Touring y Automovil Club del Perú — Res. 632-2021

Mediante Orden de Inspección N° 1168-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2666-2019-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE en relaciones laborales y una (01)infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1324-2019-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 16 de diciembre de 2019, y notificada el 28 de enero de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva,

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 699-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 02 de setiembre de 2020, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0096-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 28 de enero de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 24,570.00 (veinticuatro mil quinientos setenta con 00/100 soles), por haber incurrido, entre otra, en:

Con fecha 17 de febrero de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 0096-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1183-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 16 de julio de 20212, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, por considerar que:

Con fecha 06 de agosto de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1183- 2021-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 1620-2021- SUNAFIL/ILM, recibido el 28 de setiembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal, corresponde analizar los argumentos planteados por TOURING Y AUTOMOVIL CLUB DEL PERÚ. V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN Con fecha 06 de agosto de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1183-2021-SUNAFIL/ILM, en los siguientes argumentos:

Es preciso pronunciarse sobre el extremo referido a la infracción calificada como muy grave, a fin de determinar la corrección jurídica del requerimiento y verificar si la impugnante estaba obligada o no a cumplir con esa orden.

Por tanto, esta Sala analizará los argumentos del administrado, respecto de la medida de requerimiento, con estricta referencia a su conformidad con el bloque de legalidad aplicable a su razonabilidad y proporcionalidad, sin analizar las materias sustantivas objeto de las mismas, que no son de competencia material de la instancia de revisión.

Sobre el particular, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del

En tal sentido, corresponde analizar si, en uso de dicha facultad, los inspectores comisionados extendieron la medida inspectiva de requerimiento en consideración al presupuesto principal contenido en el artículo 149 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 1710 del RLGIT, referente a la comprobación de la existencia de infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento. De lo contrario, se estaría incurriendo en una violación del principio de legalidad11.

Teniendo en cuenta que, el inspector de trabajo, emite bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva, en caso de incumplimiento, la medida de requerimiento de fecha 24 de junio de 201912, ordenando a la inspeccionada que en un plazo de tres (03) días hábiles, cumpla con: i) dejar sin efecto la sanción impuesta al trabajador Juan Enrique Izquierdo Salas, mediante carta de fecha 04 de enero de 2019; y, ii) acredite el reintegro de la remuneración dejada de percibir los días 07, 09 y 14 de enero de 2019; por lo que, es imprescindible que se analice la legalidad de esa orden, a fin de establecer si el administrado estaba o no obligado a cumplirla.

Sobre el particular, el inspector comisionado sustenta la medida de requerimiento, en el hecho que la inspeccionada habría vulnerado el derecho a la defensa de su

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 206-2013-PA/TC, en su fundamento jurídico 6, ha determinado que:

La Corte Suprema en las casaciones Nº 4494-2017-Lima y Nº 10177-2018-La Libertad, ha considerado que: "(...) de la revisión de la sentencia de vista impugnada se advierte que no se ha interpretado erróneamente el artículo 9° del T.U.O. del Decreto Legislativo NV28, puesto que dicha norma establece la facultad de dirección de la empresa demandada como empleadora la que contiene la facultad sancionadora; sin embargo, ella no debe ser ejercida de manera Indiscriminada o irrazonable, ni mucho menos sin salvaguardar los derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú, como en este caso, el derecho a la defensa; por lo cual al imponerse una sanción disciplinaria (diferente al del despido) a un trabajador, se debe seguir un debido procedimiento, que sí bien es cierto, no está establecido taxativamente empero, debe equipararse al procedimiento fijada para el despido, va que de esta forma, se estaría vulnerando el derecho a la comunicación previa de la infracción, el cual forma parte del derecho a la defensa del trabajador dentro de un procedimiento disciplinarlo, conforme a lo analizado en reiteradas jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional. (...)."

En atención a la jurisprudencia descrita, se puede colegir que si bien en todo procedimiento de sanción contra el trabajador, el empleador debe garantizar las garantías constitucionales como el derecho de defensa. Sin embargo, este derecho no es absoluto, pues tiene una excepción normativamente regulada, esto es, cuando la falta imputada sea cometida de forma flagrante.

Al respecto, el artículo 31 del Texto Único Ordenado del Decreto Supremo Nº 003-97- TR (en adelante LPCL) prescribe que: “El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulan, salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia” (énfasis añadido).

En consecuencia, se considera que, cuando se trata de una falta grave innegable (flagrante), se puede omitir ese procedimiento para el despido, que es la máxima sanción, sin vulnerar el derecho de defensa del trabajador. Con mayor razón, tampoco se transgrede dicho derecho, cuando se omite el procedimiento, en aquellos casos de falta flagrante, para imponer sanciones menos severas.

En el presente expediente se ha acreditado que las faltas cometidas por el trabajador, que fueron objeto de una sanción disciplinaria de suspensión, que el inspector y las instancias de mérito ordenan se deje sin efecto y se reintegre la remuneración por los días de suspensión, fueron registradas por la cámara de vigilancia de la empresa. En consecuencia, al haberse registrado las faltas en el momento en que se cometían, se pueden calificar como flagrantes.

En tal sentido, la impugnante empleó la causal de excepción que dispone el artículo 31 de la LPCL. Su decisión de omitir el plazo de preaviso por la comisión de la falta, estaba justificada por ser flagrante. En consecuencia, no vulneró el derecho de defensa del trabajador, ya que el ejercicio de su poder disciplinario está permitido por nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, la medida inspectiva de requerimiento, que exigía dejar sin efecto la sanción impuesta al trabajador Juan Enrique Izquierdo Salas, mediante carta de fecha 04 de enero de 2019 y acreditar el reintegro de la remuneración dejada de percibir los días 07, 09 y 14 de enero de 2019, no se encontraba ajustada a derecho. Por tanto, al vulnerar el principio de legalidad13, no obligaba al administrado a su cumplimiento.

Por las razones detalladas precedentemente, se concluye que la impugnante tampoco afectó la dignidad del trabajador, pues la carta de fecha 04 de enero de 2019, mediante la cual se le sancionó con tres días de suspensión, se encontraba ajustada a derecho.

Por estas consideraciones, se acoge este extremo del recurso de revisión, dejando sin efecto la infracción muy grave en materia de labor inspectiva, referida a no cumplir

La impugnante sostiene que no se puede sancionar dos veces por una misma conducta, conforme a los principios de la potestad sancionadora que puede ejercer la Administración, la sanción referida a este extremo tiene que ser desestimada. Al imponérsele una doble sanción, por un mismo hecho: incumplimiento de requerimiento que tiene por objeto proteger un mismo bien jurídico, la labor de inspección:

Así, manifiesta la inspeccionada que la doble imputación por los mismos hechos contraviene lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el cual se “recoge un principio fundamental en el derecho administrativo sancionador: la prohibición del non bis in ídem”.

Según este dispositivo, “no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento".

Entonces, corresponde precisar que, en el presente caso, no estamos ante un supuesto de vulneración del referido principio; puesto que, la infracción por afectar la dignidad del trabajador, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT se encuentra referida al incumplimiento en materia de relaciones laborales; mientras que la infracción a la labor inspectiva, es ante un incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En ese sentido, no se cumple con el requisito de la triple identidad de las infracciones: identidad de sujeto, de hecho y de fundamento, puesto que, si bien el sujeto inspeccionado es el mismo, el hecho y el fundamento son distintos, debido a que, la primera infracción referida afecta bienes jurídicos de los trabajadores y en la infracción contra la labor inspectiva, bienes jurídicos de la Administración Pública. Por tales razones, resulta válido imponer sanción por cada infracción de manera independiente.

Por tanto, al no vulnerarse el principio de non bis in ídem no cabe acoger este extremo del recurso de revisión. POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por