Trupal S.A — Res. 373-2025

Mediante la Orden de Inspección N° 629-2020-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 174-2020-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sancionar económicamente a la impugnante, entre otras, la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplir con la medida inspectiva de requerimiento.

Que, mediante la Imputación de Cargos N° 328-2020-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC de fecha 18 de noviembre de 2020, notificada el 27 de noviembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 139-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI, de fecha 5 de marzo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Resolución de la Intendencia Regional de La Libertad, la cual mediante Resolución de Sub-Intendencia N° 227-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 25 de mayo de 2021, notificada vía casilla electrónica el 27 de mayo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/. 128,312.00.

Mediante escrito de fecha 17 de junio 2021, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub-Intendencia N° 227-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, y mediante Resolución de Intendencia N° 056-2022-SUNAFIL/IRE-LIB de fecha 16 de marzo de 2022, notificada el 18 de marzo de 2022 vía casilla electrónica se declaró la nulidad de la Resolución de Subintendencia N° 227-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE.

En mérito a ello, mediante la Resolución de Sub-Intendencia N° 554-2022-SUNAFIL/IR- LL/SIRE de fecha 1 de junio de 2022, notificada vía casilla electrónica el 3 de junio de 2022, se multó a la impugnante por la suma de S/ 168,947.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 27 de junio de 2022 la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub-Intendencia N° 554-2022-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante la Resolución de Intendencia N° 118-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 12 de abril de 2023, notificada vía casilla electrónica el 14 de abril de 2023, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación, en atención a los siguientes fundamentos:

Con fecha 8 de mayo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 118-2023- SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante el Memorándum N° 569-2023-SUNAFIL/IRE-LIB recibido el 16 de mayo de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que TRUPAL S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 118-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, que confirmó la sanción de multa ascendente a S/. 168,947.00 por la comisión de, entre otros, una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución, esto es, el 17 de abril del 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por TRUPAL S.A.

Es de precisar que, de la revisión del recurso de revisión interpuesto, se advierte la existencia de alegatos vinculados no solo a la infracción muy grave por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, sino también orientados a cuestionar las infracciones graves en SST.

Al respecto, es oportuno señalar que esta Sala solo es competente para evaluar las infracciones sancionadas como MUY GRAVES; por lo que, estando a los actuados, se evidencia que la resolución impugnada comprende dos (2) infracciones GRAVES, así como una (1) infracción MUY GRAVE, siendo materia de análisis solo esta última. Por lo tanto, los argumentos tendientes a cuestionar la imposición de la sanción grave son argumentos respecto de los cuales esta Sala no tiene competencia para pronunciarse, toda vez que, respecto a la misma, ya se ha agotado la vía administrativa.

Asimismo, previamente al análisis de los alegatos materia de recurso, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

En ese entendido, del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento8, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos vinculados a la infracción muy grave impuesta.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

El artículo 14 de la LGIT establece lo siguiente, respecto de las medidas de requerimiento: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

Por ello, la LGIT señala que la emisión de medidas de requerimiento constituye una potestad de los inspectores de trabajo9, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización en aquellos supuestos en los que la autoridad determine que la vulneración o infracción del ordenamiento jurídico es subsanable dentro de un plazo razonable, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector10.

Es decir, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador11. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión -a consideración de esta Sala- atenta contra el Principio de Razonabilidad12.

Ahora bien, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de dos (2) infracciones graves en materia de SST, tipificadas en los numerales 27.3 y 27.11 del artículo 27 del RLGIT. Asimismo, también fue sancionada por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Al respecto, se advierte que la medida inspectiva de requerimiento emitida el 31 de julio de 2020, y mediante la cual se otorgó cinco (05) días hábiles para su cumplimiento, contenía los siguientes mandatos:

En consecuencia, en atención a dicho requerimiento, la impugnante, presentó documentación, la misma que fue valorada por el Inspector involucrado, determinándose en el ítem D del Acta de Infracción que no se dio cabal cumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento, en tanto solo se acreditó la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sobre el particular, debemos tener en cuenta el precedente administrativo de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, que en sus fundamentos 6.8, 6.9 y 6.10 establece:

En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT,13 pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por

De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia.”

Así, en el caso concreto, corresponde analizar si la medida inspectiva de requerimiento ha sido emitida en el marco de los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

En ese sentido, de la revisión del ítem B del apartado III de la medida inspectiva de requerimiento, se observa que el inspector actuante solicitó la presentación de la relación completa de unidades utilizadas para el transporte del personal de la empresa inspeccionada, así como el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, la tarjeta de propiedad, el certificado de habilitación vehicular para el transporte de trabajadores por carretera y la revisión técnica vehicular, entre otros documentos.

Cabe recalcar que, conforme se señaló precedentemente, la finalidad de una medida inspectiva de requerimiento es la de revertir los efectos de una conducta infractora previamente verificada en materia sociolaboral. Sin embargo, del contenido de la medida en cuestión se advierte que su finalidad se limitó a solicitar documentación que ya había sido requerida previamente mediante un requerimiento de información, sin que se identifique con claridad una conducta infractora cuya subsanación se persiga; a mayores, se exige documentación que, de haber sido presentada, dada su naturaleza no permitiría la verificación de infracciones en materia sociolaboral, dado que no están vinculadas a la misma.

En tal contexto, se evidencia que el inspector no realizó una adecuada determinación de las conductas infractoras que debían ser subsanadas, habiéndose limitado a reiterar la solicitud de documentación ya efectuada mediante el requerimiento de información precedente. Ello pone de manifiesto una confusión entre la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento y la figura del requerimiento de información.

En consecuencia, se concluye que la medida inspectiva de requerimiento no se encuentra debidamente sustentada, en tanto no se identifica una conducta infractora específica que justifique su emisión, lo que vulnera el principio de legalidad que rige el procedimiento sancionador en materia inspectiva.

En tal sentido, el comisionado no efectuó la correcta determinación de la configuración de las conductas infractoras imputadas como fundamento para emitir la medida de

Sin perjuicio de lo resuelto, debemos señalar que lo analizado no implica la nulidad de las resoluciones emitidas por las instancias previas, afectando únicamente a la medida inspectiva de requerimiento.

Por último, la impugnante señala que se afectó su derecho a la prueba dado que no se no se valoraron los descargos presentados por la administrada el 7 de abril de 2021 ni los informes derivados de las actuaciones inspectivas, lo que revela una insuficiente motivación de las decisiones adoptadas.

No obstante, de la revisión de la Resolución de Subintendencia N° 554-2022-SUNAFIL/IR- LL/SIRE del 1 de junio de 2022, se advierte que la misma a través del ítem 3 de su apartado III realiza un correcto resumen de los argumentos expuestos por la impugnante; asimismo, en los considerandos posteriores se evidencia el razonamiento y motivación del órgano inferior que llevo a tomar la decisión adoptada. En ese sentido, se desestiman dichos argumentos.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.