Transportes Cumbaza E.I.R.L — Res. 1949-2025

Mediante Orden de Inspección N° 470-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 228-2022-SUNAFIL/IRE-UCA (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 384-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 28 de noviembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción, y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 160-2023-SUNAFIL/IRE-UCA-SIFN, de fecha 12 de marzo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ucayali, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 000233-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, de fecha 11 de mayo de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 31 de mayo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 000233-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 153-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 01 de setiembre de 2023, la Intendencia Regional de Ucayali declaró infundado el recurso de apelación.

Con fecha 22 de setiembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ucayali el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 153-2023- SUNAFIL/IRE-UCA.

La Intendencia Regional de Ucayali admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM-001078-2023-SUNAFIL/IRE- UCA, recibido el 01 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Con fecha 03 de noviembre de 2025, la impugnante presentó escrito con la sumilla: “SOLICITO EL ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR NRO. 359-2022 SUNAFIL/IRE-UCA Y TODOS LOS ACTUADOS AL HABER INCURRIDO EN NULIDAD POR ERROR ADMINISTRATIVO EN RESOLUCION DE INTENDENCIA NRO. 153-2023 SUNAFIL/IRE-UCA”.

Con fecha 15 de diciembre de 2025, este Tribunal de Fiscalización, remite al Gerente General de la impugnante, la CARTA-0000251-2025-SUNAFIL/TFL, por la cual se le requiere el envío de

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos, al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es: “La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto, y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves, previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo Reglamento, el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que TRANSPORTES CUMBAZA E.I.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 153-2023-SUNAFIL/IRE- UCA, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales; tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT; y de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 06 de setiembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por TRANSPORTES CUMBAZA E.I.R.L.

Previo al análisis de los argumentos materia de recurso, debe tenerse en cuenta que, el artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG, dispone que, aquellos actos administrativos que resuelven casos particulares, “interpretando de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria (…)”, constituyendo fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención.

De igual forma, el Reglamento del Tribunal, mediante los artículos 3, 22 y 23, señala que constituye una competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral – a través de su Sala Plena–

En esa línea argumentativa, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL del 22 de abril de 2022, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, se aprobaron los siguientes precedentes de observancia obligatoria, vigentes desde el día siguiente de su publicación:

En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

De igual modo, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL de fecha 25 de julio de 2022, publicada el 17 de agosto en el diario oficial El Peruano, se resolvió establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los siguientes criterios:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación” (énfasis añadido). 6.5. En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante, se realizará bajo la competencia del Tribunal vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si, sobre éstas, se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Sobre el particular, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año sin pérdida de la remuneración habitual, cuyo disfrute y compensación es regulada por ley o convenio. Toda persona tiene derecho, después de un año de prestación de servicios continuos, a unas vacaciones anuales pagadas.

Cabe señalar que, el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, establece que: “la remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Se considera remuneración, a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la misma”.

El artículo 22 del citado cuerpo normativo, señala que los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord

Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. Por lo que, en consideración a ello, el trabajador que cumpla con una jornada completa tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con la finalidad de reponerse del desgaste sufrido por su actividad laboral.

Sobre el particular, de la revisión del expediente de inspección, se corrobora que el inspector establece que la impugnante no ha cumplido con sustentar el pago por este concepto; en ese sentido, se acredita la inobservancia de la obligación de pago de dicho beneficio social.

Se tiene entonces que, el sujeto inspeccionado no acredita el pago íntegro de la remuneración vacacional por todo el récord laborado en perjuicio de su ex trabajador, el Sr. Quio, tipificándose dicho incumplimiento laboral bajo el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Al respecto, cabe precisar que, para tipificar una conducta como infractora dentro del tipo sancionador por el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, el cual sanciona la falta de goce del derecho al descanso vacacional, se debe verificar que el trabajador(a) haya alcanzado el derecho al descanso vacacional anual; y, segundo, que la inspeccionada no haya cumplido con su otorgamiento dentro del periodo que correspondía su goce.

Resulta pertinente mencionar lo definido en el reciente precedente de observancia obligatoria de la Resolución de Sala Plena N.º 008-2025-SUNAFIL/TFL, de fecha 27 de junio de 2025, mediante la cual -entre otros extremos- esta Sala efectuó interpretación de la tipificación de la infracción por el incumplimiento de la materia de vacaciones bajo los siguientes términos:

De los actuados se advierte que, al momento de subsumir la conducta infractora, se confunde la omisión del pago de la remuneración vacacional, con la omisión de otorgamiento del descanso vacacional, lo cual advierte esta Sala que resulta erróneo, pues se trata de dos conductas infractoras distintas. Tal es así que, para la configuración del primer tipo infractor, se requiere que el trabajador haya gozado de su descanso vacacional, y que el empleador no

En ese sentido, no se evidencia que la infracción imputada se ajuste al tenor del tipo legal contenido en el numeral 25.6 del RLGIT, en tanto se atribuye a la impugnante el hecho de no acreditar el pago íntegro de la remuneración vacacional respecto al periodo laborado por el trabajador (de cuatro años anteriores a la fecha de cese del trabajador acontecida el 27 de enero de 2022), conforme se dejó constancia también en el punto 4.5. del Acta de Infracción, cuando el tipo legal contemplado en el numeral 25.6 del RLGIT establece claramente que la conducta sancionable se fundamenta en: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos, y el tiempo de trabajo en general.”; sin embargo, el personal inspectivo le imputa a la inspeccionada una infracción laboral en materia de relaciones laborales por no cumplir con el pago de dicho concepto. (énfasis añadido)

A consideración de esta Sala, la interposición de una sanción sin haberse delimitado correctamente el tipo infractor genera serios cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora en el caso de autos. En esa línea de razonamiento, esta Sala considera que se ha vulnerado el debido procedimiento, a través de su manifestación de la debida motivación, conforme al análisis siguiente.

Conforme se detalla, la resolución de sanción (Resolución de Sub Intendencia N° 233-2023- SUNAFIL/IRE-UCA/SISA) no ha efectuado una correcta subsunción de los hechos constatados bajo la conducta sancionada, para la asignación de responsabilidades hacia la Inspeccionada.

Es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto, conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente, y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo, por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar la incongruencia advertida por parte de la Sub Intendencia de Resolución ante la expedición de su resolución, ya que debió de evaluar de manera adecuada los hechos que motivaron el presente procedimiento sancionador. La actuación de la Sub Intendencia, a diferencia de lo requerido normativamente, considera la infracción imputada a tenor del tipo legal contenido en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, cuando lo que se atribuye a la impugnante es el hecho de no acreditar el pago íntegramente de la remuneración vacacional del ex trabajador afectado, es decir, se le imputa a la Inspeccionada una infracción laboral por no cumplir con el pago de dicho concepto.

En ese sentido, no se ha efectuado la correcta subsunción de la conducta del administrado con el hecho infractor tipificado como sancionable por el incumplimiento de la norma sociolaboral. Lo anterior generó la vulneración del derecho de defensa del administrado8 y al debido procedimiento. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente la conducta antijurídica en el imputado, luego de un procedimiento llevado a cabo con las garantías constitucionalmente reconocidas, y reseñadas líneas arriba.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 233-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, incurre en vicio de nulidad en el extremo de la tipificación del numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

En consecuencia, la contravención de uno de los principios ordenadores del procedimiento administrativo9 en la Resolución de Sub Intendencia N° 233-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, genera su nulidad de acuerdo con el primer inciso del artículo 10 del TUO de la LPAG10.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA, señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto, respecto de la debida motivación de las resoluciones.

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11, del artículo IV, del Título Preliminar del TUO de la LPAG, se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material12.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo. (énfasis añadido)

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia N° 000233-2023- SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.2 del

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial, esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos de que dicha instancia emita una nueva decisión sólo en el extremo de la tipificación de la infracción al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad parcial de la Resolución de Sub Intendencia N° 000233- 2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, y, de los actos o actuaciones vinculados al extremo declarado nulo, conforme a los fundamentos expuestos en los numerales 6.17 al 6.23 de la presente resolución. Además, se deberá remitir los actuados del presente procedimiento sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración, regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos, y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Ahora bien, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que dichas medidas se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación, o comprobatorias, a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece lo siguiente:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2, que “si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda; a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Como se evidencia de las normas antes glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia, y en forma adicional, a la identificada dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria, aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas a los siguientes aspectos:

En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis

Así, en tanto el objeto de la medida inspectiva de requerimiento es la de revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado, en la búsqueda de dicho cumplimiento, el inspector de trabajo le otorga al inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”14:

En similar sentido -y de manera referencial –, la versión 2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021, mantiene el mismo enfoque al detallar los factores para el establecimiento del plazo de cumplimiento en el numeral 7.15.5.

En el caso de autos, se advierte que el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento el 19 de julio de 2022, con la cual le requirieron a la inspeccionada que en el plazo de tres (03) días hábiles, cumpla la siguiente acción, conforme se aprecia a continuación:

Que, posteriormente, y conforme se verifica del numeral 4.6 del Acta de Infracción, el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió acreditar con lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento. Asimismo, en dicho numeral también se indicó que se recibió información del sujeto inspeccionado a la casilla electrónica; sin embargo, luego de revisar la documentación, se verificó que el sujeto inspeccionado no cumplió con la medida de requerimiento. No acreditando el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, configurándose con ello la infracción al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Cabe precisar que la declaración de nulidad parcial de la Resolución de Sub Intendencia N° 000233-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, no alcanza a la infracción por el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pues la medida inspectiva de requerimiento se sustentaba en adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de normas sociolaborales (pago de conceptos como gratificaciones, bonificaciones, CTS, vacaciones, etc.), sin perjuicio de la posible extensión del Acta de infracción; es decir, si bien la conducta reprochada no fue debidamente tipificada, ello no implica que la impugnante debía incumplir con la normatividad sociolaboral.

Asimismo, del análisis efectuado, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 470-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, y en relación con los hallazgos que, posteriormente, fueron consolidados en el Acta de Infracción.

En consecuencia, el inspector comisionado ha realizado una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT que señalan que, para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento, resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, supuesto

En tal sentido, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, y desestimarse, todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo; puesto que, la administrada se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva. Por ello, al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento o en su análisis, que transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, corresponde confirmar la infracción tipificada. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Que, incluso, analizando los argumentos de la impugnante, referidos a: (i) Que, se habría indicado por las instancias previas que no se cumplió de manera deliberada con presentar información a un primer requerimiento de fecha 01 de julio de 2022, sin embargo, que se le solicitó al inspector la aclaración respecto de los periodos que se estaba requiriendo que comprendían diez años, rango totalmente fuera de lugar y no permitido para la realización de una inspección, o, (ii) Que, pese a que el Inspector revisó la documentación que se presentó oportunamente a su solicitud, concluyó que no se presentó nada, pese a la evidencia documental que obra en su poder, y donde puede verse que se entregó completamente todo lo solicitado debidamente sustentado. Éstos no resultan atendibles, toda vez que la impugnante establece argumentos que ya fue absueltos por las instancias previas, evidenciándose inclusive, respecto al primero de ellos, que se determinó que el requerimiento de información inicial de fecha 05 de julio de 2022, fue precisado, posteriormente, por el requerimiento de fecha 12 de julio de 2022, en donde se dispuso que éste se constreñía únicamente a los 4 últimos años laborados por el ex trabajador, conforme consta del expediente de actuaciones inspectivas; asimismo, respecto al segundo argumento, que dicha información presentada no satisfacía el requerimiento efectuado, conforme se aprecia, por ejemplo, del contenido del Acta de Infracción, o del mismo Informe Final ( en su fundamento 51).

En cuanto al argumento de la impugnante de que la empresa no mantiene obligación laboral pendiente con el ex trabajador a la fecha ya que se firmó un Acuerdo de Transacción Extrajudicial, el cual fue alcanzado de manera oportuna, siendo que las instancias previas no han valorado dicho documento adjuntado en el procedimiento, y que se cumple, además, ante esta instancia, con adjuntar las constancias de pago de los depósitos que se habrían realizado a la cuenta bancaria del ex trabajador. Tampoco resulta estimable tal alegato, toda vez que se advierte que sí hay respuesta sobre dicho acuerdo transaccional, no siendo cierto que no exista pronunciamiento sobre éste, conforme se advierte del contenido del Acta de Infracción, así como de las resoluciones emitidas en el procedimiento sancionador.

Así, de los actuados se advierte que, incluso, para declararse el incumplimiento a la medida de requerimiento, el Inspector comisionado refirió en el Acta de Infracción, que posterior a la verificación del documento denominado “Transacción extrajudicial” se determinó que no se ha podido acreditar el pago de los beneficios sociales a favor del ex trabajador (fundamento 4.5 del Acta). Es más, de la revisión de dicho documento se aprecia que el pago por todo concepto derivado de Beneficios Sociales se haría en supuestos abonos de cinco (05) cuotas mensuales depositados al administrado, advirtiéndose que ello no fue presentado por la administrada en el desarrollo del procedimiento de Actuaciones Inspectivas, lo que incluso, posteriormente, fue advertido por la Intendencia Regional de Ucayali, quien a través de la Resolución de Intendencia N°153-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, analiza que, el denominado acuerdo de “Transacción Extrajudicial” no acredita el cumplimiento de lo solicitado a la impugnante, ya que no se adjuntan los depósitos de pago realizados a la cuenta bancaria del ex trabajador, por lo que ello no pudo ser considerado por las instancias previas (fundamentos 4.5 y 4.6 de la referida Resolución).

De ello se colige que, el que ahora la recurrente pretenda presentar dicho contenido (abonos por yape de su ex trabajador), tiene por fin procurar subsanar un mandato que fue emitido en fase de Actuaciones Inspectivas, a través de la emisión de la Medida de Requerimiento de fecha 19 de julio de 2022. Tal hecho determina la validez de la conducta infractora imputada, por cuanto la administrada pretende recién a instancias de este Tribunal, subsanar conductas pasadas, que fueran previamente evaluadas por las instancias de mérito; pues, aun cuando se indique que se ha cumplido con el requerimiento, se advierte que dicho argumento (la existencia de un acuerdo transaccional), fue esgrimido antes de que se dicte la Medida Inspectiva de Requerimiento, lo cual la impugnante ha obviado dentro de su análisis. En este sentido, corresponde confirmar el presente extremo de la venida en grado, respecto a la infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, al advertirse la falta de validez de los argumentos denunciados, y en tanto ello ha sido corroborado, pues se pretende subsanar una infracción de tipo instantáneo, lo cual no resulta atendible ante esta etapa del procedimiento.

Finalmente, respecto al escrito presentado por la impugnante con fecha 03 de noviembre de 2025, bajo el cual sustenta, entre otros fundamentos, que SUNAFIL ha incurrido en contravención al ordenamiento jurídico, ya que, al delimitar erróneamente el área sancionadora y evaluadora del expediente sancionador imputado, conforme se advierte en la Resolución de Intendencia N°055-2025-SUNAFIL/IRE-UCA, se ha violado el debido proceso y la justa defensa. Ello, porque ha provocado confusión, al no determinar, clara y objetivamente, las presuntas cuantías de las infracciones que se establecieron. Hecho que no puede ser confundido como un simple error material, como pretende hacerlo ver la Sunafil Ucayali, pues se ha causado indefensión, así como gastos de recursos innecesarios.

Al respecto, y como es de advertir del contenido de la referida resolución de corrección emitida por la Intendencia de Ucayali, Resolución N°055-2025-SUNAFIL/IRE-UCA, de su lectura se advierte que la corrección realizada por la instancia previa, consistió en un error aritmético de contenido en la Resolución de Intendencia N°153-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, referente al monto de la multa impuesta, consignándose erróneamente dos céntimos más, de acuerdo al siguiente detalle de su parte resolutiva: “…S/ 45,862.20 (CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 20/100 SOLES)”, debiendo ser y decir: “S/ 45,862.00 (CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100 SOLES)”. Ello es precisado en el considerando sexto (6) de la Resolución de Intendencia N°055-2025-SUNAFIL/IRE-UCA, que inclusive ha sido remitida por el administrado a esta instancia, conforme ha sido precisado en los antecedentes.

De esta forma, se verifica que las alegadas vulneraciones referidas por la administrada no se han dado, al tratarse de un error material, que, incluso, fue modificado a favor de la administrada, además de tratarse de una suma irrisoria a efectos de la ejecución del mandato administrativo, por lo que no se ha atentado contra el debido procedimiento, ni ha supuesto gastos innecesarios para la administrada, como falsamente se alega en su escrito recursivo, debiendo desestimarse las alegaciones presentadas en su escrito de fecha 03 de noviembre de 2025; indicándose, respecto a los otros extremos de su contenido, que las vulneraciones sostenidas no guardan relación con el contenido de la corrección efectuada por la Intendencia de Ucayali.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.