Trupal S.A — Res. 83-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Relaciones colectivas (Sub materia: libertad sindical (licencia sindical, cuota sindical, entre otros). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por realizar actos que afectan la libertad sindical, al haber hecho extensivo a los trabajadores no sindicalizados, determinados beneficios económicos obtenidos por el sindicato minoritario en el Convenio Colectivo 2017-2019, desincentivando la afiliación y promoviendo la desafiliación de dicha organización, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/126,056.25.

i. La resolución apelada cuenta con un vicio que afecta su validez, puesto que no cuenta con la suscripción de la autoridad competente. Esto genera indefensión, toda vez que no se cuenta con conocimiento real que si la notificación realizada es un acto procedimental válido o no. En ese sentido, se invoca la aplicación del artículo 4 del TUO de la LPAG, el mismo que expresa la obligatoriedad del acto administrativo en contener el cargo y nombre de la autoridad de quien lo expide, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, generando la nulidad de la resolución apelada.

ii. Como obra en el presente expediente administrativo, se ha acreditado la inexistencia de práctica antisindical, más aún si se ha cumplido con lo acordado entre las partes dentro del convenio colectivo suscrito el 14 de agosto de 2017, así como la adenda correspondiente, relativo a extender los incrementos económicos y condiciones de trabajo al personal no sindicalizado respecto a la negociación vigente de abril de 2017 a marzo de 2019.

iii. Por lo tanto, al establecer la existencia de infracción, se ha desconocido lo prescrito en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-TR, (en adelante, TUO de la LRCT) y el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-92-TR (en adelante. Reglamento de la LRCT), los mismos que confieren fuerza vinculante a los acuerdos colectivos antes citados.

iv. De otro lado, de acuerdo al tenor de la infracción prevista en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, no se ha contemplado la extensión de beneficios colectivos como parte de su objeto represor, por lo que -en el presente caso- no corresponde

2 Véase folio 95 del expediente sancionador.

determinar responsabilidad administrativa, máxime si el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Empresa Trupal S.A. (en adelante, SINUNIT) ha continuado afiliando a trabajadores, así como sus gestiones que le son propias, no existiendo supuesto acto que afecta la libertad sindical. Por lo tanto, al limitarse en señalar que no se debió hacer extensivo los beneficios de un convenio colectivo a trabajadores no afiliados, sin sustento legal válido, se afectó el principio de legalidad, taxatividad, tipicidad, debido proceso, derecho de defensa y conexos, en atención a la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII - "Reglas Generales para el ejercicio de la Función Inspectiva". En consecuencia, corresponde declarar nula la resolución apelada.

v. Por otro lado, erróneamente se expresa que la presunta falta posee carácter insubsanable. Ello obedece a que, si bien en el artículo 49 del RLGIT se indican los criterios aplicables para las infracciones subsanables, no se observa una lista o fórmula para determinar que infracciones tienen carácter insubsanable y que otras no. En ese caso, de la lectura del citado dispositivo debe suceder lo siguiente: (i) Los efectos de la afectación del derecho no puedan ser revertidos; y, (ii) El cumplimiento de la obligación no puede ser revertido; supuestos que no han sido precisados o acreditados. De acuerdo a lo expuesto, resulta evidente que el Acta de Infracción no guarda la motivación suficiente, máxime si no cumple con las formalidades contenidas en el artículo 46 de la LGIT y el artículo 54 del RLGIT, deviniendo en nulo.

vi. Esta empresa no ha cometido ningún acto de discriminación contra los trabajadores afiliados al SINUNIT, debido a que no concurren los elementos constitutivos del mandato de no discriminación, de acuerdo al Convenio N° 111. Esto se basa al hecho que la extensión de los beneficios económicos pactados en el convenio colectivo se ejecutó en virtud del principio de igualdad, en aras de preservar la armonía entre todo el personal de TRUPAL, máxime si se encuentra reforzado por costumbre de esta empresa, la cual data de mayor antigüedad que el convenio colectivo 2017, hecho que guarda coherencia con los pronunciamientos formulados por la Corte Suprema Justicia de la República, dentro de las Casaciones N° 2864-2009-LIMA, 11477-2013-CALLAO, 10766-2013-MOQUEGUA y 602-2010-LlMA, relativas a la extensión del convenio colectivo suscrito con una organización sindical minoritaria.

vii. Se debe especificar que, a partir de la publicación de la Casación N° 4255-2017-LIMA, esto es el 30 de octubre de 2017, se ha dispuesto que los beneficios colectivos, celebrados por sindicatos que no afilien la mayoría de trabajadores, no corresponde que sean extendidos, lo cual resulta posterior a la dación del convenio colectivo del

14 de agosto de 2017, contraviniendo al derecho de tener pronunciamientos predecibles por parte de la autoridad administrativa de trabajo.

viii. El propio Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo (en adelante, la OIT) ha considerado que resulta factible que los beneficios pactados con un sindicato minoritario pueden ser extendidos a trabajadores no sindicalizados. Incluso, de acuerdo a dicho organismo, la afectación sindical debe ser probada, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, dado la regularidad de actividades que realiza la SINUNIT.

ix. No se ha considerado la Resolución de Intendencia N° 283-2015-SUNAFlL/ILM, en el cual se evaluó un procedimiento sancionador en contra del BBVA por supuestas vulneraciones a la normativa laboral, aplicando el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, mediante el cual, al no haberse acreditado la afectación a la libertad sindical no se multó a la citada empresa. Además, se adjunta las sentencias de vista N° 299- 2019-13 JTPL/PJLL y N° 344-2019-11 JTPL, a fin de comprobar la inexistencia de infracción, o acto de discriminación o similar.

i. Ahora, a fin de advertir dicha intromisión en el presente caso, corresponde traer a colación el extracto del texto de la Adenda antes citada, el mismo que versa de la siguiente manera: "El Sindicato [SINUNIT] deja a criterio de Trupal S.A. para efectuar la extensión de los incrementos económicos y de condiciones de trabajo al personal no sindicalizado, por la solución de la negociación colectiva vigente de abril 2017 a marzo de 2019 (…)”. En ese sentido, se observa que -en todo momento- la inspeccionada contó con la decisión deliberada en extender los beneficios colectivos a trabajadores no sindicalizados, o que es lo mismo, la capacidad para desalentar la libertad sindical, inconducta que es reprimida en el presente procedimiento administrativo sancionador.

ii. Por lo tanto, si bien presuntamente la indicada Adenda se encuentra sustentada en el carácter vinculante de los acuerdos colectivos de trabajo, de acuerdo al artículo 42 del TUO de la LRCT y el artículo 28 de la LRCT, ello no justifica su uso para fines no permitidos por Ley, como es el caso de afectar la libertad sindical, la misma que posee orden constitucional, por lo que, la invocación de los presentes dispositivos carece de fuerza argumentativa, a fin de desvirtuar la presente imputación. Por tanto, se rechaza de plano el presente extremo del recurso de apelación.

iii. Así las cosas, corresponde traer a colación el texto del numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, cuyo texto reprime "la realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador o de la organización de trabajadores, toles como aquellos que impiden lo libre afiliación o una organización sindical, promuevan la desafinación de la misma, impidan lo constitución de sindicatos, obstaculicen a lo representación sindical, utilicen contratos de trabajo sujetos o modalidad para afectar la libertad sindical, la negociación colectivo y el ejercicio del derecho de huelga, o supuestos de

3 Notificada a la impugnante el 31 de marzo de 2022, véase folio 119 del expediente sancionador.

intermediación laboral fraudulento, o cualquier otro acto de interferencia en la organización de sindicatos", por lo que se advierte que el ordenamiento jurídico administrativo-laboral, a través de la citada infracción, ha calificado como reprochable la potencialidad negativa de aquellos actos que desalienten la desafiliación sindical, independientemente de la existencia de desafiliaciones en concreto.

iv. Esto último guarda coherencia con la prohibición impuesta al empleador en interferir en la autonomía natural de los sindicatos, lo cual se ha desconocido en el caso de autos, al extender los beneficios contemplados en el Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2017 a trabajadores no afiliados al SINUNIT, lo que resulta equiparable a extender a quienes no soportaron los procesos de negociación ante la inspeccionada, así como la cuota sindical correspondiente, monto el cual es descontado de manera mensual por pertenecer al fuero sindical.

v. En ese sentido, contrariamente a lo alegado, los hechos evidenciados en el presente procedimiento de inspección se encuentran debidamente subsumidos en la infracción materia de imputación; en consecuencia, este despacho no advierte vulneración del principio de legalidad, taxatividad, tipicidad, debido proceso, derecho de defensa y conexos, no incurriendo en nulidad la determinación de responsabilidad administrativa emitida por el inferior en grado. En virtud de lo expuesto, se desestima el presente extremo del recurso de apelación.

vi. Regresando al caso que nos ocupa, se advierte que, a través del Anexo de la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación de fecha 26 de noviembre de 2018, la autoridad inspectiva ha logrado motivar de manera suficiente la naturaleza insubsanable del presente hecho infractor, conforme al décimo noveno hecho que se muestra a continuación: "la infracción a la libertad sindical antes descrita resulta una infracción insubsanable ya que sus efectos son irreversibles y no pueden retrotraerse en el tiempo; por cuanto ya se ha producido una afectación al sindicato como organización sindical estando a que la extensión de los beneficios del convenio colectivo 2017-2019 a los trabajadores no sindicalizados, desalienta la afiliación a una organización sindical de los trabajadores no sindicalizados y promueve la desafinación de los trabajadores sindicalizados, lo cual afecta a la organización sindical", por lo que dicha calificación resulta compatible con nuestro ordenamiento.

vii. Por último, se debe mencionar que los hechos recogidos en el Acta de Infracción, guardan coherencia con la imputación formulada contra la inspeccionada, la misma que ha sido emitida de conformidad a los requisitos de forma que expresa el artículo

46 de la LGIT y el artículo 54 del RLGIT, no existiendo nulidad manifiesta. Por lo tanto, se rechaza de plano el presente extremo del recurso de apelación.

viii. Carece de asidero la invocación de principio de igualdad frente al caso en concreto, o bien la relativa antigüedad o costumbre de la inspeccionada en hacer extensivos los acuerdos colectivos a trabajadores no sindicalizados, máxime si los fallos invocados de la Corte Suprema (Casaciones N° 2864-2009-LIMA, 11477-2013- CALLAO, 10766-2013-MOQUEGUA y 602-2010-LIMA) constituyen una clara vulneración a la libertad sindical individual en su estado de organización y de afiliación, toda vez que constituye un desincentivo para la afiliación sindical y un incentivo para la desafiliación.

ix. Esto último, se asevera, como ha sido descrito en los considerandos precedentes, por el hecho que los no afiliados no soportan las obligaciones y cargas, pero si disfrutan de los beneficios de la sindicalización, postura que este despacho rechaza de manera categórica, máxime si, de acuerdo al VIII Peno Jurisdiccional Supremo, no existe un acuerdo expreso y claro de la SINUNIT que apruebe la extensión de los beneficios del convenio colectivo antes citado, de tal manera que se refleje como parte de la voluntad de los trabajadores afiliados. En ese sentido, se rechaza de plano el presente extremo del recurso de apelación.

x. Respecto al resumen del argumento vi) del recurso de apelación, se debe remitir a lo dispuesto en el fundamento vigésimo primero de la Casación Laboral N° 12901- 2014-Callao, relativo a que "El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que cuando un convenio colectivo se extiende a los trabajadores no sindicalizados, ello no vulneraría el derecho a la libertad sindical siempre que dicho convenio haya sido celebrado por la organización sindical más representativa: también ha referido (...) que ningún sindicato representa a más del cincuenta por ciento (50%) de los trabajadores en un centro de trabajo, deberían reconocerse no obstante los derechos de negociación colectiva a los sindicatos de dicha unidad, por lo menos en nombre de sus propios miembros"; en consecuencia, contrariamente a lo alegado por la inspeccionada, la OIT no ha conferido de legitimidad la extensión de beneficios colectivos provenientes de sindicatos minoritarios, como es el caso de SINUNIT, probándose la existencia de perjuicio al sindicato a través de la desafiliación de sus miembros, como requisito previo a la configuración de actos contra la libertad sindical.

xi. Se debe mencionar que las sentencias de vista N° 299-2019-13 JTPL/PJLL y N° 344- 2019-11 JTPL, constituyen actos de la función jurisdiccional, mediante la que se pone fin a una controversia, pero solo para en concreto en análisis, es decir, al no tratarse de un precedente vinculante, solo produce efectos entre las partes sometidas al proceso, así como la Resolución de Intendencia N° 283-2015-SUNAFIL/ILM, por lo que, resulta jurídicamente viable apartarse del criterio de las mismas, bajo las consideraciones antes expuestas. En consecuencia, se rechaza de plano el presente extremo del recurso de apelación.

2022-SUNAFIL/ILM, recibido el 18 de octubre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° TRUPAL S.A., señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del artículo 54.4.2 del RLGIT – sobre la caducidad en el presente procedimiento.

ii. En primer lugar, debemos indicar que, en el presente procedimiento, ha operado la caducidad administrativa de modo que debe archivarse al haber transcurrido el tiempo sin actuación procedimental que determine la comisión de una infracción.

iii. Interpretación errónea de normas de derecho laboral e inobservancia de precedentes.

iv. Sin embargo, el artículo que es citado por la SUNAFIL no contempla que la extensión de los beneficios del convenio colectivo celebrado con un sindicato minoritario a personal no afiliado constituya una infracción pasible de ser sancionada. Ello se debe a que la normativa no prohíbe expresamente que el empleador pueda extender los beneficios de un convenio colectivo de un sindicato minoritario a los trabajadores no sindicalizados.

v. En esa línea, en la Resolución de Intendencia se pretende interpretar el artículo 25.10 del RLGIT en el sentido de que la extensión de los beneficios del convenio colectivo a no afiliados constituiría una promoción a la desafiliación de la organización sindical. No obstante, la jurisprudencia de diferentes instancias tanto nacionales como internacionales ya se ha pronunciado y ha fijado un criterio interpretativo sobre la extensión de beneficios del convenio sindical de un sindicato minoritario a personal no afiliado, aseverando que dicha práctica no genera una afectación al derecho a la libertad sindical.

vi. Los pronunciamientos antes citados son el resultado de una interpretación conforme a ley que han realizado los diferentes órganos. Las normas se deben interpretar de manera sistemática conforme a los principios propios de cada ordenamiento jurídico.

vii. En esa línea, siendo la libertad sindical un derecho de especial trascendencia a nivel internacional, el mismo cuenta con una regulación que no se agota en el contenido de las normas nacionales, dado que el Perú ha ratificado diferentes convenios internacionales sobre dicha materia.

viii. Recogiendo la vertiente negativa de ese derecho, los diferentes pronunciamientos que han sido citados han establecido expresamente que la extensión de beneficios no constituye una afectación al derecho a la libertad sindical, sino que, por el contrario, la extensión es una liberalidad por parte de la empresa que busca proteger el derecho de los trabajadores a ejercer su derecho a la libertad sindical negativa, evitando que los mismos vean afectados sus ingresos y sustento económico con relación a los trabajadores afiliados.

ix. Queda claro que la extensión contemplada por la empresa está dentro de los alcances y criterios dibujados por la jurisprudencia sobre la materia.

x. Ahora bien, en el presente caso, tanto el SINUNIT como TRUPAL acordaron la extensión de los beneficios a no sindicalizados y ello supone un beneficio a nivel económico para los trabajadores, por lo que se cumplen los supuestos explícitos para la extensión de beneficios.

xi. Vemos pues que, tanto el reciente pronunciamiento del VII Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, como la Casación N° 20956-2017-LIMA emitida con anterioridad, resultan ser pronunciamientos concluyentes respecto a la legítima posibilidad de extender/otorgar beneficios económicos derivados de un convenio colectivo suscrito entre la empresa y un sindicato minoritario.

xii. Ello como una muestra fidedigna del ejercicio de la libertad de empresa en la gestión de las relaciones laborales, en aras de lograr la igualdad salarial al interior de la organización.

xiii. Así pues, el Tribunal debe tomar en cuenta que los plenos jurisdiccionales son considerados como doctrina jurisprudencial adoptada por acuerdo. En tal sentido, se tratan de pronunciamientos que guían los criterios para justificar las decisiones, generando predictibilidad y seguridad jurídica.

xiv. Debemos enfatizar que una interpretación en la línea que pretende ser desarrollada por parte de la Intendencia, no solo generaría una afectación al ejercicio de la vertiente negativa del derecho a la libertad sindical de los no afiliados, sino que, adicionalmente, supondría una afectación al principio de seguridad jurídica, el cual es un principio básico que debe ser observado en todo procedimiento independientemente de su naturaleza (sea judicial o administrativa).

xv. Inaplicación del artículo 31° del RLGIT.

xvi. El Tribunal no puede permitir que se sancione a nuestra empresa por una presunta intención de desincentivar la afiliación sindical, sin que esta afirmación v supuesta conducta haya quedado demostrada, pues no se ha producido ningún efecto de desafiliación al no existir desafiliación alguna en el SINDICATO.

xvii. En ese sentido, queda claro que la Intendencia de Lima Metropolitana reconoce expresamente que la acción desplegada no afectó concretamente la libertad sindical colectiva del SINDICATO pues si ello hubiera sido así, habría señalado y probado dicha afirmación en la Resolución de Intendencia.

xviii. El criterio adoptado en la resolución materia del presente recurso resulta abiertamente arbitrario y errado, además de infringir los principios de tipicidad y legalidad que deben observarse en todo procedimiento administrativo sancionador.

xix. En ese sentido, queda claro que nuestra empresa no ha incurrido en un acto que "promueva” la desafiliación de trabajadores del SINDICATO, pues la acción cometida no tuvo efecto alguno, en la organización sindical existente en la compañía que haya sido acreditada. De este modo, consideran que la Intendencia de Lima Metropolitana debió aplicar el artículo 31° de la LGIT, o en su defecto el 5.2°, dado que la supuesta afectación no conllevó acto contrario alguno.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la extensión de beneficios de un convenio colectivo a trabajadores no sindicalizados y su afectación a la libertad sindical

10 “Artículo 28.- Derecho colectivo del trabajo. Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga

Constitucional como la "capacidad autodeterminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical”11. Por su parte, Alfredo Villavicencio la define como “el derecho de los trabajadores a constituir y afiliarse a organizaciones sindicales, y en el derecho de aquellos y estas a desarrollar actividades sindicales en defensa de sus intereses comunes”12.

- El derecho a fundar organizaciones sindicales. - El derecho de libre afiliación, desafiliación y reafiliación en las organizaciones sindicales existentes. - El derecho a la actividad sindical. - El derecho de las organizaciones sindicales a ejercer libremente las funciones que la Constitución y las leyes le asignen, en defensa de los intereses de sus afiliados. Ello comprende la reglamentación interna, la representación institucional, la autonomía en la gestión, etc. - El derecho a que el Estado no interfiera –salvo el caso de violación de la Constitución o la ley- en las actividades de las organizaciones sindicales14.

“todos aquellos derechos de actividad o medios de acción que resulten necesarios, dentro del respeto a la Constitución y la ley, para que la organización sindical cumpla los objetivos que a su propia naturaleza corresponde, esto es, el desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses, así como el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Por consiguiente, cualquier acto que se oriente a impedir o restringir de manera arbitraria e injustificada la posibilidad de acción o la capacidad de obrar de un sindicato resulta vulneratorio del derecho de libertad sindical”15 (énfasis agregado).

“Artículo 42.- La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas

El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical (…)”. 11 STC N° 008-2005-PI/TC, fundamento 26. 12 VILLAVICENCIO RIOS, A. (2010). La libertad sindical en el Perú: fundamentos, alcances y regulación. Lima, PLADES, p. 87. 13 Ob. Cit. Págs. 87 – 89. 14 STC N° 008-2005-PI/TC, fundamento 26. 15 STC Exp. 1469-2002-AA.TC, fundamento 5.

comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza” (énfasis añadido).

16 NEVES MUJICA, J. (2009). Introducción al Derecho del Trabajo. Fondo Editorial de la PUCP, p. 87. 17 Ibídem, p. 88. 18 NEVES MUJICA, J. (2005). Los sujetos de la negociación colectiva. Derecho Colectivo del Trabajo. En Derecho laboral general: Selección de textos, Lima, PUCP, p. 24.

un sindicato minoritario y ello como muestra del ejercicio de la libertad de empresa en la gestión de las relaciones laborales, en aras de lograr la igualdad salarial al interior de la organización.

“2.3 Libertad Sindical Individual Positiva: importancia del derecho de libre afiliación y su preservación frente a posibles comportamientos antisindicales (…)

Como señalamos, tanto los convenios de la OIT como la legislación nacional señalan que los trabajadores gozan de libertad para afiliarse voluntariamente a las organizaciones sindicales que estimen convenientes. Asimismo, el derecho de libre afiliación, supone a su vez la adecuada protección contra todo acto de discriminación del empleador que busque desincentivar directa o indirectamente la afiliación a determinada organización sindical o promueva la desafiliación de la misma.

En ese sentido, debemos de analizar si la extensión unilateral que hace el empleador de los beneficios pactados en un convenio colectivo de eficacia limitada a los trabajadores no afiliados al sindicato constituye o no una afectación al derecho a la libertad de afiliación.

En primer lugar, el Comité de Libertad Sindical ha señalado que cuando un convenio colectivo se extiende a los trabajadores no sindicalizados, ello no vulneraría el derecho a la libertad sindical, siempre que dicho convenio haya sido celebrado por la organización sindical más representativa. Caso contrario, cuando el convenio colectivo ha sido celebrado por una organización sindical de representación limitada nos encontramos ante un escenario distinto, pues la misma no goza de representatividad de los

trabajadores, por ello una decisión como tal, desincentivaría la afiliación en tanto los trabajadores preferirán no afiliarse a la misma, pues de igual modo gozarán de los beneficios pactados en los convenios colectivos que celebre dicho sindicato (énfasis añadido).

Frente a un caso que presenta elementos similares al que se analiza en este informe, la OIT se pronunció señalando que “cuando en un proceso de negociación con el sindicato, la empresa ofrece simultáneamente mejoras en las condiciones de trabajo a los trabajadores no sindicalizados a través de convenios individuales existe un peligro serio de que se menoscabe la capacidad negociadora del sindicato y que se produzcan situaciones discriminatorias que favorezcan al personal no sindicalizado; además, ello puede promover la desafiliación de trabajadores sindicalizados”.

“6.36 Entonces, esta Sala debe proceder al análisis de validez de la invocación de la cláusula celebrada por un sindicato minoritario con el empleador que permitiría extender ciertos beneficios económicos y la denunciada afectación de la afiliación sindical de otro sindicato minoritario. Esto, para establecer si este acuerdo representa una formula válida, conforme

con el derecho constitucional de libertad sindical, a propósito del sindicato minoritario pactante, en el ámbito de su actuación. 6.37 Con respecto a la primera cuestión, es necesario analizar si el sindicato pactante puede celebrar un acuerdo consistente para autorizar o reconocer que el empleador tiene la facultad de ecualizar ciertas condiciones salariales entre afiliados a su organización, afiliados a otras organizaciones y no sindicalizados en general. Es decir, debe establecerse si el sindicato pactante es el titular de un acto de disposición de semejante alcance. 6.38 En el entendimiento de esta Sala, este acuerdo podría tener un efecto antisindical subyacente si es que, en el ámbito respectivo, existe otra organización sindical minoritaria (como ocurre en este caso) o, incluso, si se estuviera formando un sindicato. 6.41 Por último, resta anotar que el texto del párrafo 3 de la cláusula primera del convenio suscrito entre la impugnante y el SITRACORPS no representa a un contenido que permita, refuerce o siquiera declare facultad alguna del empleador. El empleador no podría dejar virtualmente sin contenido ni sin aplicación efectiva al ejercicio de la representatividad de una organización sindical dentro de su ámbito de influencia ni bajo la autonomía colectiva ni bajo su propio poder privado. Además, tampoco está autorizado a dejar sin efecto la fuerza vinculante del convenio colectivo, con respecto a la delimitación de su ámbito subjetivo de aplicación, lo que proviene del contenido normativo del artículo 28, inciso segundo de la Constitución Política del Perú, y del bloque de legalidad definido por el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, que esta referido en el considerando 6.22 del precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 9-2022-SUNAFIL/TFL, y que permite ver, no se puede alterar este ámbito predefinido por ley”.

“6.22 Como puede comprobarse, la doctrina, con base constitucional, ha subrayado que, por aplicación sincronizada de los artículos 9, 46 y 47 de la LRCT, se pueden producir las siguientes variables con respecto a la representatividad y los efectos del convenio colectivo de trabajo resultante en el nivel de empresa. 6.22.1 Un sindicato que afilia a la mayoría absoluta de los trabajadores tiene facultades para negociar por todas las personas comprendidas en ese ámbito, pudiendo extenderse los efectos del convenio a todos los trabajadores (eficacia general) o solo a los afiliados a la organización sindical mayoritaria (eficacia limitada), según la naturaleza de los beneficios y lo que hayan previsto los sujetos colectivos (empleador y sindicato). 6.22.2 Un sindicato minoritario, que no representa a la mayoría absoluta de trabajadores, puede negociar la suscripción de convenios colectivos de eficacia limitada, esto es, de aplicación exclusiva con respecto a sus afiliados. 6.22.3 Varios sindicatos minoritarios tienen representatividad para negociar por todos los trabajadores del ámbito, si aquellas organizaciones coaligadas alcanzan a ser la mayoría dentro del ámbito correspondiente. En cambio, si no hay coalición, cada sindicato minoritario podrá negociar por separado y cada convenio se extenderá exclusivamente a sus afiliados. 6.22.4 De coexistir un sindicato mayoritario y uno o más sindicatos minoritarios, aquel que afilia a la mayoría absoluta del ámbito, tendrá representatividad, pudiendo negociar por todos los trabajadores y, de celebrarse un convenio colectivo de trabajo, este tendrá eficacia general. 6.29 Es decir, puede advertirse que el tipo contenido en el inciso 25.10 del artículo 25 del RLGIT está compuesto por una premisa suficiente que, leída con la consecuencia jurídica prescrita, puede entenderse de la siguiente manera: [“son muy graves las infracciones consistentes en la realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador o de la organización de trabajadores”]. Por ende, la extensión de beneficios del convenio colectivo de trabajo de eficacia limitada a los no afiliados al sindicato minoritario está

contemplada en esta premisa del tipo sancionador de forma suficiente, infracción que es sancionada con la graduación máxima en el ordenamiento administrativo laboral. La subsunción de la extensión de los beneficios de un convenio colectivo de eficacia limitada a los no afiliados al sindicato minoritario pactante es viable dentro de este extremo del tipo sancionador por cuanto la práctica objetada en el presente expediente sancionador es una que afecta, per se, la libertad sindical, conforme a lo desarrollado en los considerandos anteriores” (énfasis añadido) (…)”

Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical. Negociación Colectiva. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:70002:0::NO::P70002_HIER_ELEMENT_ID,P70002_HIER_LE VEL:3948778,2 20 D.S. N° 010-2003-TR, TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo:

“Artículo 4.- El Estado, los empleadores y los representantes de uno y otros deberían abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coactar, restringir o menoscabar, en cualquier forma, el derecho de sindicalización de los trabajadores, y de intervenir en modo alguno en la creación, administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales que éstos constituyen”. 21 Ob. Cit. Pág. 88. 22 Ob. Cit. Págs. 95 – 151. 23 “Artículo 46.- Para que el producto de una negociación colectiva por rama de actividad o gremio tenga efectos generales para todos los trabajadores del ámbito, se requiere que la organización sindical u organizaciones sindicales representen a la mayoría de las empresas y trabajadores de la actividad o gremio respectivo, en el ámbito local, regional o nacional, y que sean convocadas, directa o indirectamente, todas las empresas respectivas. En caso no se cumplan los requisitos de mayoría señalados en el párrafo anterior, el producto de la negociación colectiva, sea convenio o laudo arbitral, o excepcional por resolución administrativa, tiene una eficacia limitada a los trabajadores afiliados a la organización u organizaciones sindicales correspondientes. De existir un nivel de negociación en determinada rama de actividad ésta mantendrá su vigencia.”

en la referida adenda no resulta eficaz. En ese orden de ideas, el comportamiento de la extensión unilateral de beneficios de convenios colectivos no resulta autorizado por el ordenamiento vigente y que esto es congruente además con el bloque de constitucionalidad que, desde el artículo 28 de la Constitución, ordena las relaciones colectivas de trabajo.

24 “Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades”.

afiliados, es una conducta antisindical, por sí misma, representando una lesión al ordenamiento jurídico, además al interés tutelable de la organización sindical.

25 Exp. N° 03461-2010-PA/TC: “no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato. La igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual;

por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables” (fundamento 3).

Sobre el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador y la caducidad administrativa

“(…) 53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento (…)”.

26 Se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016. 27 LÓPEZ RAMÓN, F. (2014). “La caducidad del procedimiento de oficio”. En Revista de Administración Pública, Num. 194, Madrid, p. 17. Citado por la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio, 2017, p. 54. 28 GÓMEZ TOMILLO, Manuel e Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2da ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 771.

“Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.”

“Artículo 1.- Suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo Disponer, excepcionalmente, la suspensión del cómputo de los plazos por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020, de las actuaciones inspectivas y de los procedimientos administrativos sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo de las instancias correspondientes de las Intendencias Regionales de la SUNAFIL, así como de las Gerencias o Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales (…)”.

29 De conformidad, con el numeral 144.1 del artículo 144 del TUO de la LPAG, el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la publicación del acto. En el presente caso, el cómputo del plazo de suspensión, se inició el primer día hábil posterior a la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020.

Sobre la caducidad operada en el presente procedimiento

Figura N° 01: Línea de Tiempo

Sobre el principio de igualdad y la no discriminación

Fin del cómputo del plazo 9 meses al 08.03.2021

constituir un acto de distinción por motivo prohibido (ejercicio de la sindicación de parte de su personal), llega a concretizar una vulneración del ejercicio del derecho de libertad sindical en sus manifestaciones del derecho constitucional de libre sindicación y el derecho constitucional de negociación colectiva.

"6. La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual por ello no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.

7. Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio; debe precisarse que la diferenciación esta constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea razonable ni proporcional, se está frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable".

30 Expediente N° 048-2004 PI/TC, fundamento 62.

Sobre los demás argumentos de la Inspeccionada 6.56. Con relación al argumento de Sujeto inspeccionado relacionado a la inaplicación del artículo 31° del reglamento de la ley general de inspección del trabajo cabe indicar que la conducta sancionada, por el hecho verificado en el caso de autos consistente en realizar actos que afectan la libertad sindical, al haber hecho extensivo a los trabajadores no sindicalizados, determinados beneficios económicos obtenidos por el sindicato minoritario en el Convenio Colectivo 2017-2019, califica como una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, ya que se subsume adecuadamente dentro de la conducta descrita en el tipo infractor previsto en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, “25.10 La realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador o de la organización de trabajadores, tales como aquellos que impiden la libre afiliación a una organización sindical, promuevan la desafiliación de la misma, impidan la constitución de sindicatos, obstaculicen a la representación sindical, utilicen contratos de trabajo sujetos a modalidad para afectar la libertad sindical, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga, o supuestos de intermediación laboral fraudulenta, o cualquier otro acto de interferencia en la organización de sindicatos”(énfasis añadido).

Del escrito ingresado el 05 de mayo de 2023 6.58. El administrado adjunta la Resolución S/N de fecha 30/03/2023 emitida por la 5° SALA LABORAL - SEDE RIMAC. Al respecto, es pertinente señalar que no constituye un precedente de observancia obligatoria. Asimismo, que la infracción tipificada cuestionada mediante el proceso de Impugnación de acto o resolución administrativa, en la que figura como demandante la empresa LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S.A. se encuentra tipificada en el numeral 25.17 del RLGIT, siendo sancionada dicha empresa por cometer actos de discriminación por razón sindical. En ese sentido, se trata de infracciones distintas, por lo cual, no guardan relación con el caso en concreto.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Por realizar actos que afectan la libertad sindical, al haber hecho extensivo a los trabajadores no sindicalizados, determinados beneficios económicos obtenidos por el sindicato minoritario en el Convenio Colectivo 2017-2019, desincentivando la afiliación y promoviendo la desafiliación de dicha organización. Numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TRUPAL S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 522-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 29 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 415-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 522-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a TRUPAL S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240124MLA