Tostao Café Pasteleria S.A.C — Res. 372-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Plan de seguridad y salud en el trabajo); y, Planes y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materias: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo y, Otros planes y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo). soft 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción LEVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la implementación del “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo”; tipificada en el numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,012.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no implementar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normativa vigente; tipificada en el numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,012.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no facilitar, a cada uno de sus trabajadores, equipos de protección personal adecuados, según el puesto de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones; así como, no asegurarse del uso de los equipos de protección personal, por parte de sus trabajadores; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el 06 de septiembre de 2021; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,992.00.

i. Solicita la nulidad de la resolución sancionadora, por vulneración del debido procedimiento al existir una motivación insuficiente y sustancialmente incongruente, debido a que no se pronunció respecto a la obligatoriedad modificada de registrar el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, en el Sistema Integrado para COVID-19 Empresas (en adelante, SISCOVID EMPRESAS), ya que han cumplido con registrar el citado plan, conforme se advierte de la constancia de registro N° 012113-2020 de fecha 31 de mayo de 2020; así como, de remitirlo al correo

del MINSA, en aplicación del numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, toda vez que el SISCOVID EMPRESAS se encuentra inhabilitado desde el 01 de julio de 2020.

ii. Sobre el deber de implementar el Plan y Programa Anual de SST, la RM N° 050-2013- TR contiene tres anexos como formatos referenciales, siendo que el tercer anexo comprende cinco partes, y en una de ellas hace referencia al formato referencial del citado plan, el cual no concibe la inclusión de estándares de seguridad y salud en operaciones y en los servicios y actividades conexas, vulnerándose, de este modo, el principio de tipicidad.

iii. Sobre la entrega de EPP’s, señala que se identificaron los riesgos para cada puesto de trabajo y se entregaron en función a los riesgos específicos, tal como consta en los Registros de Equipos de Seguridad y Emergencia. Sin embargo, no se entregaron a 24 personas porque los cargos de gerente, subgerente, mozo-azafata, cajero, supervisor de tienda, supervisor de servicio, barista y heladería, no están expuestos a mayores riesgos; por lo que, advierte que resulta material y jurídicamente imposible la presentación de los cargos de recepción para estos trabajadores.

iv. En cuanto a la medida inspectiva de requerimiento, señala que cumplió con presentar la información requerida el 05 y 23 de agosto y, 06 de septiembre, entonces no ha existido una negativa para la presentación de documentos. Señalar lo contario, además, vulneraría el principio de non bis in ídem regulado en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

v. Por otro lado, advierte una interpretación parcializada del principio de primacía de la realidad en la resolución sancionadora, al sancionarla por no presentar el registro de la existencia del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo, cuando su aplicación puede corroborarse, a partir de otros medios probatorios presentados.

vi. Solicitan le concedan el uso de la palabra para rendir un informe oral, en atención al principio del derecho de defensa y a todos los vacíos en los argumentos de los documentos que se les notifican.

i. Efectivamente el Decreto Supremo N° 117-2020-PCM eliminó la necesidad de inscribir el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo, en el SISCOVID Empresas y lo reemplazó por el procedimiento de enviar al correo electrónico empresa@minsa.gob.pe.

Sin embargo, verifica que el correo remitido a la dirección electrónica proporcionada por el Ministerio de Salud es de fecha 29 de octubre de 2021, es decir, posterior al plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 06 de septiembre de 2021, configurándose las infracciones detectadas; además de tratarse de una transcripción del Documento Técnico de Lineamientos para la Vigilancia y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo a exposición a SARS-COV-2, en el que persisten las observaciones efectuadas por la inspectora comisionada.

ii. Respecto al Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – 2021 (Versión 2) que forma parte del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, advierte que la inspeccionada presentó el plan con la aprobación del Comité de SST, de fecha 07 de septiembre de 2021; sin embargo, éste no cuenta con los estándares de seguridad y salud en las operaciones y los estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas, de acuerdo a lo establecido en la LSST, situación que a la fecha no ha cumplido con subsanar.

iii. Sobre la entrega de EPP’s, la inspectora comisionada advirtió que no se habían evaluado los riesgos para el puesto de motorizado; por lo que, no acreditó el haber facilitado equipos de protección personal adecuados a dichos trabajadores.

Respecto a lo alegado por la impugnante que los puestos de gerente, subgerente, etc., no están expuestos a mayores riesgos y por ende no requieren EPP’s; su “Matriz de Equipos de Protección Personal por puesto de trabajo”, ha considerado para los citados puestos, protección respiratoria (mascarilla comunitaria/mascarillas descartables), no habiendo presentado los cargos de entrega.

iv. En relación a lo alegado por la impugnante respecto a la medida inspectiva de requerimiento, se verifica que no se está sancionando por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar la información requerida por la inspectora comisionada (numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT), sino por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento (numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT), tratándose de dos supuestos distintos y debidamente tipificados en el RLGIT.

v. Por el principio de primacía de la realidad, prevalece lo constatado por la inspectora comisionada, pese a la presentación de la información requerida a la inspeccionada, en razón que se constató que dicha documentación no se encontraba acorde a la normativa vigente de la materia.

vi. Asimismo, señala que no se ha vulnerado el principio de tipicidad, toda vez que las infracciones que se imputan se encuentran debidamente tipificadas en los numerales 26.5 del artículo 26, 27.9 del artículo 27 y 46.7 del artículo 46 del RLGIT, debido a que

2 Notificada a la impugnante el 20 de abril de 2022, véase folio 219 del expediente sancionador.

ante la presentación de documentación no acorde a la normativa vigente, se entiende que la impugnante ha incumplido con las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales establecen formatos y pautas para contar con la debida información.

vii. Por otro lado, respecto a la solicitud de informe oral, considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, sin que ello constituya vulneración de los derechos del administrado, debido a que éste ha podido presentar sus argumentos por escrito.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TOSTAO CAFÉ PASTELERÍA S.A.C.

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 12 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 130-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando los siguientes alegatos:

i. Vulneración al derecho de defensa por aplicación e interpretación errónea de normas sociolaborales (ofrecimiento y valoración de pruebas), en razón de la ausencia de razonamiento o sustento probatorio contrario a la postura sobre la existencia de criterios adecuados, y vulneración del derecho a un debido procedimiento.

ii. Respecto a “no implementar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid- 19 en el Trabajo”, de acuerdo a la normativa vigente, la resolución de segunda instancia no ha precisado si existió un incumplimiento de la normativa referida a la seguridad y salud en el trabajo, hecho que deviene en falta de motivación.

iii. La falta de motivación se prueba con el hecho de no haberse pronunciado respecto a la obligatoriedad modificada de registrar el citado plan en el SISCOVID Empresas. En ese sentido, y en plena aplicación de la normativa vigente cumplieron con remitir el referido plan al Ministerio de Salud a la dirección electrónica empresa@minsa.gob.pe. Por tanto, le resulta materia y jurídicamente imposible que la Intendencia persista en solicitar el registro del SISCOVID Empresas.

iv. Respecto a “no contar con los estándares de seguridad y salud en las operaciones y los estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas”, la Sub Intendencia no realizó las especificaciones de cuáles serían los estándares “correctos” para evitar una multa en lo que se refiere a Seguridad y Salud en el Trabajo; por tanto, sostiene que se ha vulnerado la debida motivación, también en ese extremo.

v. Como indicaron en las instancias previas, dichos estándares están incluidos en el segundo anexo – Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR; pero, pese a lo expuesto, la Sub Intendencia fundamentó su decisión sobre la base de la medida de requerimiento, y que no tiene conexión lógica con la supuesta infracción.

vi. Respecto a la propuesta de multa por la supuesta infracción a la labor inspectiva, cuestionan que no hayan colaborado con el personal durante las actuaciones inspectivas, en razón que se respondieron las solicitudes de información, remitiéndose la información el 05 y 23 de agosto y, 06 de septiembre de 2021.

Sin embargo, se consideró que la documentación no había cumplido con acreditar lo solicitado; por una consecuencia lógica, jurídica y formal, se debe entender que la sanción es aplicable cuando exista una negativa para la presentación de documentos. Sin embargo, a la fecha, no existe pronunciamiento alguno que indique tal negativa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones leves y la infracción grave

de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual

que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 4: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

empleador. Por tanto, se evidencia que la medida inspectiva de requerimiento debió ser razonable e idónea, para que el sujeto inspeccionado cumpla con adoptar las medidas necesarias para enmendar el incumplimiento advertido.

10 Véase folios 167 y 168 del expediente sancionador.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. Nº 5175-2007-HC/TC, entre otros).

Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya

una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la implementación del “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo.” Numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT

LEVE Seguridad y Salud en el Trabajo No implementar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normativa vigente. Numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT

LEVE Seguridad y Salud en el Trabajo No facilitar, a cada uno de sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el puesto de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones; así como, no asegurarse del uso de los equipos de protección personal, por parte de sus trabajadores. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por TOSTAO CAFÉ PASTELERÍA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 130-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 13 de abril de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 610-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 930-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 29 de noviembre de 2021, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 130-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a TOSTAO CAFÉ PASTELERIA S.A.C., y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230419MCR