Tiendas por Departamento Ripley S.A — Res. 625-2021

Mediante Orden de Inspección N° 14732-2017-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3121-2017-SUNAFIL/lLM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Mediante Imputación de Cargos N° 419-2018-SUNAFIL/ILM/SIAI del 06 de julio de 2018, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 358-2018-SUNAFIL/ILM/SIAI, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo en su fase sancionadora. Por lo que procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 5, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 664-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 19 octubre de 2018, multó a la impugnante por la suma de S/ 18,225.00 por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 14 de noviembre de 2018, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 664-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE5, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1126-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de julio de 20212, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 664-2018- SUNAFIL/ILM/SIRE5, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 05 de agosto de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1126- 2021-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM-001621-2021- SUNAFIL/ILM, recibido el 28 de setiembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia

El Reglamento del Tribunal establece, que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1126-2021- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 18,225.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE, prevista en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y una (01) infracción MUY GRAVE prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución10.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.

De conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, las autoridades administrativas “deben actuar con respecto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Frente a la vulneración, desconocimiento o lesión de un derecho o interés legítimo, derivado del apartamiento de la conducta descrita en el numeral precedente11, el TUO de

Al respecto esta Sala considera que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente.

Sobre lo argumentado en el recurso de revisión, resulta apropiado señalar que el TUO de la LPAG, recoge en el inciso 5 de su artículo 248°, el Principio de Retroactividad Benigna, según el cual, las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

El Decreto Supremo N° 015-2017-TR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 06 de agosto de 2017, modificó el artículo 51 del RLGIT, indicándose que la facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de infracciones prescribe, ya no a los cinco (5) años como antes estaba previsto, sino a los cuatro (4) años, y que esta determinación se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 252 del TUO de la LPAG.

Posteriormente, mediante Resolución de Superintendencia N° 218-2017-SUNAFIL, de fecha 31 de octubre de 2017, se aprueban los criterios normativos adoptados por el "Grupo de Trabajo de Análisis de Criterios en materia legal aplicables al Sistema lnspectivo", entre los cuales se encuentra el criterio sobre prescripción administrativa:

En atención al principio de retroactividad benigna y considerando que, actualmente, tal como lo establece el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG, la autoridad debe evaluar de oficio la prescripción. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, por lo que corresponde en primer término, que esta Sala analice si al momento en que se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 664-2018- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 19 octubre de 2018 y notificada el 23 de octubre de 2018, habría prescrito el plazo que tenía la autoridad de primera instancia para determinar cómo infracciones los incumplimientos constatados en la etapa inspectiva. Este plazo es de cuatro (4) años máximo, para lo cual se debe tener en cuenta las reglas de cómputo previstas en el numeral 252.2 del artículo 252° del TUO de la LPAG (sobre el inicio, la suspensión y la reanudación del plazo de prescripción).

Cabe tener en cuenta además que mediante Resolución de Superintendencia N° 110-2019- SUNAFIL de fecha 15 de marzo de 2019, se han aprobado los criterios normativos adoptados por el "Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL", donde se indica respecto al cómputo del plazo de prescripción lo siguiente:

En ese sentido, para determinar la prescripción de la infracción en materia de relaciones laborales en el presente caso, el cómputo del plazo debe efectuarse a partir de la fecha en que las infracciones se hubieran cometido, para lo cual es necesario considerar los plazos legales previstos para cumplir con las obligaciones sociolaborales materia de análisis.

De la evaluación del expediente se aprecia que el procedimiento se inicia a razón de un operativo de fiscalización, para posteriormente la Administración formular la Orden de Inspección N° 14732-2017-SUNAFIL/ILM emitida el 02 de octubre de 2017. Mediante ella se ordena la inspección en la materia relacionada a las normas de Jornada y horario de trabajo (sub materia: Horas extras), Registro de control de asistencia, constatando las inspectoras comisionadas responsabilidad del inspeccionado, conforme se evidencia del Acta de Infracción N° 3121-2017-SUNAFIL/ILM, de fecha 21 de diciembre de 2017, iniciándose procedimiento administrativo sancionador en fecha 17 de julio de 2018.

Estando a lo expuesto, las inspectoras comisionadas a través de las actuaciones inspectivas desplegadas a lo largo del presente procedimiento, establecieron como hechos constatados el incumplimiento de las obligaciones sociolaborales, por parte de sujeto inspeccionado consistentes en no acreditar a la fecha de las diligencias de inspección: el cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral sobre horas extras.

Por tanto, en consideración a que los hechos generados en el presente expediente, desde la apertura de la Orden de Inspección concreta, con fecha 02 de octubre de 2017, hasta la notificación de la Resolución de Sub Intendencia N° 664-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE5, en la que se determinó la existencia de infracciones en materia sociolaboral, notificada el 23 de octubre de 2018, ha transcurrido 1 año con 21 días. Por lo que, se evidencia que no se ha excedido el plazo de prescripción antes señalado. En tal sentido, no corresponde acoger lo solicitado por la impugnante en dicho extremo.

Al respecto, cabe precisar que los argumentos esbozados por la impugnante ya han sido absueltos en las instancias inferiores. Sin embargo, el artículo 9 del RLGIT señala que las actuaciones inspectivas deben realizarse en un plazo máximo de diez (10) días hábiles de recibida la orden de inspección, también deja a salvo la posibilidad de su extensión ante un hecho fortuito o fuerza mayor.

Lo señalado en la norma precedente, también se encuentra establecido en el subnumeral 7.4.1.114. del numeral 7.4.1 del acápite 7.4 de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII aprobado por Resolución de Superintendencia 039-2016-SUNAFIL, que establece que, el citado plazo puede extenderse ya sea por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

Ahora bien, la autoridad de segunda instancia ha establecido en el fundamento 26 de la recurrida que, en mérito al informe presentado por los inspectores de fecha 16 de enero de 2018, el retraso estaba justificado. Por lo que, conforme a las disposiciones legales vigentes, la Sala concuerda con la autoridad de segunda instancia, cuando señala “que los Inspectores del Trabajo, pueden tomar más tiempo del previsto, prueba de que ello es una posibilidad, lo constituye el hecho que se pueda solicitar la ampliación del plazo para el desarrollo de las mismas, sin que ellos acarreen un vicio al procedimiento inspectivo ni mucho menos al Acta de Infracción”.

Igual razonamiento, opera para plazo de 30 días hábiles para la realización de las actuaciones inspectivas; siendo que, en el presente caso quedó establecido, que los inspectores comisionados solicitaron una ampliación del mismo por 15 días adicionales, el cual fue autorizado por el Sub Intendente de Actuación Inspectiva y debidamente notificado al sujeto inspeccionado15.

Por las consideraciones expuestas, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

Al respecto, el artículo 248 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece:

Además, el artículo 48-A del RLGIT, referido al concurso de infracciones, establece que cuando una misma acción u omisión del empleador constituya más de una infracción prevista por dicho reglamento, se aplica la sanción establecida para la infracción de mayor gravedad.

Ahora bien, cabe indicar que las conductas que han configurado las infracciones imputadas a la impugnante son diferentes, pues las infracciones por falta de pago por remuneración y demás beneficios sociales se refieren a la normativa en materia de relaciones laborales (pago horas extras), mientras que la otra infracción, se refiere a no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 06 de diciembre de 2017, que se adopta para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales.

Por las consideraciones antedichas, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

Respecto a lo señalado por la impugnante, referente a que la sanción impuesta no es razonable respecto al monto adeudado al trabajador, es necesario precisar que no es potestad de la autoridad administrativa modificar el cuadro de infracciones, ni el de las

En el presente expediente se han impuesto dos (02) multas administrativas por la comisión de las siguientes infracciones:

Por tanto, no se ha vulnerado el principio de razonabilidad16, ya que la Autoridad Instructora y Sancionadora, no tiene discrecionalidad para imponer un monto diferente al establecido en la tabla de multas recogido por el legislador, según lo regulado en el artículo 48 del numeral 48.1 del RLGIT. Por lo tanto, la propuesta de multa contenida en la resolución impugnada no afecta dicho principio, en tanto, la graduación de dicha multa no se establece en función de los montos que adeuda el empleador a sus trabajadores, sino que se realiza en función al número de trabajadores afectados, la gravedad de la falta cometida y el tipo de empresa, conforme se establece en el artículo 38 de la LGIT.

En consecuencia, no corresponde acoger tampoco este extremo del recurso de revisión.