Transportes Expreso Tacna S.R.L — Res. 939-2025

Mediante Orden de Inspección N° 2156-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 903-2021-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, entre otras, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 15 de octubre de 2021 y, tres (03) infracciones muy

Que, mediante Imputación de Cargos N° 629-2022-SUNAFIL/SIFN-AQP, de fecha 30 de junio de 2022, notificada el 04 de julio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 774-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, de fecha 13 de octubre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 175-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 23 de febrero de 2023, notificada el 27 de febrero de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 450,164.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 13 de marzo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 175-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 141-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 19 de mayo de 20232, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 12 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 141- 2023-SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM N° 1242- 2023-SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 27 de junio de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Con fecha 04 de julio de 2025, la CARTA-00029-2025-SUNAFIL/TFL de fecha 27 de junio de 2025 fue notificada vía casilla electrónica a la impugnante. En dicha carta se requirió la subsanación relacionada con las observaciones3 advertidas en el recurso de revisión presentado contra la Resolución de Intendencia N°141-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, otorgándole el plazo improrrogable de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de considerarse como no presentado el escrito.

Consecuentemente, con fecha 08 de julio de 2025, la impugnante cumplió con subsanar lo requerido mediante la CARTA-00029-2025-SUNAFIL/TFL. En este caso, mediante el escrito presentado, la gerente general de la impugnante se ratificó en todos los extremos del recurso de revisión.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que TRANSPORTES EXPRESO TACNA S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 141- 2023-SUNAFIL/IRE-AQP, por la comisión de tres (03) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 25.6, 25.7 y 25.19 del artículo 25 del RLGIT y, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por TRANSPORTES EXPRESO TACNA S.R.L.

El artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003- 97-TR (en adelante, la TUO de la LPCL), dispone lo siguiente respecto al contrato de trabajo “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”. Así, cuando se presenten los siguientes tres (3) elementos: (i) prestación personal del servicio, (ii) remuneración, y (iii) subordinación; siendo este último el elemento distintivo entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios, el cual adopta una serie de manifestaciones cuyo descubrimiento nos lleva a concluir el carácter laboral de una relación contractual.

Por su lado, el contrato de locación de servicios es definido en el artículo 1764 del Código Civil como aquel acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga sin estar subordinados al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. De lo anterior, se advierte que el elemento esencial diferenciador entre uno y otro contrato es la subordinación.

En este contexto, a fin de verificar la real naturaleza de los servicios prestados, el personal inspectivo está facultado para aplicar el Principio de Primacía de la Realidad, de advertir discrepancia entre los hechos que se desprendan de los documentos formales presentados por la inspeccionada y los hechos constatados en el marco de sus investigaciones, tal como lo expresa el numeral 2.2 del artículo 2 de la LGIT, que establece

Con relación a lo señalado en los párrafos anteriores, a fin de determinar si existe una relación de trabajo entre las partes, esta Sala debe evaluar si en los hechos se presentó la existencia de los elementos del contrato de trabajo, los cuales pueden ser reforzados con la presencia de diversos rasgos de laboralidad, a efectos de tener como determinada una relación laboral generadora de efectos jurídicos.

En el presente caso, con relación al Sr. Geordi Vega, en mérito del principio de primacía de la realidad, se constató la existencia de los tres elementos de la relación de trabajo, recogidos en el artículo 4° del TUO de la LPCL y en consecuencia la existencia de una relación de trabajo de naturaleza laboral indeterminada en la prestación de los servicios brindados. En efecto, estos elementos esenciales de la relación de trabajo se configuran, en el caso concreto, conforme al siguiente detalle:

Con relación a la prestación personal de servicios, el Sr. Geordi Vega ha prestado sus servicios en forma personal y directa, en el cargo de estibador, conforme consta en los recibos por honorarios emitidos, así como lo manifestado por el apoderado del sujeto inspeccionado en la diligencia virtual de fecha 01 de octubre de 2021, es decir, indicó que las labores consistían en el carguío y embalaje de mercadería, es decir, de estiba. Cabe precisar que, con fecha 05 de enero de 2019, se emitieron cuatro (04) recibos por honorarios, cuyos conceptos se encontraban relacionados con servicios de embalaje y carguío de mercaderías que correspondían desde los meses de enero 2018 hasta diciembre de 2018.

Sobre la remuneración, ésta ha sido percibida como contraprestación por los servicios prestados, de acuerdo con los recibos por honorarios, emitidos desde el 05 de enero de 2019 hasta el 30 de enero de 2021, habiendo sido emitidos de forma periódica y bajo el mismo concepto, conforme consta en autos. Además, de acuerdo con la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación de fecha 21 de setiembre de 2021, consta que el Sr. Geordi Vega reconoce que los importes que figuran en los recibos por honorarios les fueron pagados. En la diligencia virtual de fecha 01 de octubre de 2021, el apoderado del sujeto inspeccionado manifestó que el monto pagado fue lo consignado en los recibos por honorarios y que dicho pago lo realizaba en efectivo y mensual; por lo que, se condice con lo dicho por el Sr. Geordi Vega.

Respecto a la subordinación, se advierte pues, ambas partes reconocen haber suscrito el documento de fecha 03 de marzo de 2021, a través del cual se acuerda el pago de S/7,000.00 soles por concepto de reintegro de vacaciones, compensación por tiempo de servicios, indemnización vacacional y por despido; además, el Sr. Geordi Vega reconoce el pago realizado a su favor por dicho monto. Se precisa que, las labores desarrolladas por el Sr. Geordi Vega (estibador) se encuentran directamente relacionadas con la actividad principal de la impugnante, consistentes en transporte de carga liviana en general, encomiendas, giros, etc. De otra parte, en atención a la medida inspectiva de requerimiento de fecha 15 de octubre de 2021, el impugnante presentó como documentación los recibos simples, con los cuales señala acreditar el pago de gratificaciones como las de fiestas patrias de 2018 por el monto de S/465.00 soles, cuyo pago ha sido reconocido por el Sr. Geordi Vega, conforme consta en la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación de fecha 21 de octubre de 2021.

Por otro lado, en la diligencia virtual de fecha 01 de octubre de 2021, el apoderado del sujeto inspeccionado afirmó que, a favor del Sr. Geordi Vega, le otorgaron elementos de seguridad por realizar la actividad de estibador (guantes, casco, lentes, mascarillas). En esta misma diligencia, dicho apoderado reconoce la existencia de vínculo laboral desde el mes de noviembre de 2018 y, que con respecto a un periodo anterior se remite a lo que consta en los recibos por honorarios presentados; por lo que, de conformidad con

Siendo así, en el presente caso, desde enero de 2018, las labores de estiba -que se encuentran relacionadas con la actividad principal de la empresa- fueron realizadas de manera continua e ininterrumpida, encontrándose a cargo de la encargada del centro de trabajo, donde realizaba dichas actividades. Asimismo, la entrega de equipos de protección personal, que constituye una obligación legal del empleador para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Por consiguiente, no puede conceptuarse como una prestación de servicios bajo la propia dirección y responsabilidad del Sr. Geordi Vega, debido a que requiere fiscalización por parte del empleador, toda vez que, el empleador era quien decidía cuándo y cómo debía realizarse la carga o descarga. En ese sentido, en atención a lo antes expuesto, el elemento de la subordinación se encuentra acreditado.

Si bien la impugnante manifiesta que la subordinación no existe, toda vez que, el personal requerido es mínimo y temporal, así como la actividad laboral es limitada por horas y no supera las cuatro (04) horas de trabajo diaria; sin embargo, todo ello no enerva lo constatado en la realidad de los hechos, esto es, la existencia de vínculo laboral, más aún si las labores desarrolladas por el extrabajador forman parte del giro principal del negocio; por lo tanto, al ser actividades de carácter principal y permanente, se requiere contar con personal de manera continua que se encargue de estas labores permanentes.

Así las cosas, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se ha determinado la existencia de una relación laboral entre el sujeto inspeccionado y el Sr. Geordi Vega, habiéndose producido la desnaturalización del vínculo, cuya fecha de ingreso fue desde el 01 de enero de 2018 hasta el 04 de febrero de 2021, ésta última en base a la constatación policial realizada el 05 de febrero de 2021, diligencia que se lleva a cabo en atención a que desde dicha fecha no permitieron su ingreso al centro de trabajo de la impugnante. Por tales consideraciones, se desestiman los argumentos dirigidos a cuestionar el extremo de la existencia de una relación laboral.

Resulta relevante precisar que, desde el mes de enero 2018, el Sr. Geordi Vega aún no contaba con la mayoría de edad, es decir, tenía diecisiete (17) años de edad; por lo que, era considerado adolescente. Siendo así, es pertinente traer a colación el artículo 5 de la Ley N° 29088 - Ley de seguridad y salud en el trabajo de los estibadores terrestres y transportistas manuales, que contempla lo siguiente: “Prohíbese realizar la actividad de estiba por niños, niñas y adolescentes. La labor de transportista manual sólo podrá ser realizada por mayores de 16 años, siendo que el peso a transportar mediante triciclos, carretas o carretillas no podrá exceder en ningún caso los cien (100) kilogramos.”. En ese sentido, las actividades que involucren manipulación manual de cargas, con relación a niños y adolescentes, el tipo de actividad de estiba/desestiba es una actividad prohibida, salvo el transporte con ayuda mecánica, de un peso máximo de 100 kg. Así, en el caso de autos, las labores en su condición de menor de edad eran de estiba.

Las Disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

Asimismo, en el artículo 3 del mismo dispositivo normativo, se establece lo siguiente:

Ahora, la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Debiendo, para dicho efecto, contener la siguiente información mínima: “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo.”10

En el presente caso, de la evaluación de autos, y conforme consta en los hechos constatados del Acta de Infracción, en la etapa inspectiva, se le requirió a la impugnante, mediante requerimientos de información de fecha 01 de setiembre de 2021 y 07 de setiembre de 2021, remitir el registro de control de asistencia de todo el periodo laborado; sin embargo, no cumplió con la remisión del referido documento. Con fecha 01 de octubre de 2021, se llevó a cabo una diligencia virtual, habiendo participado el sujeto inspeccionado, a través de su apoderado, quien manifestó que no existe dicho registro control de asistencia.

Sobre la base de lo antes expuesto y estando a lo manifestado por el apoderado del sujeto inspeccionado, se advierte que no cuenta con el registro de control de asistencia, en perjuicio del extrabajador.

Como parte de sus alegatos, la impugnante refiere que el no contar con el registro de control de asistente se justifica por la no existencia del vínculo laboral. Sin embargo, en virtud de lo desarrollado en el punto Sobre la existencia del vínculo laboral, se ha acreditado con suficiencia la existencia del vínculo laboral; por lo que, en mérito a ello, corresponde a la impugnante asumir las obligaciones exigidas por ley, como el relacionado a contar con un registro de control de asistencia.

Por consiguiente, se le atribuye a la impugnante el hecho de no contar con el registro de control de asistencia del extrabajador, por todo periodo laborado, infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

Al respecto, es oportuno indicar que, el llevado del registro de control de asistencia, constituye una obligación de cumplimiento diario y permanente, que tiene por objeto llevar el control de la asistencia de los trabajadores, así como de sus horas laboradas dentro de su jornada habitual y de sus horas extras; por lo que, de no hacerlo en su debida oportunidad no puede ser regularizado en forma posterior.

Ante lo verificado, el personal inspectivo pone en conocimiento de la impugnante, a través de la notificación de fecha 15 de octubre de 2021, que, “al no contar con el registro de control de asistencia del recurrente, el sujeto inspeccionado incurre en una infracción de carácter insubsanable, en la medida que no es factible a esta fecha realizar acciones que puedan llevar al sujeto inspeccionado a obtener y/o elaborar un registro de control de asistencia con datos que responden a la realidad acaecida en el día a día en que el trabajador acudía a laborar”. Al respecto, el personal inspectivo a través del punto 4.48 de los hechos constatados del Acta de Infracción, deja constancia del hecho insubsanable, por el incumplimiento de no contar con el registro de control de asistencia.

Por lo que, habiéndose acreditado que la impugnante no contaba con el registro de control de asistencia, por todo el periodo laborado, en perjuicio del extrabajador, corresponde confirmar la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

En el Perú se ha logrado establecer una legislación para la promoción y protección de niños y adolescentes, en los diferentes aspectos de su desarrollo, entre las que se encuentra el trabajo, además de los derechos que le reconoce la Constitución Política vigente, se ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989)11, el Convenio 138 y el Convenio 182 relativo a la edad mínima de admisión al trabajo y a las peores formas de trabajo infantil y su acción inmediata para eliminarlo, de la OIT, así como sus respectivas Recomendaciones número 146 y número 190; asimismo, tenemos el Código de los Niños y Adolescentes y se han

La Constitución Política del Perú, en su artículo 4, señala el deber del Estado de protección del niño y del adolescente, especialmente en situación de abandono. De conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, los derechos del adolescente deben interpretarse de conformidad con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el cual indica que: “para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”(artículo 1), consecuentemente el numeral 1 del artículo 32 de dicha Convención, prescribe: “Los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.”(resaltado nuestro).

De lo expuesto, el artículo I del Código de los Niños y Adolescentes - Ley N° 27337 (en adelante, el CNA), define como niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo contrario.

Al respecto, el artículo 22 del CNA establece el derecho a trabajar del adolescente, ello en un marco de protección especial por parte del Estado, para lo cual impone restricciones en el referido Código, siempre y cuando no exista explotación económica y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Por su parte, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES (en lo sucesivo, el DS 003-2010-MIMDES), conceptúa al trabajo peligroso, entendiéndose como aquél en que las exigencias propias de las labores interfieran o comprometen el normal desarrollo biopsicosocial, la seguridad o la moral de las y los adolescentes; asimismo contribuyen a ocasionar daño a las y los adolescentes que realizan trabajos peligrosos, los factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial.

En ese sentido, existe una “Relación de trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas para la salud integral y la moral de las y los adolescentes”, la cual se encuentra aprobada mediante el DS 003-2010-MIMDES, prevé dos clases de trabajo peligros: i) por su naturaleza y ii) por su condición.

Asimismo, el artículo 3 del DS 003-2010-MIMDES, establece que las niñas, niños y adolescentes no deberán ser admitidos en trabajos, actividades y empleos por debajo de la edad mínima de admisión que establece la normativa vigente, ni realizar trabajos cuyas actividades sean peligrosas por su naturaleza o condición, bajo sanción administrativa y penal.

Ahora bien, el artículo 3312 de la LGIT, señala que son infracciones en materia de relaciones laborales los incumplimientos de las disposiciones legales y convencionales de trabajo, individuales y colectivas, mediante acción u omisión de los sujetos responsables.

Es pertinente indicar que, el artículo 7 del Convenio 138 de la OIT clasifica dos tipos de trabajos infantiles, el trabajo ligero y el trabajo por abolir. El trabajo ligero son aquellas actividades que realizan los niños mayores de 12 años que no son susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo y que por su naturaleza, no perjudican la asistencia a la escuela, la participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente, o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben; para ello, este trabajo no debe exceder las 14 horas semanales.

Por el contrario, aquellas actividades designadas como trabajo por abolir, incluyen a cualquier actividad económica en la cual participan niños entre 5 y 11 años de edad; actividades económicas en las que participan niños entre 12 y 14 años que no sean consideradas como trabajo ligero; y todas las actividades en las que participen niños o adolescentes menores de 18 años que sean consideradas como trabajo peligroso.

En el caso en particular, se hace referencia al punto 4.57 de los hechos constatados del Acta de Infracción se cuenta de lo siguiente:

Por su parte, en la Resolución de Subintendencia N° 175-2023-SUNAFIL/IRE-AQP determina lo siguiente:

Cabe precisar que, para tipificar una conducta como infractora dentro del tipo sancionador por el numeral 25.7 del artículo 25 del RLGIT, se debe tener en cuenta que la conducta sancionable se fundamenta en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad en relación de dependencia, incluyendo aquellas actividades que se realicen por debajo de las edades mínimas permitidas para la admisión en el empleo, que afecten su salud o desarrollo físico, mental, emocional, moral, social y su proceso educativo. En especial, aquellos que no cuentan con autorización de la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajos o actividades considerados como peligrosos y aquellos que deriven en el trabajo forzoso y la trata de personas con fines de explotación laboral.

Si bien la conducta infractora imputada se circunscribe a no contar con la autorización de la autoridad administrativa de trabajo, en trabajos prohibidos, al haber contratado al trabajador cuando éste era menor de edad; sin embargo, sobre la base de los hechos constatados en el Acta de Infracción que han sido acogidos por la primera instancia, se advierte una valoración que dista del marco normativo aplicable al trabajo adolescente. En efecto, se determina sanción por no contar con autorización administrativa de trabajo para contratar a un menor de edad, cuando en los hechos constatados se da cuenta que el entonces menor de edad realizaba actividades expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico, conforme el listado contenido en la norma denominada Aprueban la Relación de Trabajos Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Integral y la Moral de las y los Adolescentes, aprobada por el Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES. Por ejemplo, este cuerpo normativo regula lo siguiente:

En consecuencia, al momento de subsumir la conducta infractora, no se ha realizado un análisis de correspondencia y adecuado, en tanto que la autorización administrativa

Resulta plenamente coherente considerar que, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha emitido un acuerdo plenario mediante la Resolución de Sala Plena N° 002-2021- SUNAFIL/TFL, que establece criterios sobre el exceso de punición en el numeral 25.7 del artículo 25 del RLGIT lo siguiente:

A consideración de esta Sala, la interposición de una sanción sin haberse efectuado una subsunción correcta de los hechos constatados, genera serios cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora en el caso de autos.

En esa línea de razonamiento, esta Sala considera que se ha vulnerado el debido procedimiento, a través de su manifestación de la debida motivación, conforme al análisis que se realizará.

Sobre el particular, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración habitual, cuyo disfrute y compensación es regulada por ley o convenio. Toda persona tiene derecho, después de un año de prestación de servicios continuos a unas vacaciones anuales pagadas.

Cabe señalar que, el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, establece que: “la remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Se considera remuneración, a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la misma”.

El artículo 22 del citado cuerpo normativo, señala que los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tanto dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.

Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. Por lo que, en consideración a ello, el trabajador que cumpla con una jornada completa tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con la finalidad de reponerse del desgaste sufrido.

Sobre el particular, de la revisión del expediente de inspección se corrobora que la impugnante no ha cumplido con sustentar el pago por este concepto, en ese sentido, se acredita la inobservancia de la obligación de pago de dicho beneficio social.

Sin embargo, en el presente caso, se tiene que, el sujeto inspeccionado, no acredita el pago de la remuneración vacacional e indemnización vacacional del periodo 2018, 2019, 2020 y 2021, en perjuicio del extrabajador, tipificándose dicho incumplimiento laboral en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Al respecto, cabe precisar que, para tipificar una conducta como infractora dentro del tipo sancionador por el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, el cual sanciona la falta de goce del derecho al descanso vacacional, se debe verificar que el trabajador(a), haya alcanzado el derecho al descanso vacacional anual, y segundo, que la inspeccionada no haya cumplido con su otorgamiento dentro del periodo que correspondía su goce.

De los actuados se advierte que, al momento de subsumir la conducta infractora, se confunde la omisión del pago de la remuneración vacacional, con la omisión de otorgamiento del descanso vacacional, lo cual resulta erróneo, pues se trata de dos conductas distintas. Tal es así que, para la configuración del primer tipo infractor, se requiere que el trabajador haya gozado de su descanso vacacional, sin embargo, el empleador no canceló de forma íntegra y oportuna, entre otros, el pago correspondiente al concepto de remuneración vacacional o de vacaciones o truncas. Mientras que, para el segundo, el trabajador(a) debe haber alcanzado el derecho al descanso vacacional; y, a pesar de ello, su empleador no cumple con su otorgamiento, es decir, que el trabajador no haya gozado de su derecho al descanso vacacional, supuesto último que no se desprende de los hechos constatados por el inspector comisionado.

En ese sentido, no se evidencia que la infracción imputada se ajuste al tenor del tipo legal contenido en el numeral 25.6 del RLGIT, en tanto se atribuye a la impugnante el hecho de no acreditar el pago de la remuneración vacacional e indemnización vacacional del periodo 2018, 2019, 2020 y 2021, a favor del extrabajador, cuando el tipo legal contemplado en el numeral 25.6 del RLGIT establece claramente que la conducta sancionable se fundamenta en: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general.” (énfasis nuestro). Sin embargo, el personal inspectivo le imputa a la Inspeccionada una infracción laboral en materia de relaciones laborales por no cumplir con el pago íntegro de dicho concepto.

A consideración de esta Sala, la interposición de una sanción sin haberse delimitado correctamente el tipo infractor genera serios cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora en el caso de autos.

En esa línea de razonamiento, esta Sala considera que se ha vulnerado el debido procedimiento, a través de su manifestación de la debida motivación, conforme al análisis siguiente.

Es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Sub Intendencia si bien da la apariencia de motivación al existir citas normativas y reiterar los hechos constatados por el personal inspectivo, no analiza y subsume las infracciones imputadas referidas al numeral 25.6 y 25.7 del artículo 25 del RLGIT, a la impugnante en el tipo infractor correspondiente, deviniendo en que su decisión carece de sustento jurídico alguno.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar la incongruencia advertida por parte de la Sub- Intendencia, que debió de evaluar de manera adecuada los hechos que motivaron el presente procedimiento sancionador. La actuación de la Sub Intendencia, a diferencia de lo requerido normativamente, considera la infracción imputada al tenor del tipo legal contenido en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, cuando lo que se atribuye a la impugnante es el hecho de no acreditar el pago de la remuneración vacacional e indemnización vacacional del periodo 2018, 2019, 2020 y 2021, en perjuicio del extrabajador, es decir, se le imputa a la Inspeccionada una infracción laboral por no cumplir con el pago de dicho concepto. Asimismo, considera como infracción imputada al tenor del tipo legal contenido en el numeral 25.7 del artículo 25 del RLGIT, cuando lo que se atribuye es no contar con la autorización de la autoridad administrativa de

En ese sentido, en cada caso, no se ha efectuado la correcta subsunción de la conducta del administrado con el hecho infractor tipificado como sancionable por el incumplimiento de la norma sociolaboral. Lo anterior generó la vulneración del derecho de defensa del administrado14 y al debido procedimiento. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente la conducta antijurídica en el imputado, luego de un procedimiento llevado a cabo con las garantías constitucionalmente reconocidas y reseñadas líneas arriba.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 175-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, confirmada por la Resolución de Intendencia N° 141-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 19 de mayo de 2023, incurre en vicio de nulidad en el extremo de la tipificación del numeral 25.6 y 25.7 del artículo 25 del RLGIT y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e independientes para que se pueda seccionar solo la parte que adolece de nulidad.15 Por tanto, cuando se afirma que existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se afirma, implícitamente, que en ese mismo acto existe, necesariamente, un acto parcialmente valido, en la parte que no adolece de vicio alguno, tal como se evidencia en el presente caso.

Cabe mencionar que, la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo16.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión.

El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA, señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto, respecto de la debida motivación de las resoluciones.

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal Constitucional17. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material18.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Sub Intendencia N° 175-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 23 de febrero de 2023, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.2 del artículo 13 del TUO de la LPAG19; corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución en el extremo relacionado con las infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 25.6 y 25.7 del artículo 25 del RLGIT, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión solo en el extremo de la tipificación de la infracción al numeral 25.6 y 25.7 del artículo 25 del RLGIT, y considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad parcial de Resolución de Sub Intendencia N° 175-2023-SUNAFILIRE-SISA-AQP, y de los actos o actuaciones vinculados al extremo declarado nulo, conforme a los fundamentos expuestos en los numerales 6.24 al 6.76 de la presente resolución. Además, de remitir los actuados del presente procedimiento sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2 que “si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el sujeto inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a la identificada dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Sumado a ello, debe de tenerse presente los criterios de observancia obligatoria aprobados en la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, de los cuales

Así, en tanto el objeto de la medida inspectiva de requerimiento es la de revertir los efectos de la ilegalidad de las conductas cometidas por el sujeto inspeccionado. En la búsqueda de dicho cumplimiento, el personal inspectivo le otorga al entonces sujeto inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento.

En el presente caso, al detectar los incumplimientos en materia sociolaboral detallados en los hechos constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo el 15 de octubre de 2021, emite la medida inspectiva de requerimiento, notificada al sujeto inspeccionado con fecha 15 de octubre de 2021, con la cual le requirieron en el plazo de tres (03) días hábiles que el sujeto inspeccionado cumpla determinadas acciones, conforme el siguiente detalle:

Asimismo, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 2156-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, y en relación con los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción. También, contenía el respectivo apercibimiento, en aplicación del principio de predictibilidad, que exige decisiones administrativas previsibles y promotoras de seguridad jurídica.

En consecuencia, el personal inspectivo ha realizado una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, que señalan que para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, supuesto que ha ocurrido en autos.

Si bien en su mandato específico, entre otras, se ordenó la conducta relacionada con el incumplimiento del pago de las vacaciones y, por la que se declara la nulidad parcial, conforme el desarrollo del considerando 6.43 al 6.77 de la presente; sin embargo, ello no transgrede la sanción reprochada, en tanto que, en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, se reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando: “Los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita insoectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por consiguiente, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo, que se detecten.

Es pertinente precisar que el cumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento no se satisface con la mera presentación de documentación aislada o parcial, sino que exige el acatamiento cabal del mandato contenido en dicha medida, en todos sus extremos y dentro del plazo establecido. La naturaleza coercitiva de la medida inspectiva impone al administrado la obligación de cumplir lo requerido de manera integral, oportuna y conforme a las especificaciones dispuestas por la autoridad inspectiva.

Conforme a los hechos constatados en el Acta de Infracción, si bien la impugnante presentó documentación, no logró acreditar el cumplimiento pleno de lo exigido en la medida inspectiva de requerimiento. En consecuencia, no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones en materia de relaciones laborales, configurándose así la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT). Por tanto, corresponde confirmar la sanción impuesta por dicha infracción y desestimar los argumentos que pretenden cuestionar este extremo, toda vez que la parte estaba en la obligación legal de cumplir cabalmente con lo dispuesto por la autoridad inspectiva.

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, precisando que:

En ese sentido, en el artículo 47 del RLGIT, se dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 246 numeral 3) del TUO de la LPAG20. Considerando ello, en la resolución de primera instancia, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa se realiza el juicio valorativo respectivo y se aplican los artículos pertinentes del marco normativo establecido. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto. Por tanto, corresponde a esta Sala desestimar el recurso en este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.