Tinka S.A — Res. 1397-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla; Alta, Modificación y baja en el T-Registro); Seguridad social (Sub materia: Inscripción en la seguridad).

Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el 21 de marzo de 2023 a las 10:00 horas; tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

i. Se tenía que haber remitido cualquier notificación de actuación inspectiva a través de la casilla electrónica y con la emisión de la alerta vía correo electrónico hacia algún representante, bajo los parámetros señalados por el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, así también, se vulnerado el principio de legalidad. ii. La Inspeccionada manifiesta que se vulnera el debido procedimiento, al haber afectado su derecho a defensa, debido a que, en el desarrollo del procedimiento de inspección, se le notificó en la siguiente dirección Jr. Prospero 1160, distrito de Belén; no obstante, con visualización a la consulta RUC, la dirección señalada no está constituida como domicilio de su representada, precisando que, la dirección que se debió consignar era Jr. Prospero N°424, Sector 4, Loreto – Maynas – Iquitos.

i. Haber implementado la casilla electrónica, no implica un mecanismo restrictivo para efectuar las actuaciones inspectivas que sean necesarias como: visitas inspectivas y el desarrollo de las mismas, realizar requerimientos de comparecencia, requerimiento de información u otras actuaciones inspectivas a fines con las labores de la Inspección del Trabajo. ii. En el numeral 1.8 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°

2 Notificada a la inspeccionada el 07 de septiembre de 2023

004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG); se precisa respecto a la colaboración y la buena fe. Asimismo, en virtud del numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT, los trabajadores, deben de prestar colaboración con los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la LGIT. Asimismo, se debe considerar que, mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, de fecha 10 de agosto de 2021, se aprobó la versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva Sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”, en la que se establece que las actuaciones inspectivas de investigación son diligencias previas al procedimiento sancionador, las mismas que se puede realizar de forma presencial y/o a través de medios de sistemas de comunicación, mediante el uso de tecnologías de información y comunicación.

iii. En esa línea, también se tiene el criterio normativo aprobado con Resolución de Superintendencia N° 237-2019-SUNAFIL que respecto a la validez de la notificación del requerimiento de comparecencia ha descrito lo siguiente: “Se considera válidamente notificado el requerimiento de comparecencia al sujeto inspeccionado, cuando éste es realizado en el domicilio del administrado (…)”. Debiéndose hacer hincapié que, se entiende como domicilio del administrado, a aquel declarado ante SUNAT como domicilio fiscal y/o aquel donde los trabajadores realizan actividades para el sujeto inspeccionado, entendiéndose a este último como centro de trabajo”.

iv. En ese contexto, en virtud de la Orden de Inspección N°241-2023-SUNAFIL/IRE-LOR (Operativo en Fiscalización en Materia de Formalización Laboral - Marzo 2023 – IRE LOR), el Inspector Auxiliar Luís Alberto Sánchez García, contaba con las prerrogativas que la Ley le confiere, estando facultado para: realizar visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo, requerir la comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante en las oficinas de SUNAFIL para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes, requerir información; conforme la denominada “Directiva Sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”.

v. Considerando lo expuesto, se encuentra acreditado en el Acta de Infracción, que con fecha 14 de marzo de 2023, se realizó una visita de inspección (modalidad de actuación inspectiva) al centro de trabajo del sujeto inspeccionado sito en Jr. Prospero N°1160 del distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto, exhibiendo su credencial conforme a Ley, y exponiendo los motivos de la visita de inspección, siendo atendido por Dalila Silva, en calidad de trabajadora de la Inspeccionada. En ese acto, se procedió a realizar el recorrido por las instalaciones del lugar encontrando a una persona realizando labores de venta, conforme se puede observar en el registro en el Anexo 01 (Registro de personal), para proceder a notificar el requerimiento de comparecencia para el día 21 de marzo de 2023 a las

10:30 horas, a fin de que el representante de la Inspeccionada, comparezca con los documentos solicitados, emitiéndose la respectiva constancia de actuaciones inspectivas, la cual fue suscrita en señal de conformidad por todos los intervinientes. Por lo tanto, se puede verificar que la notificación se realizó en concordancia con lo establecido en con los numerales 21.1, 21.3 y 21.4 del artículo 21 del TUO de la LPAG, verificándose que en los actos notificados se recabaron los datos de la persona que los recibió, consignando el número de DNI y el cargo que ocupa.

vi. Cabe agregar también, que la Inspeccionada no ha negado en el transcurso del procedimiento administrativo sancionador tener vínculo jurídico la persona que recibió los documentos en los que constan las actuaciones inspectivas, ni ha objetado la naturaleza de las labores como fundamento para evaluar la idoneidad para recibir notificaciones. A esto se debe sumar, que se ha verificado en la Planilla Electrónica, que la persona que ha suscrito la constancia de actuaciones inspectivas y el requerimiento de comparecencia; es la trabajadora de la Inspeccionada, por lo que, respecto al principio de razonabilidad, se trata de una persona plenamente facultada para recepcionar documentos de la Inspección del Trabajo y realizar la gestión interna necesaria para su atención. Considerando lo descrito, la notificación de comparecencia es válida al cumplir con las disposiciones normativas, precisadas sobre los actos de notificación, encontrándose la Inspeccionada obligada a concurrir a la comparecencia solicitada por el Inspector del Trabajo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1. El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA TINKA S.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de septiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N°40-2023-SUNAFIL/IRE-LOR señalando los siguientes alegatos:

i. Interpretación errónea del numeral 10 del artículo 46 del Decreto Supremo N°019-2006-TR. Se debió realizar la notificación de actuación inspectiva a través de la casilla electrónica y con la emisión de la alerta vía correo electrónico hacia algún representante, bajo los parámetros señalados por el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, debiendo agotar todos los medios para no vulnerar el derecho de defensa de la Inspeccionada. Se ha vulnerado además los siguientes principios: principio de razonabilidad, para justificar la multa; presunción de veracidad, puesto que la declaración sobre el domicilio de su representada – que se encuentra en ficha RUC – es cierta y verídica. ii. Se vulnera el debido procedimiento en relación a la debida motivación y derecho de defensa, vulnerando las normas contenidas en el los puntos 3 y 5 del artículo 139 de nuestra carta magna, debido a que, los fundamentos expuestos en su escrito de apelación, no han obtenido pronunciamiento desarrollado. Así también, se ha brindado conformidad a la resolución emitida por la Sub Intendencia, pero no se ha explicado las razones de dicha conformidad. Las observaciones antes referidas se encuentran establecidas en el artículo 3 de la LPAG que señala a la motivación como un requisito de validez de los actos de administrativos. iii. No se ha considerado la proporcionalidad administrativa a pesar de las multas que sostiene el presente procedimiento administrativo; asimismo, se debe considerar el contenido de la Resolución de Sala Plena N°002-2022- SUNAFIL/TFL, y su criterio a tener en cuenta cuando concurran infracciones relacionas al incumplimiento de medidas de requerimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso

o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.7. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho. (énfasis añadido)

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. (…) 21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.” (énfasis añadido).

9 MORON URBINA, Juan Carlos (2017). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo I. Página 29-294.

Figura N° 01

Figura N° 02

departamento Loreto”; no obstante, se advierte que al emitir el requerimiento de comparecencia el Inspector del Trabajo ha consignado como lugar donde se realiza la actuación inspectiva, la dirección “Jirón Prospero 1160, distrito Belén, provincia Maynas, departamento Loreto”; sin considerar, la información del caso en concreto, expresamente determinado e individualizado.

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL del 10 de agosto de 2021. El artículo 2, dispone su publicación el Diario Oficial El Peruano. 11 Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII – Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva 7.9. DE LA EMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 7.9.1. Las constancias y demás documentos elaborados durante la tramitación de las actuaciones inspectivas, deben ser firmados y sellados por el Inspector actuante. De manera excepcional, si se omitiese el sellado se consigna el nombre y cargo del inspector actuante de puño y letra de éste, bajo responsabilidad. La documentación descrita también puede ser suscrita de forma digital conforme a los sistemas electrónicos que los órganos del SIT tengan habilitados. (…) 7.9.3. Durante las actuaciones inspectivas, los referidos documentos son notificados al sujeto inspeccionado conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en el caso de la SUNAFIL, y por el TUO de la LPAG, en el caso de los demás órganos integrantes del SIT. En este último caso, de no poder ubicar domicilio o local del sujeto inspeccionado, no se realiza ninguna modalidad de notificación y se dan por concluidas las actuaciones inspectivas, cerrándose la orden de inspección en el SIIT; mientras que si se emite medida inspectiva de requerimiento, el documento sobre la calificación de la insubsanabilidad de infracciones u otra documentación similar, pero luego ya no se puede ubicar algún domicilio del sujeto inspeccionado donde realizar la notificación personal, se aplican las otras modalidades de notificación, según la prelación prevista en el TUO de la LPAG. 7.9.5. Para efectos únicamente de la notificación personal de los documentos previamente señalados, debe entenderse como domicilio conocido del sujeto inspeccionado al centro de trabajo donde los supuestos trabajadores afectados ejecutan o ejecutaron la prestación laboral y en el cual se realizan las actuaciones inspectivas, o alternativamente, el declarado ante la SUNAT como domicilio fiscal, establecimiento anexo, establecimiento permanente u otro.

12 J. Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo II, Lima: Grijley, 2019, 405. 13 LGIT: Artículo 45: El procedimiento se ajusta al siguiente trámite: a) El procedimiento sancionador se inicia sólo de oficio, a mérito de Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como de Actas de Infracción a la labor inspectiva. (…) d) Vencido el plazo y con el respectivo descargo o sin él, la Autoridad, si lo considera pertinente, practicará de oficio las actuaciones y diligencias necesarias para el examen de los hechos, con el objeto de recabar los datos e información necesaria para determinar la existencia de responsabilidad de sanción. (…)” . 14 TUO de la LPAG: Artículo 174 174.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios.” 15 TUO de la LPAG: Artículo 177. 177.1 Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede: 1. Recabar antecedentes y documentos. 2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de las mismas declaraciones por escrito. 4. Consultar documentos y actas. 5. Practicar inspecciones oculares.”

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC (…) ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…).”

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis añadido)”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por LA TINKA S.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 117-2023-SUNAFIL/IRE-LOR/SISA, de fecha 12 de julio de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 50-2023- SUNAFIL/IRE-LOR, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 117-2023- SUNAFIL/IRE-LOR/SISA, de fecha 12 de julio de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Loreto, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.32 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a LA TINKA S.A., y a la Intendencia Regional de Loreto, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251007PHAT HR 188399-2023