Transportes Quinto S.A.C — Res. 410-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Bonificación no remunerativa (submateria Todas); Jornada, Horario de trabajo y Descansos remunerados (submateria Vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (submateria Depósito de CTS); Remuneraciones (submateria Gratificaciones). 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago íntegro de las gratificaciones legales de los períodos de julio y diciembre de 2017 (trunco) a favor del ex trabajador Jhorvis Stewart Peña Vílchez, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago íntegro de las bonificaciones extraordinarias de los períodos de julio y diciembre 2017 (trunco) a favor del ex trabajador Jhorvis Stewart Peña Vílchez, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios de los períodos vencidos de mayo y noviembre 2017 (trunco) a favor del ex trabajador Jhorvis Stewart Peña Vílchez, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de las vacaciones truncas por el periodo del 01 de mayo al 24 de agosto de 2017 más los intereses, a favor del ex trabajador Jhorvis Stewart Peña Vílchez, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12 de diciembre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. No se ha cuantificado el monto que supuestamente se le adeuda al trabajador; no se señala ni en la medida de requerimiento, Acta de Infracción o Resolución.

ii. La empresa ha hecho un cálculo del monto que se le adeuda al ex trabajador y ha procedido a pagar los montos adeudados a éste, tal como se observa en el Informe Final emitido por la propia SUNAFIL; sin embargo, “…consideran que el pago no se ha efectuado dado que se trata de un cheque que es un título valor y debe tenerse la constancia de que el trabajador ha cobrado el mismo para poder garantizar el cumplimiento de este beneficio…”, pese a que se acompañó una declaración jurada del mismo ex trabajador en la que garantiza haber cobrado sus beneficios sociales, así como una constancia de transferencia bancaria por la suma de S/ 10.39.

iii. Como un “otrosí digo”, sostiene que el procedimiento inspectivo es nulo al haberse extendido el plazo legalmente establecido para el mismo, sosteniendo que éste ha tenido una duración de catorce (14) meses. De igual manera, señala que el Informe Final de Instrucción es nulo al haber sido emitido y notificado fuera de plazo.

iv. Sostiene que el procedimiento inspectivo incurre en vicios de motivación y afecta el derecho al debido procedimiento. Señala que ni el Acta de Infracción ni el Informe Final de Instrucción han tomado en consideración el recalculo de la liquidación de beneficios sociales presentada, con lo cual no conocen si el cálculo efectuado es correcto o no, estando “…impedida de saber si cumplió con realizar el pago completo o existe algún saldo pendiente que le corresponda al trabajador”.

v. Por ello, si bien reconoce la existencia de sustento jurídico respecto de la naturaleza remunerativa del “Bono Linde”, no se cumple – por parte de las autoridades previas – con señalar el monto exacto que se le adeuda al ex trabajador.

dirección consignada; disponiéndose mediante Proveído s/n de fecha 04 de noviembre de 2020 que el proveído anterior vuelva a ser notificado en el domicilio fiscal, notificándose el mismo el 23 de noviembre de 2020.

i. Dentro del plazo de quince (15) días hábiles luego de la notificación de la resolución de primera instancia, presentaron un escrito dirigido a la Sub Intendencia de Resolución 3, solicitando la reducción de la multa al 30% del valor propuesto, así como la nulidad de la Resolución debido a vicios en la expedición del acto administrativo.

ii. La solicitud de reducción de multa se interpuso dentro del plazo establecido para interponer el recurso de apelación, según el artículo 40 del LGIT.

iii. Al haber sido notificados con la inadmisibilidad del escrito de fecha 17 de septiembre, precisan que interponen un recurso de apelación, a fin de que se declare la nulidad de la resolución impugnada o en su defecto ésta sea revocada, sin perjuicio de la solicitud de reducción de multa al 30%.

i. La impugnante presenta la liquidación de beneficios sociales rectificada que obra a folios 10 del expediente sancionador, no obstante pese a que ésta cuenta con la firma del ex trabajador, en su contenido no se observa que se haya incluido el bono Linde dentro del cálculo de la gratificación y bonificación extraordinaria conforme solicitó el personal inspectivo y se refleja en el numeral 4.9.4 a 4.9.5 del Acta de Infracción.

ii. La impugnante presente como medio de pago los cheques que obran a folios 09 y 11 del expediente sancionador, que si bien es cierto, “…en este último hay un cargo firmado por el trabajador afectado de la recepción de este título valor, no aparece en ninguno de los dos la constancia de pago de los mismos, debiéndose precisar que este Despacho considera que los referidos cheques por sí solos no evidencian de que se haya efectuado el pago de los beneficios sociales al trabajador afectado…”, en clara referencia a lo señalado en el artículo 1233 del Código Civil: "la entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago, solo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubieran perjudicado, salvo pacto en contrario"; por lo que, en consecuencia, al no haber adjuntado ningún otro documento con el que se pueda tener certeza que haya sido cobrado a fin de dar por extinguida sus

2 Notificada a la inspeccionada el 31 de agosto de 2021. Véase a folios 64 del expediente sancionador.

obligaciones de pago, no procede la reducción de multa conforma al artículo 40 de la LGIT.

iii. Precisa que el inicio y fin de las actuaciones inspectivas se han llevado a cabo de acuerdo con la normativa vigente, sumando en total 29 días hábiles a la fecha de conclusión de las referidas actuaciones. Por el contrario, la figura de caducidad invocada por la impugnante “…se circunscribe únicamente al procedimiento administrativo sancionador y no al procedimiento inspectivo…”.

iv. Respecto de la superación de los plazos de notificación del Informe Final de Instrucción, precisa que la “…extemporaneidad de la derivación y la notificación no están afectas de nulidad, al no existir norma alguna que expresamente así lo establezca…”.

v. Reitera que la impugnante no ha acreditado el pago de los beneficios sociales a favor del ex trabajador Jhorvis Stewart Peña Vílchez, “…siendo que no cumplió con lo indicado expresamente por el personal inspectivo…”, conforme se puede advertir de la liquidación de beneficios sociales rectificada que obra a folios 10 del expediente sancionador, al no haberse incluido el bono Linde dentro del cálculo de la gratificación y bonificación extraordinaria.

vi. Finalmente, añade que “…no es correcto que no se le haya indicado a la inspeccionada cuales eran las observaciones respecto al cálculo de los beneficios sociales, conforme se deprende de la citada medida inspectiva de requerimiento y el Acta de infracción, siendo ello recalcado por la Autoridad Instructora en los considerandos 7 a 11 y 29 del Informe Final y por la Autoridad Sancionadora en el considerando 17 a 19 de la resolución apelada”; sino que por el contrario, se señala en el considerando 3.9 de la Resolución de Intendencia lo siguiente:

Figura 1: Fundamento 3.9 de la Resolución de Intendencia N° 1411-2021-SUNAFIL/ILM

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TRANSPORTES QUINTO S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

Con fecha 21 de septiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1411-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos, en términos similares al recurso de apelación:

i. Sostiene que la Intendencia ha resuelto un recurso de apelación que no fue interpuesto por la Compañía, toda vez que mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2020 solicitaron la reducción de la multa al acreditar la subsanación de las infracciones detectadas; solicitud que no fue tomada en consideración por la autoridad.

ii. A pesar de lo expresamente solicitado, en la Resolución de Intendencia se indica que se interpuso un recurso de apelación, cuando se observa de dicho escrito que se solicitó la reducción del cálculo de la multa luego del depósito de los montos adeudados en la cuenta de haberes del trabajador.

iii. Así, señala que ni la Sub Intendencia ni la Intendencia han advertido el contenido del escrito presentado, y en su lugar le dieron el trámite de un recurso de apelación. Por el contrario, presentó su solicitud de reducción de multa dentro del plazo legal establecido para interponer el recurso de apelación según lo señalado en el literal a) del artículo 40 de la LGIT.

Análisis Del Recurso De Revisión

Del derecho al debido procedimiento

“Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (fundamento 69) (énfasis añadido).

Figura 2: Criterio aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL

Que la Intendencia de Lima Metropolitana resuelve confirmando las infracciones impuestas, sin valorar o determinar el monto del Bono Linde que permitiría saber a ciencia cierta si los conceptos de los documentos de pago presentados por la impugnante eran los que correspondían legalmente.

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)

De la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de diciembre de 2018

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector

actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido)

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fi n de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Figura 3: Directiva N° 001-2016-SUNAFIL

De la nulidad de oficio de la Resolución de Sub Intendencia N° 286-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE3 del 19 de agosto de 2020

de Sub Intendencia, según lo señalado en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Sub Intendencia N° 286-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE3 del 19 de agosto de 2020, emitida por la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3821-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE3, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- Devolver los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.21 de la presente resolución.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a TRANSPORTES QUINTO S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

9Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad (…) 11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico

CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente