se indica en el Acta de Infracción y en la resolución apelada, por el contrario, se ha observado el artículo 28 de la Constitución Política del Perú y artículo 4 del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, asimismo, se ha cumplido con el artículo 16-A del Decreto Supremo N° 003-2017-TR. vii. En el Acta de Infracción y en la resolución apelada indican una serie de jurisprudencias de los cuales no son vinculantes, por ser cada una de características diferentes y no guardando los mismos hechos que se ha sustentado en el presente descargo.

i. En atención a lo indicado, se advierte que mediante la Orden de Inspección N° 275- 2020- SUNAFIL/ILM, se otorgó al equipo de Inspectores el plazo de treinta (30) días hábiles para realizar sus investigaciones, luego mediante Proveído S/N de fecha 12 de febrero de 2020, la Sub Intendencia de Actuaciones Inspectivas notificó a la inspeccionada la ampliación de plazo de la orden de inspección de treinta (30) días a cuarenta y cinco (45) días, en virtud de las disposiciones antes señaladas, entonces, el cómputo del plazo de las actuaciones inspectivas inicia desde la comprobación de datos que se realizó el 20 de enero de 2020 y con fecha 13 de febrero de 2020, fecha en que se llevó a cabo la última comparecencia, por lo que, las actuaciones inspectivas de investigación se ejecutaron dentro del plazo establecido por la autoridad competente, es decir, sin exceder el plazo máximo de 45 días hábiles. ii. Como bien ha señalado el inferior en grado en el considerando 22 de la resolución apelada, el SINTRATTP es un sindicato de primer grado de rama actividad, el mismo que tiene su regulación en los artículo 5 y 36 del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas, es decir, está conformado por trabajadores de profesiones, especialidad u oficios, en este caso por choferes, cobradores, tripulantes de cabina, ayudantes, taxistas y mototaxistas, de dos (02) o más empresas de la misma rama de actividad, en esa línea jurídica es legal que su Junta Directiva esté integrada por trabajadores de otras empresas, que no necesariamente tiene que ser trabajadores de la inspeccionada, por tanto, resulta contradictorio e irrelevante que la inspeccionada por un lado cuestione que sus trabajadores no han formado un sindicato de actividad y por otro lado, que su

3 Notificada a la impugnante el 10 de octubre de 2022, véase folio 96 del expediente sancionador.

representada no ha impedido su afiliación a los trabajadores a dicha organización, toda vez que, en el presente caso no se está cuestionando la clasificación del sindicato, por cuanto ésta ha quedado claramente establecida en el artículo primero y segundo de estatuto, así como la afiliación de los veintiséis (26) trabajadores ha quedado acreditada con la propia declaración “Autorización de Descuento de Cuota Sindical”, de cada trabajadores, obrante en autos. iii. El RLGIT establece en el numeral 25.10 del artículo 25 que el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador o de la organización de trabajadores, tales como aquellos que impiden la libre afiliación a un organización de trabajadores, promuevan la desafiliación de la misma, impidan la constitución de sindicatos, obstaculicen a la representación sindical, para afectar la libertad sindical, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga, o supuestos de intermediación laboral fraudulenta, o cualquier otro acto de interferencia en la organización de sindicatos, constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, la cual es pasible de una sanción económica. iv. Estando a los hechos constatados en el Acta de Infracción, así como del pronunciamiento del Informe Final, ésta Intendencia comparte el análisis señalado en el considerando 26 de la resolución apelada, al evidenciarse la negativa de la inspeccionada de no reconocer a los veintiséis (26) trabajadores como afiliados del SINTRATTP (sindicato de actividad) y de no efectuar los respectivos descuentos de la cuota sindical conforme dispone el artículo 28 del Decreto Supremo N° 010-2003- TR, cuyo comportamiento lesiona los derechos a la sindicación y a la libertad sindical de los trabajadores involucrados en la presente investigación, por lo que carece de asidero el argumento iii) del recurso de apelación. v. Sobre la existencia de un proyecto de ley de fecha 26 de agosto de 2016, para que los trabajadores puedan afiliarse libremente a una organización sindical; sin embargo, es un proyecto que no fue aprobada máxime si la inspeccionada no ha presentado documentación de su aprobación y publicación, por lo que, se considera solo una manifestación de defensa sin sustento alguno. vi. La autoridad de primera instancia ha emitido pronunciamiento en el considerando 29 de la resolución apelada, pues en virtud de lo establecido en el artículo 16-A del Decreto Supremo N° 003-2017-TR, y con vista el expediente inspectivo y sancionador, a través de la Carta Notarial de fecha 26 de octubre de 2019 y la Carta Notarial de fecha 20 de noviembre de 2019, dirigidas al Gerente General de la inspeccionada, señor Luis Ciccia, el SINTRATTP, cumplió con adjuntar el apartado del estatuto de los artículo 43, 44 y 45, que regulan las cuotas sindicales de su sindicato, siendo que, el mencionado artículo señala que se debe presentar de manera excluyente y por única vez el apartado del estatuto o de la asamblea, verificándose que adjuntó a las Cartas Notariales aparece la hoja del estatuto del “CAPITULO X LAS CUOTAS SINDICALES”, conteniendo los artículos, 1, 43, 44 y 45,

cabe precisar que la norma utiliza el término “Apartado” el mismo que significa “cada uno de los puntos o párrafos en que se divide un decreto, una ley u otro texto”, en ese sentido, en coincidencia con el análisis efectuado por el inferior en grado, el SINTRATTP si cumplió con adjuntar los apartados del capítulo X de los artículo 43, 44 y 45 que regulan las cuotas sindicales del sindicato, conforme lo establece el artículo invocado por la inspeccionada. vii. La inspeccionada ha tomado conocimiento de la constitución del sindicato tal como se ha desarrollado en el considerando 3.5 de la presente resolución, asimismo, se cuenta con el documento de “Autorización de Descuento de Cuota Sindical”, de cada trabajador, y el sindicato ha presentado los estatutos a la inspeccionada, por lo que, la inspeccionada debió dar cumplimiento de lo solicitado por el sindicato. No obstante, sí bien la inspeccionada, sostiene que ha procedido a descontar la cuota sindical; sin embargo, de las pruebas aportadas por la inspeccionada, detalladas en el considerando 39 de la resolución apelada, se observa que de las boletas de pagos de los meses de abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julio 2019, agosto 2019, setiembre 2019, octubre 2019, noviembre 2019 y diciembre 2019, pertenecientes a los veintiséis (26) trabajadores detallados en el Cuadro N° 2 de la resolución apelada, no se efectuaron las deducciones de sus remuneraciones de las cuotas sindicales en la suma de S/ 10.00, a pesar que el Sindicato-SINTRATTP, cumplió con comunicar mediante Carta Notarial de fecha 26 de octubre de 2019 y la Carta Notarial de fecha 20 de noviembre de 2019, cursadas al Gerente general de la inspeccionada, de la afiliación de sus trabajadores al Sindicato, así como cumplió con adjuntar las autorizaciones de descuento debidamente firmada por cada uno de los trabajadores afectados. viii. Respecto al cumplimiento de alguna de sus obligaciones requiere que sea demostrado, situación que no ha sido evidenciado con las pruebas correspondientes que demuestren de manera fehaciente el descuento de cuotas sindicales y depósito a la organización sindical del periodo abril 2019 hasta enero 2020, resultando afectados los veintiséis (26) trabajadores detallados en el Cuadro N° 2 de la resolución apelada, ni durante las actuaciones inspectivas ni con la presentación del presente recurso de apelación; por lo que esta Intendencia desestima dicho argumento. ix. La autoridad administrativa a fin de cumplir con su finalidad de vigilar y exigir el cumplimiento de los derechos laborales reconocidos en la normativa a favor de los trabajadores involucrados en la investigación, no está impedido de poder interpretar aquellas disposiciones que sean relevantes para dilucidar el caso concreto, mediante las actuaciones inspectivas llevadas a cabo por el Inspector comisionado, con el objeto de comprobar y garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales; en tanto que, mediante el procedimiento administrativo sancionador se determina la existencia o no de la responsabilidad administrativa en la comisión de las infracciones advertidas mediante las Actas de Infracción derivadas de las mencionadas actuaciones de investigación; por consiguiente, lo alegado por la inspeccionada en este extremo carece de asidero.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión-. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Turismo Civa Sociedad Anonima Cerrada

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 31 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1634-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Del Acta de Infracción N° 1343-2020-SUNAFIL/ILM, de fecha 30 de junio de 2020, se desprende que la inspectora de trabajo a cargo de la fiscalización a mi representada deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la medida inspectiva, no siendo cierto lo que indica la inspectora en el numeral 2.1 que dice lo siguiente: “..., incumplimiento de obligaciones en materia de boletas de pago al consignarse datos distintos a los consignados en la planilla de pago”. Al respecto, la referida Acta de Infracción indica como sujeto inspeccionado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC, lo cual resulta contradictorio. ii. De acuerdo a la inspectora, la empresa debe reconocer la afiliación de los trabajadores que se detallan en el Acta de Infracción N° 1343-2020-SUNAFIL/ILM, en el punto 4.7, lo cual es completamente erróneo, si se rige por lo que indica el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Relaciones Colectivas de Trabajo, el D. S. 010-2003-TR del 05 de octubre de 2010. Para el presente caso, los trabajadores de la impugnante no han formado un sindicato de actividad. Cada persona o

trabajador es libre de pertenecer o no a un determinado grupo, empresa, sindicato o institución que más le convenga, por lo que la empresa no ha impedido su afiliación a dicha institución. iii. Con lo que se demuestra que la afiliación libre a una determinada Federación de rama de actividad a la que pertenece o, de no existir esta, a la Confederación Sindical de su opción, quien ejerce la representación legal ante el empleador y la Autoridad de Trabajo; esta era un proyecto ley, para que los trabajadores se puedan afiliar a las organizaciones sindicales de grado superior: a) La actividad de la libertad sindical incluye el derecho de constituir sindicatos, y este implica que los trabajadores puedan afiliarse libremente, sin autorización previa; b) Con la reciente modificatoria, cuando el estatuto de sindicato así lo establezca, los trabajadores pueden afiliarse de forma directa a las federaciones o confederaciones. Dicha disposición no se encontraba regulada anteriormente. Además, el personal de confianza no se encuentra representado por el sindicato, salvo que su estatuto lo permita. iv. Con fecha 06 de marzo de 2017, se promulgó el Decreto Supremo N° 003-2017-TR, el mismo que modifica y añade algunos artículos al Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (en adelante, el “RLRCT”). Estas nuevas reglas van de la mano con la necesidad de eliminar ciertos requisitos en la negociación, huelga y en la licencia sindical, para hacer más eficiente el manejo de los temas colectivos. En dicho Decreto Supremo se incorporó el artículo 16-A, donde se establece que la organización sindical deberá presentar al empleador por única vez el apartado de los estatutos o el acta de asamblea en el que se establezca la cuota ordinaria o extraordinaria, así como sus eventuales modificaciones; la relación y/o comunicación de trabajadores afiliados, y la autorización de descuento por planilla de la cuota sindical, firmada por cada uno de los trabajadores comprendidos en la comunicación. v. En el presente caso, no se cumplió con la presentación del apartado de los estatutos o el acta de asamblea en que se estableció la cuota ordinaria y extraordinaria. Alno haber cumplido con ello, no es posible calificar a la empresa de haber afectado la libertad sindical al no haber reconocido la libre afiliación de sus trabajadores al Sindicato SINTRATTP. La empresa no ha negado o impedido la libre afiliación del trabajadore al mencionado sindicato, prueba de ello es que han indicado sus afiliaciones. vi. Lo que si es cierto es que ha solicitado al mencionado sindicato que cumpla con presentar por única vez el apartado de los estatutos o el Acta de Asamblea, para proceder con los descuentos de acuerdo a ley, tal como lo menciona la inspectora en el Acta de Infracción N° 1343-2020-SUNAFIL/ILM. vii. En el 4.19 del Acta de Infracción, indica que solo basta con mencionar en un documento o carta que el sindicato ha dirigido a la empresa, el solo hecho de mencionar los estatutos; indicando que el sindicato si ha puesto en conocimiento del sujeto inspeccionado los estatutos, lo cual nos parece una falta de responsabilidad, porque una cosa es una transcripción y otra cosa es el APARTADO de los estatutos o EL ACTA DE ASAMBLEA, una transcripción puede ser cierta o no, podemos citar como ejemplo, una transcripción del poder, con una presentación del poder que emite los Registros Públicos. viii. A pesar de lo antes indicado, la Empresa procedió a realizar los descuentos de la cuota sindical, siguiendo los requerimientos de la SUNAFIL y sin contar con el APARTADO de los estatutos o EL ACTA DE ASAMBLEA, que por ley se debe presentar o remitir el mencionado Sindicato. Además, no es posible constatar si forman parte o no de la organización sindical, si la empresa no conoce cuando iniciaron o comenzaron a formar parte de dicha agrupación, solamente por el decir o

comunicado del SINTRATTP, sería poco serio iniciar los descuentos, sin antes verificar si pertenecen o no al nombrado sindicato; todo esto se puede saber si dicha agrupación hubiera enviado el APARTADO DE LOS ESTATUTOS O EL ACTA DE ASAMBLEA. Con lo indicado anteriormente, la empresa no ha violado ninguna norma legal, como se quieren indicar en el Acta de Infracción, siendo respetuosa de las normas laborales, así como del artículo 28 de la Constitución Política del Perú. ix. La empresa en ningún momento ha impedido, restringido, coactado o menoscabado el derecho a la sindicalización de los trabajadores de la empresa y mucho menos a intervenido de uno u otro motivo en la organización sindical, tal como indica el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, D. S. 010-2003-TR. Asimismo, se has cumplido con el artículo 16A, del Decreto Supremo N° 003-2017-TR, por lo que no ha impedido la afiliación de sus trabajadores, sino que, como se ha indicado a la inspectora y a los trabajadores afiliados, se debe presar el Apartado de los Estatutos o el Acta de Asamblea. x. En cuanto a lo señalado en el numeral 3.12 de la resolución de segunda instancia, se debe precisar que la empresa no ha intervenido en el aspecto orgánico o estático del sindicato, dada cuenta que el mismo ya estaba constituido y fundado desde el 08 de febrero de 2021. Sobre el aspecto funcional o dinámico, la empresa no ha intervenido, dentro de sus agremiados, para que no realice sus funciones o ha impedido que pueda seguir organizándose o funcionando. xi. El apartado de los estatutos y el acta de asamblea está dentro de los derechos reconocidos, conforme lo señala la Resolución N° 025-2021-Sunafil/TFL- Primera Sala. xii. De acuerdo al Acta de Infracción N° 1343-2020-SUNAFIL/ILM, indican una serie de jurisprudencia de los cuales nos son de carácter vinculantes, por ser cada una de las características diferentes y no guardando los mismos hechos que hemos sustentado en el presente Recurso de Revisión, para lo cual solicitamos tomar en cuenta el presente descargo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se

ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

10 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

“(…) 27. [La libertad sindical] Esta facultad se manifiesta en dos planos: el intuito persona y el plural. La libertad sindical intuito persona plantea dos aspectos: - Aspecto positivo: Comprende el derecho de un trabajador a constituir organizaciones sindicales y a afiliarse a los sindicatos ya constituidos. Dentro de ese contexto se plantea el ejercicio de la actividad sindical. - Aspecto negativo: Comprende el derecho de un trabajador a no afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical. (…) La libertad sindical intuito persona se encuentra amparada genéricamente por el inciso 1 del artículo 28 de la Constitución.

La libertad sindical plural plantea tres aspectos: - Ante el Estado: Comprende la autonomía sindical, la personalidad jurídica y la diversidad sindical. - Ante los empleadores: Comprende el fuero sindical y la proscripción de prácticas desleales. - Ante las otras organizaciones sindicales: Comprende la diversidad sindical, la proscripción de las cláusulas sindicales, etc. (…)”.

“(…) 12. Por tanto, debemos considerar que la libertad sindical, en su dimensión plural o colectiva, también protege la autonomía sindical, esto es, que los sindicatos funcionen libremente sin injerencias o actos externos que los afecten. Protege, asimismo, las actividades sindicales que desarrollan los sindicatos y sus afiliados, así como a los dirigentes sindicales, para garantizar el desempeño de sus funciones y que cumplan con el mandato para el que fueron elegidos. Sin esta protección no sería posible el ejercicio de una serie de derechos y libertades, tales como el derecho de reunión sindical, el derecho a la protección de los representantes sindicales para su actuación sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores sindicalizados y la representación de sus afiliados en procedimientos administrativos y judiciales. Del mismo modo, no sería posible un adecuado ejercicio de la negociación colectiva y del derecho de huelga. (…)” (énfasis añadido).

“(…) 5. Sin embargo, además de los dos planos de la libertad sindical antes mencionados, debe también considerarse la garantía para el ejercicio de aquellas actividades que haga factible la defensa y protección de los propios trabajadores. En tal sentido, el contenido esencial de este derecho no puede agotarse en los aspectos orgánico y funcional, sino que, a este núcleo mínimo e indisponible, deben añadirse todos aquellos derechos de actividad o medios de acción que resulten necesarios, dentro del respeto a la Constitución y la ley, para que la organización sindical cumpla los objetivos que a su propia naturaleza corresponde, esto es, el desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses, así como el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Por consiguiente, cualquier acto que se oriente a impedir o restringir de

manera arbitraria e injustificada la posibilidad de acción o la capacidad de obrar de un sindicato, resulta vulneratorio del derecho de libertad sindical» (…)” (énfasis añadido).

11 Villavicencio Ríos, A. (1999). La Libertad Sindical en el Perú. OIT Documento de Trabajo N° 114, Lima, 27.

1. Haber afectado la libertad sindical al no haber reconocido a libre afiliación de sus trabajadores al Sindicato de Trabajadores de Transporte Terrestre del Perú - SINTRATTP.

2. Haber incumplido con el descuento de cuotas sindicales y el depósito a la organización sindical desde abril 2019 hasta enero 2020.

“6.32 Es pertinente tener en cuenta que la infracción contenida en el numeral 25.10 del artículo 25 se refiere a la realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador o de la organización de trabajadores, de forma genérica y aborda una serie de ejemplificaciones. En consecuencia, dentro del tipo previsto en el citado numeral pueden subsumirse los comportamientos no ejemplificados que calzan en el contenido genérico que afectan a la libertad sindical (y que no se encuentran descritos en otras normas sancionadoras específicas del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo). Así, la afectación a la libertad sindical definida en la parte general del numeral 25.10 termina siendo suficientemente precisa para invocar a la aplicación de la garantía de la libertad sindical en sede del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la SUNAFIL.

Sin embargo, no se ha sustentado como dicha conducta tiene la aptitud para contravenir una garantía constitucional de la libertad sindical.

“25. De igual manera, en el EXP. N° 01978-2011-PA/TC-CAJAMARCA (Fundamento 10), resolvió que: “(...) la negativa de la sociedad emplazada de no considerar al actor como un afiliado del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Yanacocha S.R.L. y de no efectuar los respectivos descuentos por la cuota sindical conforme dispone el artículo 28 del Decreto Supremo 010-2003-TR,

12 Se consigna la letra “A” dado que existe un error en la numeración de la resolución impugnada.

resulta arbitraria y por lo tanto lesiona los derechos a la sindicación y a la libertad sindical del recurrente, por lo que corresponde estimar la demanda”. (Subrayado agregado). En ese sentido, queda claro que para nuestro Tribunal Constitucional el no efectuar los respectivos descuentos por la cuota sindical lesiona los derechos de sindicación y a la libertad sindical.

26 En tal sentido, y compartiendo el criterio establecido por nuestro máximo intérprete de la constitución, la negativa del sujeto inspeccionado de no reconocer a los veintiséis (26) trabajadores como afiliados del Sindicato de Trabajadores de Transporte Terrestre del Perú — SINTRATTP (sindicato de actividad) y de no efectuar los respectivos descuentos de la cuota sindical conforme dispone el artículo 2856 del Decreto Supremo 010-2003-TR, resulta arbitraria y por lo tanto lesiona los derechos a la sindicación y a la libertad sindical de los trabajadores afectados”.

“(…) el no haber cumplido con la obligación de descontar la cuota sindical del mes de abril de 2019 hasta enero 2020 a los trabajadores y para luego proceder a entregarlas a la organización sindical se extinguió en su oportunidad y a la fecha corresponde a los afiliados afectados cumplir con esta última obligación; así como la afectación cometida contra el patrimonio del sindicato, constituye una infracción a las disposiciones y normas laborales antes esgrimidas que afecta a la citada organización sindical en el ingreso de sus recursos económicos a efecto de la realización de sus actividades ordinarias e individualmente a los trabajadores de la empresa inspeccionada afiliados a dicha organización sindical afectándose su libre afiliación, resultando una MATERIA DE CARÁCTER INSUBSANABLE, por tratarse de un incumplimiento que causó afectaciones irreversibles e irreparables en el tiempo, se determina que es una infracción de naturaleza insubsanable al no ser posible revertir sus efectos en la vía administrativa”.

“Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material”13 . (énfasis añadido)

13 “TUO de la LPAG, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (...) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

importancia dicho análisis para la correcta determinación de la configuración de la infracción imputada. Por lo que la Resolución de Sub Intendencia N° 0905-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 24 de setiembre de 2021, en dicho extremo, incurre en una falta de motivación y análisis de las actuaciones inspectivas, vulnerando el debido procedimiento.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la

“insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado)

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)

Intendencia N° 1634-2022-SUNAFIL/ILM, incurre en vicio de nulidad parcial y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

14 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 15 Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 16 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por TURISMO CIVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1634-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 06 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6232-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 0905-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 24 de setiembre de 2021, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6232- 2020-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 0905-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 24 de setiembre de 2021, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.61 de la presente resolución.

QUINTO. -. Notificar la presente resolución a TURISMO CIVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250903RZR - HR 171900-2019