Tiendas por Departamento Ripley S.A — Res. 86-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Formación e información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), Normas de Ergonomía. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft instructiva, otorgándose un plazo de quince (15) días hábiles para la presentación de los descargos. 1.3 Recibidos los descargos, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 589-2018- SUNAFIL/ILM/SIRE3 con fecha 03 de octubre de 2018, la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana multó a la impugnante por la suma de S/ 75,346.25 (setenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis con 25/100 soles) por haber incurrido, entre otras, en:

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 09 de mayo de 2016, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, ascendente a S/ 37,327.50.

i. En la resolución apelada se cuestiona que la empresa no ha probado documentalmente que los trabajadores laboran de pie, pero se olvidan verificar que son las inspectoras las que no han acreditado su presunción de que todos los trabajadores laboran al mismo tiempo o en el mismo turno y que todos necesitan las sillas al mismo tiempo; por lo que, se ha vulnerado el principio de motivación del acto administrativo y, en el caso de las inspectoras, el de probidad ya que no se ajusta a los hechos verificados.

ii. No se sustenta que los supuestos incumplimientos imputados representan un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores.

iii. Las multas impuestas requieren de una adecuación y, sobre dicho monto, se calcule la reducción al 35% de la cuantía establecida conforme señala la Disposición Complementaria Transitoria Única de la Ley N° 30222.

i. En el caso de autos, las inspectoras comisionadas, en ningún extremo, han planteado que los trabajadores (asesores, asistentes de ventas y cajeros) que laboran en el centro de trabajo inspeccionado tengan los mismos turnos u horarios de trabajo o que todos necesiten las sillas al mismo tiempo. Mas bien, no debe confundirse los incumplimientos que han sido verificados en las actuaciones inspectivas: por un lado, sobre el personal que labora en la sección de cajas, se ha determinado que no tienen un mobiliario adecuado para permitir el libre movimiento o posicionamiento de sus miembros inferiores, lo cual independientemente del turno u horario afecta a todos los trabajadores que laboran en dicha sección; por otro lado, para los asesores y asistentes de venta, solo se determinó que no cuentan con sillas para sus pausas de trabajo, lo cual fue verificado en la diligencia de verificación del cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 13 de mayo de 2016, donde se dejó constancia que el

2 Notificada a la inspeccionada el 30 de abril de 2021.

número de asientos proporcionados por la inspeccionada en el área de caja resulta insuficiente al número de trabajadores que efectúan su labor en ella. ii. Los hechos constatados por las inspectoras de trabajo que se plasmaron en el acta de infracción gozan de la presunción legal de certeza y merece fe. En su calidad de servidores públicos con función de inspección, no requieren acreditar los hechos que emanan de su propia constatación directa. Más bien es la inspeccionada quien tiene la carga de aportar las pruebas de descargo a fin de desvirtuar los incumplimientos que se le imputan. De allí que la autoridad de primera instancia haya señalado que la inspeccionada debió acreditar que los trabajadores que laboran de pie tengan conocimiento o están autorizados a utilizar las sillas que usan el personal de caja.

iii. No se aprecia que en el caso en autos se haya incurrido en algún vicio de motivación al expedir la resolución apelada, menos aún que se hay lesionado el principio de probidad durante las constataciones. Por ello, resulta infundada cualquier pretensión de nulidad.

iv. Aquellos incumplimientos de las disposiciones relacionada a la seguridad y salud en el trabajo en materia de riesgos ergonómicos, entre otros que se detallan, llevan consustancialmente riesgos graves para la seguridad y salud de los trabajadores.

v. El no brindarles a los trabajadores que se desempeñan como cajeros, mobiliarios adecuados y a los trabajadores que se dedican a las ventas sillas para descansar durante las pausas, puede causar lesiones musculo esquelético si no se subsanan dichas infracciones en forma preventiva, considerando que el numeral 2 de la Norma Básica de Ergonomía establece como objetivos específicos: “Reconocer que los factores de riesgo disergonómicos son un importante problema del ámbito de la salud ocupacional” y “Reducir la incidencia y severidad de los disturbios músculos esqueléticos relacionados con el trabajo”.

vi. La tipificación efectuada por la autoridad de primera instancia no lesiona el principio invocado por la inspeccionada; por el contrario, se ajusta al numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT.

vii. Comparando íntegramente el marco legal sancionador aplicado por el inferior en grado y el que invoca la inspeccionada, la sanción determinada a través de la resolución de primera instancia le es más favorable, debiendo precisarse que resulta aplicable la UIT vigente al año en que se constató la falta (2016), resultando improcedente lo solicitado por la inspeccionada.

viii. Sobre el incumplimiento de la obligación de formación e información en relación a los riesgos ergonómicos, al revisar el acta de infracción como la resolución apelada, no se aprecia cuáles son los preceptos incumplidos que sustentan la responsabilidad de la inspeccionada por dichas observaciones a sus registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros en emergencia. Por ello, deberá revocarse estos extremos de lo resuelto por la autoridad de primera instancia, quedando solo establecido que la inspeccionada no acreditó documentalmente la capacitación en ergonomía a los 73 trabajadores afectados, lo cual no varía el monto de la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia al encontrarse dicho número dentro del mismo rango previsto en la tabla de multas del artículo 48 numeral 48.1 del RLGIT (de 51 – 100 trabajadores).

ix. Los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan las infracciones en que ha incurrido la inspeccionada, las cuales han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia. Por tanto, corresponde declarar infundada la nulidad planteada por la inspeccionada y confirmar la resolución apelada en atención a las consideraciones expuestas en la presente resolución.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 3.2 Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Mediante escrito de fecha 20 de mayo de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 653-2021-SUNAFIL/ILM, señalando que presenta recurso de revisión, respecto a la sanción de la falta muy grave, solicitando que se

8 Iniciándose el plazo el 03 de mayo de 2021.

excluya de la resolución de intendencia, por adolecer de diversos vicios, en consideración a los siguientes argumentos:

Inaplicación de los artículos 51 de la LGIT y 252.2 de la LPAG

- El procedimiento inspectivo debe ser declarado nulo por cuanto operó el plazo de prescripción de 4 años, en consideración que el plazo transcurrido entre el inicio de las actuaciones inspectivas, a efectos de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la determinación de las sanciones excede a los 4 años determinados en la norma.

- El procedimiento de inicio el 06 de abril de 2016, siendo que los hechos investigados calzan en el concepto de infracciones instantáneas. Asimismo, si entre el inicio del procedimiento administrativo sancionador y la emisión de la resolución firme que determina las infracciones, transcurren paralizaciones de más de 25 días hábiles, el exceso de ese plazo debe seguir computándose para la prescripción.

- El plazo de prescripción asciende a 4 años y 7 meses. Incluso, si se restaran los 3 meses y 15 días de inmovilización social obligatoria por la pandemia COVID-19 (entres el 16 de marzo y el 29 de junio de 2020), el tiempo que el procedimiento estuvo sin movimiento no imputable a la empresa excede los 4 años que establece la norma para configurar la prescripción del procedimiento inspectivo. Por ello, solicita al Tribunal excluir de la resolución de intendencia cualquier multa impuesta.

Aplicación errónea del numeral 18.2 del artículo 18 del RLGIT

- No debió extenderse la medida inspectiva de requerimiento, por cuanto Ripley cumplió con acreditar de forma oportuna el cumplimiento de sus obligaciones en temas de ergonomía. Así, las medidas inspectivas de requerimiento solo puede ser adoptada y emitida en el escenario en el que, concluidas las actuaciones inspectivas de investigación, el inspector de trabajo tenga la certeza de estar frente a un incumplimiento de naturaleza subsanable. En ese sentido, a diferencia, de los meros requerimientos de información, el inspector de trabajo tiene la obligación de fundamentar y explicar cuál ha sido el razonamiento lógico que ha desarrollado para llegar a la convicción que estamos ante un incumplimiento normativo.

- De esta manera, es el personal inspectivo quien debe acreditar que el empleador ha incurrido en una infracción normativa, y no partir desde la premisa contraria, presumiendo que el empleador es un infractor. Para ello, se encuentra investido de amplias facultades para realizar las actuaciones inspectivas que consideren convenientes.

- Observamos que la medida inspectiva de requerimiento adolece de graves vicios, por dos motivos: i) Ripley sí cumplió con capacitar a los vendedores y cajeros en temas de ergonomía; ii) Ripley sí cumplió con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 375- 2008-TR, en lo correspondiente al personal que labora de pie.

- La resolución de intendencia también yerra al aplicar el numeral 18.2 del artículo 18 del RLGIT para sustentar la supuesta infracción por incumplimiento de la medida de requerimiento; por lo que, no se debió emitir la misma, menos sancionarnos por su incumplimiento.

Inaplicación de los numerales 1.7 del artículo IV y 9 del artículo 248 de la LPAG, así como del numeral 16 del artículo 2 de la LGIT

- La autoridad inspectiva determinó que Ripley no cumplió con capacitar en temas de ergonomía al personal de ventas y caja, pese a que existe material probatorio suficiente que demuestra lo contrario.

- Las inspectoras de trabajo no verificaron en algunas de las visitas que los trabajadores hayan querido hacer una pausa y no hayan tenido dónde sentarse. Se consideró de forma errada que solo los cajeros pueden utilizar las sillas de la tienda mientras que los vendedores no, cuando ambos grupos de trabajadores laboran en el mismo espacio, laboran de pie -con pausas-, y utilizan las mismas sillas para hacer sus pausas.

- En la resolución impugnada no se desarrollaron argumentos que permitan quebrantar las presunciones de veracidad y licitud que recaían sobre los documentos presentados y nuestro comportamiento conforme a derecho. Por el contrario, la multa se sustentó únicamente en la apreciación subjetiva y formalista de hechos objetivamente verificados.

Inaplicación de los artículos 248.6 del TUO de la LPAG Y 48-A del RLGIT

- Se vulneró el principio de concurso de infracciones, porque se impone una multa administrativa por no cumplir con la medida de requerimiento, la misma que versa sobre los aspectos sancionados en las infracciones principales (no acreditar las capacitaciones en ergonomía y no entregar sillas y mobiliario que cumplan con los estándares de ergonomía).

- La resolución de intendencia no fue debidamente motivada, pues no se ha sustentado cómo es que la infracción tipificada en el artículo 27.9 del RLGIT es aplicable al supuesto incumplimiento de la empresa, pues el mismo establece que para sancionar con infracción, dicha conducta debe cumplir tres condiciones: i) que haya existido un incumplimiento relacionado con la SST; ii) que dicho incumplimiento esté relacionado a materias particulares y predeterminadas (riesgos ergonómicos, por ejemplo); iii) que dicho incumplimiento conlleve un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. Así, la intendencia se limitó a citar la Resolución Ministerial N° 375-2008- TR y a definir lo que es la ciencia de la ergonomía, sin si quiera mencionar como es que el supuesto incumplimiento en el que la empresa habría incurrido sería un

incumplimiento en riesgos ergonómicos de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. Es decir, no sustenta como es que el artículo 27.9 del RLGIT es aplicable al supuesto incumplimiento de la empresa.

- Si bien hubo visita de inspección por parte del grupo de las inspectoras de trabajo, no solo encontraron a un grupo de trabajadores, que ni siquiera verificaron cuántos eran y qué puestos tenían. Tampoco verificaron los turnos de trabajo, los horarios de trabajo ni mucho menos se registró ningún incidente o reclamo por parte del personal, de manera que las inspectoras de trabajo puedan fehacientemente concluir que la empresa no cumplió con entregar las sillas para que los trabajadores, que laboral de pie, puedan descansar durante las pausas. Dicho ello, la conclusión sobre la infracción imputada no se encuentra debidamente motivada en hechos comprobados, sino en suposiciones de un grupo de inspectoras. De esta manera, se contraviene el Principio de Probidad, ya que no se está ajustando estrictamente a los hechos constatados en las visitas inspectivas, sino a suposiciones.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la prescripción de las infracciones detectadas

TEMA VOTACIÓN ACUERDO La prescripción administrativa UNANIMIDAD El plazo de prescripción de cuatro (4) años para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral, es aplicable para todos los hechos constitutivos de infracción, incluso si ocurrieron antes del 16 de marzo de 2017.

riesgos (IPER), y formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, constatando las inspectoras comisionadas responsabilidad del inspeccionado conforme se evidencia del Acta de Infracción N° 1225-2016 de fecha 13 de mayo de 2016, iniciándose procedimiento administrativo sancionador en fecha 17 de julio de 2018.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”. (el énfasis es añadido)

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”. (el énfasis es añadido)

9 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 10 Véase folio 197 a 206 del expediente inspectivo

A) Sobre la Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos (IPER)

- Sobre el particular, en el considerando quinto del Acta de Infracción, se señaló:

- En tal sentido, teniendo en cuenta que es necesario que el inspector comisionado compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, antes de emitir la medida de requerimiento; en el presente caso, se evidencia que la impugnante contaba al momento de la emisión de la medida de requerimiento, con la Matriz IPER requerida (Matriz IPER – TPDR Salaverry de fecha de actualización junio de 2015)12. Por lo que, no se ha configurado dicho supuesto.

- Por tanto, al no haberse incurrido en la infracción imputada, no correspondía emitir la medida inspectiva de requerimiento por dicho supuesto, por lo que su emisión vulnera el principio de legalidad13, pues fue emitida en contravención de lo previsto en el artículo 14° de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, al no haberse acreditado fehacientemente la existencia de dicha infracción que respalde su emisión.

B) Sobre la formación e información de los trabajadores

11 Véase folio 313 del expediente inspectivo. 12 Véase folio 286 a 309 del expediente sancionador. 13 TUO de la LPAG, artículo IV. 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. - Sobre el particular, en el considerando cuarto del Acta de Infracción, se señaló:

- Como se desprende del expediente, la impugnante ha presentado el registro de capacitaciones / inducciones de su personal, en diferentes materias, como se desprende de lo precisado en el acta de infracción, tanto en la fase de actuaciones inspectivas previas14 a la medida de requerimiento, como posteriores15 a la misma.

- En tal sentido, se evidencia que la impugnante con la documentación presentada ha cumplido tanto con su deber de colaboración como con el cumplimiento de su obligación de capacitar a sus trabajadores en materia de ergonomía. Debiéndose considerar que, con la documentación presentada previa a la notificación de la medida de requerimiento, la impugnante acreditó el cumplimiento de dicha imputación, careciendo de sustento lo señalado por las comisionadas, en el sentido del tiempo de duración de las mismas.

- Cabe señalar, que el literal g) artículo 49 de la LSST establece la obligación del empleador de realizar oportunamente capacitación y entrenamiento en SST en el centro y puesto o función específica, al momento de la contratación, durante el desempeño de sus labores y cuando existan cambios en sus funciones o puestos de trabajo, advirtiéndose dichos momentos, como la temporalidad con la que debe actuar el empleador a fin de capacitar a su personal; sin embargo, dicha temporalidad no se refiere el tiempo de duración de cada capacitación, careciendo de asidero el fundamento señalado por las inspectoras comisionadas. (el énfasis es añadido)

- Por tanto, al no haberse incurrido en la infracción imputada, no correspondía emitir la medida inspectiva de requerimiento por dicho supuesto, por lo que su

14 Véase folio 136 a 186 del expediente inspectivo. 15 Véase folio 211 a 285 del expediente inspectivo.

emisión vulnera el principio de legalidad, pues fue emitida en contravención de lo previsto en el artículo 14° de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, al no haberse acreditado fehacientemente la existencia de dicha infracción que respalde su emisión.

C) Sobre la implementación de sillas ergonómicas

En consideración que, solo es materia de pronunciamiento la falta Muy Grave imputada, por incumplimiento a la labora inspectiva, respecto a esta infracción, al ser calificada como Grave, no es materia de pronunciamiento; sin embargo, solo para efectos de la medida de requerimiento, al tener ésta carácter unitario, se considera lo expuesto en la presenta resolución.

16 Numeral 2 del artículo II del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 17 TUO de la LPAG, “Artículo 247.- Ámbito de aplicación de este capítulo (…) 247.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 248, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo. (…)” 18 Dentro del Capítulo III (Procedimiento Sancionador) del Título IV (Del procedimiento trilateral, del procedimiento sancionador y la actividad administrativa de fiscalización).

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

19 TUO de la LPAG, artículo IV. 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 20 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8. 21 LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

documentación con las cuales señala haber cumplido con sus obligaciones sociolaborales referente a lo contemplado en la medida inspectiva de requerimiento.

Sobre la presunta vulneración al Principio de Concurso de Infracciones 6.27 Al respecto, el artículo 248° del TUO de la LPAG, establece:

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

(…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente."

22 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

” …no resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe…”

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 653-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de abril de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 2612-2016- SUNAFIL/ILM/SIRE3, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 653-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la sanción impuesta por incumplimiento a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la multa impuesta por dicha infracción. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga