Transgas Shipping Lines S.A.C — Res. 849-2022

Antecedentes

1 Se dispuso verificar el cumplimiento sobre la siguiente materia: Registro de control de asistencia, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (jornada y horario de trabajo, descanso semanal obligatorio). 20555195444 soft 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no colaborar con la autoridad inspectiva al no presentar la documentación solicitada por casilla electrónica SIIT, en la fecha de vencimiento 05 de abril del 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

i. La Autoridad Inspectiva de Trabajo no ha cumplido con solicitar el consentimiento expreso del administrado para notificar válidamente dichos documentos a través de la casilla electrónica. La poca familiaridad de las notificaciones vía electrónica, hacen de la casilla electrónica una modalidad sumamente nueva en los procedimientos de inspección laboral al cual muchos empleadores no estábamos conectados o adecuados a pesar de su utilidad, es por ello, que la figura del consentimiento expreso del administrado constituye una exigencia atribuible a la autoridad inspectiva de trabajo en el presente procedimiento. ii. El acta de infracción N° 391-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, hace referencia al origen de las actuaciones Inspectivas, la misma que se enmarca a la verificación del cumplimiento de la normatividad laboral referida al registro de control de asistencia, jornada, horario de trabajo y descansos remunerados y descanso semanal obligatorio, en ese contexto, según los medios de investigación no se cuenta con domicilio fiscal ni establecimientos anexos declarados dentro de la jurisdicción del Callao, además, de la denuncia hecha por el Sindicato de Trabajadores de la empresa, no se precisa embarcación o muelle donde poder establecer un contacto, por lo que, el inspector solicita se remita los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana que es competente por el domicilio. iii. Resulta evidente que el actual procedimiento sancionador (expediente 293-2021) es contrario a los principios rectores que lo contienen, dado que existe una evidente vulneración al debido procedimiento, toda vez que la autoridad de trabajo del Callao no es la competente para formular actuaciones Inspectivas enmarcadas en la verificación del cumplimiento de la normatividad laboral para con mi representada.

2 Notificada a la impugnante, el 17 de noviembre del 2021, véase folio 24 del expediente sancionador. 3 Notificada a la impugnante, el 10 enero del 2022, véase folio 57 del expediente sancionador.

interpuesto por la impugnante y confirmó la resolución de primera instancia, por considerar los siguientes puntos:

i. En el presente caso, las actuaciones de investigación desarrolladas en la Orden de Inspección N° 449-2021-SUNAFIL/lRE-CAL, se generaron a mérito de la denuncia interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Transgas Shipping Lines S.A.C.-SITRANS, actuaciones que se iniciaron del 22 de marzo de 2021 al 13 de abril de 2021, periodo comprendido en el uso obligatorio de la casilla electrónica, razón por la cual, el inspector comisionado en aplicación del cronograma establecido por la SUNAFIL, en relación con el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, llevó a cabo las actuaciones Inspectivas a través del sistema de casilla electrónica. Del cual se observa como materias objeto de inspección, registro de control de asistencia, jornada, horario de trabajo y descansos remunerados- jornada y horario de trabajo-incluye todas, descanso semanal obligatorio-incluye todas. ii. El sujeto inspeccionado no dio respuesta al requerimiento dispuesto en fecha 05 de abril del 2021, por consiguiente, el inspector actuante, dejó constancia el numeral 4.4 de los hechos constatados del acta de infracción, que el sujeto inspeccionado no dio respuesta al requerimiento de información, perjudicando con ello las actuaciones Inspectivas, constituyendo infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. iii. El artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de enero de 2020, prescribe que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado, por lo que, era de previo conocimiento del sujeto inspeccionado el uso obligatorio de la casilla electrónica asignada. iv. Pese haber sido debidamente notificado, con la recepción automática del requerimiento de información, el inspeccionado faltando a su deber de colaboración frente a la inspección laboral, no cumplió con presentar la información requerida toda vez que acogiéndose en una supuesta omisión de consentimiento expreso, incumplió lo previsto en el artículo 9 de la LGIT, que señala que los empleadores están obligados a colaborar con la autoridad inspectiva cuando sean requeridos para ello, facilitando para ello la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, máxime si, de la notificación materia de análisis se observa que TRANSGAS SHIPPING LINES S.A.C., a la fecha de notificación 26 de marzo de 2021, realizó la descarga del citado documento al día hábil siguiente esto es, el 29 de marzo de 2021, a las 08:14 horas, por ello, tuvo el tiempo suficiente para presentar la documentación requerida por el inspector comisionado programado para el día 05 de abril de 2021, sin embargo, haciendo caso omiso a su obligación con la inspección laboral no cumplió con lo requerido, razón por la cual dicho argumento no logra desvirtuar la infracción incurrida.

v. En ese sentido, el administrado no puede soslayar que por la competencia territorial el desarrollo de la función inspectiva se vea impedida de realizar, cuando lo cierto es que el artículo 4 de la LGIT señala que: "En el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales (...)". Por lo que, corresponde a la inspección del trabajo el ejercicio de la función de inspección y de aquellas otras competencias que le encomiende el ordenamiento jurídico sociolaboral, cuyo ejercicio no puede limitar el efectivo cumplimiento de la función de inspección, ni perjudicar la autoridad e imparcialidad de los inspectores del trabajo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.

por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TRANSGAS SHIPPING LINES S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de enero del 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 004-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando principalmente, los siguientes argumentos:

a) Del uso de la Casilla Electrónica: De la autorización o el consentimiento expreso del administrado en el uso de la Casilla Electrónica.

- Entendemos que la situación generada en el sentido de haber recepcionado en nuestra casilla electrónica el requerimiento de información, sin que hayamos dado respuesta en forma oportuna, ha determinado la existencia de una conducta infractora; pero debemos soslayar que la Autoridad Inspectiva de Trabajo no ha cumplido con solicitar el consentimiento expreso del administrado para notificar válidamente dichos documentos a través de la casilla electrónica. - Es importante diferenciar entre la validez de la notificación electrónica y los presupuestos que deben cumplirse para realizar notificaciones electrónicas. Si bien es indiscutible que la notificación sea válida con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario, también es legalmente indiscutible que constituye un presupuesto para su uso el consentimiento expreso del administrado. Esto implica claramente que, una vez expresado el consentimiento del administrado, incluso de forma virtual, todas las

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

notificaciones efectuadas a través de la casilla electrónica son válidas, contrario sensu, las notificaciones realizadas sin consentimiento expreso del administrado no pueden ser legítimas adoleciendo de un defecto en su tramitación, trámite previo que debió realizar y garantizar el inspector de trabajo a cargo del caso.

b) De la Competencia Territorial de la Autoridad de Trabajo

- Se menciona dentro de los medios de investigación, el punto 4 referido a la comprobación de datos “consulta en páginas web de SUNAT - Establecimientos Anexos declarados. Habiéndose verificado que la inspeccionada no cuenta con domicilio fiscal ni establecimientos anexos declarados dentro de la jurisdicción del Callao, además de la denuncia hecha por el Sindicato de Trabajadores de la empresa, no se precisa embarcación o muelle donde poder establecer un contacto, además de los hechos denunciados podrán ser verificados con la contrastación de documentos, se da por terminada la investigación y se solicita se remita los actuados a Intendencia de Lima Metropolitana que es competente por el domicilio del centro de trabajo declarado.” Lo cual resulta ser cierto, por cuanto, mediante Orden de Inspección N° 29560-2021- SUNAFIL/ILM, el Inspector de trabajo Sr. Alfredo Quintana viene realizando sus actuaciones inspectivas en el marco de la denuncia formulada por el Sindicato de la empresa en el contexto idéntico a la denuncia formulada ante la IRE- Callao. - El procedimiento sancionador es contrario a los principios rectores que lo contienen, dado que existe una evidente vulneración del debido procedimiento, toda vez que la autoridad de trabajo del Callao no es la competente para formular actuaciones inspectivas enmarcadas en la verificación del cumplimiento de la normatividad laboral para con mi representada, la misma que ubica su sede en Av. La Encalada N° 995 en el Distrito de Santiago de Surco. Provincia y Departamento de Lima.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la validez de la notificación vía casilla electrónica

el diario oficial El Peruano el día 14 de enero de 2020— resultan una norma de carácter imperativo y genera un régimen obligatorio bajo los parámetros convalidados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme con las reglas del TUO de la LPAG.

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación artículo 6, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (artículo 8.1). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9º). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (artículo 11.1)

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto

10 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de youtube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s

se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”.11

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

11 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). “La publicidad y publicación de las normas del Estado. (El caso de los decretos supremos no publicados)” En Thémis núm. 6, p. 18.

casilla electrónica tiene un carácter alienante sobre la esfera jurídica de los sujetos inspeccionados. De esta forma, la proporción entre los medios y fines que persigue la Administración Pública, con la notificación por vía de la casilla electrónica, se encuentra corroborada, respondiendo a la satisfacción de su cometido (respetándose así al principio de razonabilidad del procedimiento administrativo, conforme está plasmado en el punto 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG).

Figura 01:

Figura 02:

Sobre la competencia territorial de la autoridad inspectiva

determinado dejó de ser centro de trabajo de dicho sujeto, expide el Informe de Actuaciones Inspectivas o Acta de Infracción, según corresponda". 6.17. Con relación a lo anterior, se precisa que la Orden de Inspección N° 449-2021-SUNAFIL/IRE- CAL, se emitió a solicitud del Sindicato de Trabajadores de TRANSGAS SHIPPING LINES S.A.C. - SITRANS, advirtiéndose del contenido de la denuncia, que los trabajadores afectados realizan sus actividades en embarcaciones marítimas, en donde permanecen 24 horas, los 7 días de la semana, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, en concordancia con la Resolución N° 103-2020-SUNAFIL, que aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas, como consecuencia del Coronavirus (COVID 19) en el territorio nacional”; se dispuso el inicio de las actuaciones inspectivas, a cargo de la Intendencia Regional del Callao, sin que ello afecte de modo alguno, la validez del Acta de Infracción N° 391-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, o de las diligencias inspectivas llevadas a cabo por el inspector actuante, en el curso de procedimiento inspectivo. En consecuencia, no se acoge lo alegado por la impugnante, en este extremo.

Sobre el quebrantamiento del deber de colaboración

particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

trabajo y su subsunción en las normas sancionadoras contempladas en el art. 45.2 o en el 46.3 de la LGIT, según las circunstancias, estableciendo literalmente, lo siguiente:

“(…) 15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento. (…)” (énfasis añadido).

“(…) Habiéndose verificado que la inspeccionada no cuenta con domicilio fiscal ni establecimientos anexos declarados dentro de la jurisdicción del Callao, además que en la denuncia hecha por el Sindicato de Trabajadores de TRANSGAS SHIPPING LINES S.A.C., no se precisa embarcación o muelle donde poder establecer un contacto. (…)

El suscrito solicita se remita los actuados a Intendencia de Lima Metropolitana que es competente por el domicilio del centro de trabajo declarado.”

N° Materia Conducta infractora Tipo Legal y Calificación Trabaj. Afectad. Multa Impuesta Labor inspectiva No presentar la documentación solicitada por la casilla electrónica SIIT, en la fecha de vencimiento 05 de abril del 2021. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE 5.22 UIT12 S/22,968.00

12 Vigente al momento de configurar la falta, que para el año 2021 es de S/ 4,400.00, según D.S. N° 392-2020-EF.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TRANSGAS SHIPPING LINES S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 004-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 06 de enero de 2022, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 293-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 004-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, ADECUANDO dicha infracción como grave según lo dispuesto en el numeral 45.2 del artículo 45 del RGLIT, en consecuencia, la sanción impuesta por dicha infracción asciende a la suma de S/ 22,968.00, conforme a los fundamentos expuestos en los numerales 6.30 al 6.32 de la presente resolución.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a TRANSGAS SHIPPING LINES S.A.C., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante en el PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

extremo referido a la aplicación de los artículos 3°, 72°, 76° y 86° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG).

Considero que, con el mayor aprecio, la mayoría del Tribunal no ha convenido en la necesidad de analizar jurídicamente la aplicación de los citados artículos en el marco de las normas propias del derecho administrativo. Esta situación supone -a mi parecer- no solo la vulneración de normas legales expresas sino, además, sienta un precedente que genera espacios de arbitrariedad en la actuación de las instancias del Sistema de Inspección del Trabajo.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. De la revisión del recurso de revisión planteado, se evidencia que el administrado ha señalado - entre otros- que la autoridad del trabajo del Callao carecería de competencia para formular actuaciones inspectivas enmarcadas en la verificación del cumplimiento de la normatividad laboral de la empresa TRANSGAS SHIPPING LINES S.A.C., dado que la misma que ubica su sede en Av. La Encalada N° 995 en el Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima.

2. En ese sentido, el Tribunal debe realizar un análisis respecto de cada uno de estos argumentos a fin de identificar si durante el presente procedimiento se ha producido alguna omisión o apartamiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y en general a la Constitución, a las leyes y al derecho a la luz de los alegatos esgrimidos en el recurso de revisión.

3. A este respecto, el artículo 3° del TUO de la LPAG precisa entre los requisitos de validez del acto administrativo al de “competencia”, con el siguiente tenor:

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. (…)

Conforme se aprecia, el acto administrativo debe ser emitido por el órgano que está facultado en razón de materia, territorio, grado, tiempo o cuantía. En este caso, se aprecia que el administrado cuestiona el aspecto territorial de la competencia administrativa invocada por la autoridad administrativa del trabajo. Dicho cuestionamiento no resulta banal si se considera este un argumento en el marco de un procedimiento administrativo sancionador.

4. De otro lado, el artículo 72° del mismo cuerpo normativo precisa que:

Artículo 72.- Fuente de competencia administrativa

Vale decir, que la competencia administrativa se sustenta en la Constitución, la ley y luego en la reglamentación dada por las normas administrativas respectivas. A este entender, las diversas normas sustantivas dictadas en materia de inspección del trabajo, así como las adjetivas como el Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL o de los niveles de gobierno de las cuales dependan las intendencias respectivas, contendrá el sustento de la competencia territorial cuestionada por el administrado.

5. Complementariamente, el artículo 76° especifica que:

Artículo 76.- Ejercicio de la competencia 76.1 El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o avocación, según lo previsto en esta Ley.

De la lectura del artículo en alusión se evidencia que la competencia administrativa no solo es un requisito del acto administrativo que tiene su fuente en la Constitución, la ley y reglamentado por las demás normas administrativas, sino que, adicionalmente, deberá ser ejercida obligatoriamente por quien la tenga atribuida.

6. Finalmente, conforme al artículo 86° del mismo TUO, actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones, resulta un deber de las autoridades en los procedimientos administrativos, incluyendo los sancionadores.

7. Conforme se aprecia, la mayoría del Tribunal no sustenta la decisión de rechazar los argumentos del administrado analizando las normas que componen el régimen jurídico de los actos administrativos conforme al TUO de la LPAG, limitándose a reseñar los hechos y la argumentación previamente señalada por las instancias inferiores.

8. Distinto sería el caso si las diferentes instancias del sistema de inspección del trabajo -incluyendo la Sala- hubieran analizado la aplicación del principio de verdad material en cuanto a la ubicación del centro de labores de los trabajadores (en caso dicho centro de labores existiera dentro del ámbito de competencia de la Intendencia respectiva), o la aplicación de las normas sustantivas en materia de inspección del trabajo con relación al alcance de las mismas con relación a embarcaciones (en el supuesto que la Administración hubiese comprobado tal situación de facto), entre otros escenarios de análisis posibles en el presente caso.

9. Una decisión motivada en derecho es un componente fundamental del derecho al debido procedimiento administrativo, conforme a la Constitución y al TUO de la LPAG. En este sentido, el deber de motivación de los actos administrativos en todas las instancias del sistema de inspección del trabajo resulta en un componente intrínseco del Estado de Derecho y requiere ser resguardado por los servidores públicos, independientemente del nivel de decisión en el cual se encuentre.

10. Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la SUNAFIL, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 10° y 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y

Funciones de la SUNAFIL y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, mi voto es por DECLARAR FUNDADO el recurso de revisión y, en consecuencia, NULA Resolución de Intendencia N° 004- 2022-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 06 de enero de 2022, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 293-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, RETROTRAYENDO el procedimiento al momento en el cual se produjo el vicio y ordenando la emisión de una nueva resolución conforme a Derecho.

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES