Tiendas por Departamento Ripley S.A — Res. 104-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada y horario de trabajo, Discriminación en el trabajo, entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades, Hostigamiento y actos de hostilidad. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cesar los actos de hostilidad, consistentes en la falta de pago de remuneración en la oportunidad correspondiente, al no acreditar el pago de las remuneraciones de los meses de mayo, junio y julio de los tres (03) trabajadores afectados, tipificadas en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT, ascendente a S/ 11,309.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, ascendente a S/ 11,309.00.

i. La impugnante presentó constancia de depósito, sin embargo, con la solicitud de un documento más idóneo, se incurre en conductas que han vulnerado el derecho al debido procedimiento administrativo, ya que se efectuó el pago de los montos observados antes que la imputación de cargos sea emitida, subsanando voluntariamente el 10 de noviembre del 2020, siendo nuestra intención hacerlo dentro del plazo de comprobación de la medida de requerimiento pero no pudimos hacerlo por temas estrictamente operativos, desconociendo el contenido del telecrédito, contraviniendo a la vez el principio de legalidad.

i. La inspeccionada debía presentar la d0cumentación necesaria para dar cumplimiento a la Medida Inspectiva de Requerimiento, al correo institucional de la inspectora comisionada, hasta el día 09 de noviembre del 2020, sin embargo, del Acta de Infracción se verifica que Tiendas por Departamento Ripley S.A. no cumplió con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral en su totalidad, configurándose una infracción muy

2 Notificada a la inspeccionada el 10 de mayo de 2021.

grave a la labor inspectiva según lo dispuesto en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

ii. El inspeccionado presentó correos y un documento denominado “Detalle de operación - planilla de haberes”, los cuales no aportan certeza de pago y/o depósito efectuado en cuenta de haberes a través de entidades del sistema financiero a favor de los trabajadores afectados.

iii. Teniendo en cuenta que se ha dispuesto que los pagos por conceptos laborales se acreditan a través de las boletas de pago firmadas por el trabajador o con la constancia de depósito respectiva, los documentos presentados no permiten determinar la fecha ni el concepto del pago efectivo a los trabajadores afectados, por lo que esta instancia coincide con el criterio adoptado por la Autoridad inspectiva como por la Autoridad Sancionadora, al no resultar un documento idóneo para acreditar dicho pago.

iv. De la valoración de todo lo actuado se verifica que se ha venido respetando el debido procedimiento del apelante, tanto en la etapa de actuación inspectiva como en el procedimiento administrativo sancionador - fase instructora y sancionadora - al habérsele notificado debidamente con la imputación de cargos, a fin que efectúe sus descargos dentro de los plazos legalmente establecidos, así como habiéndosele notificado debidamente todas las actuaciones correspondientes al presente caso, otorgándosele la oportunidad conforme a su derecho, de presentar sus argumentos de defensa, así como de adjuntar los medios probatorios que considere pertinentes para sustentar su teoría del caso y estrategia de defensa, obteniendo una decisión motivada por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, como es el caso de la expedición de la resolución cuestionada, encontrándose acorde a la normativa expuesta, al haber desarrollado un análisis jurídico y fáctico de las normas vulneradas, según los hechos constatados por el inspector comisionado y los descargos efectuados.

v. De la revisión del presente expediente se ha verificado que tanto en la etapa de actuación inspectiva como en el procedimiento administrativo sancionador, se ha procedido con legalidad, es decir de acuerdo a lo establecido en la LGIT, el RLGIT y la normativa sociolaboral, habiéndosele imputado al sujeto inspeccionado TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A., una (01) infracción grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, debidamente tipificadas en los numerales 25.14 y 46.7 de los artículos 25° y 46° del RLGIT, es decir que se trata de infracciones sancionables determinadas por ley, teniendo en cuenta además que según el literal e) del artículo 4° de la Ley N” 29981, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral cuenta con la facultad para imponer las sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas sociolaborales, en el ámbito de su competencia, desvirtuándose lo alegado por el impugnante en este extremo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 088-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, solicitando que se revoque la resolución de intendencia, porque adolece de diversos vicios entre los que se encuentran la inaplicación de diversas normas, en consideración a los siguientes argumentos:

Inaplicación del artículo 47-A del RLGIT y del inciso f del artículo 257 de la LPAG

- La empresa subsanó de forma voluntaria la infracción antes de la notificación de la imputación de cargos, sin embargo, no se aplicó el eximente de responsabilidad. La Imputación de Cargos fue notificada el 26 de noviembre de 2020 y Ripley subsanó voluntariamente la infracción en materia de relaciones laborales el 10 de noviembre 2020, es decir, un día después de la comprobación de la medida de requerimiento, informando de ello a la Inspectora Katia Ivonne Larrea Barrueto.

- En la constancia de la transferencia se observa de forma legible la fecha en la que se realizó (10 de noviembre de 2020), lo que confirma, sin lugar a dudas, que Ripley subsanó la infracción administrativa antes de la notificación de la imputación de cargos. No

8 Iniciándose el plazo el 11 de mayo de 2021.

obstante, como se puede observar, la Intendencia no toma en cuenta la transferencia realizada por la Empresa a través del Telecrédito del BCP, pese a constituir una forma de transacción financiera válida y aceptada por la SUNAFIL.

- Según el criterio normativo citado, la propia SUNAFIL reconoce la posibilidad de presentar cualquier medio probatorio para probar el pago de obligaciones laborales económicas, sin que exista justificación para establecer una jerarquía de validez entre medios probatorios. Como, en este caso, el “Telecrédito” del BCP) y, considerando especialmente que, para efectos prácticos, tanto el depósito como la transferencia cumplen con los reintegros.

Inaplicación del numeral 1.4 del artículo IV de la LAPG

- La multa impuesta por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento vulnera el principio de razonabilidad, ya que solo evidencia la intención de Sunafil por multar.

- Con fecha 2 de noviembre de 2020 se notificó la medida inspectiva de requerimiento, a través de la cual se ordenó cumplir con acreditar el pago de los reintegros correspondientes a favor de los 3 trabajadores denunciantes. El plazo para cumplir con esta medida venció el 9 de noviembre de 2020; sin embargo, pese a que la Empresa hizo todo el esfuerzo por cumplir con el pago dentro del plazo establecido por la Inspectora de Trabajo, solicitó una ampliación del plazo, lo que evidencia una conducta diligente en la etapa de investigación. Incluso, este hecho fue reconocido en el punto 4.15 del Acta de Infracción. Sin embargo, no solo no se da respuesta a nuestra solicitud de ampliación del plazo, sino que se desconoce que solo un día después, es decir, el 10 de noviembre de 2020, se subsanó de manera voluntaria la infracción imputada. Por tanto, este accionar es totalmente irrazonable y desproporcional.

- Se deberá tener en cuenta que la demora en la presentación de la información solicitada (solo dos días después del plazo otorgado, por cuanto el correo con la constancia de transferencia fue remitido el 11 de noviembre de 2020) no ha generado una obstrucción a la labor inspectiva, pues se acreditó el cumplimiento del pago, conforme a ley.

Inaplicación del numeral 1 del artículo 2 de la LGIT

- La resolución de intendencia contraviene el principio de legalidad. En el numeral 3.6 de la Resolución de Intendencia, la Autoridad Sancionadora señala que el documento denominado “Detalle de operación - Planilla de haberes” no aporta certeza del pago y/o depósito efectuado en la cuenta de haberes a través del sistema financiero a favor de los trabajadores afectados, por cuanto no se trataría de un documento “idóneo”. - El artículo 18 del Decreto Supremo N° 001-98-TR, señala que el pago se acreditará o con la boleta de pago firmada o con la constancia de pago respectiva. Así, la norma en ningún extremo exige la presentación de una constancia de depósito, sino que de forma general exige la constancia de pago respectiva, la misma que puede ser a través de depósito o transferencia.

- Es importante mencionar que, de acuerdo con la propia página web del Banco de Crédito del Perú “el Telecrédito Web es el servicio 100% electrónico de interacción bancaria que permite a los clientes a través de internet, realizar sus transacciones financieras y consultar información detallada de sus operaciones con la máxima rapidez, comodidad y eficiencia, desde cualquier parte del mundo”. Nótese pues que es una plataforma a través de la cual, válidamente, se puede realizar transferencias de dinero a cuentas de terceros, en este caso, los denunciantes. Ante ello nos preguntamos: ¿acaso el Telecrédito que evidencia la transferencia de los montos de reintegros a los denunciantes no consignan en la información que éstas son transferencias y, por tanto, es una constancia de pago? Su despacho reconocerá que la única diferencia entre un depósito y una transferencia es que el primero se realiza de modo presencial y el segundo es a través de mecanismos tecnológicos, como la plataforma de Telecrédito del Banco de Crédito del Perú.

- Lo que importa aquí es si la Empresa pagó o no, y eso es lo que SUNAFIL no llega a observar. Lo que se incentiva con un pronunciamiento así es que una empresa realmente no cumpla nunca, porque para la autoridad una constancia de pago es una constancia de depósito. Por tanto, es evidente que lo señalado por la Autoridad Sancionadora no hace más que vulnerar el principio de legalidad, al señalar que la idoneidad es un requisito que debió tener en cuenta Ripley al momento de ofrecer los medios probatorio del pago, sin considerar que la norma de la materia no exige tal requisito.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la acreditación del cumplimiento de la obligación en materia sociolaboral

de obligaciones laborales económicas se podrá acreditar con cualquier medio probatorio, sin perjuicio que el empleador demuestre el cumplimiento de las obligaciones laborales accesorias, pudiendo ser éstas acreditadas mediante medios físicos o informáticos”.

9 TUO de la LPAG, “Artículo IV. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.”. 10 TUO de la LPAG, “Artículo 248. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”. fundamentar con hechos y pruebas el motivo de la subsistencia del incumplimiento, en concordancia del Principio de Verdad Material11, no siendo suficiente hacer referencia a que dicha prueba no es idónea, sin mayor carga probatoria. Cabe señalar que, en aplicación del principio de primacía de la realidad12, la inspectora comisionada, una vez conocidos los hechos, debió evaluar y constatar los mismos, a fin de corroborar si los documentos presentados acreditan el cumplimiento o no de la obligación requerida.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

a) Con fecha 30 de octubre de 2020 la inspectora comisionada emitió medida de requerimiento13, solicitando a la impugnante cumpla con: i) Cesar los actos hostiles, debiendo acreditar el pago íntegro de las remuneraciones periodo mayo, junio y julio del 2020 de sus trabajadores: Bernal Roque Tatiana Fiorella, Farro Uriarte Kristel Wendy y Pejerrey Barreto Omar Lizandro, acreditando el reintegro de cada mes; ii) Exhibir las boletas de pago de los meses mayo, junio y julio del 2020 de sus trabajadores: Bernal Roque Tatiana Fiorella, Farro Uriarte Kristel Wendy y Pejerrey Barreto Omar Lizandro, con el pago íntegro.

b) Para efectos del cumplimiento señalado, se le otorgó como fecha máxima de cumplimiento el día 09 de noviembre de 2020. Asimismo, se le precisó que en caso de incumplimiento se incurrirá en infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa.

c) Con fecha 09 de noviembre de 202014, la inspectora comisionada emitió constancia de actuaciones inspectivas de investigación, señalando: “Se reviso el correo institucional y solo hay un correo por parte del asesor legal que indica que está gestionando los reintegros solicitados, pidiendo que puedan darle más tiempo para acreditar el depósito con la constancia de telecrédito; sin embargo, al cierre del plazo de la medida no ha cumplido con acreditar íntegramente la medida de requerimiento”. Asimismo, se evidencia que en la misma fecha se emitió acta de

11 TUO de la LPAG, “Artículo IV. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. (…)” 12 “El principio de primacía de la realidad es un principio implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, a mérito del cual, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos [...]”. (STC Exp. N° 3710-2005-PA/TC). 13 Véase folios 52 a 58 del expediente inspectivo. 14 Véase folio 59 del expediente inspectivo.

infracción, la misma que es notificada a la impugnante con la imputación de cargos, el día 26 de noviembre de 2020.

d) Con fecha 03 de diciembre de 2020, la impugnante presenta escrito señalando que ha cumplido con el pago de las obligaciones requeridas en la medida de requerimiento, adjuntando para dicho efecto los siguientes documentos: i) correo de fecha 10 de noviembre de 2020 dirigido a la inspectora comisionada15, en la que adjunta telecrédito con la que acredito el pago de lo solicitado, señalando que la demora obedece a que se incluyó a una trabajadora no comprendida en el requerimiento, pero que también fue comprendida en el error incurrido; ii) detalle de operación – planilla de haberes de fecha 10 de noviembre de 202016.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”. (el énfasis es añadido)

15 Véase folio 83 del expediente sancionador. 16 Véase folio 83 vuelta del expediente sancionador. “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fi n de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”. (el énfasis es añadido)

17 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8. 18 LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

en el expediente, corresponde analizar si la impugnante ha cumplido con subsanar las imputaciones establecidas en dicha medida.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 088-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 07 de mayo de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 256-2020-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 088-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en todos sus extremos, dejando sin efecto las multas impuestas en la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 111-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga